El acuerdo con los chinos presupone la existencia de una fabulosa mano de obra barata que trabaje por salarios de miseria y en convenios extremadamente flexibles. Para llevar a cabo semejante proceso es necesario una gigantesca masa de la población abiertamente desocupada y fuertemente disciplinada. Algo que ya se viene desplegando hace rato en Argentina.
Nicolás Villanova
OES-CEICS
Con la excusa de la pandemia y el coronavirus, el gobierno del Frente De Todos logra de un saque lo que hace tiempo la burguesía impone más o menos gradualmente: un gran ajuste contra la clase obrera y una concentración de la economía, lo que implica una expulsión de obreros del proceso productivo y un aumento del desempleo. En efecto, en este 2020 estamos transitando una vuelta al 2001. No sólo porque la población se empobrece cada vez más, sino porque se está destruyendo a una escala gigantesca aquello con lo que se organiza nuestra vida: el trabajo. Perder el trabajo supone no tener un ingreso para poder vivir, ser desplazado de nuestra vivienda, enfermarnos. Nuestra vida corre peligro. Otra vez: como en el 2001. Sin embargo, esto no es nuevo. Es un proceso ya existente que se profundiza desde la crisis de 2009 y que ahora la pandemia agudiza. Echarle la culpa al virus o a Macri, como hace el gobierno actual, no es más que una maniobra para eludir responsabilidades propias. Tanto Cristina y Alberto como Mauricio son los que antes y ahora están lanzando un ajuste brutal contra la clase obrera. Ahora bien, detrás de este proceso se encuentra en marcha una estrategia de una fracción de la burguesía argentina, que encuentra en el gobierno actual la posibilidad de concretarse: la chinización y reprimarización de la economía. Es decir, construir en el país una especie de “Chancholandia” para alimentar a 1.400 millones de chinos. Para ello se requiere una plataforma: una clase obrera empobrecida y disciplinada. Se necesita una masa de población sobrante dispuesta a trabajar enormes jornadas laborales por bajos salarios, lo que estén dispuestos a pagar los chinos, o sea, migajas. Esa plataforma ya se viene impulsando en Argentina hace rato. Aquí observamos la evolución del empleo en la última década.
La “pesada” herencia
Lo dijimos en otras oportunidades, pero vale la pena recordarlo. Después del 2001, la base del modelo “K” fue sostener la industria mercado-internista ineficiente por la vía de transferencias del sector agrario al sector no agrario, a través de la gigantesca riqueza de renta estimulada por el aumento de los precios de los commodities a nivel internacional y la demanda china. Esa recomposición relativa de la economía tuvo su impacto en la mayoría de los indicadores sociales, por lo menos hasta el año 2007, momento en el cual la disminución del precio de la soja puso al desnudo la esencia del capitalismo argentino. Un capitalismo mercado-internista ineficiente que sólo sobrevive con riqueza que no produce, que se apropia del agro o de la deuda. Es así: la Argentina vive del yuyo que se exporta y del financiamiento externo. Cuando esto se agota, la economía estalla por los aires.
Pero esa “mejora” fue relativa y a cuentagotas. Además, toda la “solidez” del empleo formal pende de un hilo. En efecto, después de la crisis del 2001, el empleo privado y registrado creció en las ramas peor pagas de la economía. Por su parte, el empleo “en negro” se consolidó en más de 4 millones de personas, cuyo porcentaje superó incluso los niveles que rigieron bajo el menemismo. Con mediciones más realistas, la tasa de desempleo más evidente en los últimos años del kirchnerismo se consolidó en el orden del 25% de la población económicamente activa, porcentaje semejante al promedio de los años ’90. A su vez, la fórmula con la cual el kirchnerismo logró expandir el mercado de trabajo fue por la vía del incremento del empleo público, el trabajo precario y los planes y subsidios al desempleo.
La estatización de la sobrepoblación relativa fue el mecanismo por excelencia del kirchnerismo, por la vía del aumento sustantivo del gasto público. Recordemos que los programas para los desocupados con contraprestación laboral superaron por año los 800 mil beneficiarios. La Asignación Universal por Hijo pasó de beneficiar unos 3,4 millones de niños hijos de empleados informales y desocupados en 2009 a unos 3,7 millones en 2015. Por otra parte, los subsidios a la población desocupada bajo la “inactividad” y “pasividad” fue otra de las estrategias del kirchnerismo para ocultar mayores niveles de desempleo. Ejemplos en este sentido son los millones de jubilados que accedieron a las moratorias, tanto como los jóvenes beneficiarios del PROGRESAR (unos 700 mil en 2015) y las pensiones no contributivas, que pasaron de 400 mil a 1,5 millones de beneficios entre 2004 y 2015.
