Puerto Rico, otro paso en la crisis mundial
Como en Grecia, el problema de la economía boricua no está en la deuda ni en la dependencia de los EEUU, sino en los propios límites de su estructura e inserción internacional.
Por Damián Bil (OME – CEICS)
En todos lados
Desde 2009, el tendal de cracks bursátiles, defaults y estallidos evidencian que dichos fenómenos no son episodios aislados. El hecho más reciente es el desplome de las bolsas chinas. No hace falta ir tan lejos, para encontrarnos con problemas de esta índole. Ahí están Venezuela y Brasil, donde en los últimos días se planteó eliminar diez ministerios para reducir el gasto. El caso más resonante de los últimos meses fue el de Grecia, que a pesar de las constantes inyecciones del Banco Europeo y otros organismos, cada vez se hunde más.[i]
Para sumar otra muesca, en los primeros días de agosto Puerto Rico declaró el primer default de su historia. El Estado Libre Asociado (ELA) a la Unión solo abonó 628.000 dólares de un vencimiento de más de 58 millones que debía saldar para esa fecha.[ii] Como en Grecia, el problema de la economía boricua no está en la deuda ni en la dependencia de los EEUU, sino en los propios límites de su estructura e inserción internacional.
Para atrás
El proceso que derivó en la cesación de pagos se incuba desde hace casi una década. Los indicadores muestran este camino: demográficamente hablando, es uno de los pocos países que pierde población en términos absolutos. Desde 2000 se redujo en 120.000 habitantes, fundamentalmente por la emigración. Según las autoridades, la caída poblacional y el envejecimiento reducen la base impositiva para generar recursos. El desempleo se ubica en torno al 12,2%, y casi 29% entre jóvenes, más del doble de la tasa de los EEUU. En 2013, el 45% de la población era pobre (en el continente, el estado con el nivel más alto era Mississippi con 24%). En 2014, el PBI fue 6% menor en valor absoluto que el de 8 años atrás. La construcción también se retrajo en ese lapso un 63%. La actividad industrial retrocedió 5,2% solo en 2014. La inversión extranjera, que entre 2008 y 2011 arrojó un neto favorable de casi 23 mil millones de dólares, acumula una salida de 17 mil millones desde 2012. En el plano financiero, los activos en el sistema bancario cayeron un 40% del tercer trimestre de 2005 al primero de 2015 (de 100.000 a 60.000 millones U$S).
Esta recesión provocó un aumento en el endeudamiento público, fuente de recursos utilizada para cubrir sus gastos, junto a los giros del Tesoro norteamericano. Como Puerto Rico no puede recurrir a organismos de crédito internacionales, ni menos aun devaluar, la presión se canalizó por la emisión de notas y obligaciones del gobierno general y de los municipios, y sobre todo a partir de bonos por futuras recaudaciones de organismos públicos, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (el AySA boricua), la Autoridad de Energía Eléctrica, la Compañía de Fomento Industrial, la Universidad, el Banco Gubernamental y otros. Esa deuda creció en términos reales un 46% entre 2005 y 2014. A marzo de este último año, alcanzaba los 72,2 mil millones de dólares (al nivel del PBI). Casi tres cuartas partes es de empresas y entes públicos, y lo restante se reparte entre el gobierno y los municipios.[iii] Gran parte de esos bonos están en manos de los propios isleños, mediante cooperativas de crédito y ahorro (lo que prefigura quienes serán los estafados), aunque una parte sustantiva se encuentra en manos de extranjeros, incluidos varios hold-outs. Esto es así porque los bonos de las distintas dependencias eran ofrecidos en combo con otros activos que las compañías de inversión vendían en el continente.[iv]
Las declaraciones del gobernador Padilla sobre la imposibilidad para afrontar la deuda, muestran las agudas contradicciones que atraviesan la economía puertorriqueña y preparan el terreno para un ajuste sobre la población. Veamos qué hay en el fondo de este fenómeno.
