En la obscuridad. Los servicios de inteligencia a la luz de la crisis política

en El Aromo nº 83

 

 

La purga y la reforma no van camino a disolver Inteligencia, sino a profundizar la guerra en su interior. Esa guerra expresa el grado de descomposición de un Estado que ya no puede asegurar su funcionamiento normal, no controla el aparato que le permite espiar a la oposición de su clase y, sobre todo, a su antagonista social.

 

 

Valeria Sleiman[1]

LAP – CEICS

 

El 19 de enero de 2015, fue hallado sin vida el fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, justo horas antes de la audiencia en que iba a presentar las pruebas con las que denunciaba por encubrimiento –entro otros delitos- a Cristina Kirchner, Luís D’Elía, Andrés Larroque, Héctor Timerman y Fernando Luis Esteche, entre otros.

La muerte del fiscal desató una gigantesca crisis política que no solo compromete al gobierno de turno sino que pone sobre el tapete el grado de descomposición del propio Estado argentino. Una feroz guerra se libra en el interior de los Servicios de Inteligencia. Cuando no se puede poner orden en el mismísimo aparato de inteligencia, aquel que opera allende el personal y régimen político de turno, controlando toda la información interna y diplomática que es vital para el dominio de la nación, la crisis ha llegado al corazón del Estado.

 

Figuritas repetidas

 

Los Servicios de Inteligencia constituyen el corazón del Estado. En ellos se deciden los extremos más relevantes de la política nacional: acuerdos comerciales, militares, objetivos de la represión, espías, información sobre opositores, etc. Sus resultados son los que respaldan las grandes decisiones. Por ello mismo, todo lo que sucede al nivel de la Inteligencia, sucede a espaldas de la población. No sabemos a quién se espía, qué información se obtiene, de qué presupuesto se dispone y para qué, qué personal lo compone. Nada. Y, como si esto fuera poco, somos los principales blancos de ataque de sus maniobras: es sabido que el kirchnerismo utilizó a la Secretaría de Inteligencia (SI) para espiar a las organizaciones sociales de izquierda y a sus militantes, en casos hartamente conocidos.

Dada su importancia, el personal de Inteligencia tiende a trascender gobiernos y regímenes, es parte del Estado. Cuando hay tensiones graves en su interior, significa que ese mismo Estado está en crisis. Es ese el momento que estamos transitando. Hacia octubre de 2014, Stiusso había comenzado a hablar con el peronismo no kirchnerista, previendo el fin de ciclo.[2] Para diciembre de 2014, los medios hablaban de una guerra criminal de los espías, donde se planteaban disputas de poder entre los servicios de inteligencia nacionales y los de otras fuerzas de seguridad muy poderosas, como la Policía Federal y la Bonaerense. Para ese tiempo, la Presidente desplazó a la cabeza de la exSide, Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher y Antonio “Jaime” Stiusso, reemplazándolos por Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Fernando Pocino, respectivamente. Detengámonos en los prontuarios y las alianzas de estos oscuros personajes.

Quien acaparó la escena fue Antonio “Jaime” Stiusso, un espía legendario de los tiempos anteriores a la dictadura. Desde el año 1972 fue parte de la represión ilegal y luego, agente del Estado en todos los gobiernos. Había trabajado como informante de Nisman en la primera investigación del caso AMIA. Saltó a la escena pública en el 2004,[3] cuando Gustavo Béliz, mostró su foto y denunció que había montado “un ministerio de seguridad paralelo” al que describió como “una especie de Gestapo”. Tras la denuncia, Béliz, por entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, perdió su cargo y terminó exiliado. Stiusso, por su parte, siguió siendo director general de Operaciones de la SI. Toda una muestra de su poder. Fue jefe de Pedro “el lauchón” Viale, acribillado por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en julio de 2013. Un ajuste de cuentas pues “el lauchón” estaba tras los pasos del jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin, quien sonaba como posible jefe de Inteligencia en un futuro gobierno de Scioli. También se dijo que ese operativo iba en busca del propio Stiusso. Su conducción era Francisco “Paco” Larcher, que hacía de enlace con Néstor Kirchner. En el 2004, Larcher llevó a Stiusso a explicarle a Kirchner los detalles de la investigación de AMIA.