En el corto plazo, los problemas del modelo “K” se manifestaron agudamente con la crisis de 2009. Mientras que buena parte de la estructura estatal se mantuvo, bien que con limitaciones, las suspensiones y despidos en el sector privado y registrado de la economía comenzaron a crecer. Sólo entre el 4° trimestre de 2008 y el 2° trimestre de 2009 se destruyeron 155 mil empleos, a pesar de los intentos desesperados por sostenerlos por la vía del incremento de los planes RePro. La posterior recomposición duró hasta el año 2011, año a partir del cual el crecimiento del empleo privado comenzó a estancarse, el trabajo “en negro” se incrementó y la ocupación en el Estado también aumentó sustantivamente, al igual que los planes sociales y subsidios a los desocupados. Es decir que toda la estructura asistencial de contención del empleo se mantuvo, incluso creció. ¿Qué pasó con el empleo bajo el segundo mandato de Cristina y luego con Cambiemos? ¿En qué condiciones se llega a la pandemia de 2020?
Juntos a la par
Luego de la crisis de 2009, la recuperación relativa del mercado de trabajo duró poco. Los años posteriores a 2011 mostraron una caída de la tasa de empleo, es decir, el porcentaje de ocupados sobre el total de la población. Durante el segundo mandato de Cristina, la creación de empleo público fue sostenido con emisión monetaria. Por su parte, la llegada del macrismo prometió un cambio que nunca llegó: los brotes verdes crearían fuentes de trabajo en el sector privado y registrado de la economía, lo que daría lugar al pasaje del empleo público al sector privado y al blanqueo de los trabajadores “en negro”. Agotada la renta agraria por la caída de los precios, el macrismo apeló al financiamiento externo y mantuvo la estructura estatal (no sin despidos, sobre todo a los contratados) junto con los subsidios al desempleo. Sin ninguna modificación real en la estructura económica y social, la estrategia del kirchnerismo y del macrismo entre los años 2011 y 2019 fue semejante: el poco empleo creado fue precario, los subsidios al desempleo y la contención asistencial del Estado en materia ocupacional estuvieron a la orden del día. No obstante, ninguno de los dos gobiernos evitó el desempleo ni la destrucción de empleo. Mientras que el gobierno de Cristina consolidó una estructura laboral muy endeble, con elevadas tasas de desocupación y empleo “en negro”, el macrismo mantuvo esta plataforma, aunque con mayor destrucción de empleo.
Comencemos por el sector registrado de la economía. Es decir, aquellos trabajadores que son declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre los años 2012 y 2019, la evolución del empleo registrado, que incluye tanto a los asalariados privados y públicos como a los monotributistas (independientes, autónomos y sociales), muestra una tendencia ascendente hasta diciembre de 2017 y luego un sostenido descenso hasta nuestros días: de unos 10,9 millones de trabajadores en enero de 2012 pasó a unos 12,4 millones en diciembre de 2017, para luego llegar durante el final del mandato de Cambiemos, en diciembre de 2019, a unos 12,1 millones. No obstante, durante todo ese ciclo hubo momentos de destrucción de empleo, como también de incorporación al mercado de trabajo. Al comparar los últimos cuatro años de mandato de Cristina con el gobierno de Mauricio observamos que el conjunto del empleo registrado creció durante el gobierno del Frente Para la Victoria casi un 10%, mientras que, bajo la presidencia de Cambiemos apenas aumentó un 1,1%.
Pero, la creación de empleo registrado bajo el último gobierno kirchnerista se debe a trabajo precario y superfluo. Entre enero de 2012 y diciembre de 2015 el empleo mejor pago, el de los asalariados registrados del sector privado, sólo aumentó un 2,3% (140 mil trabajadores). Mientras que, el empleo público se incrementó un 23% (581 mil empleados), cifra que representa más de la mitad de la creación del empleo en el segundo mandato de Cristina. Por su parte, los monotributistas y autónomos independientes aumentaron un 9% (127 mil) y el monotributo social, o sea, los beneficiarios de planes de empleo se expandieron a un 110,4% (185 mil obreros). Cabe destacar que, en el caso de los beneficiarios de planes de empleo como así también las empleadas de casas particulares, no son puestos nuevos de trabajo o creación de empleo, sino un blanqueo o formalización de esos sectores. En cambio, bajo el gobierno de Cambiemos los asalariados registrados privados disminuyeron un 3,6% si comparamos el fin del mandato de Mauricio con diciembre de 2015 (227 mil asalariados privados registrados menos). Aunque para muchos parezca extraño, la incorporación de trabajadores durante la presidencia de Cambiemos se logró por la vía de empleo público (122 mil), sumado a los asalariados de casas particulares (55 mil) y los monotributistas (175 mil). [Ver Tabla 1].
