En Venezuela, hay al menos 20 trabajadores desaparecidos por denunciar a la dictadura chavista, entre ellos Alcedo Mora. Mora desapareció por denunciar el tráfico de combustible en la frontera colombiana. La dictadura de Maduro tiene también cientos de detenidos obreros, acusados sin ninguna prueba de delitos infames. Por ejemplo, Rodney Álvarez, obrero de la empresa Ferrominera del Orinoco. Álvarez, además, ha sido varias veces objeto de atentados dentro de la cárcel. El último, hace pocas semanas, cuando fue apuñalado en una pierna. El responsable de toda esta situación es el Estado venezolano.
Desde la asunción de Chávez, se han contabilizado por lo menos 843 víctimas de torturas en cárceles, práctica que recién fue tipificada como delito en 2012. Eso no bastó para evitar que se siga utilizando recurrentemente. Desde el 2012 se han denunciado 488 casos de torturas en cárceles venezolanas. El régimen también disparó los casos de allanamientos ilegales, realizando 21.495, de los cuales al menos 20 mil fueron producidos desde 2015 con la aplicación de la Operación Liberación del Pueblo llevada adelante por las fuerzas armadas. El grueso de las actividades represivas mencionadas, fueron llevadas adelante por la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y la Policía Nacional Bolivariana, que ha tomado protagonismo a partir de la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A esto se suman las 316 muertes, y 7 mil heridos en manifestaciones desde 1998 a la fecha.
Como parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet (ex presidenta Chile) presentó un informe en el que contabilizaba 5.287 “ejecuciones extrajudiciales” por parte de las FAES. También denuncia la privación ilegítima de la libertad de 793 personas y la quita de inmunidad parlamentaria de 22 diputados. Sin embargo, el informe de Bachellet, oculta buena parte de la represión chavista sobre la clase obrera. Primero, por centrase solo en los últimos años del régimen de Maduro. Así, se dejan de lado cientos de muertos bajo los gobiernos de Chávez. Segundo, por no contabilizar las muertes producidas por las fuerzas regionales o locales de los gobiernos comandados por la oposición, o bien la complicidad de estas con las fuerzas nacionales. Tercero, por igualar a los asesinatos de manifestantes con las muertes por excesos policiales. Y cuarto, por no discriminar las muertes obreras de los enfrentamientos con bandas criminales.
El 3 de abril de este año, los partidos políticos Razón y Revolución (Argentina) y Transición Socialista (Brasil) realizaron un acto ante las embajadas de Venezuela reclamando por los obreros presos y desaparecidos, en el que se pidió a las autoridades una respuesta. Hasta ahora, no hubo ninguna.
Las circunstancias obligan a una acción más sistemática, más amplia y más fuerte en defensa de la clase obrera venezolana. Por lo tanto, proponemos la conformación de un Comité Internacional de Solidaridad con los Obreros Perseguidos, Presos y Desaparecidos de Venezuela, para las siguientes tareas:
1. Llevar adelante una investigación independiente de los crímenes cometidos por el Estado venezolano contra los trabajadores y sus organizaciones.
2. Realizar una campaña internacional de denuncias de los atropellos que se llevan a cabo en Venezuela.
3. Emprender todas las acciones políticas y judiciales necesarias para lograr la liberación de los presos políticos, la aparición con vida de los desaparecidos, el castigo a los responsables de los crímenes, el cese de la represión y el restablecimiento de las libertades políticas y civiles para la clase obrera.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, a todos los interesados, en cualquier parte del mundo a sumarse. La tarea es ahora.
Razón y Revolución
