CABA No tan distintos. Presupuesto educativo en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

en ECD/El Correo Docente 30/Novedades

Por Jonathan Bastida Bellot

A fines del año pasado se sancionó el presupuesto 2021 para la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, se desató la polémica respecto al peso que el presupuesto educativo tenía sobre los recursos totales. UTE salió a denunciar esto y lo caracterizó como el presupuesto más bajo de la historia porteña al representar solo el 17 %, hecho enmarcado en una tendencia a la baja iniciada por el macrismo desde 2010 y continuada por Larreta.[i] Por su parte, Ademys también denunció el presupuesto, pero haciendo hincapié en la reducción de los recursos destinados al mantenimiento escolar reducidos en un 20 %.[ii]

En esta nota vamos a intentar mostrar la evolución del presupuesto educativo de la Ciudad durante los últimos 16 años. Luego, lo compararemos con la evolución que tuvo el de la Provincia de Buenos Aires, durante el mismo periodo. Solo así vamos a poder evaluar si la caída responde a un personal político “privatizador” o contrario a la educación pública, tal como marcan los sindicatos, o si forma parte de la crisis capitalista más general y, por eso, el ajuste presupuestario también se verifica del otro lado de la General Paz. Veamos.

Ciudad y provincia: una carrera por el ajuste

En CABA, el peso que el presupuesto educativo tiene dentro del total cae, de forma sistemática, desde el año 2012. En efecto, entre 2011 y 2021, cayó 10 puntos porcentuales pasando del 27,5 % al 17,2 %. El de este año no será el más bajo de la historia porque se ubica casi medio punto encima del 2020 (16,8 %). El gremio kirchnerista de la ciudad (UTE) responsabiliza al macrismo como ejecutor del ajuste, lo cual es un dato de la realidad. Sin embargo, pasa por alto que del otro lado del Riachuelo la historia no es muy distinta. Si bien, más lento y errático, en la Provincia de Buenos Aires vemos el mismo proceso de caída a paso firme. Para darnos una idea, en 2005, durante el gobierno de Felipe Solá, el peso que el presupuesto educativo tenía sobre el total era de casi el 34 %. Para el primer año del gobierno de Daniel Scioli (2007) ese porcentaje ya había caído al 32,1 %. A principios de su segundo mandato (2011) ese número era aún menor, 29,1 %. Cuando dejó la gobernación (2015), el presupuesto educativo representaba solo el 27,8 % del total. En suma, diez años de gobierno kirchnerista en la provincia y el peso de los recursos destinado a la Dirección General de Cultura y Educación cayó en 6 puntos porcentuales. Y valga indicar que, si comparáramos el mismo período en la Ciudad, tomando los extremos (2005 vs. 2015) estaríamos ante un presupuesto educativo estancado y de poco más de cuatro puntos de caída desde el pico más alto en 2011 cuando el presupuesto alcanzó 27,5 %. En el cuadro de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal continúa la política K de reducción presupuestaria. En su primer año, los recursos destinados al sistema educativo representaron el 27,5 % del presupuesto provincial. En los años 2017, 2018 y 2019 ese porcentaje fue de 24,4 %, 26 % y 23,9 %, respectivamente. El gobierno de Axel Kicillof no desentona en esta larga saga: el presupuesto educativo 2021 es el 26,1 %, similar al de Vidal del año 2018 e inferior al de esta misma en 2016. Y más bajo que los de Scioli y Solá. De manera que Cambiemos no inaugura nada en materia de ajuste al presupuesto educativo y Axel se inscribe en esa tónica. El ajuste y la caída del presupuesto siguen la tendencia de la crisis económica. Tendencia que vemos de un lado y otro de la General Paz, con independencia del personal político.

Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Presupuesto Público de la PBA y Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA.

Otro aspecto de la evolución presupuestaria en estos dos distritos: la masa de dinero contante y sonante que se destina a educación. Empecemos por CABA. Hasta 2012, los recursos destinados a educación ($102.957.281.113) tendieron a aumentar. A partir de ese año, el gobierno de Macri emprendió una política de ajuste cuyo punto más bajo fue el año 2014 ($85.617.480.067). Desde entonces y hasta 2017, ya con Larreta en el gobierno, vemos un proceso de recuperación de esos recursos ($101.032.197.717). Sin embargo, el ajuste presupuestario se acelera en 2017. Durante tres años consecutivos los recursos educativos caen de forma constante, llegando a $81.049.419.484 en 2020. Hoy presupuesto nominal es de $105.243.057.402, o sea que aumentó 29 %. Pero la inflación proyectada para este año es del 47,5 %, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Por lo tanto estaríamos frente a otro año de ajuste con una caída de alrededor del 18,5 %. La caída total, entre 2017 y 2021, en términos reales, es del 29 %. Un ajuste brutal sin atenuantes.

Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA.

En la Provincia de Buenos Aires, al igual que en el punto anterior, el ajuste es más lento pero no menos firme. Aquí el presupuesto educativo tiende a subir hasta 2009. A partir de ahí se alternan años de caída con años de estancamiento. En 2009 se alcanza el punto más alto de la serie con $404.611.660.782. Al año siguiente el kirchnerismo reduce el presupuesto un 13 %. Tras una leve recuperación, cuyo punto culminante es el año 2013 con $400.673.772.607, se repite el ciclo anterior: en 2014 hay un ajuste del 11% y desde allí empieza una leve recuperación hasta que, en 2017, con Vidal ya en el gobierno de la provincia, se alcanza un presupuesto total real de $394.351.077.295. En los siguientes dos años el ajuste acumulado será del 18%. El gobierno de Kicillof no escapa a esta dinámica: si bien hay una leve recuperación, el presupuesto real (si contemplamos la inflación proyectada para este año) es inferior al de los tres primeros años del gobierno de María Eugenia.

 Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Presupuesto Público de la PBA

Si en la Ciudad de Buenos Aires observamos un proceso de ajuste protagonizado por el PRO desde el año 2012, con oscilaciones y recuperaciones en 2017, proceso que se acelera a partir de 2018, en la provincia vemos una evolución similar desde 2010, caracterizada por la alternancia entre reducciones presupuestarias y recuperaciones que no alcanzan los niveles anteriores. Es decir, estas  recuperaciones se realizan en un nivel inferior al pico anterior, independientemente del signo político del gobierno de turno. En conclusión, desde hace años, tanto el kirchnerismo como el macrismo realizan un lento pero firme ajuste sobre las escuelas, estén en la Ciudad o en la provincia.

Como si ello fuera poco, el presupuesto porteño 2021 trae además la reducción de los gastos destinados al mantenimiento de escuelas en un 26 % (siempre tomando como referencia la inflación proyectada para este año), mientras que los planes de obra cayeron 75 %. Por eso, todos los protocolos de la presencialidad habilitan el uso de espacios no escolares para suplir esa falta de mantenimiento. Esta paraestatalización no hará más seguro el retorno, sino que repartirá el riesgo ampliando el uso de nuevos lugares “no escolares”. La provincia de Buenos Aires no está exenta a esta lógica siendo los pioneros de la “escuela árbol”.

Paritarias a la baja

Como vimos, si bien hay algunas diferencias de matiz (grado de profundad o inicio del momento de recorte), provincia y Ciudad siguieron lógicas de ajuste similares. No extraña que se hallen sintonías ajustadoras idénticas en materia de salario docente. Las paritarias que cerraron Axel y Horacio con los sindicatos docentes grafican palpablemente esta situación. En el último mes fijaron el aumento para este año en tres cuotas para ambos distritos. En CABA, el acuerdo paritario llevaría el salario del cargo testigo de $36.250 a $40.887 en marzo, $44.087 en julio y $48.500 en octubre, sumando un 33,8% de recomposición anual. En provincia, los salarios están en los mismos niveles y el acuerdo paritario establece también el aumento en tres tramos: de $36.000 a $ 41.000 en marzo, a $43.000 en julio y a $48.508 en septiembre. Así, acumula 35,1% en total. Lo cierto es que estos “acuerdos” son un ataque directo a nuestros bolsillos porque ni compensan la inflación del año pasado ni se ubican a la par de la proyectada para este 2021. Si tomamos la inflación que se espera para este año, definida por el REM en 47,5%, entonces los docentes de CABA estarán cobrando un 13,7% menos de la carestía de vida proyectada, mientras que los de PBA van a perder  12,4% de sus sueldos. Para darse una idea más concreta, en diciembre del año pasado ATE-INDEC había establecido que el costo de la canasta básica en GBA era de $82.085. En ambos distritos el salario del cargo testigo cubría el 44% de esa canasta. En base a los aumentos pautados por los gobiernos y a la proyección mencionada más arriba, en diciembre de este año ese mismo salario solo va a llegar a cubrir el 40% de la canasta. En CABA y PBA por igual. Dicho en otras palabras, vamos a terminar este año siendo más pobres.

