Damián Bil
Observatorio Marxista de Economía
En el discurso macrista de campaña, uno de los ejes centrales fue el ítem de los subsidios, parte de lo que se denominó en su momento como “la pesada herencia”. Los técnicos de Cambiemos, y el propio Mauricio, anunciaban que avanzarían con la quita de los mismos (lo que CFK ya había comenzado en 2012 bajo el nombre de “sintonía fina”). Sobre todo, en el área de los servicios públicos. Esta postura se reflejó en el discurso más virulento de un sector del electorado que asociaba la crisis económica con los planes sociales y la asistencia a “los pobres”. Asimismo la fracción más concentrada de la burguesía local, uno de los pilares de la alianza gobernante, reclamaba una reducción del gasto público para enfrentar la crisis de acumulación.i
Si bien en estos dos años y medio el gobierno avanzó paso a paso, fiel a su estrategia gradualista, en la “adecuación” de tarifas de energía, las transferencias a distintos sectores de la burguesía están lejos de reducirse. El esquema de subsidios general se sostiene y continúa una línea similar en ambas gestiones. Más aún, las líneas de apoyo para el sostenimiento de actividades industriales, tanto públicas como privadas, se multiplican bajo el macrismo; como así también los programas correspondientes al rubro de servicios sociales. No podía ser de otra forma: ambos personales políticos, kirchneristas y macristas, responden a la misma clase social, la burguesía. Como veremos, esta es la verdadera demandante de subsidios en el país, los verdaderos planeros.
¿De dónde sale?
El Estado argentino percibe anualmente recursos para su funcionamiento, producto de la recaudación de impuestos, contribuciones, emisión de deuda pública, venta de bienes o servicios de la administración, entre otros. Con ello, debe cubrir los gastos para el funcionamiento cotidiano de la administración propia (seguridad, justicia, salud, etc.) como así también efectuar transferencias a distintos sectores mediante subsidios, pagos de obligaciones de deuda, y otras. Eso es lo que se refleja en todos los ejercicios en los presupuestos de la administración pública nacional, que calculan ingresos y destino de los recursos. Los gastos de la administración pueden agruparse en diferentes formas: según su objeto (según el tipo de bienes y servicios que compra o contrata), jurisdicción (la cartera o entidad responsable del gasto), o por finalidad y función (los servicios que se brindan a la población). En este artículo nos concentraremos en la última de estas clasificaciones, puesto que permite observar hacia qué actividades se dirige el financiamiento estatal.ii Mediante ello, podremos observar las continuidades entre los últimos gobiernos burgueses en este aspecto de política pública.
Antes, en cuanto a los ingresos, cabe mencionar que los recursos tributarios (IVA, Ganancias, impuestos internos, a la exportación, y otros) junto a las contribuciones (aportes al sistema de seguridad social), es decir plusvalor generado por los trabajadores que va a parar a la recaudación gubernamental, explican la masa de los ingresos del Estado. Bajo Cristina, 89% de los recursos provinieron de esas dos fuentes. En los 2 años y medio de Macri, el 86%. La administración los destina a cubrir los distintos gastos presupuestados. Según el relato que impulsó el kirchnerismo, y que fue apropiado y redefinido por la oposición burguesa en clave de “vagos y malentretenidos” new age, buena parte del gasto del Estado se destinó a la inclusión, a los humildes, a los menos favorecidos. No obstante, una mirada más detallada nos muestra que quien más recibió no fueron precisamente los pobres, sino las empresas.
¿Por los pobres y los humildes?