Francisco “Paco” Larcher fue subsecretario de Inteligencia desde el 2003 hasta diciembre pasado. Estaba para el trabajo sucio: las escuchas telefónicas, los seguimientos y los aprietes. Desde su oficina habría surgido la causa judicial que vinculó a De Narváez con el llamado “rey de la efedrina”. Cristina perdió su confianza cuando recibió de él “información errónea” sobre la candidatura de Massa en el 2013. Larcher afirmaba que Massa no se presentaría como candidato a diputado, pero Cristina tenía información contraria. No fue un error, Larcher pensaba romper con la Casa Rosada y le había pedido a Massa un lugar en su lista. Quien lo entregó habría sido Milani, teniendo en su poder una grabación en la que se escuchaba cómo Larcher negociaba con Massa. Así “Paco” cayó en desgracia con la presidencia y de la mano de él lo hizo también Stiusso.

Héctor Icazuriaga, fue Vicegobernador de Kirchner en Santa Cruz y luego ocupó la gobernación. Era uno de los pocos funcionarios que cenaba en Olivos con el matrimonio. Lo nombraron secretario de Inteligencia en la presidencia de Néstor, aunque nunca pudo hacer pie como espía porque su segundo, Larcher, era el hombre de confianza. Luego, fue eclipsado por Milani. Hace pocos días fue alejado de Inteligencia, pero ya tiene un nuevo destino: la República Bolivariana de Venezuela. Allí lo envía CFK para ocupar el cargo de embajador.

Alberto Mazzino era el director general de Análisis y fue desplazado junto con Stiusso. Ese departamento es el sector clave donde se estudia toda la información que reúnen los espías para hacer los diagnósticos de situación. Según trascendió, aquí se incorporaron recientemente diversos militantes de La Cámpora para análisis de medios en la división Comunicación Social.

Estos fueron los personajes desplazados recientemente, veamos ahora los reemplazos. A la cabeza hoy está Oscar Parrilli, actual secretario de Inteligencia. Conoció a Néstor en los ’70, fue diputado provincial en Neuquén en 1983 y candidato a la gobernación de su provincia en 1991, oportunidad en la que alcanzó el segundo lugar. Luego, se alejó de la política hasta el 2003, cuando Kirchner lo designó secretario general de la Presidencia. En el 2007 y 2011 fue confirmado en ese cargo por CFK. Cuando pasó a ocupar Inteligencia, se le encargó la tarea sucia: desembarazarse del legendario Stiusso y sus secuaces, imponiéndole sanciones que le permitieran una jubilación prematura. Según trascendió, tiene una fuerte interna con Aníbal Fernández tanto por la salida de Stiusso como por cierta documentación que Parrilli quiso retirar de la SI para transferir a la Casa Rosada por cuestiones de “seguridad”, petición que le fue negada.

Juan Martín Mena, es el actual Subsecretario de Inteligencia, llegó al Estado en el 2001 y el fin del ciclo kirchnerista lo encuentra como el segundo hombre de la SI. Mena fue puesto en funciones por Parrilli. Su actuación en el Ministerio de Justicia y su función en la recopilación y síntesis de los proyectos que dieron origen al nuevo Código Procesal Penal le sirvió para que su ascenso fuera impulsado tanto por el viceministro Julián Álvarez como por el Ministro Julio Alak. El desafío de su nueva función es alinear a los díscolos funcionarios del Poder Judicial del fuero federal.

Sonia Fornasero es la directora general de Administración y Finanzas de la SI. Es contadora y trabajaba en el Banco de Santa Cruz junto a Francisco Larcher, de donde conoce a los Kirchner. Es quien maneja los fondos reservados, por lo que su cargo es el más importante y goza de la plena confianza de CFK. La suma que alcanzan esos fondos es desconocida, pero se estima en unos 600 millones de pesos anuales.

