Sobre el lanzamiento de las metas educativas 2014 y el rol del Estado en materia educativa
El Gobierno nacional dice estar preocupado por la calidad educativa. Curiosa preocupación de un ministerio sin escuelas. Si usted cree en sus palabras, lea esta nota. Aquí verá que nos encontramos peor que durante el neoliberalismo.
Por Romina De Luca (GES – CEICS)
El pasado enero, Jorge Capitanich enumeró las principales metas para el 2014 en materia de planificación de políticas públicas.1 A través de la web de la Jefatura de Gabinete se difundieron las metas y objetivos de cada uno de los órganos de gobierno. En materia educativa, la mayor parte de los objetivos se asocian con la mejora de los índices “tradicionales” de calidad. Elevar el desempeño de los alumnos constituiría uno de los principales desafíos. A diferencia de la estrategia anterior del Gobierno, que eludía hablar de los “números”, ahora se precisa, y mucho, el índice de mejora esperado. A fin de 2014, el 77,05% de los niños de la escuela primaria deberán alcanzar conocimientos medios y altos en Lengua, un 65,82% el mismo nivel para Matemática, 57,99% para Ciencias Naturales y 67,05% en Ciencias Sociales. En lo que refiere a la eficiencia interna, buscan reducir el abandono interanual a 0,26% y la repitencia a 2,95%. Se espera que los logros sean más elevados aún para la escuela secundaria: 75,72% en Lengua, 72,03 en Matemáticas, 67,66 en Ciencias Naturales y 71,92 para Ciencias Sociales. Además, reducir el abandono interanual a 4,77% y la repitencia a 8,83% en el ciclo básico mientras que para el ciclo orientado se aspira a que los mismos índices se ubiquen en 10,33 y 6,36 respectivamente. Asociado con la obtención de resultados “impresionantes”, las metas anticipan como un objetivo de la cartera dirigida por Sileoni el lograr que el programa FinEs suministre unos 600.000 nuevos egresados. También se mantienen programas como Conectar Igualdad y la distribución de libros gratuitos por parte del Ministerio y se enumeran algunas ampliaciones en infraestructura. Fijadas por un ministerio carente de escuelas, ¿cuánta realidad contienen estas metas? Cabe aquí hacernos algunas preguntas más. ¿El Gobierno se encuentra realmente preocupado por la calidad educativa? Hasta ahora, no parecía preocuparse por los resultados de las mediciones de la calidad. ¿Dónde se ubica el origen del cambio? ¿Se condicen las metas con otras políticas implementadas? A través de esta nota, el lector podrá ver que al Gobierno, el fondo del asunto, lo tiene muy sin cuidado.
Un mundo de sensaciones
En estas páginas hemos remarcado una y otra vez que la política del kirchnerismo resulta expresión de un régimen bonapartista. En efecto, el kirchnerismo asume al poder en 2003 en el contexto de una crisis política grave, una crisis de hegemonía que la burguesía necesitaba cerrar para evitar que alcanzara al aparato del Estado mismo. Desprovisto de una base política propia, debió armarse una. Buena parte de sus esfuerzos se dirigieron a la contención de la pequeño burguesía y a la captación de la población sobrante. Para ello, debía presentarse como algo diferente a sus antecesores, merecedores del “que se vayan todos”, del “neoliberalismo”. En materia educativa, durante la primera presidencia de Néstor Kirchner se lanzaron una serie de medidas dirigidas a “desmantelar” la herencia menemista de la Ley Federal de Educación (LFE). Ésta fue acusada de ser la causante de todos los males de la educación argentina, de su fragmentación y de su desfinanciamiento. En 2005, el entonces Ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, declaraba que “queremos iniciar un proceso para tender a la homogeneización, establecer qué cosas es imprescindible cambiar para mejorar la calidad. El peor resultado sería que hagamos la inversión y tengamos el mismo resultado que ahora”.2 Así, la epopeya se inició con la Ley de Educación Técnico Profesional, siguió con la Ley de Financiamiento Educativo y culminó con la Ley de Educación Nacional (LEN). Todas buscarían desandar el pasado oscuro.3
La LEN, por su envergadura, se convirtió rápidamente en la gran apuesta. Su artículo 2º fijó que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. La ley también ubicó a la educación dentro de las prioridades nacionales (artículo 3º). Solidaria con esa posición, el artículo 10º comprometió al Estado nacional a la no suscripción de tratados bilaterales que concibieran a la educación como una mercancía o posibilitaran su mercantilización. Esa concepción la alejaría aún más del neoliberalismo. En lo que refiere a la estructura y unidad del sistema, el artículo 15º fijó que el sistema educativo tendría una estructura unificada asegurando así su cohesión y articulación. Además, el artículo 16º extendió la obligatoriedad: desde los cinco años hasta la finalización del secundario.
