De Macri a Milei. El ajuste de Alberto a los jubilados y los subsidios a la burguesía

No bien asumió la presidencia, el gobierno del Frente de Todos profundizó un ajuste brutal contra los jubilados y permitió que los patrones dejaran de pagar los aportes previsionales, mucho antes de la llegada del coronavirus y la pandemia. Ahora formaliza todo este plan en varias reformas.

Nicolás Villanova

OES-CEICS

Durante su campaña electoral, Alberto Fernández nos decía que iba a aumentar los haberes previsionales con la plata que dejaría de pagar por los intereses de las LELIQ, una vez que asumiera la presidencia. “Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, nos había prometido. Pero, no sólo los aumentos nunca llegaron, sino que, por el contrario, el gobierno Fernández-Fernández impulsó un ajuste brutal. En efecto, no bien asumió la presidencia, el Frente de Todos nos quiso hacer creer que el ajuste era sinónimo de “solidaridad”. Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (27.541), sancionada el 21 de diciembre de 2019, el gobierno vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria y dispuso que a partir de entonces las recomposiciones se efectuarían por decreto. En ese contexto, ya se avizoraba lo que poco tiempo después pasaría: ajustes y tijeretazos a los pobres jubilados.

Pero eso no fue todo. Esa misma ley de “solidaridad”, ahora sí nunca mejor puesto ese nombre, también autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar reducciones de aportes patronales y contribuciones personales al sistema previsional de actividades en “situaciones críticas”. Para decirlo sin vueltas: con esta normativa el gobierno se solidariza con la burguesía y le permite no pagar los aportes a la caja de la seguridad social. Consecuentemente, no sólo se reducen los fondos de la ANSES con los que se paga a los jubilados, sino que, además, la norma permite una transferencia de ingresos de hecho a la burguesía, es decir, un subsidio indirecto.

Es importante señalar que esa ley, como ya dijimos, se sancionó en diciembre de 2019, casi tres meses antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia y que el gobierno impusiera la primera cuarentena, el 19 de marzo de este año. Por lo tanto, el ajuste a los jubilados y los subsidios a la burguesía se hallaban en los planes del gobierno mucho antes de la llegada del coronavirus. La crisis agudizó este proceso en marcha y en plena pandemia, el gobierno de Alberto continúa con el ajuste a los jubilados, mientras que los viejos obtienen haberes de pobreza y se mueren en los geriátricos por sus pésimas condiciones de vida. En este contexto hay varias reformas en marcha, todas ellas con un objetivo en común: ajustar a los obreros y beneficiar a la burguesía. Veamos.

Un nuevo recorte contra los jubilados

Con el anuncio de la recomposición de los haberes previsionales que rigen a partir del mes de junio anterior, el gobierno recortó, por segunda vez en el año, una gigantesca masa de dinero a los jubilados y pensionados. En plena pandemia y mientras los viejos se mueren en los geriátricos por el coronavirus, Alberto lanzó por decreto un nuevo ajuste. Recordemos que en el mes de marzo el gobierno había decretado una recomposición de los haberes jubilatorios que significó un mísero “aumento” de apenas 197 pesos para quienes percibían la mínima, respecto de lo que preveía la Ley de Movilidad Jubilatoria vetada. Mientras que, al resto de los jubilados y pensionados el gobierno les robó un porcentaje elevado de los ingresos correspondientes.

En junio, mes en el que se debía reconsiderar la recomposición de los haberes jubilatorios, Alberto volvió a la carga. El gobierno Fernández-Fernández incrementó por decreto apenas un 6,12% de los haberes al conjunto de los jubilados y pensionados, mientras que, por la Ley de Movilidad les hubiera correspondido una recomposición del 10,89%. Esta vez no sólo perjudica a los jubilados cuyos haberes se encuentran por encima de la mínima, sino que el recorte es “solidario” y “para todos y todas”: el conjunto de los jubilados se vio expropiado por la medida. La medida se prorroga hasta el mes de agosto.