El actual hombre de confianza de la presidente es Fernando Pocino, quien fue ganando poder en la SI. Es el director general de Reunión y está a cargo del cuartel de Billinghurts, la dependencia más grande de la SI donde trabajan los espías de carrera, quienes se infiltran y recaban información. Si bien era parte del mundo de Stiusso (este era considerado el “profesional”, mientras que Pocino era “el oficialista”), se distanciaron porque Pocino quería desplazarlo con ayuda de Nilda Garré, Juan Manuel Abal Medina (h) y César Milani. Garré, construyó un vínculo fuerte con los dos hombres de confianza de CFK: Pocino y Milani. El primero, para consolidar poder dentro de la SI. El segundo, construyendo un aparato paralelo: Milani fue designado jefe de Inteligencia del Ejército, ascendido a Teniente General y dotado de ingentes recursos.

En el año 2014, el presupuesto para “Servicios de defensa y seguridad” fue de $ 46.557.629.240 (un 0,054% del presupuesto total para la Administración Nacional), mientras que para el 2015 es de $68.979.879.235 (un 0,55% del total).[4] Específicamente al área de Inteligencia de la fuerza se le asignan $568,5 millones, lo que resulta un 31,8% más que en el 2014, mientras para la SI sólo se aumenta un 16%.[5]

Como se hace visible, el kirchnerismo llevó adelante una purga de Inteligencia que cargó con espías de gran trayectoria e influencia. Los reemplazó con un personal que imagina más adicto, tanto en la SI como en una estructura de Inteligencia paralela: el Ejército de Milani. Pero eso no va a resolver las tensiones, incluso amenaza con agravarlas. Los espías desplazados ya han comenzado a fortalecer los lazos con la oposición burguesa: Larcher y Stiusso se reunieron con Silvia Majdalani, diputada macrista que ocupa su butaca en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Larcher también entabló relaciones con Massa. Los dos candidatos fuertes a la sucesión del kirchnerismo cuentan con espías que le reportan. Macri cuenta con Eugenio Burzaco, asesor de la SIDE durante el gobierno de la Alianza y primer elegido por Mauricio para comandar la Metropolitana (2009-2011), el famoso Ciro James y Jorge “el fino” Palacios. Massa tiene como operador político a Juan José Álvarez, quien se desempeñó en los ’80 en Inteligencia y como secretario de Seguridad Interior de Duhalde, siendo uno de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredon, y a Darío Richarte, quien fue segundo jefe de la ex SIDE durante el gobierno de De la Rúa y cercano a Stiusso, y hoy junta fondos para la campaña presidencial del Frente Renovador. Así las cosas, está claro que la oposición ha logrado meter cuña en Inteligencia. Son desplazados de la Secretaría, pero se trata de personajes que nunca pierden sus lazos con el resto de los espías y conservan cuotas importantes de influencia.

 

Lavado de cara

 

En un intento de dar respuesta a la crisis política que desató la muerte de Nisman, el gobierno avanzó con un proyecto de Reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, que se presenta como complemento de la purga. El proyecto inicial advierte que “desde la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo”, lo que llevó al nombramiento de nuevas autoridades y a un “reordenamiento integral de ese organismo”.

Entre las disposiciones más relevantes del proyecto se encuentran: la disolución de la SI y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con idénticas funciones de dirección y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional, producción de Inteligencia en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, económicas y financieras y ciberdelitos. Establece clasificaciones de seguridad de la información que como correlato tienen distintos plazos para su desclasificación (en ningún caso es inferior a 25 años a partir de la decisión que originó su clasificación de seguridad). También, traslada la Dirección de Observaciones Judiciales de la SI al ámbito del Ministerio Público –oficina encargada de llevar adelante las escuchas solicitadas por los jueces en las causas judiciales.

Luego de algunas críticas del CELS, se hicieron algunas modificaciones al proyecto, según informó públicamente Parrilli, ya que el proyecto original con la sanción del Senado no se hizo público al cierre de esta edición. Solo serán reservadas aquellas partidas que tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas; se prohibirá a los organismos de inteligencia criminal que participen de la actividad relacionada con la represión policial, a menos que sea por pedido expreso del juez en una causa; se redujo de 25 a 15 años el período mínimo para mantener en secreto los documentos; se transfirió la potestad de realizar las escuchas judiciales al Ministerio Público y se estableció que las máximas autoridades de la AFI se designen por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Además, se anticipó que “toda persona con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información”[6].

