Después de la derrota del kirchnerismo, en octubre de 2015, distintos funcionarios de la “década ganada” y la ex jefa de estado tuvieron que afrontar el avance de sus causas judiciales. Algunas se arrastraban desde los doce años de gobierno kirchnerista. Otras, nuevas, en relación con la obra pública, aparecieron después. Las visitas de Cristina Kirchner por Comodoro Py fueron se hicieron constantes durante la presidencia de Mauricio Macri.
Hernán Calisaya
Laboratorio de Análisis Político
Las causas judiciales relevantes que viene afrontando son.
La primera es “Vialidad”, donde la vicepresidenta es acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó obras en beneficio de Lázaro Báez. En esta causa, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) reanudó en agosto el juicio de modo semipresencial, dónde se encuentran acusados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López (el hombre de los bolsos).
La segunda causa es “Hotesur y Los Sauces”, en la cual la ex mandataria y sus hijos se hallan incriminados por lavado de dinero. Terminando el mes de julio, el TOF 5 ordenó analizar todos los contratos celebrados entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner[i]. Lo curioso es que, en mayo de este año, la Oficia Anti Corrupción dejó de ser querellante. Félix Crous, titular de la entidad, alegó que el caso no era su prioridad, ya que tenía otras causas más actuales e importantes[ii]. Entonces, se prevé que el juicio podrá comenzar entre los últimos meses del año próximo y el primer trimestre del 2022. Es decir, cuando las elecciones de medio término ya hayan pasado.[iii]
La tercera causa importante es la del Memorándum con Irán, donde a fines del año 2017 el juez Claudio Bonadío había decretado el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández, por considerarla coautora de los delitos de traición a la patria, y encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública. El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), a mediados de agosto de este año, decidió avanzar con el juicio oral, establecer una audiencia preliminar para diciembre y aceptar a más de 300 personas en calidad de testigos.[iv]
La cuarta es la de los “cuadernos”, en donde Cristina es imputada de recibir sobornos por parte de empresarios a fin de mantener sus contratos con el Estado. En septiembre de este año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal determinó mantener los procesamientos de la actual vicepresidenta, del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de los empresarios. La parte central de la causa cuadernos, ya enviada a juicio oral, está actualmente bajo revisión de la sala I de Casación Penal, que tiene que resolver un planteo de las defensas por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido[v]. Como se ve, aún en pleno ejercicio de la vicepresidencia, Cristina no pudo, hasta ahora, enterrar los procesos.
Sin embargo, no todas son malas para la vice. Hace poco, se conoció que la jueza federal María Eugenia Capuchetti- la única magistrada de Comodoro Py designada durante el gobierno de Mauricio Macri- rechazó un pedido para reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito y pasó a archivo la investigación que, en 2009, ya había cerrado el ex juez Norberto Oyarbide con un sobreseimiento.[vi] Esta causa había sido impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Macri. La causa se cerró a pesar del testimonio del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, que declaró que Oyarbide le había encomendado una pericia irregular, para poder cerrar el caso. A lo dicho por Manzanares, se suma la declaración que el juez Oyarbide había sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechas vinculaciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el fin de sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner.[vii]
En suma, la situación judicial de Cristina no es para nada holgada. Los juicios van a tener lugar el año que viene (año electoral), solo con excepción de la causa Vialidad, que se encuentra en etapa actual de juicio oral. La preocupación de la ex presidenta se acrecienta ya que sus procesos judiciales no terminan de resolverse. En este contexto, puede entenderse el llamado al dialogo no solo como una respuesta a un país y un gobierno que se derrumba. El paso a archivo de una de las imputaciones por parte de una jueza cercana al macrismo y el desalojo en Guernica, por alguien cercano a la ex Presidenta como Kicillof, son los guiños entre la propia burguesía.
La reforma, al cajón…
El 29 de julio Alberto Fernández presentó el proyecto de Reforma Judicial, que envió al Congreso, y anunció la creación de un “Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, cuyo objetivo fundamental es analizar la reforma de la Corte Suprema. El núcleo central del proyecto de reforma es menguar la influencia de Comodoro Py, que reúne a unos doce juzgados federales, y crear nuevos tribunales federales.
