Fabián Harari y Santiago Ponce
LAP – CEICS
Ante las cámaras, las palabras de Cristina fueron tajantes: este gobierno había tomado y sostenido la decisión de no reprimir. La misma sentencia fue repetida por funcionarios y periodistas amigos. Ninguno de los dirigentes opositores, ningún comunicador crítico, se animó a señalar que una semana antes la Policía Federal había montado una verdadera razzia en las inmediaciones del Ministerio de Educación. Nadie, tampoco, recordó el operativo en el que comulgaron la Policía Montada de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería para desalojar el campamento en Kraft, hace menos de un año, protagonizando escenas verdaderamente dramáticas. Para agregar otro hecho más, sin ir más lejos, el lector tiene en este número de El Aromo otra muestra: la detención de Roberto Martino.
Con todo, debe concederse que, en materia de conflictos sindicales, esta administración no ha puesto a las fuerzas represivas estatales a trabajar a destajo, sino que sólo han actuado en casos puntuales. Eso no quiere decir que la lucha de clases se haya extinguido y que no se requieran ciertas dosis de represión para mantenerla en su lugar. La diferencia está en quiénes llevan adelante estos actos, y dónde.
Allí vamos…
No son pocos los intelectuales y dirigentes sindicales que defienden lo que sería una “nueva” CGT, liderada por Moyano y enfrentada a los “Gordos” y barones del Conurbano. Hace poco, Yasky había dicho que no debía declararse una guerra santa contra la mencionada central. Pérsico, D’Elía y todo el arco kirchnerista por fuera del PJ alentaron el apoyo al acto en River Plate, por el día de la lealtad, con el argumento de la renovación. Según el progresismo K, lo de Ferreyra fue un exceso, un caso extremo y relativamente aislado, producido en el marco de un sindicato oscuro, permeado por elementos ajenos al movimiento obrero.
Para averiguar si esto es realmente así, nos preguntamos algo muy simple: ¿es la primera vez que la burocracia realiza estas acciones? ¿Se trata sólo de Pedraza? Se pueden agregar las del Hospital Francés o las de Subtes. Sin embargo, otra vez, así puestos, parecen hechos aislados. Por eso decidimos sistematizar esa información. El resultado es un primer relevamiento, desde el 2005 al 2010, de las veces en que la burocracia impidió una protesta gremial, ya sea mediante agresiones abiertas, ya sea mediante una amenaza presencial. Los números, a simple vista, son sorprendentes: en seis años, la burocracia intervino, al menos, 39 veces contra los trabajadores. Decimos “al menos”, porque se trata de una primera aproximación, basada en la prensa escrita. Quedan por averiguar, todavía, todos los hechos que no pudieron ser documentados. Tampoco contamos acciones de tipo judiciales, como, por ejemplo, las causas iniciadas por la Lista Verde contra los delegados de la Bordó, en el Sarmiento, ni los aprietes que sufrió la Bordó en el Roca para no presentarse a elecciones. Es decir, se trata de acciones directas, en general y, salvo tres, violentas. Circunstancias en las cuales la burocracia actúa lisa y llanamente en reemplazo de las fuerzas de choque. Es decir, las fuerzas estatales no reprimen tan asiduamente, porque ese trabajo se delegó en la CGT.
Si observamos el cuadro 1, vemos cómo esas 39 acciones se reparten en los años que van del 2005 a la actualidad. Los datos son elocuentes: desde el 2007 las acciones fueron creciendo y, desde el año pasado asistimos a 10 acciones por año. Si tenemos en cuenta su distribución geográfica, constatamos que 30 de las 39 se produjeron en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, en la mayor concentración de industrias y población obrera y en el centro del poder político.
La conclusión parece lógica: hay más acciones porque hay más protestas, y hay más protestas porque hay una mayor organización por fuera de la burocracia. Dicho en términos más sencillos: la burocracia tiene más trabajo porque la izquierda está creciendo en el seno de la clase obrera. Fenómeno que venimos describiendo desde hace ya dos años. Por lo tanto, el crimen de Mariano no es un hecho aislado, sino el epifenómeno de un proceso que no es nuevo, pero que venía acelerándose.
