El mito de las Obras Sociales (2). Solidarias, sí, pero con la burguesía

Ricardo Maldonado – GISA (Grupo de Investigación de la Salud Argentina)

Conflictos y armonías de Perón y Carrillo

Del peronismo del 45-55 se ha divulgado, hasta el cansancio, que elevó la salud pública al rango ministerial y que aumentó el número de camas en el país de manera sustancial, desde 66 mil a 114 mil. En base a este número se suele afirmar que el proyecto de Perón y Carrillo consistió en un sistema de salud único y racional, borrando así que el verdadero objetivo de la planificación de salud peronista era el desarrollo de una salud privada de mejor calidad para los que pudieran pagarla, liberando a los capitalistas de la salud del peso de los sectores más empobrecidos, que quedarían a cargo del Estado. Tal como lo hacen constar expresamente en sus proyectos presentados al Congreso, la tarea el Gobierno consiste en “fomentar por otra parte para las clases pudientes, el desarrollo del régimen asistencial privado” y, en el marco de una orientación parcializada, “velar por el bienestar de las clases económicamente débiles”.

En el Plan Sintético 1952, Carrillo no retrocede, sino que reafirma el:

“Objetivo XII: Protección a la asistencia sanatorial privada – Promover y facilitar el desarrollo de la asistencia médica privada para los ‘pudientes’ encauzando y fiscalizando el desarrollo de los sanatorios particulares especialmente los de cirugía. Problema y solución: Censo de los sanatorios y hospitales privados. La asistencia médica ‘pagada’, dispone de 15 mil camas actualmente, pero su desarrollo puede ser mayor si se le brinda protección, seguridad y facilidades crediticias.”

Sobre el fondo de esta común estrategia de fomentar el desarrollo de la salud privada todavía inexistente como rama económica relevante, se recortan diferencias. Carrillo “renuncia” más de un año antes de golpe, desplazado por el interventor Bevaqua, las diferencias entre su proyecto y el de Perón y Evita explica en gran medida esta salida intempestiva de su cargo. Existieron otras diferencias menores: Carrillo era ferviente católico y se aleja del gobierno al mismo tiempo que se agudiza el enfrentamiento del gobierno con la Iglesia (antes aliada), o su segura oposición a la reapertura legal de los prostíbulos que Perón decretó meses después de su salida del gobierno.

Pero el tema más profundo, arrastrado durante años, fue el desacuerdo con respecto a la cuña que Perón pretendía colocar entre el sector de la salud pública (para los no pudientes) y el de la salud privada (para los pudientes). Esa cuña, que anticipa perfectamente lo que veremos como desarrollo ulterior de las obras sociales, se encarnó en la Fundación Eva Perón. Se trataba de un sector que administrara fondos del Estado y fondos obtenidos compulsivamente de los trabajadores, tutelados de manera antidemocrática y arbitraria por su presidenta, que permitieran realizar proselitismo político con la acción social, sin rendir cuentas y sin las incomodidades que incluso un régimen autoritario como el de Perón se veía obligado a enfrentar de alguna manera. Los recursos que los trabajadores (que aportaban el 70% del total según estimaciones) y el Estado le entregaban a este organismo privado podrían ser distribuidos y utilizados caprichosamente, ya que su Estatuto expresaba que: “la administración corresponde única y exclusivamente a su fundadora, Doña María Eva Duarte de Perón, quien la ejercerá con carácter vitalicio y gozará de las más amplias atribuciones que las leyes y el Estado conceden a las personas jurídicas. (…) la fundadora podrá, cuando estime conveniente y a solo arbitrio, designar consejos, delegaciones y mandatarios generales y especiales.”