Los gastos del gobierno se canalizan por intermedio de programas específicos, administrados por los diferentes ministerios o entes del Estado. Si contabilizamos los gastos por finalidad o función, a contramano de lo que sostiene el sentido común, los servicios económicos se llevan el grueso de las transferencias, luego de las erogaciones correspondientes a la seguridad social (jubilaciones y pensiones) y por encima de los servicios de la deuda pública. Las transferencias a sectores económicos representaron bajo el gobierno de Cristina el 77,2% de los ingresos corrientes, y un 90% bajo el macrismo. En valores de 2018 (a partir de aquí, todos los montos se expresan en este año base), este apartado se llevó un promedio anual de 530.305 millones de pesos anuales en el período 2007-2015; mientras que bajo Macri el promedio 2016-2017 arroja una transferencia de 483.078 millones de pesos. La merma se debe, principalmente, al recorte en los subsidios a la energía y al transporte. Aún así, es muy superior al gasto social. Por caso, para “Promoción y Asistencia Social” se destinaron 51.422 millones de pesos promedios al año entre 2007-2015 y 53.061 millones en los dos primeros años del macrismo; a “Vivienda y Urbanismo” 44.480 millones de pesos con Cristina y 33.368 con Mauricio; y a “Trabajo” 19.095 millones de pesos en 2007-2015 versus 11.659 millones en 2016-2017; y en obras de “Agua potable y saneamiento” 28.144 millones con el kirchnerismo y 24.619 con Macri. Es decir que bajo las administraciones de CFK el gasto “social” representó apenas el 28% de lo que se destinó a gasto “económico”. Bajo Mauricio, la relación es similar: 26,3% (si se agrega el primer semestre de 2018, la relación llega al 30,3%). El gasto social como porcentaje del económico puede ser aun menor si discriminamos del total solo los programas vinculados con la atención a la población sobrante para el capital. Entre los más importantes, pueden destacarse: “Ingreso Social con Trabajo”, “Familias por la inclusión social”, “Seguridad alimentaria”, “Promoción y Protección Social”, “Proyectos Productivos Comunitarios”, “Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local”, “Políticas Sociales”, “PROINDER”, “Atención de poblaciones indígenas”, “Mejoramiento de barrios”, “Provisión de Tierras para el Hábitat Social”, “Techo Digno”, “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, “Desarrollo de Infraestructura Social”, “Habitat Nación”, entre otros. Estos programas costaron bajo el kirchnerismo 59.788 millones de pesos anuales, mientras que bajo Cambiemos las transferencias fueron del orden de los 58.519 millones. Es decir, prácticamente al mismo nivel.
La estructura general del gasto económico
La expansión de la población sobrante para el capital, desde hace varias décadas, obliga a los distintos gobiernos a destinar recursos para contener a esta fracción, de forma creciente. Aún así, el gasto social no representa la mayor erogación del Estado. Los servicios económicos son los que acumulan el grueso del gasto, en particular los subsidios a la energía y al transporte: bajo los gobiernos de Cristina, los gastos en transporte alcanzaron 163.791 millones de pesos al año y los de combustible y energía 251.368 millones; con Macri, 151.687 y 254.059 millones, respectivamente. Nuevamente, guarismos similares en ambos gobiernos. En este punto, podría suponerse que los subsidios a las tarifas funcionarían como mecanismo de protección a los más necesitados. No obstante, como hemos explicado en otras ocasiones,iii en realidad es una transferencia indirecta al capital. En primer término, opera como mecanismo de contención de los salarios para toda la burguesía, puesto que el gasto en transporte y en energía (gas, luz) es un componente del valor de la fuerza de trabajo para su reproducción como tal. A su vez, también permitía a los capitalistas obtener esos servicios abaratados, reduciendo sus costos de producción y/o de logística. Por su parte, las empresas de los sectores en cuestión compensaban el congelamiento de tarifas con las transferencias del estado. En definitiva, un negocio redondo para el capital. Cuando el macrismo acelera el ajuste sobre los subsidios en estos rubros (iniciado por Kicillof), se evidencia que el salario promedio es tan bajo que la clase obrera encuentra serias dificultades, o incluso no puede pagar, los servicios esenciales.
Luego de estos renglones mayoritarios, se encuentran los giros a sectores particulares. El sector agrícola percibió en planes y programas de fomento diversos, tanto para actividades pampeanas como extrapampeanas, un promedio de 21.052 millones de pesos anuales entre 2007 y 2015 (aunque con una fuerte disminución a partir de 2011); por ahora, el macrismo fue menos generoso con este sector: en 2016-2017, el promedio fue de 12.322 millones de pesos (al nivel de los últimos años del kirchnerismo). Las transferencias directas al sector industrial insumieron con Cristina 6.261 millones de pesos anuales (con picos en 2007 y 2015), mientras que Mauricio repartió 10.699 millones de pesos. El área de comunicaciones fue otro de los rubros atendidos por las arcas públicas: 14.368 millones de pesos anuales se destinaron a la actividad entre 2007 y 2015; en los dos años de la gestión Cambiemos, disminuyó a 11.482 millones de pesos.
¿Quiénes reciben en particular?
