La semana pasada, Bordet envió el proyecto de Emergencia Económica, Financiera, Fiscal, Sanitaria, Administrativa, y Previsional, a la legislatura, con el fin de que la provincia se haga de recursos para afrontar la crisis del coronavirus durante el próximo año –aunque es prorrogable por 6 meses más. Para eso, Bordet repite como loro el discurso de ajuste de Alberto Fernández. En nombre de la “solidaridad”, se ajusta a jubilados y trabajadores. Consciente del repudio que iba a desatar esta medida, el peronismo provincial salió a apoyar, no sin pasar recibo, la medida del gobernador. El sábado, el ministro de Economía entrerriano, Hugo Ballay declaró que lo recaudado sería coparticipado con los municipios. Esto va a contramano de los dichos de Bordet que afirmaba que la ley era para reducir el déficit de la caja previsional de la provincia.
Bordet propone un aumento “solidario” del porcentaje que se descuenta por jubilaciones. Quienes cobren, nominalmente, más de $75.000, pasaran de aportar de un 16% hasta 22%. En paralelo, los jubilados que cobren nominalmente más de $75000 se les descontará aportes jubilatorios. El Estado además pretende un aumento del impuesto rural, a quienes tienen más de 1.000 hectárea. Bordet equipara a trabajadores con burgueses. En esta lógica, todos deben ser solidarios. Los trabajadores que somos los que producimos la riqueza tenemos que ser solidarios con los burgueses.
Lógicamente, este “aumento solidario” de los descuentos por jubilaciones va a repercutir en el salario, justo cuando venimos de un congelamiento de las paritarias. Además, la ley dota al poder Ejecutivo de facultades para licuar los salarios ante una futura disparada de la inflación. Es decir, durante un año y medio, los descuentos y aportes extraordinarios estarán atados a montos fijos, los cuales irán abarcando a cada vez más trabajadores a medida que la inflación empuje el aumento de salarios.
Ante el malestar generado y la avalancha de repudios desde distintos sectores se agregó un artículo que autoriza al poder ejecutivo a desafectar a los tramos más bajos de los aportes extraordinarios (art. 11). Se trata de una estafa que busca lavarle la cara a la ley. En los hechos, el artículo supone que la “renuncia” a dichos aportes queda a discreción del Ejecutivo. Eso sin mencionar, que buena parte de los trabajadores y jubilados seguirán siendo atacados de todas maneras.
Ante esto, los intendentes provinciales salieron a apoyar la medida. Lucas Larrarte, Intendente de San Salvador declaró que La Liga de Intendentes del PJ emitió un documento respaldando la ley ya que las medidas que contempla están “basadas en los principios de solidaridad y progresividad…” y recalcó el carácter coparticipable de la medida. A su vez los intendentes vecinalistas de Oro verde, Cerrito, Lucas González, Los Charrúas y Valle María mostraron su apoyo en una reunión con la ministra de gobierno Rosario Romero agradeciendo el carácter coparticipable de la medida. El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, saludó con beneplácito la ley diciendo que “Con ese fondo vamos a reforzar la ayuda social y podremos seguir financiando la reducción a tasa cero de algunos comercios y actividades que no pueden trabajar en este contexto”. De nuevo, los jubilados esperan detrás de los comerciantes. En línea con el discurso solidario, intendente de Concordia, Alfredo Francolini, destacó el carácter solidario de la ley dado que “se demanda un esfuerzo mayor a los sectores que lo pueden hacer, protegiendo siempre al más vulnerable y desfavorecido”.
En rechazo de la medida se pronunció el jefe del interbloque de Cambiemos, Gustavo Cusinato, pero sólo para plantear que se trata de un “paliativo” y que “hay que hacer un fuerte debate sobre qué hacer con los déficits que tiene la provincia”. Para Cusinato, el ajuste peca de improvisado, pero no de injustificado. Por eso, Cusinato también propuso el aumento de la edad jubilatoria y avanzar sobre las jubilaciones de “privilegio”, lo que también puede entenderse como un ataque a las cajas diferenciales.
Varios gremios rechazaron la ley. La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) realizó un paro y desconexión de 24 hs. el 1/7. AGMER llamó a un apagón virtual por 72 Hs., al cual adhirió la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). La CGT publicó un comunicado rechazando la medida llamando a” no hacer recaer el esfuerzo sobre los representados por sus bancas y que son los que menos tienen: los trabajadores activos y jubilados». Hugo Yasky, titular de la CTA, también estuvo entre los que impugnaron la ley. Hay que decir ninguno de estos gremios ni centrales obreras dijeron una palabra cuando Alberto ajustó a los jubilados a nivel nacional.
Como vemos, el Frente de Todos toma la pandemia como excusa para profundizar el ajuste que habían comenzado previamente. Reducción nominal de salarios y jubilaciones, subsidios millonarios y créditos a tasa cero para la burguesía, suspensión de paritarias. Con este avance a nivel provincial, los trabajadores provinciales han dicho basta y obligado a sus dirigentes a movilizarse, pero la lucha no puede darse sector por sector, debe ser coordinada y reunir al conjunto de los trabajadores. Al mismo tiempo, necesitamos un plan de lucha. Es por esto que llamamos a todos los trabajadores provinciales a coordinar fuerzas para tirar abajo la ley y derrotar el ajuste.
No a la Ley de Emergencia Económica, Financiera, Fiscal, Sanitaria, Administrativa, y Previsional.
Nos movilizamos para hacer escuchar nuestro rechazo a esta nueva baja salarial.
Reapertura de paritarias. Salario Inicial Igual a dos canastas básicas totales reales.
Por una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que lleve adelante un plan de lucha contra el ajuste.
Corriente Clasista Goyo Flores – Razón y Revolución Entre Ríos
Cuando la sabana es corta, no es posible cubrirse desde la cabeza hasta los pies. En lo político sucede lo mismo, no se puede satisfacer las necesidades de todas y todos. Entre Ríos tiene 60.000 hectáreas que ocupa el lago de salto grande, sin embargo se paga el kw mas caro del país…….
Por ese lado debería el gobernador buscar recursos y no reducir el poder adquisitivo de los activos y jubilados, que cobran salarios medios y altos.
Pero la situación debe estar difícil ya que la ley salio aprobada por ambas cámaras en menos de 48 horas……
Es cierto que la sabana es corta……siempre lo fue para los trabajadores. El gobernador no puede hacer milagros, situación agravada cuando desde el poder central no le envían recursos para financiar la diferencia entre lo que se recauda y lo que gasta el estado provincial. En definitiva se puede cambiar el perro cada cuatro años mediante el voto popular, el tema es «el collar» que los limita en sus movimientos…….