Lo cierto es que el resultado general de ambos gobiernos fue una reducción relativa del empleo asalariado privado y registrado, es decir, el mejor pago de la economía argentina: mientras que en el año 2012 los asalariados privados registrados representaron casi un 56% sobre el conjunto de los trabajadores registrados, en diciembre de 2015 ese porcentaje disminuyó a un 52%, hasta descender en diciembre de 2019 a un 49,5%. Esto quiere decir que el empleo mejor pago tiende a perder peso en relación con otras formas más precarias de empleo. A su vez, si incorporamos a los obreros “en negro”, el porcentaje de asalariados registrados y privados apenas representa un 36% del conjunto de la economía.
Además del descenso en términos relativos, la evolución de los asalariados registrados del sector privado también evidencia momentos de expulsión de obreros, así como también períodos de reactivación del empleo, sobre todo hasta diciembre de 2017. En base a los datos del SIPA, entre marzo y septiembre de 2012 se destruyeron 89.572 empleos. La recuperación duró un suspiro ya que entre marzo y junio de 2013, nuevamente se destruyeron 74.203 empleos. La crisis de 2014 mostró nuevamente la expulsión de obreros de las fábricas: entre enero y junio se redujo en 78.534 asalariados. Posteriormente, durante el macrismo, expulsión de obreros fue aún mayor: entre febrero y julio de 2016 se destruyeron 112.186 empleos. La recuperación duró poco tiempo, puesto que, en 2017, entre marzo y mayo hubo casi 60 mil obreros expulsados. Luego de diciembre de 2017, la tendencia general fue a la eliminación de puestos de trabajo: sólo entre febrero y diciembre de 2019 se destruyeron 168.402 empleos.
Si bien es cierto que en el empleo de asalariados registrado y privado hubo momentos de reactivación durante el período kirchnerista, tampoco es menos cierto que un porcentaje sustantivo de la composición de esas altas en las plantas de trabajadores se basaron en empleo por contrato o personal transitorio de agencia, es decir, una fracción de la clase obrera flexible al despido. Se trata de obreros que son susceptibles de ser expulsados en cualquier momento por las empresas, sobre todo cuando la crisis apremia más agudamente. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el porcentaje de personal contratado y transitorio de agencia sobre el total de las altas de cada año muestra una evolución ascendente del orden del 20 al 30% promedio, con picos que superan el 30 y 35% en los años 2013, 2014 y 2017 [Ver Gráfico 1].
Un elemento que expresa la sistemática destrucción de empleo en el sector registrado y privado de la economía es la permanencia de la cantidad de los beneficiarios del Seguro por Desempleo, un beneficio al que sólo accede esta fracción de la clase obrera. Entre los años 2012 y 2015 el promedio anual de estos beneficiarios fue del orden de los 87.400, con un pico en el año 2012 de más de 100 mil beneficiarios. Mientras que, bajo el gobierno macrista, el promedio en sus cuatro años de mandato fue de 99 mil beneficiarios por año, con un pico en el año 2019 de más de 117 mil beneficiarios.
Si la destrucción neta de empleo de los asalariados registrados del sector privado no fue aún mayor durante los gobiernos kirchnerista y macrista se debe a dos estrategias de contención. Por un lado, las suspensiones de los empleados. En efecto, un obrero suspendido es aquel a quien, por el momento, se lo contiene de ser un despedido pagándole un porcentaje menor de su salario neto (80%). De este modo, la empresa se evita el pago de las indemnizaciones. Entre los años 2012 y 2019 la proporción de suspensiones tendieron a crecer. Por otro lado, ambos gobiernos impulsaron programas estatales de contención del empleo registrado y privado para evitar mayores niveles de desempleo abierto: durante los años 2011 y 2015 el promedio anual de beneficiarios de programas para evitar despidos en el sector privado y registrado fue de 55 mil; mientras que, bajo el macrismo, el promedio se incrementó a unos 77 mil por año [Ver Gráfico 2].
