La crisis política avanza con la descomposición del Estado en Venezuela. La ruptura de la institucionalidad es la evidencia de que la burguesía venezolana no encuentra una salida a la crisis del bonapartismo. El chavismo y la MUD están preparando un feroz ajuste y una profunda represión de la clase obrera venezolana. Claro, primero deben cerrar filas en la propia clase dominante y definir el aparato y la organización capaz de llevar todo esto a cabo.
Son conocidos los hechos sucedidos en Venezuela hace pocos días, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias 155 y 156, a través de las cuales el TSJ asumía las competencias de la Asamblea Nacional y se le otorgaban “poderes excepcionales” a Maduro para gobernar en temas relacionados a la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, y poder revisar el código penal y el código procesal. O sea, el Poder Supremo. El TSJ ya hace meses viene operando como un agente de Maduro, ya que ha declarado en desacato a la Asamblea por la asunción de 3 diputados “indígenas” pertenecientes a la MUD cuya elección había sido impugnada.
En el trasfondo de esta cuestión aparece la necesidad material del chavismo para afrontar los gastos de un Estado en quiebra. A lo largo de este año, Venezuela debe pagar unos 9.000 millones de dólares en deuda, de los cuales 3.000 vencen en el mes de abril. Por este motivo, y ante la crisis terminal que azota al país, el Gobierno viene recurriendo a una serie de medidas de ajuste a la clase obrera: inflación galopante, desabastecimiento, represión a la actividad sindical. Como eso no alcanza, el chavismo recure lisa y llanamente a la venta de activos estatales: la privatización. Ya en 2015, había acordado con la petrolera estatal rusa Rosneft la venta de un 35% de la empresa estatal Petromonagas a cambio 500 millones de dólares. A fines del año pasado, el gobierno le vendió el 49,9% de la empresa estadounidense CITGO, propiedad de PDVSA, a cambio de 1.500 millones. El 50,1% restante ya lo había hipotecado con bonistas de PDVSA por 3.400 millones de dólares al 8,5% con vencimiento en el 2020. En esta ocasión, el gobierno busca cerrar la venta del 10% de la empresa Petropiar a Rusia que compartiría acciones con PDVSA y… Chveron. La oposición ya había anunciado que iba a impedir el acuerdo y de hecho rechazó el contrato con Rusia del 2015. Es decir, estaba impidiendo la única forma que tiene el chavismo de sostener el Estado, acelerando su caída. Por este motivo, Rusia fue de los pocos países, junto a lo que queda de los bonapartismos latinoamericanos, que no cuestionaron la decisión de Maduro.
Como era de esperarse, la oposición denunció un “golpe de Estado” y pidió por la vuelta atrás del fallo del Poder Judicial. Pero lo más importante son los cuestionamientos al interior de chavismo. Principalmente, de la Fiscal General de la Nación, Luis Ortega Díaz, quien habló de una “ruptura constitucional” y solicitó al TSJ que revea su postura. Detrás de ella se encolumnaron personajes con peso significativo, como Cliver Alcalá, General retirado que había sido nombrado comandante del Ejército Nacional por Chávez en el 2012 y férreo opositor de Maduro, Miguel Rodríguez Torres, también militar y ex ministro del Interior enfrentado con el presidente, la ex asesora presidencial Eva Gollinger, Modesto Guerrero, uno de los intelectuales promotores del chavismo por el mundo, y unos 10 ex ministros de Chávez. Las voces críticas también se escucharon en algunos partidos que hasta hace poco se encontraban alineados ciegamente con Maduro, como es el caso del PCV, que habló de una lucha por el control y el poder en Venezuela, REDES, u organizaciones que rompieron con el PSUV, como Marea Socialista.
Con esta situación, Maduro debió dar marcha atrás, convocó a una mesa de revisión de las sentencias y llamó, como lo hizo en otras ocasiones, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Borges, del caprilista Primero Justicia, siendo uno de los sectores más dialoguistas de la oposición, aunque en este caso no concurrió a la mesa.
