Uno de los elementos más característicos de la gestión K fue la degradación del Indec a un aparato estatal de producir mentiras estadísticas. Mentiroso incluso en los términos de la estadística burguesa, que siempre tiende a ocultar la miseria obrera y opacar su carácter estructural. En la “Década Ganada”, esto llegó al límite de exponer grandes barrabasadas. Hubo mediciones de pobreza que se ubicaban en la mitad de lo que medían organismos privados y se llegaron a absurdos tales como que en los dos últimos años de gobierno de “la Jefa” no habría desocupados en el aglomerado del Gran Resistencia, Chaco, y esa provincia estaría ante una situación de pleno empleo. Lo que quizás se recuerde menos fue cómo el kirchnerismo asaltó al Indec para ponerlo a su servicio. Veamos.
Corría el año 2007, Néstor gobernaba el país. Se había terminado la corta (muy corta) primavera kirchnerista. La economía argentina volvía a mostrar su fragilidad. La soja ya no alcanzaba, y la maquinita de imprimir generaba mucha inflación. Había también que pagar bonos con los organismos internacionales, que estaban atados a la inflación (CER). Para tapar lo primero y pagar menos en lo segundo, el kirchnerismo decidió alterar arbitrariamente las estadísticas, por la vía de destruir la institución que las elaboraba, el INDEC. Esta avanzada no resultó sencilla para el Gobierno, los trabajadores del organismo presentaron una fuerte resistencia. Sin embargo, la estrategia kirchnerista terminó por imponerse de la mano del famoso y bravucón Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
El 29 de enero del 2007 fue desplazada Graciela Bevacqua, quien estaba a cargo de la medición del Índice de Precios al Consumidor. Fue puesta en su lugar Beatriz Paglieri, de suma confianza de Moreno. A Bevacqua se la obligó a tomarse “vacaciones”, para luego trasladarla. Lo mismo le ocurriría a Clyde Trabucci, la Directora Nacional de Condiciones de Vida. A partir de ese momento, los trabajadores del INDEC comenzaron a trabajar “a punta de pistola” (según sus testimonios), debido a las amenazas de despidos o traslados, la militarización por parte de fuerzas de seguridad, pero también por la presencia de patotas.
El primer caso de acción patotera apareció ni bien asumió Paglieri. Ese lunes 5 de febrero, se debía elaborar un índice de precios bajo la presencia de la nueva funcionaria, rodeada de policías uniformados y personal de civil. Ese día, los trabajadores no contaban con instrucciones ni fórmulas para trabajar. El coordinador informático no pudo ingresar a su oficina, que estaba cerrada con llave y con custodia policial. En este contexto se publicaba el primer índice “nuevo” del INDEC.
En abril, la Junta Interna de ATE-Indec inició una serie de clases abiertas denunciando la adulteración del IPC. El gobierno respondió con nuevos despidos en el sector IPC y avanzó desplazando a Cynthia Pok, Directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Con ella, se fueron otros tantos trabajadores. El relevamiento de la encuesta en el Gran Buenos Aires, el más importante del país, quedó en manos de Rubén Zampino, uno de los referentes de la patota enquistada en el INDEC. Los trabajadores y trabajadoras del organismo continuaron reclamando. Y Néstor, a los palazos limpios. El 22 de agosto, la policía reprimió a los trabajadores del INDEC que intentaban instalar una carpa. En octubre, la patronal impugnó las elecciones de delegados con excusas varias, por el simple hecho de que eran trabajadores no alineados con el oficialismo. Las elecciones siguientes también fueron ganadas por esta lista y vueltas a impugnar por el Gobierno. La acción de las patotas continuaron bajo el gobierno de Cristina. Las mentiras, también.