Por Germán Suárez
María del Carmen, contanos cómo se constituye CORREPI.
En primer lugar, es importante aclarar que CORREPI empieza a existir desde 1992, como organización con nombre. A raíz de la acumulación de un trabajo, que viene desde mediados de los ‘80, llegamos a mayo de 1992 con la necesidad de presentarnos públicamente con una denominación. En la medida que nos fuimos desarrollando, se fue gestando la necesidad de constituir una herramienta antirrepresiva. Lo que hay en los orígenes de CORREPI es un grupo de militantes que comenzó a prestar atención a lo que hoy llamamos el gatillo fácil: las detenciones arbitrarias, la tortura y la muerte en las cárceles y comisarías. No minimizábamos la reivindicación de las banderas históricas vinculadas con la lucha contra la dictadura -el reclamo por el juicio y castigo contra los genocidas- pero nos parecía que era tanto o más importante que nos estuvieran matando pibes de diecisiete años. Por otro lado, el trabajo más fino, de estadística, nos permite tener un grado de información sistematizada para sacar algunas conclusiones generales, caracterizar el fenómeno represivo y tener algunas cuestiones resueltas por la fuerza de los hechos. Esta tarea la empezamos a encarar recién en 1996. Fue a raíz de unas declaraciones de Corach, quien dijo a la prensa que no existía el “gatillo fácil”, sino la “noticia fácil”. Una compañera, Delia Garcilazo, familiar de una de las víctimas, planteó que la mejor forma de contestarle era haciendo un listado de todos los hechos de que pudiéramos tomar conocimiento en todo el país, no sólo los que eran trabajados por CORREPI. Ese primer archivo se hizo en el año 1996. Nos da un poco de pudor cuando nos acordamos, con una máquina de escribir Olivetti. Te equivocabas y tenías que tirar la hoja y empezar de nuevo. Así, elaboramos el material con los archivos de los diarios -tomando nota con un cuaderno a mano- con la idea de construir una foto de la represión posterior a diciembre de 1983. Ya llevamos once años de trabajo y tenemos una base sistematizada que nos permite realizar gráficos y sacar algunos datos estadísticos reales. A diciembre de 2006 tenemos registrados 2.114 casos. Ahí reflejamos las muertes a manos del Estado, con una serie de criterios de selección. En primer lugar, que todos los responsables de los hechos sean integrantes del aparato de seguridad del Estado: fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y seguridad privada. La inclusión de estos últimos fue un tema que nos generó un debate, porque dijimos “no, pará, esos son particulares”. Pero lo que ocurre es que, por un lado, hay un mecanismo de privatización de la seguridad, pero por el otro, son todos canas, milicos, gendarmes o prefectos. El segundo criterio se refiere a que nos limitamos a contabilizar los casos cuyo resultado sea la muerte y en circunstancias en que la víctima no genera peligro para el agresor.
Pero cabe destacar que la cifra negra, los casos no denunciados, es gigantesca. Una de las cosas que nos da esa pauta es el hecho de que cada vez que hacemos un seguimiento más preciso en un determinado lugar geográfico -sea un barrio, sea una provincia- sistemáticamente esa región crece en el ranking. Es decir, si se mira con lupa, se llega a observar que los casos son mayores a los que uno puede ver a simple vista. Si pudiéramos hacer un relevamiento fino de todo el país, tendríamos datos mucho más actuales. Ahora, en el verano, un grupo de compañeros estuvo quince días en Río Negro y vino con un pilón de carpetas, con algunos casos de cinco o seis años de antigüedad que no conocíamos. No es que no estuvieran, no habíamos tenido la oportunidad de acceder a esa información que no se publica en los diarios nacionales.
¿Qué tipo de dificultades encuentran en los procesos contra miembros del aparato estatal?
En estos casos, nosotros, litigamos contra la defensa del policía, gendarme o lo que sea, pero también contra el juzgado, la Fiscalía de Instrucción y Cámara, el Tribunal Oral, la Cámara, la Corte, Casación… Esto es así porque, en definitiva, cualquiera de estos procesos en que vos estás imputando un hecho criminal a un integrante del aparato represivo del Estado es un proceso contra el Estado.
