Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional – CEICS
A fines de agosto Nicolás Maduro anunció una serie de medidas que conforman el “plan de reactivación económica” gestado en el último congreso del PSUV. Se trata de un paquete de resoluciones impositivas, monetarias y legales que, según el chavismo, servirán para solucionar la crisis que vive el país, aunque como veremos a continuación, solo hundirán aún más en la pobreza a los obreros venezolanos.
Se profundiza la descomposición
Una de las medidas más rutilantes fue anclar el salario a la criptomoneda “petro”, creada a comienzos de año, respaldada por los barriles petroleros del campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco. En segundo lugar, el gobierno anunció el Bolívar Soberano como moneda que reemplaza al Bolívar Fuerte, quitándole cinco ceros a la moneda. En tercer lugar, se realizó un ajuste salarial ubicándolo el salario mínimo en “medio petro” (30 dólares). Sin embargo, en solo 20 días, el petro se devalúo y pasó a valer 38 dólares por lo que el salario mínimo quedó en 19 dólares. Este ingreso es percibido por 1/3 de la población, mientras que el 52% de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos. De esta forma el chavismo ingresó al selecto grupo de países que tienen a más del 30% de la población viviendo con menos de un dólar diario, cuando se necesitan 850 dólares mensuales para satisfacer las necesidades básicas.
Esta situación era previsible, teniendo en cuenta que el petro funciona como un bono de deuda, que surge ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado internacional luego de las sanciones impuestas por EE.UU., y las deudas acumuladas con Rusia y China. Al funcionar como un bono, el éxito del petro depende de los acreedores y la confianza que genere, y además, solo se han creado 100 millones de unidades, hoy por unos 1.900 millones de dólares, cuando la deuda con Rusia asciende a 8 mil millones. Es decir, el financiamiento vía petro ni siquiera alcanza para reiniciar el proceso de financiamiento ruso. El gobierno también anunció el aumento del IVA, excepciones impositivas a la renta para las petroleras e importaciones del sector industrial, y fijó el precio internacional en el comercio de la gasolina interna, aplicando un subsidio para aquellos que tengan Carnet de la Patria.
Por último, como parte de esta avanzada, Maduro decretó la nueva escala salarial para la administración pública, la cual fue establecida con un piso de un salario y un techo de 1,5 a diferencia del actual límite de 2,5 salarios, eliminando el sistema del pago de bonos a los trabajadores públicos. Los salarios más altos, 29,5 dólares, serán cobrados por los profesores universitarios con doctorados, mientras que los pensionados, obreros, y el resto de los empleados de la administración pública ganarán 1.800 bolívares (19 dólares). De esta forma, Maduro elimina las conquistas del convenio colectivo del sector público y las discusiones salariales, corriendo de escena a los sindicatos. Por este motivo, trabajadores del sector salud, de energía, de educación, y algunos petroleros enrolados detrás de Iván Freites, afiliados a la CTV, realizaron manifestaciones el 13 de septiembre y convocaron a un encuentro de dirigentes de la CTV para el 22.1 También se registraron movilizaciones el 19, en Caracas, con participación del PSL junto a trabajadores telefónicos y de energía, donde reiteró su convocatoria al encuentro sindical del 29 de septiembre.2
Chavismo armado
Ante cada ajuste y cada represión del gobierno chavista, se producen movilizaciones, represión y parece que la caída está cada vez más cerca. Sin embargo, el régimen se sostiene, ¿por qué? Una de las explicaciones es el dominio del aparato militar. Los militares controlan ocho de las 19 gobernaciones del PSUV, mientras que en el Poder Ejecutivo controlan nueve ministerios: Defensa, Petróleo, Energía Eléctrica, Agricultura, Vivienda, Frontera de Paz, Alimentación, Gobierno, e Interior. Es decir, los militares manejan desde el petróleo hasta los alimentos, pasando por la seguridad y la energía. De todas formas, el momento de mayor injerencia de los militares en el gabinete fue en 2014 con el inicio de las protestas, donde llegaron a controlar casi la mitad de los ministerios. Estamos, desde ese momento, en una verdadera dictadura militar.
En términos de su peso social, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene 165.000 efectivos y 25.000 en reserva, entre Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, pero controla también a la Milicia Nacional Bolivariana, el cuerpo de civiles con entrenamiento militar creado como apoyo a la Fuerza Armada, compuesta por 500 mil milicianos. En ese sentido, las FANB tienen una estructura de al menos 700.000 miembros que aparecen alineados a Maduro. A estos habría que sumarle 100 mil policías y los agentes de inteligencia del SEBIN, también leales al gobierno, lo que nos da un número cercano a un millón.
Ahora bien, ¿por qué se mantiene el apoyo de los militares? Una explicación es que con Maduro las fuerzas armadas se han convertido una corporación burguesa más, a partir del control de empresas que poco tienen que ver con las cuestiones militares específicas. De las 20 empresas que poseen las FANB, cuatro fueron creadas por Chávez y catorce por Maduro, aunque no todas están vinculadas con la industria militar.
Emosoven, creada en 2008, se encarga de producir y comercializar vehículos blindados y convencionales, y ha sido beneficiaria de créditos del Banco Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Emiltra, se encarga de transportar los alimentos de los programas PDVAL, Mercal, Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes, y a agroindustrias privadas. En el rubro de la construcción, las FANB poseen IPSFA (2012), Constructora FANB (2013), y Cancorfanb (2014), destinadas a la remodelación de construcciones militares y proyectos oficiales. Con Maduro el ejército logró entrar en el negocio petrolero 
con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) que se conformó en el 2016, encargada de rehabilitar y mantener pozos, maquinaria, taladros, y comercialización de insumos.