Medidas posteriores adoptadas por el Consejo Federal de Educación (CFE) se encargaron de regular la implementación de la LEN. Especial énfasis atrajo la regulación de la nueva escuela secundaria (NES) y los mecanismos de articulación con el nivel primario. Diferentes planes tales como “Plan Nacional de Educación Obligatoria” (Resolución CFE 79/09), los “Lineamientos políticos y estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria” (Resolución CFE 84/09) o el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente” (Resolución CFE Nº 188/12) puntualizaron aspectos de esta nueva escuela “inclusiva”. El cumplimiento de la nueva escolarización se convirtió en obsesión oficial. Diversos programas se ocuparon, entonces, de apuntalar las trayectorias escolares de los alumnos en la escuela primaria y en ampliar el acceso a la secundaria. En uno y otro caso, se debía asegurar la “terminación de la educación obligatoria”. Por eso, se promovió la revisión de los mecanismos de evaluación tradicionales fundados en criterios de selección/ exclusión (puntos 43 a 48 de la Resolución CFE 84/09). Se fijó la necesidad de incorporar dispositivos de acompañamiento en el ingreso y en el ciclo básico de la escuela secundaria; la implementación de estrategias de “aceleración y/o formatos específicos de escolarización para alumnos con sobreedad, trabajadores, madres y padres adolecentes, poblaciones migrantes, adultos, repitentes, con discapacidades transitorias o permanentes”. Valga de ejemplo la creación del FinEs. Se promovieron clases complementarias y de apoyo a alumnos rezagados, o a quienes debieran materias, entre otros (CFE 86/09, 88/09; CFE 93/09). Se sugirió también que las pautas de promoción de alumnos y los mecanismos para la obtención de la regularidad fueron revisados en clave inclusiva (CFE 99/10 y 122/10; 174/12) porque “la inasistencia reiterada no podrá ser causal de pérdida de la condición de Regularidad”.4 El rendimiento debía ser un indicador, no una causa de repetición.
Se dijo que las reformas avanzarían en unificar el sistema y en mejorar su calidad. Pero ¿es eso lo que ocurrió? Una parte ya es historia conocida. Nos ocupamos de ella en el número anterior de este suplemento. El kirchnerismo, PISA (y ONE) mediante, tuvo que enfrentarse al hecho de que obtenía los mismos resultados que durante el neoliberalismo en las pruebas de evaluación de la calidad.5 Si bien dijeron “hacerse cargo”, en un acto de sincericidio, rápidamente culparon a las provincias. Durante todos estos años, la estrategia nacional pareciera haberse dirigido a la creación de indicadores ficticios por la vía del pase libre: promoción compulsiva, eliminación de sobre-edad garantizando el paso de un grado a otro a término. Pero ¿avanzó la homogeneización?
Ministerio fantasma
A pesar del discurso, la LEN no modificó un ápice de la estrategia que la burguesía argentina implementa durante los últimos sesenta años: la descentralización administrativa y la regionalización curricular. La LEN, en su artículo 121º establece que los gobiernos de provincia y la Ciudad Autónoma deben “Asegurar el derecho a la educación […] b) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y culturales”. Así las cosas, Nación no educa porque no tiene escuelas. Pero ¿la estructura organizativa ahora es única? En principio, se fijaron dos modelos que operan como una cáscara vacía en tanto el currículum sigue fragmentado. El artículo 86º habilita a las provincias a establecer “contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales y productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares”. Si el fantasma neoliberal residía en la “municipalización”, el kirchnerismo avanza más y le otorga potestades “macro” a cada escuela. En los artículos 122º y 123º se determina que esa unidad “define proyectos educativos, modos de organización institucional, realiza adecuaciones curriculares, realiza articulaciones intersectoriales, define su código de convivencia”. Adecuando el currículum a las necesidades reales de calificación en los distintos nichos productivos, éste no hace más que copiar la miseria ambiente de las provincias reservorio de la población sobrante. No extraña entonces que todos los indicadores evidencien peores resultados allí donde mayores índices de “sobrantes” se amontonan: noroeste y noreste argentino.
En realidad, el kirchnerismo carece de una política de largo plazo. Su naturaleza política, su carácter bonapartista, lo obliga a mantener intacta su base electoral. Es la presión ambiente la que lo mantiene en el poder. De allí que, si malos números son mala prensa, hay que decir que se modificarán (metas 2014). La única política de largo plazo formulada por el Gobierno es la sistemática destrucción de la educación pública a través de la creación de una estructura paraestatal montada únicamente con fines electoralistas, como el Plan Fines, el Fines 2 y ahora el PRO.GRE. SAR.6
El Gobierno no busca mejorar la calidad educativa. Para hacerlo, debería instaurar en forma urgente una estructura única nacional centralizada. Mejorar los sueldos docentes y dotarlos de un año sabático remunerado para capacitación y formación. Reducir las horas de trabajo real, eliminar los planes que encubren la crisis como el FinEs y el FinEs 2 y canalizar el presupuesto al sistema estatal, en lugar de a la estructura paraestatal parásita, politiquera y degradante. Aún así, el problema está todavía más abajo, en las relaciones sociales que han constituido a la mayoría de la población argentina en una masa que o vive de la caridad pública o de la privada. Hablando de “revolución” y evocando a las organizaciones revolucionarias de los ’70, el kirchnerismo lo único que hace es agravar el problema arrasando con lo poco que queda del aparato educativo estatal. Demuestra así que es la más clara expresión de una derecha descompuesta y decadente.
Notas
1 Jefatura de Gabinete: Metas estratégicas para 2014, Buenos Aires, enero de 2014. El documento puede consultarse en: http://goo.gl/ tpybSI
2 Diario Página/12, 3 de octubre de 2005. Puede consultarse en: http:// goo.gl/D56lMY
3 Filmus destacaba que el debate que se daría en 2006 del que emergería la LEN era una iniciativa “que no es un año electoral, se debata una nueva ley o cuánto es necesario transformar de la actual ley” http:// goo.gl/D56lMY
4 Ratificada a posteriori por la Resolución 134/11 punto 4.
5 Puede consultarse: “Las pruebas de la discordia” y “Orejas de burro”, en El Aromo, números 59 y 76 respectivamente.
6 Véase el artículo de Álvarez Prieto, Natalia en este mismo suplemento.