El proyecto de reforma judicial tuvo la supervisión del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la Ministra de Justicia Marcela Losardo y la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por parte de Alberto Fernández, y Juan Mena en representación de Cristina Kirchner. La demora de la salida del proyecto de reforma tenía como centro de disputa los tiempos de implementación (solamente los concursos para designar magistrados llevan varios meses). Otro eje sustancial de discusión fue si se avanzaría con la reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura y con la creación del Consejo Consultivo (que se encuentra fuera del proyecto de reforma judicial). De acuerdo con un informe de la organización Unidos por la Justicia, en caso de sancionarse el proyecto en Diputados, el gasto anual superaría los $10 mil millones solamente en sueldos, infraestructura, tecnología y software.[viii]
La vicepresidenta expreso “que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir». La «deuda» se referiría a sus propios intereses: la ampliación de la Corte y la simplificación del proceso para nombrar y remover jueces, que formó parte del intento de reforma judicial en el año 2013.[ix]
El proyecto fue aprobado en el Senado, dónde se modificó para sumar nuevas cámaras y juzgados. En total, se crearían 361 puestos, que incluyen jueces, fiscales y defensores en todo el país. De 63 nuevas cámaras y juzgados federales que contemplaba el proyecto original en el interior del país, se pasó a 73, buscando comprar con cargos los votos de los gobernadores.[x] Toda una oportunidad del albertismo para crear una base propia y para la oposición de ser parte del banquete de nombramientos y cargos.
La búsqueda de duplicar los juzgados federales es un viejo anhelo de los gobernadores, que ya habían dado su apoyo a un proyecto similar durante la gestión de Cambiemos. El macrismo, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico en el 2018, intentó designar 94 nuevos jueces, 85 fiscales y 23 defensores federales. Se trataba de un incremento del 81% en la cantidad de jueces y del 57% en la de fiscales en toda la Justicia Federal.
Sin embargo, hace dos meses que el proyecto fue aprobado en el Senado. Pero tuvo un brusco freno en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque a Cristina solo le importaba controlar sus causas, nada más. Con esa condición, Alberto solo podía impulsar la reforma construyendo su propio poder, lo que venía haciendo hasta agosto. Pero en poco tiempo, todo eso se derrumbó de golpe. Con todo, el verdadero vendaval que derribó la iniciativa y reconfiguró el mapa político fueron las movilizaciones impulsadas por la oposición: 17 y 27 de agosto y el 23 de septiembre. Actos multitudinarios en las principales ciudades del país: Capital, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. Mientras el oficialismo solo pudo garantizar una sola concentración (y solo gracias a Moyano), el macrismo sacó a la gente a la calle tres veces.
Ella y esos tres…
Con la reforma en el freezer, Cristina avanzó contra los jueces. Su único interés en medio de la debacle generalizada. Planteó revisar las designaciones de diez jueces federales pues, según el oficialismo, se cometieron “irregularidades en sus traslados” durante el macrismo. Entre estos magistrados, se encuentra Germán Castelli, juez del TOF N°7, que es uno de los que tiene que considerar la culpabilidad de Cristina por la causa de los cuadernos;[xi] y dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner también en la causa de los cuadernos.
Los legisladores del Frente de Todos, en ausencia de los de Juntos por el Cambio, dictaminaron que estos tres jueces dejen sus puestos y regresen a sus tribunales de origen. La decisión fue aprobada en el Senado el 16 de septiembre (otra vez, con la ausencia de Juntos por el Cambio). Trece días después, la Corte Suprema aceptó el pedido de per saltum de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, y del magistrado Germán Castelli, para considerar el caso. Esto dejó en suspenso los desplazamientos, al tiempo que la Corte ordenó al Consejo de la Magistratura no cubrir los cargos hasta que resuelva la cuestión de fondo.[xii] Un mes pasó de la decisión de la Corte, todavía el futuro de los tres jueces es incierto. El proyecto fue pasando en tres comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Sus presidentes no definieron aun cuándo arrancará el debate ni el cronograma de exposiciones de los expertos.[xiii] La demora de la Corte tiene una explicación: no sabe todavía cuál es la magnitud de poder real que tiene Cristina ni la oposición, y no sabe quién va a dirigir las riendas del país en plena caída libre. El impasse de los principales asuntos del Poder Judicial es expresión de la falta de una dirección clara en la burguesía y de un programa de salida. Detenido eso, los principales resortes esperan a la reconfiguración de fuerzas.