¿Cuál fue el impacto de estas recomposiciones? Para quienes cobran el haber mínimo, el “aumento” de mayo a junio por decreto fue de 15.891 pesos a 16.864 pesos; mientras que, por la Ley de Movilidad Jubilatoria anterior les hubiera correspondido un haber de 17.622 pesos. De este modo, Alberto les recorta a los jubilados peor pagos unos 758 pesos. Es decir, los 197 pesos que les “aumentó” en los meses de marzo, abril y mayo (una suma de 591 pesos en los tres meses), ahora se los recorta con creces sólo en el mes de junio. Por su parte, los jubilados que cobraron en mayo un ingreso previsional de 25.000 pesos, en los meses de junio y julio percibieron (y percibirán en agosto) por el decreto de Alberto unos 26.530 pesos. Pero, por la ley de Movilidad Jubilatoria vetada hubieran cobrado unos 27.722 pesos. Es decir que el presidente les robó en junio y en julio una suma total de 2.384 pesos. En todos los casos, la recomposición constituye una miseria total.

Cabe destacar que este nuevo ajuste se lleva adelante en un momento en el que la mayoría de los jubilados obtiene haberes por debajo de la línea de pobreza. En este sentido, al mes de abril la canasta de pobreza del jubilado elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad (y proyectada por nosotros hasta mayo con el índice de precios) era de 44.973 pesos. Con la recomposición de los haberes del mes de junio, sin tener en cuenta la inflación de ese mes, el 85% de los jubilados y pensionados obtiene haberes previsionales por debajo de esa canasta de pobreza.

Ahora bien, ¿cuánta plata se ahorró hasta el momento el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por no reconocer las recomposiciones que establecía la Ley de Movilidad Jubilatoria y decretarlas a la baja? En marzo, abril y mayo el Estado se ahorró un presupuesto de unos 5,4 mil millones de pesos en cada mes. Mientras que, con la recomposición de los meses de junio, julio y agosto se ahorrará, mensualmente, unos 13,5 mil millones de pesos. Consecuentemente, el gobierno del Frente de Todos ya recortó entre marzo y julio de este año una suma equivalente a 43.225 millones de pesos, y para el mes de agosto habrá recortado en esos 6 meses un total de 56.771 millones de pesos (ver cuadro 1). Un ajuste hecho y derecho que ni siquiera el mismísimo Macri se animó a proponer.

Un pulmotor para la burguesía

Mientras ajusta brutalmente a los jubilados, el gobierno Fernández-Fernández transfiere fortunas a la burguesía con fondos que corresponden a la caja previsional. Se trata entonces de un subsidio indirecto al conjunto de los empresarios. ¿De qué modo lo hace? La Ley de Solidaridad, otra vez, sancionada en diciembre de 2019, o sea, mucho tiempo antes que la llegada de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena, sentó las bases para reducir el pago de las denominadas “contribuciones patronales”, o bien, postergar su pago al ente recaudador.

Estas mal llamadas contribuciones patronales son, en realidad, una parte del valor que produce el obrero que va a parar a la caja de la seguridad social, bajo la forma de salario diferido. Se trata de un 20% del salario bruto de los trabajadores. De ese 20% del salario, un 68,23% va a parar al sistema de jubilaciones y pensiones. De este modo, cuando el gobierno establece la posibilidad de reducir o postergar el pago de estas “contribuciones” la consecuencia es obvia: por un lado, una parte del valor producido por el obrero es apropiado por el burgués; por otro lado, se reducen los fondos de la caja jubilatoria.

