Por José Almeida
El gobierno de Capitanich decidió bautizar al ciclo lectivo 2020 con el pomposo título “Año del Congreso Pedagógico”. Su objetivo: sentar las bases para la refundación de un nuevo contrato social entre Estado y Educación, amparándose en la Ley de Educación Nacional N°26.206 y en la Ley de Educación Provincial N°1.887 – E. Así, el año en curso dejaría un nuevo acuerdo social en materia de educación. La historia de los congresos remite a la “fundación o refundación” del sistema educativo. El primer Congreso Pedagógico dejó la Ley 1.420, el segundo de 1984-1988 fue la antesala de la Ley Federal. En suma, la apelación de Capitanich nos remite a la gesta del alfonsinismo, es decir, la degradación. Coqui nos prometía meter mano a la educación para que esté a la medida de los patrones, es decir, una nueva vuelta más a la degradación. En esta situación de excepcionalidad por la pandemia del COVID -19 y donde el Congreso Pedagógico quedó suspendido, Capitanich no suspende sus deseos de cambio del sistema educativo. Así, lo muestra su avance sobre los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia. Lea esta nota y se enterará de cuáles son sus planes.
Algunos antecedentes
La embestida contra los IES en la historia del sistema educativo no es ninguna novedad. Todos los personales políticos de la burguesía contribuyeron en reformas, dentro de un proceso general de descentralización, que perjudicaron y perjudican a docentes y estudiantes. En efecto, durante el gobierno Onganía, se impuso la reforma en la formación de maestros. Se eliminó el magisterio como título surgido de la enseñanza media y pasó al Nivel Terciario. Es decir, se idearon mecanismos para frenar la incorporación de maestros al mercado laboral y ahora la formación quedaba en manos de los Institutos de Formación Docente. El balance era claro: el viejo magisterio producía muchos maestros que serían futuros desocupados porque el sistema no los podía absorber. En realidad, el balance responde a la lógica capitalista que supone más productivo y barato amontonar 30 alumnos o más por maestro en lugar de acondicionarlo a las necesidades pedagógicas reales. Más cercano a nuestro tiempo, En Jujuy, se justificó el cierre de carreras por la enorme cantidad de egresados en Educación Inicial y Primaria, Educación Física, Educación Secundaria, entre otras. Para resolverlo, la propuesta fue suspender la inscripción a dichas carreras. En Entre Ríos, también hubo un intento de cierre de las carreras de Física y Química (de amplia demanda en el nivel secundario) en el Instituto Luis Federico Leloir de Gualeguay. El pretexto de la directora de nivel superior del CGE, Marcela Mangeón, era que no se puede justificar un gasto innecesario de carreras a término con tan pocos alumnos. Y que en realidad no se trata de un cierre sino de la suspensión a la inscripción de nuevas cohortes. Un eufemismo.
En la provincia, tampoco estamos ante una iniciativa novedosa. Ya en 2018, el gobernador Peppo quiso municipalizar los IES a través de la Coordinadora Regional de Educación Superior (CRES). La acción callejera y el repudio generalizado de docentes y estudiantes terminó con la derogación de la ley N°2382 que habilitaba la descentralización. A principios de abril, Capitanich anunció la reconversión en las ofertas de formación docente a nuevas propuestas técnico-profesionales vinculadas con el sector productivo. El argumento central es que actualmente existe una sobreoferta de profesores sobre todo en Nivel inicial, Nivel Primario, Historia, Lengua, Matemática, Geografía, entre otras. La reforma está planteada en dos etapas. En una primera etapa, no se autorizarán nuevas cohortes de profesorados donde existe una sobreoferta laboral. En la segunda, en función de los que decida el Consejo de Planificación de Educación Superior se abrirán, en los mismos institutos, profesorados y tecnicaturas relacionadas a las demandas de industrias y sectores productivos. El Consejo de Planificación se conforma con tres rectores de Institutos de Educación Superior públicos, dos rectores de Institutos de Educación Superior privados, tres rectores de Universidades públicas y uno de Universidad privada, tres miembros del Consejo Económico y Social de Chaco (CONES), cuatro subsecretarios del Ministerio de Educación y un representante del Ministerio de Producción. En teoría, uno de los objetivos es el de formar técnicos en informática, promover la programación para avanzar en educación digital, en comercio electrónico, en marketing directo y producción de contenidos audiovisuales que serían la base para el comercio que se viene. Como vemos, las carreras afectadas no se condicen con esos objetivos. Sin embargo, la propuesta traza una línea de continuidad con el viejo el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015 impulsado por el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva (Mincyt). Ya ahí se buscaba reconfigurar el sistema científico para la generación de “núcleos socio-productivos estratégicos” y que la ciencia, y por qué no la formación superior, se ordenara hacia un cuadro de aplicabilidad. No extraña, entonces que, la propuesta para los Institutos de Educación Superior reedite esas intenciones de “practicidad”, “aplicabilidad” y respuestas a las demandas de empresas y sectores productivos.