Planificación o federalismo tonto

El proyecto de Carrillo también propendía a la fragmentación, ya que generaba un federalismo tonto: el Estado central construía establecimientos (de acuerdo con planes generales y centralizados) y luego entregaba la administración a autoridades provinciales o municipales. Este federalismo invertido, que no consiste en reconocer los recursos e instituciones preexistentes, sino en inventarlos centralizadamente, ya creaba innecesariamente problemas para la planificación. El estado burgués siempre encuentra graves obstáculos en el intento de conjugar la racionalidad con el interés privado e individual del capital. Los defectos que la burguesía encuentra en la planificación no son propios de la planificación sino de esta contradicción irresoluble entre los objetivos generales y sus beneficios particulares. Las descentralizaciones, generalmente absurdas y contraproducentes, son los vanos intentos de hacer congeniar algún tipo de lógica y de objetivos sociales con un sistema esencialmente anárquico.

Claro que los efectos de este sistema mixto público/privado y la disparidad interna del sistema público producido por los niveles nacional, provincial y municipal, siempre puede empeorarse. Fue lo que sucedió al entrometer un nuevo actor, desorganizando todavía más cualquier planificación sanitaria racional. De ahí que, en el año 1952, al presentar su Plan Sintético de Salud (1952-58), el gobierno se ve obligado admitir que su Ministerio de Salud y los ministerios provinciales se encuentran por debajo del poder de decisión de la esposa del presidente, tal como lo expresa este párrafo: “Allí donde la Fundación Eva Perón proyecte y construya un establecimiento no tienen por qué ni la Nación, ni las provincias superponer otro programa.”

Aunque en abstracto parece más viable el proyecto del ministro, por ser más racional, históricamente se ha demostrado más correcto (para la burguesía) el proyecto de Perón. La razón es que, si bien ambos partían de una defensa indeclinable del capitalismo, en el proyecto de Carrillo no estaba claro cómo realizar esa defensa y a la vez sostener su planificación. El de Perón, con su cuña intermedia, creaba una serie de problemas sanitarios (que no le preocupaban mucho) pero obtenía una fuente de financiamiento para proselitismo político despojada de controles. Y, a futuro, un mecanismo para la expansión real de “la salud privada para pudientes” que Carrillo quería desarrollar, pero no sabía cómo. Vale mencionar que la diferencia entre Perón y Carrillo es también la que hay entre un político y un técnico mediocre. El lucimiento genérico del segundo suele basarse en que deja de lado todos los problemas reales que el primero tiene que solucionar. Perón puso a Carrillo en un Ministerio y Perón, de alguna manera, lo sacó. Carrillo solo podía actuar en la medida en que alguien creaba las condiciones para esa acción.

Avanzando en la financiación de la salud privada: IOMA 1957, Ley de OS 1970

IOMA es creado en 1957. Aglutina a los trabajadores de realizan distintas tareas para el Estado provincial bonaerense y para distintos municipios de la provincia. Aunque algunas mutuales de los gremios importantes ya poseían servicios de salud propio (como lo ejemplifican los policlínicos bancario y ferroviario construidos en la primera mitad de la década del 50), en la década del 60 se da un gran desarrollo de la industria de la salud y, paralelamente, un crecimiento de las obras sociales y establecimientos sanitarios privados, gestionados por médicos. Este gran desarrollo va a culminar, bajo el gobierno militar surgido con el golpe del ’66, en la creación del PAMI, que se hará cargo del sector menos rentable de la población, los adultos mayores, y en la Ley de obras sociales ¹, que le otorgará a la burocracia sindical peronista la administración de los fondos aportados compulsivamente por los trabajadores (al entregarle por ley la capacidad de designar al directorio de estas). Su desarrollo y capitalización transformó a la industria de la salud en una opción atractiva para la inversión, pero, también, en un sector que solo podía funcionar en una escala más amplia. Debido a esta escala es que, para el sector de altos ingresos, comienzan a desarrollarse las aseguradoras de salud, es decir, las Empresas de Medicina Prepaga (EMP) que surgen al comienzo de los años 70.