Lo cierto es que la Ley de Solidaridad estipuló en su artículo 58 “efectuar reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino”. De este modo, la normativa ya habilita la reducción del pago a la seguridad social. Luego, no bien se instauró la primera cuarentena, el gobierno impulsó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (más conocido como ATP), a través del decreto 332 sancionado el 1° de abril de 2020. Entre otros beneficios dirigidos a la burguesía, la normativa ofreció la posibilidad de, o bien postergar los vencimientos de los pagos de las contribuciones patronales, o bien, su reducción de hasta el 95% en el pago al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta medida estaba dirigida a todas las empresas que no superasen los 60 empleados en relación de dependencia. Mientras que, aquellas empresas con planteles mayores a los 60 obreros podían acceder al beneficio siempre y cuando presentaran el Procedimiento Preventivo de Crisis. No obstante, 18 días después, el 19 de abril, el gobierno sancionó el decreto 376, el cual amplió a los sujetos alcanzados por la normativa anterior, razón por la cual la medida fue redirigida para beneficiar a todas las empresas, de todos los tamaños, sin tener que presentar ningún certificado de quiebra.

¿Cuál fue el resultado de estas medidas? Que la burguesía se ahorró de pagar sumas equivalentes a los 14 y 13 mil millones de pesos, en los meses de abril y mayo, y más de 5 mil millones de pesos, en junio (ver cuadro 2). Si bien es cierto que hubo trabajadores que fueron expulsados de sus empleos y por los cuales se dejó de aportar a la seguridad social, el porcentaje de contribuciones deducidas por la caída del empleo sería, estimativamente, de un 16% del total de la rebaja recaudada, mientras que, el 84% restante correspondería a la medida de reducción del pago de contribuciones.

Como vemos, al Frente de Todos no le tiembla el pulso a la hora de ajustar y recortar a los obreros jubilados, y utilizar esos mismos fondos para subsidiar a la burguesía ineficiente. Todo un plan puesto en marcha ya desde el momento en el cual asumió el gobierno Fernández-Fernández, en diciembre de 2019.

Las reformas que se vienen

La ley de movilidad jubilatoria del macrismo fue suspendida por la Ley de Solidaridad por el plazo de 180 días, es decir, hasta el 18 de junio de 2020. Mientras tanto, y como ya dijimos, Alberto aprovechó y recortó por decreto millonadas de pesos de los jubilados. El 4 de junio el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año el veto a la ley de movilidad macrista.[i] Lo que se buscaba, básicamente, era continuar con los míseros aumentos por decreto de Alberto, menores a los correspondientes por la ley suspendida, hasta tanto se hallara un nuevo régimen de movilidad jubilatoria que modifique el anterior, con el aval de la oposición. Sin embargo, no obtuvo consenso. El macrismo lo corrió a Alberto por izquierda defendiendo su propio régimen de movilidad jubilatoria por considerarlo más progresivo. Por ello, el Frente de Todos tuvo que continuar con los ajustes por decreto.

Ahora bien, ¿cuáles eran las pretensiones del proyecto enviado al Congreso por el Frente de Todos? El proyecto deja en claro las razones por las cuales pretendía mantener la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria anterior hasta fin de año. También puede leerse entrelíneas la estrategia de la reforma que se viene en materia previsional. En lo inmediato, el gobierno justificó la postergación de la suspensión de la ley de movilidad macrista por el comportamiento variable y “errático” de los indicadores utilizados para calcular las recomposiciones de los jubilados, a saber, el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el índice de precios del consumidor (IPC). Sobre este último indicador, el proyecto fundamenta la imposibilidad de que los trabajadores del INDEC recolecten momentáneamente información fehaciente, habida cuenta de la cuarentena, el aislamiento y el riesgo que conlleva la captación de los precios en los supermercados y almacenes por el potencial contagio de coronavirus. Un argumento absurdo, toda vez que pueden emplearse otros métodos virtuales para obtener esa información.

