A 76 días de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro, cuando partió a pie de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, no se sabe nada acerca de su paradero. Su madre, tras enterarse que no había llegado a destino, fue diariamente a la comisaría a intentar que le tomaran la denuncia, a lo que la Policía Bonaerense se rehusaba. Tuvieron que pasar 45 días para que se abriera una causa por averiguación de paradero.
La visibilidad que alcanzó el caso en los últimos días, obligó a Berni y a Kicillof a tomar cartas en el asunto. Esa intervención muestra la magnitud de la crisis política que podría desatarse si Facundo no aparece o si se confirma la responsabilidad de la Bonaerense en el desenlace del caso. Lo cierto es que, si bien aún no se sabe qué paso con el joven, los últimos movimientos muestran dos cosas.
Por un lado, con la difusión en redes y medios de la imagen de Facundo, es llamativo que no hayan aparecido nuevos testigos que manifestaran verlo en estos dos meses y medio y que el propio joven no supiera que lo están buscando. Una fuga producto de una reyerta familiar, pierde asidero.
Por otro lado, empiezan a aparecer elementos que señalan a la Policía Bonaerense de Berni y Kicillof. Tres testigos civiles afirman haber visto a Facundo alrededor de las 15.30hs del 30 de abril, mismo día que partió de su casa, subido a un patrullero junto a dos policías. Estos testigos, cuando se enteraron de la búsqueda que encabezaba Cristina Castro, madre del joven, fueron a la comisaría de Pedro Luro a contar lo que sabían. Jamás fueron citados a declarar por el fiscal provincial de Bahía Blanca Rodolfo De Lucia, quien durmió el expediente por espacio de dos meses y la semana pasada se declaró incompetente. Aún se espera que se abra el libro de guardia de la comisaría para identificar a los efectivos que participaron de esta detención. Ahora el caso está a cargo de la jueza Federal 2, Gabriela Marrón, y el Fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez. Volveremos sobre este fiscal luego.
Lo más revelador, sin embargo, son las contradicciones en las que han caído los policías que hablaron. Un efectivo declaró haber llevado en su auto particular a Facundo hasta Teniente Origone, pueblo aledaño camino a Bahía Blanca. El testimonio se reforzaba supuestamente por la declaración de otro uniformado que afirmaba haberle labrado un acta al joven por incumplimiento de la cuarentena en ese mismo pueblo a las 15hs. Sin embargo, la declaración de los testigos que lo vieron en la ruta desmiente esta versión. A su vez, este policía se contradijo en su versión de los sucesos posteriores: primero dijo que Facundo se subió a una camioneta Renault y luego indicó que se fue a dedo.
Como puede verse, hay una trama oculta que se muestra en las incongruencias entre lo que indican testigos civiles y la policía, y una serie de contradicciones entre la misma policía. Es llamativa la cantidad de lagunas en la causa que impiden la reconstrucción cronológica de los hechos, cuando estamos hablando de procedimientos policiales que habrían involucrado a cuatro uniformados y que llevaron al labrado de actas, lo que debió haber dejado registros escritos de todo.
La responsabilidad de la Bonaerense en todo este asunto fue confirmada por el propio Berni. Hace una semana accedió al pedido de la madre de apartar a la fuerza y colocar a la Policía Federal en la investigación. Si no tuviera responsabilidad, no debiera haberla apartado. Si lo hizo, es porque la tiene. Así y todo, el apartamiento no termina con el encubrimiento. El Ministro de Seguridad debiera iniciar ya mismo una depuración de la fuerza, si fuera consecuente con lo que dice.
Los responsables políticos son el gobernador Kicillof y el Ministro de Seguridad Berni. Jueces y policías de la provincia no hicieron absolutamente nada durante al menos 45 días. Sea cual sea el escenario, se llegó tarde. Muy tarde. Ahora van a ser peritados los vehículos de los uniformados involucrados, pero a casi 80 días del hecho, cualquier rastro pudo haber sido borrado. En el mejor escenario para ellos, Berni y Kicillof son responsables por impericia e inutilidad. En el peor, sostienen y encubren una fuerza criminal. Esto último se confirma cuando observamos quién lleva la causa: Ulpiano Martínez. En 2018 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impugnó la candidatura de Ulpiano Martínez al cargo que ahora ocupa, argumentando que en los tres años que tuvo a su cargo el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, como juez subrogante, había acumulado una enorme cantidad de detenidos sin indagar, detenidos sin tener resulta su situación procesal, estaba pendiente la resolución procesal de más de 50 imputados detenidos y las causas que le ocupaban estaban en un estado de desorden tal que redundaban en “una afectación al derecho de defensa.” A ello se suma el entorpecimiento deliberado que provocó en causas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa todo esto? Que el kirchnerismo está poniendo (y lo sabe) el caso en manos de una persona que tiene probada experiencia en evitar que causas de este tipo arriben a buen puerto. Esta gente que ayer reclamaba justicia por Santiago Maldonado, para lavarse las manos manchadas con la sangre de 46 luchadores y más de 3000 casos de “gatillo fácil”, ahora es responsable de la vida de Facundo Astudillo Castro.
Exigimos la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro.
Berni y Kicillof son responsables. Inmediato apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez.
Por una comisión investigadora independiente.
Razón y Revolución