Desde 1983 hasta hoy, no llegan a una docena en todos los tribunales del país las condenas por tortura seguida de muerte. Esto es, la figura de muerte en ocasión o con motivo de la aplicación de tormento, que es un delito autónomo, el delito más grave del Código Penal y que sólo prevé como pena la de prisión o reclusión perpetua. Ahí tenés sentencias como la del Tribunal Oral 4 de San Martín, que resolvió que Sergio Cabrera no sufrió tortura sino “apremios”, porque le “dieron bolsita” una sola vez. El tema es que Sergio Cabrera se resistió, peleó, mordió, escupió y logró romper la bolsa, por eso no le dieron más con eso, pero igual le siguieron pegando. Entonces, el tribunal dice que no se lo torturó. Ahí se ve con total claridad la lógica de la represión como política de Estado. Por un lado, los legisladores que proveen las figuras alternativas a la del Código, también con esto del quid de la gravedad. Por el otro lado, los jueces que te bajan la calificación o, cosa que ocurre con los casos de tortura seguida de muerte, te inventan cualquier delirio, como “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones” o cosas por el estilo, para evitar utilizar la palabra “tortura”. La explicación a esta conducta judicial está en que el homicidio es un delito individual, la tortura, en cambio, es un delito, por definición, del Estado. Vos no podés cometer tortura si no sos miembro del aparto estatal. Podrás llevar a cabo cualquier salvajada, pero no tortura, tal como está definida en el Código.
Estas situaciones sirven muchísimo para la formación, porque se ve bien claro cómo funciona la represión. No obstante, cuando la cosa no se encara desde una base sólida en la formación y las ideas, corrés el riesgo de que haya compañeros que se desmoralicen, que digan “no ganamos nunca”. Esto ocurre muchas veces con colegas que encaran estos temas por solidaridad, no por una convicción ideológica. En realidad, es mentira: a veces ganamos. De hecho, si sumamos las condenas que obtuvimos, tenemos como quinientos años ganados de prisión contra policías. Pero también somos los primeros en decir que eso no sirve de nada, porque por cada uno de los que está preso hay otro haciendo cola en todas las escuelas de cadetes del país. No vamos a cambiar el sistema metiendo presos a individuos. Por eso, encaramos la cuestión judicial como cuestión instrumental, batallando como forma de demostrar cuál es su funcionalidad en la defensa del sistema.
¿Cómo funciona la impunidad en la instrucción, por ejemplo, en cuanto a no dictar prisión preventiva ante hechos como los que se cometen?
Si cualquier civil que está sospechado de haber cometido un delito y que es sometido a proceso tuviera las mismas facilidades que un policía para ser excarcelado, no habría nadie preso en la Argentina. Por la falta de recursos materiales y por la extensión que nos requeriría hacer este tipo de trabajo, estamos frenados en un tema que hace rato que queremos avanzar, que es un informe estadístico viendo bien cuál es la proporción de otorgamiento de excarcelaciones, excarcelaciones extraordinarias, prisiones domiciliarias, morigeraciones de prisión preventiva, pulserita (todos esos métodos que, en definitiva, te ponen en tu casa durante el proceso), entre un imputado civil y un imputado policía. Mientras tanto, cualquier tipo que roba un pasacassete o que salta una tapia para robar un chapón de un depósito está preso por robo de automotor o robo con escalamiento. Todo esto tiene un efecto muy concreto: al estar excarcelados, cuando ven que se les viene la noche, se rajan, con lo que el índice de profugación es altísimo. Ocurrió en el caso reciente de Leandro Bazán, el pibito de 13 años de Lomas de Zamora. Moroño, el policía imputado, por el que ahora el Ministerio de Seguridad está haciendo la fantochada de ofrecer 70.000 pesos de recompensa, estaba excarcelado. Cuando llegó el día de lectura de la sentencia, no se presentó y se fugó. En el momento en el que los que torturaron a Miguel Bru finalmente fueron condenados -incluso condenados a perpetua-, a uno de ellos le fue confirmada la excarcelación que venía gozando. La mujer policía condenada el año pasado en el caso de Andrea Viera, por tortura seguida de muerte (un delito con pena de prisión perpetua), se encuentra en prisión domiciliaria. Estamos hablando una mujer de treinta y pico de años. Tenemos excarcelado al policía Rodolfo Smith, el asesino de Héctor Otero, en La Matanza. Se trata de un juicio oral que empezó el año pasado y que, por una chicana de la defensa, se suspendió. Ese policía está excarcelado desde el día del hecho, pese a que está siendo juzgado por homicidio simple. En octubre de este año, vamos a tener en Morón el juicio por el asesinato de Marcelo