Pero, el argumento real por el cual el gobierno se niega a utilizar el indicador RIPTE para el cálculo del haber jubilatorio es que aquél incremente su valor, incluso a pesar del estancamiento salarial por la vía del congelamiento de las paritarias. No sea cosa que ese aumento repercuta en un incremento mayor de los haberes jubilatorios. Ahora bien, ¿por qué el gobierno le teme a un aumento del índice de remuneraciones RIPTE en un momento en el cual las paritarias están complemente congeladas? Citamos textualmente para que no queden dudas de las causas reales:

“es de esperar para los próximos meses que sus valores [del RIPTE] evidencien comportamientos distorsionados, dada la previsible reducción del tamaño de la muestra, producto de la disminución de los puestos de trabajo considerados para el cálculo, por el cierre de empresas, la reducción de las contrataciones de trabajo, la suspensión de los contratos de trabajo y la informalización de buena parte de los trabajadores y de las trabajadoras”.[ii]

¿Y en qué redundaría esto, es decir, cuál sería la preocupación del gobierno?

“Todo esto redundará en una nueva composición de la muestra sobre la cual se determinará la RIPTE durante los próximos meses, que eventualmente podría resultar incluso en un incremento de su valor si la disminución permanente o transitoria de puestos de trabajo está mayormente concentrada en los puestos de trabajo menos calificados y de menores remuneraciones mientras quedan incluidos en la muestra, con una mayor ponderación, los puestos de trabajo con salarios más altos o aquellas actividades menos afectadas por la pandemia”.[iii]

Esto pone de manifiesto los verdaderos intereses del gobierno: no importa si los haberes de los jubilados son bajos, lo que sí preocupa es que aquéllos no se incrementen.

Ahora bien, para el largo plazo, el proyecto ya deja planteada su preocupación sobre la mesa. El argumento principal del gobierno es que el nuevo esquema de movilidad jubilatoria que se implemente a futuro deberá sostenerse en el tiempo de acuerdo con la capacidad de los recursos fiscales. Para decirlo sin vueltas: las recomposiciones de los haberes dependerán de la recaudación de los aportes jubilatorios. Si éstos se reducen, los haberes previsionales también lo harán. Y, como ya mencionamos antes, el gobierno habilitó a los patrones y empresarios a que reduzcan en un 95% o posterguen el pago de sus contribuciones patronales, de las cuales casi un 70% va a parar al sistema previsional para el pago de las jubilaciones.

Esta reducción del pago de las contribuciones, junto con la mayoría de los impuestos que dejaron de recaudarse por la crisis y la recesión económica, provocó un descenso de la recaudación fiscal en la AFIP, al menos desde marzo a la actualidad. Razón por la cual, la titular de la cartera, Mercedes Marcó del Pont, envió el 7 de julio un proyecto al Congreso con el objetivo de impulsar una moratoria universal.[iv] Una moratoria que ya estaba contemplada en la Ley de Solidaridad sólo para las PyME y que ahora se universaliza para el conjunto de las empresas, sin importar su tamaño, sobre todo luego de la presión de la Unión Industrial Argentina para que grandes y chicos sean alcanzados por la medida.

Como ocurre con el lanzamiento de toda moratoria impositiva, las empresas no pagan todas sus deudas y el Estado perdona multas, reduce los pagos, rebaja las tasas de interés y extiende por varios años un plan de cómodas cuotas que nunca llegan a cumplimentarse. En efecto, la propia AFIP en las vísperas del envío del proyecto al Congreso ya informó que las empresas se encuentran endeudadas por una suma equivalente a los 500 mil millones de pesos por diversos tributos, de los cuales tan sólo unos 100 mil millones de pesos ingresaron en la moratoria anterior. Además, el Poder Ejecutivo estará enviando después del 17 de julio un nuevo proyecto de blanqueo de capitales que acompañará esta moratoria universal.[v] ¿Cuál será el resultado de todo esto? Lo que ya ocurrió bajo el macrismo: el blanqueo habilita la condonación de deudas millonarias para la burguesía, la moratoria facilita planes de cuotas, aunque no se paguen completamente. De este modo, se formaliza una gigantesca transferencia de recursos y subsidios indirectos a la burguesía, permitiéndole ahorrarse el pago de sus deudas que el mismo gobierno habilitó.