Podemos dar un paso más en este esquema a partir de la información de la ejecución presupuestaria de las transferencias del Tesoro Nacional. Según esta manera de contabilizar el gasto, el 72,2% de las remesas del Tesoro entre 2007 y 2015 se destinaron al sector privado para financiar gastos corrientes y de capital (incluye empresas privadas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, actividades científicas, y personas físicas), alcanzando la escalofriante cifra de 1,263 billones de pesos anuales. En 2016-2017, el promedio fue de 1,628 billones (casi el 76% de las transferencias del Tesoro). Lejos quedan las agrupadas como “otras entidades del sector público nacional” (fondos fiduciarios, empresas públicas, instituciones financieras estatales; que reciben 11,2% y 9,4% de las transferencias en los sucesivos gobiernos), instituciones provinciales o municipales (11,1% y 10,1%) y Universidades Nacionales (5,3% y 4,6%).
Entre las que se consideran “privadas”, cabe señalar que varias de estas compañías tienen concesiones del Estado nacional, son sociedades anónimas aunque con participación pública (por ejemplo Aerolíneas Argentinas o YPF) o son contratistas del mismo. Muchas otras no están discriminadas porque la transferencia no se destina a empresas puntuales sino que va a parar a programas de fomento para actividades específicas (Decreto 652/2002 para productores de petróleo crudo, el Decreto 774/05 para la industria automotriz, el Régimen de Promoción Forestal, el programa de desarrollo de la actividad caprina o el de Productores Tamberos, por mencionar algunos). En este apartado, las empresas de energía son las que más han recibido en el período, liderando el ránking CAMMESA (la administradora del mercado mayorista eléctrico) con 117.610 millones de pesos al año en 2007-2015 y 148.001 en la gestión actual.iv Entre las petroleras, YPF recibe desde 2011, sumándose con el macrismo transferencias directas a privados (Shell, Axion, Oil y Pampa Energía), sin contar los fondos adicionales al sector por los diversos programas de estímulo a la actividad (Petróleo Plus, Plan Gas No Convencional, compensación a las distribuidoras de gas o al expendio de gasoil por la tarifa subsidiada, etc.). Las empresas concesionarias del ferrocarril también recibieron su tajada (TBA, UGOFE, Metrovías, Ferrovías, SOE, Belgrano Cargas, Ferrocentral, la constructora Herso), y constructoras como la de Benito Roggio, la alemana Siemens, entre otras. Otro apartado lo comprenden las empresas no financieras del sector público, donde otra vez las compañías vinculadas a la energía y servicios son las que reciben el mayor volumen de recursos: por ejemplo, Enarsa percibió 65.796 millones de pesos al año en 2007-2015, y 25.431 en el bienio posterior; Nucleoeléctrica 8.822 y 8.700; y Aysa 16.834 y 18.999 millones respectivamente. Empresas de materias primas, como Dioxitek (productora de polvo de uranio para centrales nucleares y de fuentes selladas de cobalto) percibió 415 millones anuales con Cristina y 690 millones bajo la actual gestión; mientras que los astilleros Tandanor recibieron transferencias por 302 y 664 millones en ambos períodos. Un caso llamativo es el del Correo Argentino. La empresa involucrada en el escándalo de los “70 millones” recibió en total 7.399 millones de pesos entre 2013 y 2015. En los dos años y medio de Mauricio, se agenció en total 7.820 millones de pesos de ingreso.
Lo que describimos hasta aquí son transferencias a empresas o actividades particulares que fungen como subsidios al capital en su conjunto. Ya sea abaratando el costo de la energía, del transporte, o generando mejoras de infraestructura para el capital que paga el Estado con la plusvalía generada por los trabajadores, abonando “de yapa” fabulosos sobreprecios para el enriquecimiento de empresarios y funcionarios de turno como salió a la luz con el reciente escándalo de los cuadernos.
Ahora bien: existe otro flujo de transferencias a privados que se contabiliza como “a otras entidades del sector público”, que se canaliza vía fondos fiduciarios, varios de ellos con financiamiento externo. Con esta herramienta, el Estado otorga subsidios directos (o créditos blandos) a muchas empresas, tanto las consideradas pymes como las que no lo son tanto para la escala del mercado interno. Mediante estos proyectos, se destinaron a empresarios privados 6.842 millones de pesos al año durante el último año de Néstor y los dos mandatos de Cristina (61.583 millones de pesos en 9 años) y 4.202 millones anuales en 2016-17. De esos montos, entre 2007 y 2010 la mayor parte se destinaba al sector agrícola, aunque progresivamente perdió participación, creciendo los montos transferidos a las pymes y a actividades no necesariamente rurales. De 2011 a la actualidad, crecen los fondos destinados a actividades como la industria del software, establecimiento de parques industriales, subsidios a microempresas, actividades con “elevado contenido tecnológico” (metalmecánica, química), a “emprendedores” argentinos, etc. Otro sector beneficiado con estas políticas fue, cuando no, la industria automotriz. El sector recibió entre 2008 y 2016, mediante el decreto 774/05 y la Ley 26.393 (de fomento al autopartismo local), compensaciones por un monto acumulado de 3.964 millones de pesos.
