De segunda mano. Condiciones de trabajo y luchas de los costureros en blanco bajo el kirchnerismo

 

 

Normalmente se asocia a la fabricación de ropa con el problema del empleo no registrado y el llamado “trabajo esclavo”. Aunque el trabajo “en blanco” debería garantizar ciertas condiciones, los pequeños capitalistas que dominan la rama de la confección muchas veces ni siquiera garantizan algo tan elemental como el pago del salario.

 

 

Julia Egan

TES-CEICS

 

 

Aunque normalmente se asocia a la fabricación de ropa con el problema del empleo no registrado y el llamado “trabajo esclavo”, en esta actividad los obreros “en blanco” no gozan de una situación muy distinta de la de aquellos. En esta nota, veremos que sucedió con los trabajadores registrados de la actividad, a partir de los conflictos que llevaron adelante del 2003 a la actualidad. Veremos que, aunque el trabajo en blanco debería garantizar ciertas condiciones como la percepción de cargas sociales, cobertura de ART, respeto de los jornales o libre desarrollo de las actividades sindicales, los pequeños capitalistas que dominan la rama muchas veces ni siquiera pueden garantizar algo tan elemental como el pago del salario.

 

Una lucha federal

 

Entre el 2003 y el 2014, registramos un total de 50 conflictos a nivel nacional. La mayor parte de ellos se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la mayoría se relaciona con el cierre de fábricas y la falta de pago. Le sigue La Rioja con doce casos, la mayoría por falta de pago, y Tierra del Fuego con diez casos, de los cuales siete están relacionados con un paro simultáneo de fábricas del Parque Industrial, en reclamo de un aumento de los salarios en 2007. Le sigue la provincia de Chubut con cinco conflictos.

El motivo de reclamo más frecuente tiene que ver con la falta de pago de sueldos y aguinaldos, que representa el 21% de las demandas principales. A este le sigue la mala liquidación de los salarios (17%), los reclamos por condiciones de trabajo (15%) y por despidos (11%). Cabe señalar que, si bien los conflictos salariales son dominantes, a partir del 2011 las fuentes comienzan a registrar los relacionados con despidos, suspensiones y cierres. Estos se dieron particularmente en el Parque Industrial de La Rioja, cuyas empresas gozan de amplios beneficios impositivos en materia de programas de promoción de la industria.

En relación con las formas de protesta, las fuentes expresan que en el 80% (39 casos) se tomó algún tipo de medida de acción directa, ya sea bajo la forma de paro, toma de fábrica, piquete, manifestación, movilización o acampe y sus posibles combinaciones. La medida más utilizada fue el paro (46%), seguida por la toma de fábrica (19%) y el piquete (15%). El hecho de que no se haya registrado la utilización de vías institucionales para la resolución de los conflictos, sin contar los relacionados con el ámbito del Ministerio de Trabajo, nos estaría hablando de una mayor predisposición a la acción directa.

 

Figurita repetida

 

Las irregularidades en el pago del salario son moneda corriente en la actividad y algunas empresas presentan un nutrido prontuario en el tema. La empresa chubutense Reinamora, que fue promocionada como “modelo” durante la gestión kirchnerista, es un ejemplo de ellas. Desde el 2001, esta empresa realiza los pagos de forma irregular. En 2012 contaba con una planta de 300 obreros, pero en 2013 tenía tan solo 34 debido a que se impuso una reducción horaria de la jornada, que culminó con el cierre definitivo de la empresa y dejó a las costureras y sus hijos en la calle.

En Tierra del Fuego, la meca de la industria K, pararon siete empresas textiles en 2007, en reclamo por el pago de zona desfavorable, aumento del básico y de tickets, pago de la ART y un criterio unificado para liquidar sueldos. Además, pedían por derechos tan elementales como el pago del día por cuidado materno (en una rama dominada por la presencia femenina), seguridad e higiene, fin del abuso de gerentes, transporte, y que los descuentos por enfermedad sean por los días correspondientes. La patronal argumentó que el incumplimiento en los pagos se relacionaba con el impacto del aumento de las importaciones chinas y los salarios más bajos vigentes en otras provincias.