Reformar en tiempos de pandemia
A pesar de que estamos atravesando una pandemia por el COVID-19, Capitanich no escatimó esfuerzos para avanzar en su reforma. Lógicamente, el Congreso Pedagógico se suspendió ni bien comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Buscó consensuar la reforma con el Consejo de Rectores, pero perdió por un voto. Todo indicaba que la transformación se frenaría y se postergaría para el ciclo lectivo 2021. Pero no. A Capitanich le quedaba la carta de la Cámara de Diputados. En ese sentido, y con el voto de todo el bloque oficialista, convirtió en Ley el Decreto 488/2020 que estaba orientado a medidas excepcionales sobre el virus en la provincia, pero en el anexo II expresa que seguirán adelante con la definición de carreras y trayectos de formación a cargo del Consejo de Planificación. Es decir, una maniobra clara del oficialismo para colar la reforma por la ventana.
Como si esto fuera poco, comenzaron los preparativos para reanudar el Congreso Pedagógico de modo virtual que se realizará con todos los rectores y con algunos docentes y estudiantes de los institutos terciarios. Esto produjo el rechazo de docentes y estudiantes que vienen batallando desde que se inició el conflicto. Asimismo, consideran que el debate se debe hacer en forma presencial y con todos los actores de la comunidad educativa. En definitiva, sostienen que el obstáculo que presenta el acceso a la conectividad no permite el canal democrático y de debate que pregona el Congreso y en donde se van a discutir y decidir cuestiones fundamentales para la Educación Superior.
¿Qué nos queda?
Como vimos, la reforma en el nivel superior no es una novedad. La excusa de sobreoferta de docentes en el mercado laboral, tampoco. La burguesía viene hace décadas aplicando la descentralización y la degradación educativa. No es cierto que sobran docentes. Al contrario, el Estado debe construir escuelas con aulas equipadas y con todos los recursos didácticos necesarios. También garantizar wifi gratis y de calidad para docentes y estudiantes para comenzar las clases virtuales. Hasta el momento, solo se habilitaron el inicio de clases virtuales en las carreras de primer año del I.E.S. “René Favaloro” de J.J. Castelli. Esto se debe hacer extensivo a todos los institutos, en todos los años y en todas las carreras. Además, todos los docentes desocupados, pueden incorporarse para acompañar las trayectorias pedagógicas en esta etapa excepcional y de este modo evitar la sobrecarga que tienen los docentes que en promedio tienen 200 alumnos o más. Esos docentes serán necesarios también una vez iniciado el sistema “bimodal” que alterna presencialidad y distancia para atender la enorme desigualdad que dejará la Pandemia en materia educativa. Sin embargo, no se trata solamente de oponerse al “cierre” de carreras. Hay que organizar un Congreso con docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa del nivel superior, para discutir problemas estructurales. Defender el cierre a secas de carreras, es defender el estado actual de la educación superior. Con edificios en mal estado, planes de estudios mediocres, etc. No alcanza con oponerse a lo ofensiva patronal para imponer sus reformas. Nosotros debemos ser capaces de tomar el problema en nuestras manos y dirigir el proceso. Como futuros profesionales tenemos que ligarnos con la comunidad. Todos deben participar de este necesario debate si queremos construir una educación al servicio de los trabajadores. Este es el momento, mañana puede ser tarde.