Para muchos, el hecho de que una dictadura militar le entregara a la burocracia sindical peronista una masa de dinero extraída compulsivamente a la clase trabajadora es una paradoja; paradoja que se repite en la dictadura del ‘76, que vive una disputa entre el Ministerio de Economía, que pretendía dar de baja los aportes patronales, y el de Bienestar Social, que pugnaba por mantenerlos. Esta disputa ocurrió en 1978, año, que marca la mayor proporción de camas propias de las OS dentro del conjunto de camas en establecimientos sanitarios del país. Por supuesto, esta supuesta “paradoja” surge de un prejuicio (ignorante como todos los prejuicios): atribuirle al peronismo un carácter popular y reñido con la acumulación del capital cuando (como estamos viendo y seguiremos demostrando a lo largo de la nota) es la gran herramienta para esa acumulación.

La pregunta que nos permite entender el lugar que ocupan las OS y los dirigentes peronistas en todo este asunto la podemos formular de la siguiente manera: ¿qué hicieron los burócratas sindicales peronistas, al frente de la mayor parte de las obras sociales y de todas las más grandes, con el 3% del aporte descontado del salario, más el 6% de aporte “patronal”, que han recibido de todos los trabajadores registrados, 13 veces por año, año tras año, durante 50 años? La respuesta es simple: los burócratas peronistas financiaron y capitalizaron a los burgueses de la salud. Llevaron adelante el plan que Perón le opuso a Carrillo: hacer que los trabajadores financiaran compulsivamente una estructura privada que compita con el Estado. En los años 40/50 era la FEP (Fundación Eva Perón), orientada al proselitismo; luego fueron las OS, orientadas a capitalizar las clínicas e institutos de diagnóstico privados.

Los números no permiten dudar. Cuando Carrillo renuncia, había en el país 134 mil camas, de las que sólo el 12,8% pertenecían al sector privado, mientras el 2,2% pertenecía a la seguridad social. En 1969, con casi la misma cantidad de camas, las privadas ya llegaban al 23,3% y la seguridad social al 3,7%. Con la administración de los inmensos fondos que les entregó la dictadura en el 70, en el año 1980 las obras sociales poseen 4,5% y las privadas ya trepan a 31,5%. En 1995, las privadas llegan al 43,2% y las obras sociales caen al 2,8%, y actualmente se encuentran en 46,7% y 2,3%.

Como puede observarse, en los 50 años que tiene el régimen del aporte compulsivo, la tendencia se ha mantenido tal como venía en los años previos y tal como continuó luego de la desregulación de los años 90. Durante seis décadas, el peronismo financió a la patronal privada y construyó así lo que Perón y Carrillo se propusieron 70 años atrás: una salud para los pudientes y otra para los no pudientes.

Sin embargo, con el desarrollo tecnológico que ha tenido en el último medio siglo la industria sanitaria, el número de camas es una referencia parcial. Solo podemos tomar real conciencia de la profundidad de la transferencia de recursos que el peronismo entregó al negocio de la salud si tenemos en cuenta el rubro “aparatología médica”. En este plano, aprovechando sobre todo las facilidades cambiarias de la segunda mitad de los años 70 con la dictadura, y de la década del 90 con el peronismo, los burgueses de la salud importaron y se apropiaron de la mayor parte de la tecnología sanitaria que hay en el país. La cantidad de camas de la salud pública y de la salud privada son casi equivalentes, lo cual ya es un problema porque los beneficiarios de un sistema son mucho más numerosos que los del otro. Pero la calidad de esas camas es muy diferente. Es decir, la cantidad de servicios que pueden prestar las clínicas con la tecnología disponible se encuentra desproporcionadamente ubicada en el sector privado. Depende el tipo de tecnología, de qué aparatos o tratamientos consideremos, los porcentajes van del 75% al 90%.

El hecho de que durante décadas las OS financiaran con aportes de los trabajadores el crecimiento de clínicas e institutos de diagnóstico privados nos permite afirmar que la desregulación de los 90 no fue un hecho a contramano de la historia, sino en el mismo sentido. Si cuando eran necesarios aportes financieros más pequeños, se financiaban a los establecimientos, llegado el momento en que son necesarias las grandes aseguradoras, se les pasan los aportes mas sustantivos a éstas. Un mismo papel -financiar burgueses de la salud- bajo dos modalidades institucionalmente algo diferentes. La existencia de esta continuidad es la que explica que la desregulación se realizó de manera ordenada y consensuada. Se trataba de cambiar, pero no se cambiaba casi nada.