Del crecimiento de posguerra…
Luego de 54 años de dominio yanqui a partir del fin de la guerra con España, en 1954 la constitución de Puerto Rico entró en vigor. Con ella, la isla se convirtió en Estado Libre Asociado, status por el cual EEUU y Puerto Rico comparten moneda y mercado común, como asimismo la defensa. Por su parte los portorriqueños, si bien ciudadanos, no votan en las elecciones nacionales. Tienen un representante en el Parlamento, sin voto. Puerto Rico no está sujeto a la tributación de impuestos federales, salvo algunos relacionados con la seguridad social y sobre los ingresos de algunos funcionarios.
Antes de la Segunda Guerra, era un país predominantemente agropecuario. Este sector representaba más de un tercio del ingreso neto, mientras que la industria aportaba un 13%. Pero luego la situación se modificó. Entre los ‘50 y ‘60, la isla vivió un boom industrial, empujado en esa primera etapa por actividades mano de obra intensivas, como la confección, alimentación y calzado, atraídas por ventajas impositivas, menores salarios que en el continente y acceso al mercado norteamericano.[v] Sin embargo, en los ’70 la crisis internacional y la emergencia de competidores de mano de obra barata le puso freno. Ello se expresó en la evolución del PBI, que de crecer al 7,5% en los ’60 se detuvo al punto de retroceder un 0,7% en 1975. A raíz de ello, en 1976 el congreso de los EEUU reglamentó la “sección 936” en el Código de Rentas, que permitía que las empresas instaladas en la isla operaran con bajas cargas fiscales y repatriaran utilidades a las matrices sin abonar los impuestos federales que tributarían de estar en el continente. Ello provocó que varios capitales se instalaran en la isla, sobre todo bancos, laboratorios y electrónicas. En consecuencia, para comienzos del siglo XXI, la participación de la actividad primaria se había reducido a un 1%, mientras que la industria era responsable de casi la mitad del ingreso neto. Los productos químicos, farmacéuticos y derivados representan un 70% del ingreso de la manufactura, y los productos electrónicos un 16,3%.[vi] Estas ramas no emplearon grandes contingentes de obreros, por lo cual el desempleo estructural se mantuvo casi siempre en dos dígitos. Los beneficios de la 936 se extendieron por dos décadas aunque año a año se limitaron sus alcances, hasta que la administración Clinton la derogó (con 10 años de gracia para las firmas ya instaladas, hasta 2006).
Esta situación se complementaba con un costo laboral menor, aun hasta la actualidad. Para los ’70, se calculaba que el salario en la isla era aproximadamente un 58% del medio en los EEUU. Entre 2001 y 2015, el ingreso por hora del obrero industrial puertorriqueño fue aproximadamente un tercio menor que el promedio de los siete estados de producto manufacturero más alto de la Unión.[vii] Este factor, que sirvió en cierto momento para atraer capitales, hoy no permite competir: es un 20% superior al brasileño, 40% mayor que en Taiwán o Polonia y 90% mayor que el mexicano.
… a la crisis actual
Si bien la 936 incentivó la llegada de firmas, éstas no lograron competir en el plano internacional, en un contexto de crisis como el que se abrió desde los ’70. Sectores como la confección se concentraron globalmente en el Lejano Oriente, mientras que las firmas norteamericanas que buscaban ventajas impositivas, de transporte y salariales en territorios cercanos privilegiaban, desde años atrás, expandir sus inversiones en México antes que en Puerto Rico. Por ello, para sostener la actividad y la población, los boricuas recibieron crecientes transferencias del gobierno central en forma de planes sociales, básicamente estampillas de comida y otros giros. En 1980, el 60% recibía estampillas, llegando al 7,5% del ingreso personal. Los fondos federales recibidos alcanzaron los 1.400 millones en 1990, mientras se expandió el empleo público y el sector informal, como forma de mitigar la desocupación en otras áreas. La derogación de la 936 y su desaparición definitiva en 2006 provocaron la salida neta de capitales e incrementaron la necesidad de financiamiento del continente. En 2014 el saldo de lo transferido con EEUU fue de 14.654 millones a favor de Puerto Rico. Eso sin contar el superávit comercial de la isla con el continente, de casi 25.000 millones en 2014. Aun a pesar de ello, el balance de pagos debe ser cubierto con deuda.
