El viernes pasado por la noche, en el bar “Zar Burguers” de San Miguel murió Lucía Costa, una joven de 19 años que se encontraba en el lugar reunida con amigos. La muerte se produjo al explotar una antorcha que oficiaba de centro de mesa al ser recargada, por una trabajadora del establecimiento, con un bidón de 5 litros de alcohol. Hubo otras ocho personas con quemaduras de distintos grados, entre ellos la trabajadora misma. Cinco ya fueron dados de alta, mientras que los tres restantes continúan internados con quemaduras graves y diagnóstico complejo.
Varios elementos hacen que este hecho sea calificable como un nuevo crimen social. Cuando decimos esto, nos referimos a una muerte que es producto no de la “tragedia” o de un fenómeno imprevisible. La muerte de Lucía es culpa del tipo de sociedad en el que vivimos. Una sociedad que se organiza por la ganancia y, por lo tanto, los patrones buscan todo el tiempo reducir costos y engrosar sus bolsillos. La búsqueda de ganancia es la que nos expone a los laburantes y a nuestros hijos a una absoluta precariedad que pone en peligro nuestra vida. Una ejemplo claro, que hace años conmovió al país, fue el crimen social de Cromañón. La muerte de Lucía se ubica en la misma lógica.
En primer lugar, los centros de mesa utilizados eran simples quemadores. Por tanto, requieren muchos cuidados al momento de la recarga de combustible. Más allá de eso, representan un peligro permanente ante el vuelco o salpicadura sobre el mismo de cualquier bebida de alta graduación alcohólica como el vodka o el whisky. Recordemos que estamos hablando de un bar… Además, pensemos que estos elementos son ubicados sobre mesas de madera barnizadas o laqueadas, todos elementos que favorecen la combustión. A ello se suma el peligro obvio de que cualquier persona que concurre puede accidentalmente tocar la llama con su ropa. Ni hablar el riesgo adicional en tiempos de pandemia: manipulamos alcohol constantemente.
En segundo lugar, queda muy claro con las imágenes que circularon por los medios de comunicación, que la cantidad de gente que las mesas que se encontraba en las apiñadas mesas del patio interno del local, no permitían el distanciamiento social necesario para minimizar el riesgo de contagio de Covid-19. Claro está que había más de 4 personas por mesa y no existía el distanciamiento suficiente. ¿Cómo puede ser, sino, que una de las personas con quemaduras fuera la que se ubica a espaldas de Lucía? Evidentemente, no se cumplieron los reglamentarios metros de distancia entre mesa y mesa. ¿Por qué? Por lo dicho: la ganancia… Preferible tener más clientes que consuman, que asegurar el resguardo de todos.
En tercer lugar, ocurrido el hecho, Lucía quedó abandonada en el piso, con lesiones graves sin que nadie la asista, más allá claro, de los valientes clientes que se arriesgaron a apagar las llamas que tenía sobre ella. Otro dato revelador: el lugar no contaba con una salida de emergencia independiente para el patio interno, esas salidas que debieran ser una norma tras el crimen de Cromañón. Baste con imaginar una situación por fuera de la supuesta cuarentena, en la que tanto el salón cerrado como el patio están llenos y absolutamente todos los asistentes tienen que salir por una única puerta. Un desastre.
Finalmente, la asistencia, indican los testigos, tardó 30 minutos en llegar a pesar de que el Hospital Larcade -el principal de la zona- se encuentra a apenas unas 12 cuadras y el cuartel de bomberos a menos de 6 del bar.
Según la Municipalidad, el lugar estaba perfectamente habilitado. Es el mismo municipio -a cargo de Jaime Méndez desde el 2016- que militó por la reapertura de este tipo de comercios y fue de los primeros en habilitarlos en todo el Gran Buenos Aires, con su decreto del 28 de agosto, y con el visto bueno del gobernador Kicillof. Otra vez, los bolsillos primero.
El mismo municipio que, ante el hecho consumado, le ofreció a la familia de la víctima fatal, el pago del sepelio y un cajón de madera de la más berreta para enterrarla, lo que nos deja dimensionar el valor que tienen nuestras vidas y nuestras muertes para la clase social a la que los gobernantes de todas las instancias pertenecen. El mismo gobierno municipal que no cumplió con los controles correspondientes ni por la pandemia, ni por las condiciones de trabajo de los compañeros que atienden ese local, ni por todas las personas que asisten al mismo.
Todo lo que explicamos indica que estamos ante otro crimen social del capitalismo argentino, con todas las letras. Razón y Revolución Regional GBA Noroeste