Sobre ese escenario intentó intervenir la carta de la Jefa. Su situación judicial no va a resolverse antes de su situación política. No se tiene poder judicial sin poder social y el único poder que tiene por delante Cristina es la conducción del país. O lo toma o le llueven las causas. Hasta el momento, venía retrocediendo. Con el desalojo en Guernica, puso una pica en Flandes: mostró su poder y su determinación. Por eso, ese golpe a la mesa no solo intervino en un impasse, sino que lo generó.
La respuesta inmediata no se hizo esperar. Macri lidera la posición más dura. Sostiene que pactar sobre cuestiones institucionales con Fernández es traicionar a los simpatizantes de su fuerza. Esa obstinación es festejada, por otras razones, por algunos gestores de Macri en el ambiente judicial. En especial, Daniel Angelici, cuya mano derecha es, Darío Richarte.[xiv][xv]
Si bien el ex presidente desechó todo contacto, Carrió, Rodríguez Larreta y Vidal (seguramente, con Monzó y Frigerio detrás) se mostraron más conciliadores. Conciliadores, pero con Alberto. La respuesta al pedido de una “coalición” con el peronismo fue positiva, sí, pero sin Ella. Eso parece vislumbrarse en el acuerdo por la candidatura de Daniel Rafecas como jefe de fiscales. Rafecas fue impulsado por Alberto Fernández, quien hace casi un mes que no se habla con su vice. La oposición, por su parte, temía una designación de Oscar Parrilli o de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Se trata de un mensaje de la oposición y un guiño. Un mensaje: con Cristina, no. Un guiño: volver a reconstruir la alianza del 2013. En una hipotética guerra abierta entre Él y Ella (que es a lo que aspira la oposición), ya se sabe el lugar de Rafecas.
La primera conclusión es algo que los marxistas venimos esgrimiendo hace siglos: no existe la independencia de la Justicia. No solo está condicionada por los intereses de clase, sino que está atravesada por las alianzas políticas concretas, porque el poder sobre este campo es un poder de fuego sobre el enemigo. La segunda es que la parálisis de la Corte Suprema y de la reforma expresa una parálisis general, que va del Poder Ejecutivo hasta el Parlamento. Cristina lo acaba de comprender y pateó el tablero intentando ordenar ese caos en una dirección determinada. Resta saber si los revolucionarios seremos capaces de la misma tarea.
Una larga primera parte del articulo repite lo mismo que la derecha liberal/conservadora contra cristina y de su lucha x safarse de la justicia. En las 5 ultimas lineas dicen que la justicia es burguesa y no fiable ni objetiva y deñende de las elites de y coyunturas del momento.
Si se va a hacer un analisis de la situacion juridica argentina habria que tomar en cuenta a la totalidad del mundo politico incluido ahi el uso de ella x los servicios de informaciones nacionales y extranjeros, como se ha visto en los casos de la Lava Jato y de los «cuadernos»… La judializacion de la politica para producir crisis politicas y controlar mejor los gobiernos del capitalismo periferico. Como tambien analizar y discutir las causas diversas que tiene el macrismo x motivos muuy parecidos al dlos dirigentes peronistas. Si no se informa y se analiza esas instancias, los argumentos parecen copiados de los medios liberal/conservadores.
Deberiase analizar a fondo los lazos de la justicia como un todo con la corrupcion sistemica y variada (los liberalconservadores difieren en sus forma y tipos de corrupcion de los peronistas) y proponer una justicia comunista en su contenido y forma… Nada se dice ademas de lo que ya sabe la gente x sentido comun o sea que la justicia defiende a los de arriba…