Sin embargo, una vez más, el problema es lo que el proyecto no dice, en tanto no determina fehacientemente de qué modo se va a relacionar el sistema de inteligencia con las investigaciones criminales, de qué forma se van a llevar a cabo las tareas de inteligencia y cómo esa prueba va a ser incorporada a los procesos. La única modificación es de carácter institucional: en vez de ser escuchados por la SI, seremos escuchados por el Ministerio Público, pero con el mismo personal político, ya que se transfiere de un organismo a otro. Tampoco se establecen reglas de desclasificación de la información y acceso a ella. Afirmar que podrán solicitar su desclasificación aquellos que “tengan interés legítimo”, es una fórmula vacía de contenido. Aquellos que tienen “el interés legítimo” que la ley requiere, suelen estar muertos, desaparecidos o imposibilitados de solicitar los datos. En ese caso, será discrecional de la interpretación de quien dirima si los documentos se publican o no. Para peor, el proyecto de ley establece que ese organismo será el propio Poder Ejecutivo en cabeza de la AFI, pues no establece procedimiento judicial alguno para ese requerimiento.

En cuanto al “control parlamentario” de los fondos reservados, no incorpora herramientas reales de control, sino que simplemente hace una mención del reforzamiento del control parlamentario de esos gastos, cuya tarea sigue quedando en cabeza de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, de la cual solo forman parte algunos bloques, entre los que no se cuentan los diputados obreros. Todo sigue en la obscuridad.

 

Las razones de fondo

 

Los cambios en el interior de Inteligencia acontecidos a fines del año pasado y la muerte de Nisman a comienzos de este, son hechos que están íntimamente ligados y que, a su vez, se conectan con otros no tan evidentes.

La muerte de Nisman ocurre en el marco de otro delito: el atentado a la AMIA. Ambos constituyen un crimen de Estado que involucra a la burguesía como clase. Lo cierto es que en la primera parte de esta historia, Nisman formó parte del encubrimiento del atentado: era una pieza fundamental en su rol de fiscal de la causa AMIA, nombrado en esa función por Néstor Kirchner y fue quien designó a Antonio Stiusso para llevar adelante las investigaciones del caso. El gobierno de esta manera cumplía con las exigencias de la embajada de EE.UU. Es sabido que el fiscal pedía el aval de los cursos de investigación a la embajada.

Nisman era una pieza clave del gobierno. No en tanto personal político del kirchnerisno, sino más bien como parte fundamental de la continuidad de esta política de Estado, ya que garantizaba las relaciones con EE.UU. que Argentina necesitaba conservar. La desaparición de la famosa “pista siria” en el caso AMIA y el énfasis en la pista “iraní” fue producto de este alineamiento con el bloque EE.UU./Israel.

En el último tiempo Argentina giró progresivamente hacia el bloque Chino/Ruso, lo que condujo a cierto distanciamiento del bloque EE.UU./Israel, en particular a partir de los encontronazos con los fondos buitres. La crisis y la falta de apoyo económico de EE.UU. llevaron al país a modificar sus relaciones internacionales y comenzar a tender lazos con China y Rusia.

Ya en el 2013, la Argentina quería contar con Rusia como un “aliado estratégico” para avanzar no solo en acuerdos energéticos, sino también en obras de infraestructura, en cooperación para energía nuclear con fines pacíficos y en la profundización de las relaciones comerciales.[7] Con esta perspectiva, para mediados de 2014, CFK aplaudía públicamente la decisión de Rusia de condonar el 90% de la deuda que Cuba mantenía con la ex URSS.[8] Para octubre de ese año, la Presidente firmaba cinco convenios de cooperación con Vladimir Putin sobre el uso pacífico de la energía nuclear, sobre justicia penal –asistencia recíproca y extradición- y sobre comunicación masiva que prevé un intercambio de información entre las agencias de noticias de cada país.[9] Durante el 2014, Argentina también firmó acuerdos con la República Popular China,[10] relativos a cooperación económica e inversiones en ferrocarriles, agro, industria naviera, infraestructura, energía, minería y la autorización para instalar una base espacial en Neuquén.[11] Estos acuerdos incluyeron la compra de nuevos uniformes y equipos de combate para el Ejército argentino que ahora comanda Milani.