Frente a este sombrío panorama, los sindicatos están haciendo la plancha, en el mejor de los casos. En la provincia, esta baja salarial fue avalada por todo el sindicalismo Celeste, con Roberto Baradel y María Laura Torre a la cabeza. La Multicolor, por su parte, se limitó a denunciar el monto de la paritaria y el mecanismo burocrático por el cual se aceptó la oferta de Kicillof. Sin embargo, a la hora de definir algún plan de lucha concreto, hizo agua. La oposición fue más simbólica que real. El paro de 48 horas que se había convocado a principios de marzo, más 24 hs el 8M, no tenía ninguna perspectiva de continuar. De hecho, ya transcurridas tres largas semanas desde el inicio, no se avizora ninguna medida en el horizonte. Para colmo, lo que piden lo compañeros en materia salarial es un aumento del 50%, esto es, un aumento que nos mantenga en los mismos niveles de pobreza.

En Ciudad de Buenos Aires el cuadro no es más alentador. El único sindicato que se opuso explícitamente a la oferta de Larreta fue Ademys. Pero, al igual que sus homólogos de la provincia, ese rechazo no estuvo acompañado con un plan de lucha. Por lo tanto, si bien la conducción no aceptó, objetivamente no parece dispuesta a organizar al conjunto de la docencia para darle vida a ese rechazo. Tampoco tiene en el horizonte un reclamo que supere el, ya quemado, porcentaje del 50% de aumento. UTE, por su parte, ni lo aceptó ni lo rechazó, con el argumento de que eso debe ser discutido en reuniones de delegados, es decir en reuniones que nunca convoca. Por lo tanto, en los hechos aceptó. No podemos negarles la coherencia con lo actuado por sus pares celestes del otro lado del Riachuelo.

Un horizonte de ajuste, miseria y muerte

Desde hace tiempo el kirchnerismo y el macrismo impulsan un ajuste lento pero sostenido sobre el presupuesto educativo de los dos distritos más ricos del país. Kicillof y Larreta expresan hoy el último peldaño de ese proceso. Cierto es que ese recorte forma parte de otro más general y de más largo aliento: el de la degradación del sistema educativo en su conjunto, producto de la descomposición del capitalismo argentino.  

Esta degradación toma formas concretas como las lamentables condiciones edilicias de los establecimientos educativos, o la reducción de los recursos destinados a mantener y ampliar la infraestructura escolar. En todo el país, este deterioro se encubre con la proliferación de alternativas más baratas, como es la conversión de espacios no escolares en escuelas, eso que nosotros denominamos “paraestatalización” y de la que el Fines 2 hizo escuela, en general, y en la provincia de Buenos Aires, en particular.

Otra de las vías por las que esta degradación toma forma es la sistemática caída del salario docente y el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo. Los salarios de miseria que recibimos hace décadas refuerzan la figura del docente taxi: nos vemos obligados sobreexplotarnos para arañar la canasta básica. A esta tendencia de largo plazo se suma un elemento coyuntural: la pandemia. Al mismo tiempo que nos ajustan y atacan nuestras condiciones salariales y de trabajo, los gobiernos nos mandan a la presencialidad sin habernos vacunado y sin perspectivas de que esto se realice en el mediano plazo. Nos mandan al matadero porque consideran que nuestra vida es descartable: vendrán otros, parecen decirnos. Este es el cuadro de lucha que tenemos por delante. Por eso el horizonte de la batalla debe reorientarse. Por un lado, lo urgente: la defensa de nuestra propia vida. Frente a la política criminal de los gobiernos que nos envían a la presencialidad en medio de la pandemia, tenemos que exigir la vacunación masiva de toda la población como condición innegociable. Es una lucha por la educación y la vida. Este debe ser el primer punto que encabece cualquier pliego de lucha. Si entendemos que la presencialidad sin vacunación masiva es criminal, debemos exponer la farsa de la propuesta pedagógica actual y exigir la suspensión de clases presenciales. La defensa de la virtualidad y los recursos necesarios para ella se nos imponen. Esto debe orientar cualquier discusión presupuestaria: de dónde va a salir el dinero para las vacunas, para los recursos de la virtualidad y para el acondicionamiento de las escuelas a las que un día deberemos volver. Millones de dólares nuestros recibe la burguesía parásita. He ahí recursos para atender nuestras necesidades. No nos los cederán alegremente. Para eso hay que organizar al conjunto de la docencia. En este cuadro, la lucha salarial también se incluye. No podemos conformarnos con la canasta básica, es decir, con vivir en la pobreza. Debemos hacer valer nuestro trabajo y formación. Reconocer el carácter intelectual de nuestro trabajo implica luchar por una verdadera recomposición salarial con cargo testigo inicial equivalente a un mínimo de dos canastas básicas totales reales. Los problemas de la etapa son urgentes. Pero cualquier análisis debe partir de la realidad y de los problemas planteados por esa realidad aquí y ahora. Hay mucho por organizar.


[i] http://bit.ly/38IRsHQ  

[ii] http://bit.ly/3lkUjMl

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