En todo este contexto de reformas, ya trascendió la intención del gobierno de enviar un proyecto para establecer un nuevo régimen de movilidad jubilatoria, para que las recomposiciones previsionales del mes de septiembre se rijan por un nuevo cálculo, sin decretos de por medio. Aún no se conoce el proyecto, pero las versiones de la Casa Rosada aseguran que el nuevo cálculo de movilidad jubilatoria será el resultado de una combinación entre los ingresos que recaude la ANSES y la evolución de los salarios en blanco.[vi] De este modo, el resultado será una rebaja gigantesca de los haberes, como consecuencia del congelamiento de las paritarias y de las reducciones en la recaudación previsional, ya sea por el permiso que las empresas tienen para no pagar las contribuciones y aportes a la jubilación, o bien, por la expulsión de obreros, proceso que redundará en una disminución del fisco. Incluso, no sería extraño que para el cálculo del futuro régimen de movilidad no se tenga en cuenta el índice de precios, o bien, que su incidencia para la estimación sea exigua. Sobre todo, por la inflación creciente que se avizora. Consecuentemente, cualquier cálculo de movilidad que se encuentre indexada por la inflación tenderá a incrementar el valor de los haberes previsionales acompañando el aumento del nivel de precios, algo que el gobierno pretende evitar.

Lo cierto es que la mayoría de los regímenes de movilidad jubilatoria de las últimas décadas establecieron recomposiciones para los haberes previsionales que son paupérrimos. Congelamientos de haberes por años, cambios en los regímenes de movilidad y luego caídas que no se recuperan. En efecto, la caída del poder de compra de los haberes medios y mínimos tiende a disminuir desde la década de 1930 en adelante (ver gráfico 1). En los últimos años, Menem, De La Rúa, Néstor, Cristina, Macri y Alberto son parte del problema y no de la solución. Estos gobiernos lo único que hicieron fue consolidar a la baja los haberes medios y mínimos de los jubilados, los cuales perdieron una capacidad de compra de elevada magnitud.

En marcha…

Si dijéramos que el plan de un gobierno es reducir el gasto social y la “presión” impositiva de los empresarios, o perdonar buena parte de sus deudas, estaríamos ante un programa económico del estilo de Milei, López Murphy o Espert. Pero, el lenguaje utilizado de Alberto y del Frente de Todos hace pasar el mismo programa y las mismas medidas bajo la forma de la “solidaridad”. Solidaridad, sí, con la burguesía. Ajuste, también, contra la clase obrera. De eso se trata el plan que está en marcha en materia previsional. En efecto, no bien asumió la presidencia, el gobierno Fernández-Fernández profundizó un ajuste brutal contra los jubilados, incluso antes de tener como excusa el coronavirus y la pandemia. Alberto recortó varios miles de millones de pesos de los haberes previsionales. A su vez, lo que dejó en claro es que no tiene ninguna intención de aumentar los haberes de los pobres jubilados ni mucho menos recomponer la caída histórica de sus ingresos. Todo lo contrario. La estrategia será buscar un mecanismo de movilidad jubilatoria que no incremente los haberes. En detrimento de los jubilados, el futuro cálculo de la movilidad estará atravesado por la recaudación de la caja jubilatoria. En un contexto de recesión económica y caída abrupta de la actividad, la expulsión de obreros y la elevación de los despidos, de condonación de deudas de la burguesía en materia de seguridad social, la caja previsional estará aún más resentida de lo que se encuentra actualmente. 

[i]Proyecto de Ley: “Prórroga de los plazos previstos en los artículos 55 y 56 de la Ley N°27.541 de ‘Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública’”, presentado en Diputados, el 4/6/20.

[ii]Ídem.

[iii]Ídem.

[iv]Proyecto de Ley: “Ampliación de la Moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19”, presentado el 7/7/20.

[v]Diario La Nación, 10/7/2020. Disponible en: shorturl.at/hpEMV.

[vi]Ídem.