Tanto las suspensiones como las acciones de contención del empleo registrado expresan una situación de desocupación. Un obrero suspendido es un desocupado intermitente, pues se lo mantiene en una situación de empleo formal ficticio sin que produzca nada, para evitar mayores costos de indemnización, en un momento en que la empresa no lo requiere. Expresa una situación de “ocupación” superflua o desocupación latente. Algo parecido ocurre con el obrero contenido por la asistencia del Estado a través de programas de pagos parciales del salario a la empresa. En este caso, el Estado se encarga de sostener la ficción de empleo por la vía de un subsidio, para evitar que la empresa lo expulse, en una situación de quiebra. En este caso se trata de desempleo encubierto.
Por último, entre los años 2011 y 2019 se consolidó, incluso se incrementó el desempleo abierto y el empleo “en negro”. A pesar de toda la batería de subsidios, planes y programas de empleo, la desocupación abierta (medida oficialmente) se consolidó durante el segundo gobierno de Cristina en unos 1,4 millones de obreros por año promedio; mientras que, la cantidad de trabajadores no registrados promedio por año fue de unos 4,6 millones. Esto se profundizó durante la presidencia de Macri: el desempleo abierto creció a unos 1,8 millones de obreros promedio por año; mientras que, el empleo “en negro” se mantuvo en unos 4,8 millones de trabajadores por año. Esto quiere decir que la desocupación y la informalidad de los últimos 8 años afecta a entre 6 y 7 millones de personas [Ver Tabla 2].
Luego de este proceso de creación de puestos de trabajo superfluos y precarios, destrucción de empleo, de tasas elevadas de desempleo abierto y de empleo “en negro”, la “llegada” del coronavirus y la cuarentena encuentran al capitalismo argentino en un escenario crítico en términos de empleo. La pandemia profundiza esa crisis. El estancamiento económico, el cierre de los comercios, los restaurantes, el parate en la construcción, sincera y consolida una gigantesca masa de población sobrante: millones de desocupados abiertos, otros tantos encubiertos bajo la forma de beneficiarios de planes sociales, del PROGRESAR o pensiones no contributivas, buena parte del empleo “en negro”, la mayoría de los cuales son los que nutren ese 35 a 40% de pobres.
El broche de oro
En este escenario llega Alberto al poder a través de la coalición del Frente De Todos, en un momento de crisis y destrucción de empleo que se remonta en el corto plazo a la crisis de 2009. La pandemia nos retrotrae inmediatamente a la crisis de 2001, no sólo por la expulsión masiva de empleo, sino por la profundización del empobrecimiento de la clase obrera. Por su parte, el gobierno actual no evita la destrucción de empleo, a pesar de las medidas adoptadas. Es más, el gobierno Fernández-Fernández profundiza el ajuste no sólo por la vía del congelamiento de las paritarias y la estrepitosa caída del poder adquisitivo, sino también, porque no revierte la expansión del desempleo.
La situación general de la economía en pandemia amerita un examen más específico sobre la caída de la actividad y la destrucción de empleo en cada rama específica. No obstante, algunos datos oficiales nos permiten ponderar la crisis laboral, al menos en el sector privado y registrado de la economía. Según información de AFIP, entre marzo y junio de este año, la cantidad de empleadores se redujo de 539.053 a 525.700, o sea, hay 13.353 empleadores menos, que cerraron sus empresas. Estos cierres de empresas implican una destrucción de empleo de unos 265 mil asalariados registrados del sector privado.
Los sectores económicos más afectados fueron la construcción (se dieron de baja 1.127 empleadores que provocaron la expulsión de 55.884 obreros); los servicios de hoteles y restaurantes (3.332 empleadores menos y 42.251 obreros despedidos); el comercio (3.966 patrones dados de baja y 33.918 obreros echados); actividades administrativas y servicios de apoyo (208 patrones dados de baja y 31.277 obreros despedidos); la industria manufacturera (393 patrones dados de baja y 13.600 obreros expulsados). Otro de los sectores afectados fue la agricultura y ganadería con unos 20.665 despedidos.