Bogado. El policía Díaz está en su casa, pese a que también está acusado de homicidio simple. Acá en Capital -porque no es un problema bonaerense- el Tribunal Oral 17 en el caso del homicidio de Marcelo Báez, pibito de Lugano, también le dio la excarcelación al policía Justo Luquet, acusado de homicidio simple. Y podemos seguir… Solamente te estoy hablando de casos con los que tenemos relación. Hay muchísimos otros: Chaín, el comisario de Luján que mandó a matar con un sicario a su mujer (homicidio calificado). Contrató un tipo por tres mil pesos para que la fuera a matar. El sicario quedó preso durante el proceso. Él, además de ser policía, es médico psiquiatra y había sido el Director de la Colonia Cabred. El muchacho que contrató para matar a la mujer es un ex paciente de la colonia, un pibe border line, adicto, casi inimputable. Bueno, a ese lo meten preso y a él, como es una persona reconocida en la comunidad, lo excarcelan, lo mandan a la casa y, cuando lo condenan en el juicio oral, se fuga. Lo vuelven a capturar y la Cámara lo vuelve a excarcelar. Los policías que torturaron a Sergio Durán, una causa que ya tiene tres condenas perpetuas por tortura seguida de muerte, entre juicio y juicio. Como la Cámara no ponía fecha para el debate, y pasaron más de dos años, fueron excarcelados. El día que comenzaba el juicio, se fugaron. A uno lo pudimos volver a encontrar y hay dos que todavía están prófugos. Uno desde 1993 y el otro desde el 2003. Cuando digo “los encontramos”, no me estoy equivocando en la persona del verbo. Los encontramos nosotros con un recurso “exquisito”: nos limitamos a poner una cámara oculta enfrente del domicilio que figuraba en el expediente. Los filmamos entrando, saliendo, lavando la vereda, manguereando el auto, llevando el nene al jardín, charlando con un cana de uniforme…
Esa lógica se expresa, por ejemplo, cuando la jueza María Servini de Cubría, respecto de la causa del 20 de diciembre, afirma que los policías que dispararon y mataron a las cinco personas de Plaza de Mayo -que son los casos que ella investiga- fueron desbordes individuales.
¿Cómo opera el Estado en la política represiva de los militantes?
Esa es otra vertiente represiva que tiene características distintas. Hay dos vertientes fundamentales en la política represiva del Estado. Por un lado, esta represión cotidiana, subterránea, construida deliberadamente para ser silenciada y naturalizada, que tiene como objetivo el control social: gatillo fácil, detenciones arbitrarias, torturas y muertes en cárceles y comisarías. La víctima es el que, objetivamente, tendría razones para rebelarse y que por eso tiene que ser domesticado. Cuando esos mismos sectores ya están organizados -cualquiera sea la forma y con el objetivo concreto que sea-, se pone de manifiesto la otra vertiente, que es bien sistemática en cuanto al objetivo. Ya no da lo mismo cualquier pibe del barrio. Ahí ya se apunta al militante concreto, también con dos herramientas básicas. Por un lado, la represión directa. No nos olvidemos que, del ‘95 a la fecha, llevamos más de cincuenta muertos en movilizaciones. El último, en octubre de 2003, no en el siglo pasado, sino bajo este gobierno. Por el otro lado, está lo que hemos dado en llamar gráficamente criminalización de la protesta, que es una expresión que CORREPI usó por primera vez en marzo de 1995, en plena discusión del proceso que se seguía en ese momento a Panario. Lo que se reprime es la pelea, la organización, la resistencia, la lucha. Fue la primera vez que salimos a plantear la necesidad de campañas solidarias y otro tipo de medidas, haciendo eje en la cuestión de la criminalización de la lucha, que se ha ido perfeccionando desde aquella época hasta la actualidad.
Kirchner hace gala de defender los derechos humanos ¿Se diferencia en este punto de sus antecesores?
Kirchner es el peor de todos. No hay gobierno después de 1983 que exhiba los números que tiene Kirchner. Del 25 de mayo de 2003 al 15 de diciembre de 2006 hay 635 casos constatados de gatillo fácil, muerte en la tortura, muertes en cárceles y comisarías. Dividido por 42 meses, da 15 por mes: es un muerto día por medio. En cuanto a la represión de la militancia, el gobierno de Kirchner tiene el mérito tan dudoso como el de ser el que más cantidad de presos políticos ha tenido a lo largo de toda su gestión. Confrontemos con los que tuvieron Alfonsín, Menem, De La Rua y Duhalde y gana Kirchner. Ninguno tuvo tanta cantidad junta como Kirchner en agosto del 2004, que tuvo 43 o 44 presos políticos. Sumados a lo largo de sus tres años y medio de gestión, también supera a todos y pensá que Alfonsín y Menem venían del arrastre de la gente de La Tablada, que eran un buen montón. Sin embargo, Kirchner les gana.