Peronismo armado
Esto no es cosa de Gordos ni duhaldistas. Esto podría haberle pasado a Moyano. Menos de quince días antes del crimen, en Córdoba, un grupo de camioneros fue a desbaratar una protesta de sus propios afiliados. El Sirecuva, uno de los sindicatos de Camioneros ligado a la CTA, estaba realizando un bloqueo para exigir a la empresa Brick la reincorporación de los despedidos. En medio de la protesta, apareció una patota al mando de Héctor Toffoleto y, sin mediar palabra, comenzó a golpear a los manifestantes para defender a la patronal. No era para menos: el sindicato venía peleando para obtener su inscripción gremial. La violencia de la agresión hizo intervenir a la policía. La medida se interrumpió y los camioneros tomaron el lugar de las fuerzas policiales en la custodia de la salida de los camiones de caudales. Luego de los hechos de Barracas, Yasky y Micheli, en vez de denunciar este antecedente sobre sus propios compañeros y alertar sobre Moyano, decidieron no decir palabra. Todos parecen acusar a Pedraza, pero los gremios utilizados como fuerza de choque son varios: UTA, Telefónicos, Sanidad, UPCN y siguen las firmas…
Pero también es cierto que tuvo que ser en ferroviarios. El motivo no es una casualidad. Pedraza había perdido el Sarmiento y el Mitre a manos de la lista Bordó. Sólo le quedaban el Belgrano Cargas y el Roca, donde tiene sus tercerizadas. En 2009, hizo en el Roca lo que no había podido hacer en el Sarmiento: impedir la presentación de la lista Bordó, que en la última elección, 2002, había sacado el 35%. Si no quería poner en riesgo su sindicato, debía actuar más enérgicamente. Las tres líneas de trenes de pasajeros, bajo control opositor, son un escenario que el gobierno no toleraría siquiera como posibilidad. Como pequeña muestra, piense el lector en el impacto que suelen tener los conflictos en el subte.
Las patotas de la CGT no se limitan simplemente a reemplazar a los organismos policiales. Son también el garante necesario para asegurar los turbios negocios que hacen que los dirigentes, además de burgueses, rayen en la delincuencia. Se trata de enfrentamientos cuyo único objetivo es la acumulación personal. Este fenómeno ya fue advertido por nosotros aquí, donde señalamos el carácter mafioso del accionar de la CGT mediante ciertos ejemplos. Ahora, con una mirada más sistemática, hemos relevado este tipo de hechos desde el 2006 hasta hoy. El resultado son 12 acciones. Nueve de ellas son asesinatos. Hugo Moyano está salpicado por dos. El primero, el crimen de su propio contador, Abel Beroiz, en Rosario, en 2007. El segundo, el de Carlos Daniel Martín, en Mendoza, el 29 de enero de 2009. Carlos era vocal suplente a nivel nacional y había llegado a la provincia hacía tres años. Venía de González Catán. Esa tarde estaba mirando la televisión en su living, cuando un motociclista le disparó a la cabeza. Dos tiros, los dos en el blanco. Hasta hoy, no hay nadie procesado. Preguntado por el asunto, el responsable del sindicato provincial, Rubén Zárate, sentenció resignado: “Vaya a saber qué cosas arrastraba de Buenos Aires”…
Preparada para la violencia, utilizada en funciones de policía, envuelta en asuntos mafiosos y en los crímenes que suelen resultar de tales menesteres, la dirigencia de la CGT arroja un prontuario que la aleja bastante de las funciones que el progresismo, el peronismo y más de un intelectual reformista intentan adjudicarle. Hasta el año 2006-2007, no tuvo mayores tareas, en virtud de su evidente debilidad. Luego de esa fecha, fue crecientemente convocada para trabajos sucios. Mariano fue uno de ellos.