Hasta la vista, baby
El gobernador declaró a comienzos de mes que Puerto Rico se encuentra en una “espiral de muerte”, dada la imposibilidad de enfrentar los pagos de deuda. Como dijimos, al carecer de soberanía plena, no puede pedir crédito en el mercado internacional. Tampoco devaluar, con el intento de conseguir aire por la reducción salarial y aumentar exportaciones (aunque probablemente esa medida tampoco serviría demasiado). Podría estafar a sus acreedores, en tanto una buena parte de la deuda está en manos de ahorristas locales, pero eso lo colocaría ante litigios con los “buitres” y otros animales por el estilo, dificultando nuevas emisiones. Por su parte, el gobierno de Obama no tiene intención de efectuar un rescate (salvo pedidos aislados de Hillary Clinton), dado que la isla parece ser más una carga financiera que una fuente de ingresos. Por si todo esto fuera poco, Puerto Rico no cuenta con la posibilidad legal de declarar la quiebra como tienen permitidos los municipios, como ocurrió con Detroit en 2013. Eso le permitiría tener cobertura frente a los acreedores y, más importante aun, reestructurar la deuda. Esta opción está expresamente prohibida para los estados, a pesar de las presiones de los representantes del ELA para conseguir una reforma. En esta situación, la perspectiva que se plantea parece ser una remake más furiosa de la salida Terminator. En 2009, con un rojo fiscal de 60.000 millones, Schwarzenegger implementó un plan de ajuste para el estado de California que implicó una drástica reducción del gasto a partir de recortes salariales, en dependencias públicas y un incremento sostenido de los impuestos. Las voces de los representantes del capital apuntan en ese sentido: funcionarios del FMI, con Krueger a la cabeza, aconsejan una renegociación de los plazos de pago seguido por un plan de ajuste que implicaría “bajar el costo de operación” para las empresas. Es decir, reducir las vacaciones pagas y los premios, y el salario por debajo del mínimo legal de los EEUU. En términos sencillos, la cuestión es generar un “ambiente propicio” para la inversión. Hasta economistas “progres” como Krugman abogan por esa salida, sosteniendo la idea común en los análisis económicos sobre la isla que indican que las transferencias del continente desestimulan la búsqueda de empleos (en criollo, “les dan plata para mantener vagos”, por si le suena el argumento). Esta flexibilización se completaría con fuertes recortes del gasto, entre otras cosas mediante el cierre de escuelas y despido de empleados, recortando beneficios de la salud y la universidad, e incrementando la presión impositiva.
El caso de Puerto Rico, como tantos otros, evidencia lo único que puede ofrecer el capital y sus representantes de cualquier signo político: más ajuste y peores condiciones de vida para los trabajadores.
Notas
[i]Ver Magro, Bruno: “Final burbujeante”, El Aromo, nº 85, 2015; Grimaldi, Nicolás: “El gobierno de Maduro en la recta final” y “El ajuste y la crisis política de Dilma”, en El Aromo, nº 84, 2015; y Bil, Damián: “Keynesianismo sin renta”, en El Aromo, nº 83, 2015.
[ii]Clarín, 4/8/2015, http://goo.gl/I4AdXV; y CNN, 3/8/2015; http://goo.gl/jV5cAc.
[iii]Datos de los sitios de CIA Factbook, Banco Gubernamental de Fomento (BGF), CEPAL, Banco Mundial, U.S. Census Bureau y Bureau of Labor Statistics.
[iv]BBC, 23/10/2013; http://goo.gl/1eM3zq.
[v]Ayala, César y Bernabé, Rafael: Puerto Rico in the American Century, U. of North Carolina, 2007.
[vi]Información de BGF, http://goo.gl/ph3yzY.
[vii]Para los ’70, ver Collins, Susan et al: The economy of Puerto Rico, Brooking, Washington, 2006.
Para 2001-15, comparación de ganancia promedio por hora de obrero manufacturero en Puerto Rico con homólogo de los estados de California, Texas, Illinois, Ohio, Carolina del Norte, Indiana y Michigan. Elaboración propia en base a BLS.