¿Qué rol cumplen en la lucha por los derechos humanos y contra la criminalización de la protesta organizaciones como los MTD’S y Barrios de Pie?
Ahí mencionaste organizaciones que pertenecen al partido de gobierno: Barrios de Pie, Libres del Sur y otros subtítulos del actual peronismo. Sobre el caso de Geréz, nosotros sacamos una posición pública donde hicimos una clara diferenciación entre lo que aparentemente ocurrió con este hombre (porque tampoco tenemos acceso a fuentes de información fidedignas y cada uno de los actores lo cuenta en forma distinta) y otras situaciones claramente atribuibles a políticas represivas del Estado. Lo de Geréz indudablemente, suena a un problema interno. Y esto cada vez se confirma más con el paso del tiempo. Lo primero que nos interesó decir es que no nos puede llamar la atención que la misma metodología que desarrolla típicamente el partido de gobierno contra nosotros la aplique también en las disputas entre sus facciones internas. Las organizaciones kirchneristas como Barrios de Pie forman parte del gobierno represor, son el enemigo. Hay un integrante de Patria Libre, Gabriel Lerner, que es el secretario del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros hemos tomado la semana pasada la representación procesal de un matrimonio cuyo hijo murió en el interior del Instituto Rocca. Estamos imputando a ese funcionario, que es el jefe de todos los institutos de menores, de todos los carceleros de menores del ámbito federal. Nosotros atribuimos esa muerte directamente a Lerner, que supo ser integrante de la dirección de CORREPI y que renunció para sumarse al proyecto Kirchnerista. No es un compañero. Es un integrante de un gobierno represor. Al pibe lo encontraron muerto a las siete de la mañana. Al médico y a la policía los llamaron a las 7:45. Gustavo Piantino, ex Martín Fierro, ex defendido nuestro en tantas causas políticas, hoy director del Programa Nacional de la Juventud, en cambio llegó al Instituto a las 7:25. Yo no hago una diferencia entre ellos y Barrionuevo desde lo que significan como parte del gobierno represor. Nos están matando pibes. El veinticuatro de marzo, Humberto Tumini manifestó en el programa Mate Amargo que yo era una desestabilizadora del gobierno, con nombre y apellido. El trabajo de CORREPI es más de una vez materia de discusión en reuniones de gabinete, no es poca cosa que podamos permanentemente señalar, por ejemplo, que el Estado argentino insiste con el incumplimiento concreto de los puntos más importantes de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio. Mirá si me voy a preocupar de lo que dicen Tumini, Piantino, Ceballos o Lerner.
¿Qué opinas de Madres de Plaza de Mayo?
¿Las que forman parte del gobierno o las que apoyan al gobierno? Cuando Hebe de Bonafini dice “el enemigo ya no está en la casa de gobierno”, lo que está diciendo es “a partir de ahora, yo soy tu enemigo”. El que decide claudicar y sumarse al proyecto del enemigo, puede caracterizarse como un acto de traición, pero en realidad no es más que una decisión política de alguien que evidentemente no tuvo las ideas muy claras nunca. Esas transformaciones no se producen de la noche a la mañana. Esas claudicaciones sólo son posibles si hay un terreno fértil para eso. Era muy fácil ser opositor con Menem o con De La Rua. Kirchner los sedujo, eligieron ser furgón de cola del proyecto burgués. Eligieron ese camino y para nosotros son el enemigo. De ahí que una de nuestras últimas tapas sea la foto de Kirchner abrazado con Carlotto y Bonaffini, donde la pregunta del título es “¿Qué festejan (están sonriendo en el acto del 25 de mayo)… si nos están matando un pibe día por medio?”