Una clase de planeros
Lo que se desprende de este informe es que la masa del gasto estatal no se destina a contener a los más necesitados. Lo que se vuelca a programas asistenciales es un monto relativamente reducido si lo comparamos con los subsidios directos o indirectos al capital. O sea, en la torta general, es la misma burguesía la que consume la mayor porción de riqueza social que producimos los trabajadores y canaliza el Estado vía impuestos. Los capitalistas de todos los sectores y de todos los tamaños, sin distinción. Ya por el abaratamiento de costos, general para todos los empresarios, ya por obtener subsidios directos por alguno de los diferentes programas de incentivo a la producción. Toda esta masa enorme de recursos no redundó en ninguna mejora del capitalismo argentino en el mundo; por el contrario, continúa siendo una economía marginal, cada vez más pequeña en el concierto mundial. Esta montaña de pesos se derrochó en sostener a una clase parásita, ineficiente, agotada históricamente; a costa de las condiciones de vida de la población, que se degradan de forma progresiva. Es hora de desechar ese peso muerto, la actual clase dominante, que traba el desarrollo de las fuerzas productivas y nos sumerge en la miseria. Es imperioso que la clase obrera reconstruya un nuevo Estado capaz de centralizar y reasignar esos recursos, que ella misma produce, de forma eficiente y en función de las necesidades de la masa de la población.
Los “servicios económicos” (divididos en los rubros de transporte; energía-combustibles-minería; agricultura; industria; seguros y finanzas; comunicaciones; ecología y medio ambiente; comercio-turismo-otros) superan holgadamente a los rubros de los servicios sociales vinculados con la política asistencialista. Representan un 18% de los gastos por función del Estado Nacional, 2 puntos más que los servicios sociales (donde se incluyen por ejemplo salud, educación y ciencia y técnica), 8 más que los servicios de la deuda pública y que los gastos de funcionamiento del Estado (agrupados como “Defensa y Seguridad” y “Administración”). Solo es superado por las erogaciones de la seguridad social, que se llevan el 43% del gasto.
Vía transferencias directas a empresas o a programas de reintegros o fomento, o por la conformación de fondos fiduciarios (“otras entidades del sector público”), el Estado deriva hacia la actividad económica una masa de recursos considerable. Buena parte son acaparados por empresas puntuales, para compensar su rol de subsidiar al capital en general (como las transferencias a las empresas ferroviarias o a CAMMESA); y el resto son absorbidos por una multitud de firmas por intermedio de planes de apoyo o compensación (a sectores agropecuarios como la actividad caprina, la lechería, a producciones cerealeras, pequeños productores rurales, a los productores de petróleo crudo, a la industria automotriz), o bien por fondos fiduciarios específicos (software, apoyo a las pymes, a los distribuidores de gas licuado o natural, entre otros). A pesar de este inflador estatal, la economía argentina no hace más que perder espacio en la competencia internacional.
Gráficos
Notas
iVer Sanz Cerbino, Gonzalo y Figueredo, Maurice: “Los candidatos de la burguesía”, en El Aromo n° 86, 2015 y Sanz Cerbino, G.: “El desarrollismo criollo. Macri y la burguesía argentina”, en El Aromo n° 95, 2017.
iiLos datos para este artículo corresponden a información oficial y pública disponible en Presupuesto Abierto, www.presupuestoabierto.gob.ar
iiiBil, Damián: “Ajuste parcial”, El Aromo n° 78, 2014; “Ni tarifazo ni subsidio”, agosto de 2016, en https://goo.gl/M3fCq5.
ivLamentablemente, es imposible realizar un listado fidedigno de receptores de transferencias debido al peso de la información que se detalla como “sin discriminar”. En promedio anual, caen en este rubro transferencias por 32.037 millones de pesos entre 2007 y 2015 y 53.670 millones de pesos en 2016-2017.
