Por Nicolás Grimaldi
Desde hace varios días, la provincia de Mendoza se encuentra movilizada por la gran lucha docente que contó también con el apoyo de trabajadores de otros sectores. Para comprender la magnitud de la pelea, debemos comenzar contextualizando la situación: el salario docente mendocino se ubica un 10% por debajo de la media nacional. Así, una maestra de grado recién iniciada y sin zona, está cobrando $63.000 por cargo, mientras que una maestra con 10 años de antigüedad, alcanza los $75.000 sin efectuarse los descuentos correspondientes. A comienzo de año, se acordó una paritaria de 40%, restando cobrar un 19% en 4 cuotas para el segundo semestre. Estos valores ubican al salario de la provincia entre los peores del país, quedando en el puesto n° 15 del ranking elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación en su “Informe Indicativo del Salario Docente”.
Luego de varias protestas en redes sociales, banderazos, y escraches al gobernador radical Suarez, la lucha docente logró que este último haga una primera oferta del 7%, siendo rechazada de manera contundente por las bases. El rechazo fue acompañado por la acción, con un primer paro de 48 horas para el martes 26 y el miércoles 27 de julio, con un acatamiento de ente el 90 y el 95%, y una movilización por las calles de la capital a la que asistieron más de 25 mil personas. Tanto el SUTE, cuya conducción fue arrebatada por el kirchnerismo a la izquierda en la últimas elecciones gremiales, como SADOP, participan de la protesta.
Ante esta presión, el gobierno presentó tres nuevas ofertas, que significaban un aumento de $6.085 para una maestra con 10 años de antigüedad y 50% de ítem zona, de $5.341 para una maestra con 10 años de antigüedad sin ítem zona, lo que ubicaría ambos salarios en torno a los $80.000. Un celador, que actualmente cobra cerca de $37.000, alcanzaría los $41.000 en agosto, mientras que una maestra recién iniciada sin zona, cobraría cerca de $70.000 en agosto. Tenemos que recordar que la última medición realizada por la Junta Interna de ATE-INDEC para el mes de junio, establece el ingreso mínimo que una familia tipo debe tener para no ser pobre en $147.105. Con lo cual, teniendo en cuenta que debe agregarse la inflación de julio, una docente con doble cargo y 10 años de antigüedad seguiría quedando al borde de la línea de pobreza con estas ofertas del gobierno.
Frente al rechazo de la propuesta, Suarez cerró la discusión paritaria y sacó por Decreto el aumento salarial, que consiste en una cuota de 12% en agosto y 3 cuotas de 6% para septiembre, octubre y noviembre, lo que significa un aumento de solo 11% sobre los montos restantes a cobrar de la paritaria de marzo. Con esta oferta, el salario inicial llega en agosto $67.200 y $75.250 para diciembre, una verdadera vergüenza. Con el sueldo de julio, Suárez también descontó los días de paro, el presentismo y el ítem aula, como forma de amedrentar al movimiento docente, aunque estos prometieron continuar la lucha.
La conducción del SUTE y de SADOP reclaman que el aumento salarial equipare el acumulado de la inflación anual. Esta propuesta, llevaría el salario inicial por cargo a cerca de $90.000, mientras que el salario por cargo con 10 años de antigüedad llegaría a $110.000. Es decir, aún con el horizonte que el kirchnerismo en su versión sindical propone, los y las docentes de Mendoza continuarían por debajo de la línea de la pobreza, más aún con una inflación que amenaza con dispararse en el segundo semestre. Si partimos de salarios de pobreza, equiparar la inflación significa defender ese statu quo, de allí la necesidad de una recomposición histórica del salario, que saque a los docentes de la pobreza.
Un llamado a la acción nacional
La lucha docente no solo estalló en Mendoza. En La Rioja, se produjeron más de 7 semanas de paro, donde los docentes exigían un aumento de 20 mil pesos al básico en una sola cuota. Ahí, donde el Frente de Todos es oficialista con el gobernador Quintela, el kirchnerismo mostró su verdadera cara. Los sindicatos, tanto UDA, como Sadop, AMET y SELaR, se resistieron a apoyar la lucha que fue sostenida por los docentes autoconvocados, que en el medio de la lucha se fracturarían en Docentes Unidos Autoconvocados Riojanos (DUAR) y Sindicato Autoconvocados de la Educación (SAE). El abandono de los gremios hizo que los docentes confluyeran junto a otras fracciones del movimiento obrero, como trabajadores de la salud, en la Multisectorial en Lucha.
Se organizaron 8 movilizaciones provinciales juntando a más de 7 mil personas, la mayor cantidad desde las movilizaciones por Famatina, además de piquetes en varios puntos de la provincia. Por otra parte, los y las docentes fueron también blanco de ataques por parte del Frente de Todos, tanto por su gobernador, que insistía en que los trabajadores de la educación “se busquen otro trabajo”, como la campaña mediática desde los medios oficialistas por instalar que salario riojano fue el que más creció porcentualmente desde el 2021, sin aclarar que ese crecimiento partió de un piso de $50.000.
La lucha docente obligó al gobierno a entregar un aumento de $6.000 pesos a cobrar en agosto y el adelanto de la última cuota paritaria a septiembre, promediando un 71% de aumento anual. Esto lleva al salario inicial a $70.000 en septiembre. Los dos grupos autoconvocados provinciales no acuerdan con la oferta pero levantaron el paro en la última semana de julio luego de recibir descuentos y amenazas por parte del gobierno kirchnerista provincial.
A fines de julio, también se produjo un paro de 48 de Unter, en Río Negro confluyendo docentes y estatales con movilización por las calles de Viedma. En Chubut, se viene de una jornada de 48 horas de paro el 25 y 26 de julio y se prepara una nueva jornada para el 3 y 4 de agosto. En Santa Fe, están convocados dos paros de 48 horas: uno para el 2 y 3 de agosto, y otro para el 10 y 11 con movilizaciones por el centro de la ciudad en caso de que no haya una propuesta satisfactoria.
Como dijimos a comienzo de año, el Frente de Todos es el padre del ajuste. El gobierno de Alberto y Cristina impuso una paritaria a la baja, y los gobernadores aplicaron el ajuste sin chistar. La burocracia sindical peronista y kirchnerista actúa como cómplice, ya sea proponiendo un horizonte de pobreza, como es el aumento igual a la inflación, como directamente boicoteando la lucha. Hay que mencionar también el rol de la CTERA que no convocó a ninguna medida de apoyo a las luchas en curso, más que un paro testimonial para sacarse el problema de encima. Baradel incluso se apresta a avalar el despido de más de 20 mil docentes del programa ATR por parte de Kicilloff.
En todas las provincias existe una voluntad de lucha en la comunidad docente. Esa fuerza social que vimos en La Rioja o Mendoza, y más atrás en San Juan y en Misiones, muestra que los y las docentes rechazan pagar el ajuste del kirchnerismo y la oposición aliada. A este acuerdo ajustador hay que proponerle un acuerdo de lucha, una alternativa que permita organizar a esa fuerza social hoy dispersa y proponerle una dirección a nivel nacional. Es necesario, más que nunca, impulsar un Encuentro Nacional Docente, con asambleas regionales y mandatos de base, para discutir un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha en todo el país.