Estos sectores, a su vez, suponen una elevada cantidad de empleo “en negro”, obreros que, en la mayoría de los casos, hoy se encuentran abiertamente desocupados o en una situación laboral muy inestable. Sólo para tener un panorama general, en las actividades antes mencionadas se emplea un porcentaje elevadísimo de obreros no registrados: en la construcción se emplean unos 494 mil obreros; en hoteles y gastronomía, unos 236 mil; en comercio, unos 797 mil; en la industria, unos 490 mil; y en el sector de agricultura y ganadería, unos 495 mil. Otro de los rubros más afectados por la pandemia y donde mayor trabajo “en negro” se emplea es en el servicio doméstico (ocupa a 1,2 millones de personas). Estamos hablando que los rubros más afectados por la pandemia reclutan a unos 3,7 millones de obreros “en negro”.
El estado de situación general del empleo durante el 2020, agravado por la pandemia, es semejante a la peor crisis de los últimos 50 años: el 2001. Probablemente, la destrucción de empleo se agrave con el tiempo. En base a los datos disponibles, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la destrucción de empleo en el sector privado y registrado (asalariados y monotributistas) suma unos 451 mil trabajadores. La proporción de obreros suspendidos por cada 1.000 trabajadores entre los meses de abril y junio promedia los 82 por mes (son más de 500 mil trabajadores). Para evitar una mayor destrucción de empleo, el Estado otorga el salario complementario por la vía de los ATP, los cuales benefician, en promedio, a 2 millones de obreros.
Por otro lado, buena parte de los obreros no registrados se encuentran virtualmente desocupados. Es decir, son obreros que formalmente podrían considerarse como “suspendidos” pero que en los hechos se constituyen como “despedidos sin aviso”. La caída de la actividad económica coloca a buena parte de esta fracción de la clase obrera como abiertamente desocupada. Su situación se agrava por la ausencia de un ingreso laboral y la miseria que se les paga con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que son pagos de 10.000 pesos cada dos meses. Actualmente, los beneficiarios del IFE suman 8,9 millones de personas. Cabe destacar que hubo otros 4,5 millones que también solicitaron el beneficio pero que, por diversas razones, fueron rechazados [Ver Tabla 3].
En conclusión, entre los trabajadores del sector privado y registrado que fueron efectivamente expulsados en lo que va del 2020, o bien que reciben un salario complementario (asistencia estatal para mantenerlo virtualmente “ocupado”), sumado a los desocupados e informales que hoy perciben el IFE, más los que solicitaron este programa y fueron rechazados, el universo de obreros más o menos abierta o virtualmente desocupados, junto con aquellos que se encuentran en una estructura laboral muy endeble, suman unos 16 millones. Todo un síntoma de lo que estamos transitando.
Déja vu
La pandemia agudiza una crisis preexistente. Una crisis que expresa que estamos transitando el 2001. En efecto, el capitalismo argentino no va camino al colapso, sino que ya está colapsando. Y eso se pone de manifiesto con la enorme magnitud de destrucción neta de empleo, con la expansión del desempleo abierto y con la consolidación del empleo “en negro”. El período posterior a la pandemia probablemente blanquee la situación de una masa gigantesca de población que hoy se encuentra virtualmente desocupada, pero que se la oculta con planes sociales, changas informales o pago del IFE u otros beneficios. Es decir, de millones de personas que le sobran al capitalismo. Será un momento de sinceramiento de la economía argentina.
En todo este proceso, la “solución” burguesa no es otra que la miseria para la clase obrera, a los efectos de recomponer las ganancias de los capitalistas. En efecto, cada fracción de la burguesía pretende llevar agua para su molino. En la Argentina actual, la fracción burguesa productora y exportadora de productos agrarios halló en el kirchnerismo la forma de imponer sus intereses. Se trata, ni más ni menos, de la transformación de la economía argentina en una granja para los chinos, en una especie de “Chancholandia”. Para ese proyecto de reprimarización de la economía no es necesaria una elevada masa de mano de obra. Con sólo unas pocas decenas de miles se garantiza el proyecto. Lo que sí se requiere, en cambio, es una fuerza de trabajo muy barata. Para ello es necesario una plataforma, una gigantesca masa de población desocupada y disciplinada para llevar a cabo las inversiones chinas. En este contexto, la pandemia y la cuarentena en Argentina acelera un proceso que ya se venía gestando y que ahora se profundiza.
Pero hay otro camino posible. Más difícil de conseguir, sí, pero mucho más prometedor para el conjunto de la población. Un país donde, en lugar de chanchos se puedan ofrecer otros productos al mundo, con tecnología de punta. Que requiera una mano de obra calificada. Donde se resuelva el problema del desempleo y el empleo precario que hoy afecta a millones de obreros. Para ello necesitamos construir una Argentina Socialista.