Esta transformación de las alianzas internacionales del Estado produjo un quiebre dentro del aparato de inteligencia. Los realineamientos diplomáticos de la Argentina obligaron a una readecuación de fuerzas en el interior de la Inteligencia. Había que barrer con el sector fiel al bloque EE.UU./Israel. Los servicios que manejaba Stiusso –quien trabajaba con Nisman- respondían evidentemente a los intereses políticos de EE.UU. que Argentina resguardaba mientras requería de su apoyo internacional. Es sabido que tanto Nisman como Stiusso fueron agentes de la CIA y el MOSSAD, incluso EE.UU. puso gran atención a la muerte del fiscal y hasta insinuó la posibilidad de enviar una misión propia al país. En ese marco se producen las transformaciones. Nisman pasa a ser un enemigo del gobierno y el kirchnerismo comienza a desplazar al personal político que componía los servicios y los reemplaza por Fernando Pocino, quien ocupa el lugar de Stiusso en la SIDE, y César Milani por fuera de aquella secretaría.

 

Crisis y descomposición

 

Si algo nos deja todo esto es que la SI es una estructura de la que no conocemos absolutamente nada. No elegimos a sus miembros, no conocemos los fondos reservados, no sabemos para qué se utiliza el presupuesto que se le asigna, de qué herramientas se vale, quien es el personal designado y para qué tareas. No lo sabemos hoy y ello no cambiará con la aprobación del proyecto en cuestión. Las limitaciones propias del capitalismo argentino, obligan al país a entrar en el consorcio mundial de la mano de alguna potencia que le permita subsistir. El enfrentamiento entre estas, repercute directamente en la situación interna de un Estado en franco proceso de descomposición, y lo profundiza. La purga y la reforma no van camino a disolver Inteligencia, sino a profundizar la guerra en su interior. Esa guerra expresa el grado de descomposición de un Estado que ya no puede asegurar su funcionamiento normal, no controla el aparato que le permite espiar a la oposición de su clase y, sobre todo, a su antagonista social.

Estamos ante una crisis política colosal. Es necesario que el FIT diga presente, tome las riendas del asunto e intervenga políticamente. El crimen de Nisman y el atentado a la AMIA son crímenes de Estado. Esto quiere decir que el culpable se encuentra tanto en el gobierno como en la oposición. Lo que corresponde, en primer término, es dilucidar el hecho, lo que implica clarificar tanto el atentado como el encubrimiento y la muerte del fiscal. Al estar involucrado el Estado, la investigación debe surgir por fuera de él. Es necesaria una comisión independiente compuesta por los legisladores obreros y organizaciones de lucha popular. El punto de partida para esa investigación, es la apertura inmediata de todos los archivos de inteligencia y diplomacia. Sólo así sabremos que pasó y por qué. Eso, además, echará luz sobre el oscuro manejo de los servicios de inteligencia, desnudando el verdadero funcionamiento del Estado. Todo ello sólo lo conseguiremos con la lucha, una lucha que el FIT debe protagonizar

1Con la colaboración de Federico Genera.

2http://goo.gl/yyvbvy

3http://goo.gl/o5o6rR

4Ley de presupuesto 2015, http://goo.gl/XTb3mm

5http://goo.gl/cXvosl

6http://goo.gl/EuH1il

7http://goo.gl/ZEAOtY

8http://goo.gl/cuuXts

9Ver http://goo.gl/J21lhk , http://goo.gl/OOe1NI y http://goo.gl/Bdy6D9

10Ver http://goo.gl/oT7wRw , http://goo.gl/bd8Obh , http://goo.gl/kyMJ2Z y http://goo.gl/Yf1YxE entre otros.

11Ver en este mismo número la nota de Baudino, Verónica: “Yuanes para pocos”.

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