La OS, financistas de los explotadores

También el proyecto de Perón en sus primeros dos gobiernos se continúa en la población cautiva de las obras sociales provinciales, que no puede optar una cobertura mejor. Desde los años 90 para acá nuestro país tiene alrededor del 5% (muy excepcionalmente) al 15% de su población con doble cobertura. Es decir que muchos aportantes a las obras sociales provinciales que no están desreguladas pagan una cuota a una Empresa de Medicina Privada para tener una cobertura de salud más eficiente. Esto permite a los Estados provinciales apropiarse del dinero de una masa importante de trabajadores sin tener que brindarles ninguna contraprestación, y demuestra que el proyecto de Perón y Evita de financiar la actividad política burguesa con aportes de la Seguridad Social, un poco torpemente iniciado con la Fundación Eva Perón, ha llegado a un grado de institucionalización muy acabado en las obras sociales provinciales. Obras sociales a las que cada gobernador (y en esto no hay diferencias entre las distintas fracciones burguesas) ha defendido para que no sean desreguladas y cuida como la niña de sus ojos.

Solidaridad estratificada o socialismo

A pesar de todo esto, existe un último argumento, utilizado en la defensa del sistema de la Seguridad Social, que debemos considerar. Se trata de la existencia de un régimen solidario: el que más gana y el que menos gana aporta a la misma obra social y recibe el mismo tratamiento y cobertura. Lo primero que oculta este argumento es que estamos hablando de casi 300 obras sociales distintas y que, por lo tanto, esta solidaridad está estratificada: no hay ninguna solidaridad entre la cobertura de los aceiteros, que tiene pactado para abril del 2022 ingresos que van de 145 a 153 mil pesos ², y los textiles que tienen para la misma fecha acordados salarios de 47 a 65 mil pesos ³. El solo hecho de que el Estado se haya visto en la necesidad de crear mecanismos como el Fondo Solidario de Redistribución es el reconocimiento de que las Obras Sociales no son solidarias, sino proclives a la diferenciación interna de la clase trabajadora.

Tal como mencionamos al comienzo de estas notas, el gran problema es la pésima atención que recibimos los trabajadores por parte de la cobertura que brindan las obras sociales. Hemos intentado desplegar el funcionamiento estructural y la historia de éstas para poder afirmar que no se trata de malos administradores, ignorantes o deshonestos. Tampoco se trata de problemas coyunturales, o particulares, de alguna obra social. Se trata de la imposibilidad de hacer coincidir el interés privado de los capitalistas y las necesidades de las grandes masas de trabajadores. No tiene sentido “recuperar” las obras sociales porque seguirían fragmentadas, dilapidando recursos y en muchos casos seguirían siendo utilizadas por sus administradores particulares. Para investigar las enfermedades no se toma un ser humano en particular, sino una suma lo suficientemente grande de individuos, para que las pequeñas diferencias desaparezcan y aparezca el fondo de lo común. Si ese es el camino para encontrar las soluciones sanitarias, ése es el camino para aplicarlas. Un gran sistema de salud, único, solidario. Que integre la atención con la producción de insumos, es decir, que tanto los institutos de diagnóstico como las clínicas y sanatorios para los tratamientos, y los consultorios, junto a las plantas industriales que producen los fármacos y los aparatos, y el sistema de distribución de los mismos, respondan a un solo plan y a un solo objetivo: vivir más, vivir mejor, vivir más sanos.

1. En lugar de la Ley 18.610 de febrero de 1970 actualmente estpa en vigencia: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/62/texact.htm
2. http://federacionaceitera.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/paritaria_salarial_aceitera_09dic2021.pdf
3. http://www.setia.org.ar/pdf-setia/gremiales/convenio123-90/Acta-acuerdo-setia-Fita-dic2021yanexos.pdf