Si bien Maduro retrocedió, marcó la cancha y cumplió su objetivo. La revisión de las sentencias por parte del TSJ, si bien devolvió los fueros y competencias a la AN, mantiene el derecho de Maduro de firmar contratos de interés público con empresas privadas o Estados extranjeros sin pasar por la Asamblea Nacional. Lo que demuestra esta situación, es el nivel de descomposición del Estado donde aparece una pelea facciosa entre el Ejecutivo, la Justicia y la Asamblea Nacional, que se impugnan mutuamente. Esta situación no hace más que dar cuenta de la ausencia que tiene el Estado burgués de un comando que lo dirija y discipline al conjunto del personal político.
Todo esto se da también en un clima de búsqueda de Maduro por recomponer lazos con la periferia del PSUV y proscribir todo lo que aparece por izquierda del partido oficial. Así lo demuestra la resolución del TSJ de legalización de los partidos, que obliga a las organizaciones a recolectar el 0,5% del padrón en doce estados en un fin de semana, prohibiendo la doble afiliación. Es decir, Maduro busca recomponer el vínculo y disciplinar a la masa crítica del gobierno que ha tensado su relación con el PSUV, como es el caso de REDES o el PCV, que ya denunciaron la maniobra. El Gobierno también se encarga de atacar y proscribir todo aquello que pueda surgir como alternativa por izquierda, como es el caso de la proscripción del partido Marea Socialista, o los ataques al portal del Partido Socialista y Libertad de Chirino o al blog Aporrea, ambos denunciados a través de comunicados. Como vemos, el bonapartismo venezolano es capaz de todo con tal de sobrevivir. Principalmente, la represión a la clase obrera. En 2015 creó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para intervenir en las barriadas más humildes del país. El resultado fue un baño de sangre, que contabilizó, en su primer año, 460 muertos por la fuerza de seguridad, que actualmente suben a 850 ejecuciones y 18 mil detenciones arbitrarias. Solo desde el mes de octubre, cuando Maduro anunció el reimpulso de la OLP, se contabilizan 80 muertos. La oposición no es ajena a esto, ya que en los estados que gobierna se produjeron dos muertes (Lara) y doce cuerpos aparecieron en fosas comunes en el Estado de Miranda, las tierras de Capriles. O sea, que tanto el oficialismo como la oposición participan en la represión de la clase obrera.
Las principales centrales sindicales apuestan al recambio democrático, apoyando al MUD y son incapaces de plantear una política de independencia de clase.
La situación entonces en Venezuela aparece como terminal. A la crisis económica, se le suma una crisis política que si no se ha profundizado es por dos factores. El primero es que las fuerzas armadas aún no han intervenido, ni a favor ni en contra, a pesar de los rumores que hablan tanto de lealtades como de conspiraciones a Maduro, lo que demuestra un grado de división interna. El segundo, y el más importante, es que la clase obrera no ha entrado a participar en la crisis aún. Su accionar aparece muy disgregado, con un fuerte peso de las formas de protestas más embrionarias, como los saqueos, llegando a protagonizar más del 700 el último año. Es también, la principal víctima de la represión y las políticas del Estado en su conjunto. Para eso, la clase obrera debe entrar en la arena política y disputar la salida de la crisis. Ante todo, hay que exigir que se levante la proscripción para los partidos de izquierda que se denominen “socialistas”, lo que incluye a Marea Socialista. En segundo, que se levante cualquier forma de proscripción encubierta a las organizaciones de la clase obrera y el desmantelamiento de las unidades represivas contra la clase obrera. Para conseguirlo, el primer paso es que todas las organizaciones golpeadas por el chavismo y todos los sindicatos que no quieran ser parte de la oposición deben llamar a la convocatoria de un congreso de trabadores ocupados y desocupados, para votar un plan de lucha para enfrentar el ajuste y una salida obrera a la crisis política. Si nos prometieron Socialismo. Socialismo queremos.