Esta situación actual es evidencia de una serie de falencias previas. Recuerdo un debate fuerte que tuvimos con la Asociación Madres, mucho antes de su claudicación pública, con el tema de los presos políticos. Bonafini sostenía que todo preso es político. Nosotros decíamos que no: el Gordo Valor, el milico que logramos meter en cana por una tortura o un gatillo fácil, no son presos políticos, como tampoco lo es el pibe chorro que opta por la salida individual y sale de caño, mate o no mate, robe o no robe. Ojo, a éste último también hay que diferenciarlo del milico o el Gordo Valor, pero no es lo mismo que un compañero represaliado por un hecho de naturaleza política. Esto culminó en una Marcha de la Resistencia, en la cual Bonafini ordenó desde el escenario que se bajaran las banderas de muchas organizaciones políticas, sobre todo de los partidos, que reclamaban la libertad de los presos políticos. La mayoría de las organizaciones obedeció en el primer llamado, otras en el segundo y la única que se fue de la plaza fue CORREPI, que no quiso bajar la consigna de Libertad a los Presos Políticos. Un poco después estábamos haciendo una campaña de firmas para una solicitada por una causa penal iniciada contra un compañero de CORREPI que había sido encausado en Morón, por haber declarado públicamente que en determinado expediente sobre una tortura seguida de muerte (era evidente que había un pacto judicial-policial). Todavía existía el delito de desacato y nuestro compañero, a raíz de esas palabras, fue procesado. Estábamos haciendo una juntada de firmas para una solicitada, que firmaron hasta abogados liberales burgueses (porque les parecía un escándalo que se represaliara a un profesional liberal por el ejercicio de su cargo de querellante). Bonafini no quiso firmar, dijo: “si es militante, que se la banque”. ¿Cuándo contribuyó Hebe de Bonafini a generar conciencia en el campo popular con un criterio de aglutinación o de confrontación con los sectores conciliadores que existieron siempre en materia de organismos de derechos humanos? Por que, si hay algo que decir a favor de Carlotto, de Familiares, del CELS, del Serpaj y compañía, es que ellos siempre fueron conciliadores. Estuvieron con Alfonsín, estuvieron con De La Rua, estuvieron con Duhalde. Bonafini estuvo a partir de Rodríguez Saa. La gente ya se olvidó que ella lo fue a abrazar.
¿Y el CELS?
La Fundación Ford. Los ideólogos de la política de derechos humanos de Kirchner. Leé los artículos de Verbitsky y fijate lo que hace Kirchner en materia de derechos humanos. Hace varios años atrás, Verbitsky explicaba en sus columnas que era necesario declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, en beneficio de las fuerzas armadas, y convocaba a los cuadros jóvenes del ejército a sumarse a pelear por la nulidad de esas leyes. Afirmaba que, de esa forma, se iba a poder separar la paja del trigo, defenestrar definitivamente a los malos cuadros remanentes de la dictadura y tener una fuerza armada democrática y comprometida con la defensa de la Constitución y de las libertades de las personas, etc. Mejor explicado el mecanismo de legitimación del aparato represivo, imposible.
Con el caso de López y Geréz se planteó el tema de los aparatos parapoliciales del Estado…
Los aparatos parapoliciales que salió a denunciar Arslanián es el aparato represivo del Estado, con uniforme o sin uniforme. El caso de Geréz es una pelea entre ellos, aún si hubiese sido Patti. ¿O con qué lista resultó electo Cantero, el referente de Pensar Escobar, jefe político y amigo de Geréz en 1995? ¿En que lista era Concejal? En la lista de Patti, encabezada por el PJ. No jodamos…
Me imagino que ustedes no se sorprendieron del funcionamiento de estos aparatos…
En el archivo hay arriba de 35 a 40 desapariciones de características similares a la de López desde 1983. López no es el primer desaparecido de la democracia, es el primero que toma semejante estado público. Si vamos a definir “desaparecido” como persona que es vista por última vez siendo detenido o subido a un patrullero -o siendo llevado a una comisaría- y después de tres meses aparece el cadáver comido por caranchos en el medio del campo, hay centenares. Es una típica metodología de los escuadrones de la muerte que funcionan en la Argentina. El que no nos crea, que lea la sentencia del tribunal de San Isidro en el caso del Nuni Rios, donde tenemos condenados al Jefe y al Lugarteniente, Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, con veintidós y diecinueve años de prisión, respectivamente. Los condenaron sólo por uno de los casos, el de Ríos, pero la sentencia ordenó investigar el accionar del conjunto del escuadrón, en noviembre de 2004. Todavía no han terminado de sacar las fotocopias para iniciar la nueva investigación…
Desde 1983, la democracia burguesa sigue matando…
No tiene más remedio.