Dentro del rubro alimentación, las FANB poseen Agrofanb, creada en 2013 con 720 mil hectáreas y alianzas económicas con empresas privadas con El Tunal, Agroinsumos El Granero, o Asoguárico. Dentro del rubro industrial, posee el Complejo Industrial Tiuna I, y Neumalba, que produce y distribuye caucho y derivados. En el rubro finanzas, desde 1956 controlan Seguros Horizonte que es la segunda aseguradora del país, mientras que Maduro creo el Banco de la Fuerza Armada Nacional, habilitado para hacer operaciones comerciales como cualquier otro banco. En el rubro comunicaciones, Maduro creo la TVFANB y Emcofanb, destinada a la comercialización de equipos informáticos y la organización de eventos.3
Maduro sabe de la necesidad de este apoyo, por lo que en julio ascendió a 17.000 militares por su lealtad, llegando a 2.000 generales, mientras que EE.UU, por ejemplo, tiene solo 900. Salarialmente el escalafón más bajo militar gana 2,5 salarios mínimos superando el tope impuesto por el gobierno.
En segundo lugar, encontramos a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, nacida en el 2008 luego de que el chavismo no haya podido conquistar a la CTV y de que se haya fracturado la UNT. La CBST representa en promedio a un millón de trabajadores, sobre una base de trabajadores formales de alrededor de 2 millones y medio. Es una entidad más política que sindical, y se encuentra dirigida por la burocracia de petroleros, con Wills Rangel, y también dirigentes de empleados públicos, magisterio, salud, construcción, y género. Muchos de esos dirigentes son también diputados de la Asamblea Constituyente y miembros del PSUV. Cabe preguntarse por cuánto más podrá la burocracia sindical servir como un representante del Estado en el seno de clase obrera cuando el gobierno está atacando las conquistas de los empleados estatales.
Por último, aparece el Gran Polo Patriótico, el aliado electoral del PSUV, integrado por partidos políticos como el PC, PPT, MEP, o UPV, pero que principalmente agrupa a la población sobrante, beneficiarios de misiones sociales o trabajadores del sector informal, nucleados en movimientos sociales, colectivos y organizaciones comunales, que reciben la ayuda del gobierno (bonos y cestas alimenticias, beneficios con el Carnet de la Patria, etc.). Según el último censo realizado, registran un total de 30 mil organizaciones comunitarias. Recientemente, el presidente venezolano nombró a Aristóbulo Istúriz, ex dirigente docente y ex gobernador de Anzoátegui, como coordinador del Gran Polo Patriótico, y Blanca Eekhout, ex Ministra de Comunicación, como coordinadora del Polo y ministra para las Comunas. Los colectivos también ocupan directamente cargos en el gobierno, como el ministerio de Transporte conducido por Hipólito Abreu, del colectivo Tupamaros, el más importante de Venezuela, fiel aliado del gobierno que participa activamente de la represión a las movilizaciones. Aproximadamente, las organizaciones sociales del GPP representan a 4 millones de obreros, que toleran vivir en condiciones miserables.
Otro elemento para entender por qué el chavismo se mantiene en el poder, es que una parte significativa de la clase obrera ha escapado del régimen. Según la ONU, que solo contabiliza los migrados legalmente, en los últimos 4 años han salido del país 2,3 millones de venezolanos, mientras el Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional maneja la cifra de 3 millones. Este programa, estima que podría llegar a 4 millones para fines de este año, aunque para la empresa privada Consultores ya se ha llegado a ese número. Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, este país es el principal destino con cerca de un millón y medio entre legales e ilegales seguido por EE.UU. (290 mil) y España (208 mil). De esta forma, sin que exista un número del todo preciso, todos los cálculos arrojan que entre el 10 y el 13 % de la población obrera fue directamente expulsada y le saca una parte de la base de masas a la oposición. Esta es la principal válvula de escape para el descontento. Ya funcionó históricamente en Europa con la migración de fines del siglo XIX.
Mano de hierro
Como vemos, a Maduro le sobra la mitad de la clase obrera venezolana. Con la otra mitad, se ha dado la tarea de militarizarla y estatizarla. Ante las dificultades histórica del chavismo para volverse hegemónico dentro de la clase obrera sindicalizada, Maduro se sustenta principalmente en las FANB y en los movimientos sociales, ambos utilizados para la represión de la protestas. Luego de las últimas medidas, el fin de su alianza con la clase obrera ocupada parece ser cuestión de tiempo. Ante un contexto difícil para obtener financiamiento, el chavismo necesitará avanzar en un ajuste mayor, así como también una mayor militarización del régimen. Maduro no va a caer hasta que no se conforme una fuerza estructurada capaz de liderar las protestas. La oposición no quiere jugarse a fondo en un proceso que no puede controlar. La estrategia de EE.UU, es más bien un lento desgaste que permita un recambio electoral. Pero por su posición las Fuerzas Armadas venezolanas no van a permitir una normalización pacífica.
Por ello es importante que el proletariado se organice de acuerdo a la magnitud de lo que está por venir, y no impulsar solo encuentros sindicales que atañen a una porción mínima. Es necesario impulsar la organización política de todas las fracciones obreras, mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que tenga como punto principal la definición de un plan de acción y un programa político socialista, para enfrentar los embates del gobierno.
Notas
1El Nacional, 13/09/2018