También en la Patagonia, los trabajadores de la empresa Textil Neuquén, deben enfrentarse al constante incumplimiento de la empresa. El primer conflicto surgió en enero de 2009, a raíz de la falta de pago del mes de diciembre y el aguinaldo. También se reclamaba que las vacaciones fueran liquidadas en tiempo y forma, un aumento del 25% al básico, que las horas extras se paguen en blanco, que se realicen los aportes correspondientes para reponer la cobertura de la obra social y la reincorporación de trabajadores despedidos. Se realizó un paro de 24 horas, acompañado de una manifestación en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, luego del cual lograron cobrar lo adeudado. En 2010, denunciaron la falta de aportes jubilatorios de los últimos dos años y el incumplimiento de pago de los aumentos salariales, los premios de producción y los viáticos. También reclamaban la provisión de ropa de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Iniciaron un paro por 72 horas, que luego se extendió por cinco días más, cuando concretaron sus reclamos salariales. En 2012, la empresa despidió sin justificación a la delegada Norma Brizuela, lo que provocó una huelga en solidaridad durante 15 días, acompañada de un piquete en la ruta 7. Según los trabajadores, la empresa ofreció a la delegada no sólo la indemnización correspondiente sino también “hasta armarle un taller de costura a condición ‘de que no regrese’ a la fábrica”[1].

En Chubut, a mediados del 2014, comenzó un conflicto en Soltex ya que se adeudaban tres quincenas, el medio aguinaldo y 24 bolsones de comida, que se entregaban como suplemento de los salarios. El nuevo dueño de la empresa, que la había adquirido dos años atrás cuando esta había quebrado, no podía enfrentar el pago de la deuda por no contar con un préstamo por un  millón de pesos que había solicitado al Banco provincial. Cuando lo consiguió, fue premiado con financiamiento provincial para renovación de maquinaria. Mientras tanto, los trabajadores deben esperar a cobrar sus cheques en cuotas y por los bolsones de comida durante todo el 2015.

En cuanto a las condiciones de trabajo, podemos mencionar el caso de la textil Elemento, donde en 2013 una trabajadora boliviana decidió prenderse fuego a sí misma en la puerta de la fábrica. María Ugarte, una de las despedidas, perdió dos embarazos producto de la intensidad del trabajo y la falta de cuidado médico. Allí se denunciaron jornadas de diez horas de lunes a sábados sin pago de horas extras, ausencia de representación sindical y despidos arbitrarios. En ENOD, otra fábrica riojana, los trabajadores denunciaron intoxicación a través del agua porque las instalaciones sanitarias siguen siendo las mismas que cuando funcionaba una curtiembre. Además, los obreros de esta empresa sufrieron en 2011 la suspensión de 350 de ellos, que tuvieron que dejar de trabajar y percibían el 75% de su ya magro salario.

 

Sin nada que perder

 

En general, el sentido común instalado suele señalar que el gran problema que presenta la rama a nivel nacional se reduce a la existencia del llamado “trabajo esclavo”. Sin embargo, los obreros en blanco no sólo padecen el incumplimiento de las reglamentaciones laborales, sino que las condiciones establecidas para su actividad también son de las peores vigentes. El salario actual de un costurero registrado apenas alcanza los $3.000 para un medio oficial, no tan lejos del percibido en un taller ilegal por 12 horas de trabajo. Como hemos mencionado anteriormente[2], estos empresarios no pueden afrontar el sostenimiento de la producción sin apelar a la ayuda del Estado (ya sea vía programas productivos, créditos o financiamiento) y a afectar de forma directa la reproducción de los propios trabajadores.

Ante este panorama, urge que los trabajadores de fábricas y talleres registrados luchen por la mejora de las condiciones establecidas en el convenio y su respeto, así como de todos los derechos adquiridos. Para afrontar la sistemática crisis de la actividad, la recuperación del SOIVA es un problema central a resolver. Pero además, este debe promover la unidad entre trabajadores registrados y no registrados para enfrentar la fuerte competencia que los condena a las peores condiciones de trabajo y a la falta de unidad en la lucha. Ante las quiebras y cierres, la salida cooperativista al estilo de La Alameda no es viable, en la medida en que reproduce los mismos límites que cualquier empresa capitalista. En estos casos, debe reclamarse la estatización bajo control obrero para garantizar el empleo y lograr una mayor escala y eficiencia productiva. Así, los compañeros avanzarían en las principales tareas políticas que la clase obrera en su conjunto tiene por delante.

[1]La Verdad Obrera, 29/11/12.

[2]Egan, Julia: “¿Lenin o Espartaco? La izquierda, el llamado ‘trabajo esclavo’ y la necesidad de un programa contra la explotación capitalista en la confección”, en El Aromo nº 67, julio-agosto de 2012.

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