El problema de las tarifas acaba de mostrar la profundidad de la crisis que atraviesa el capitalismo argentino, las mentiras del relato kirchnerista y la ingenuidad de la utopía macrista. Pero, sobre todo, la imperiosa necesidad de que los trabajadores tomen el problema en sus manos, dirijan una salida en su beneficio y dejen de confiar en direcciones ajenas.
¿Qué es lo que se discute realmente cuando hablamos de tarifas o de precios? El “valor” de nuestro salario. Los servicios son un componente esencial y fijo (no podemos elegir si lo usamos o no) de nuestros gastos. Si todo aumenta y nuestro salario no sigue el ritmo, crece la ganancia empresarial a costa de nuestro sueldo. Toda la cuestión, para cualquier gobierno burgués, es manejar esas variables de tal forma de bajar el “costo laboral” hasta donde se pueda.
Macri creyó que el núcleo del embrollo económico se resolvía simplemente ordenando variables que aparecían “desordenadas”: fundamentalmente, el déficit fiscal, la madre de todas las batallas. Cuando va por este punto, se encuentra con el agujero más grande de todos: los subsidios a las empresas de servicios. Cuando quiere eliminarlos, se da cuenta de la magnitud del problema: la gran mayoría de la población no puede pagar las tarifas que corresponderían normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que los salarios y la asistencia social, en la Argentina, son tan bajos que la clase obrera no puede pagar los servicios esenciales. Que las condiciones de vida, después de doce años de kirchnerismo, son tan miserables que cualquier sinceramiento amenaza con dejar a los trabajadores en la indigencia y a la pequeña burguesía en la pobreza. Veamos un poco cómo llegamos hasta acá.
Duhalde y Néstor heredaron el mismo problema que Mauricio. En ese momento, eran tarifas bajas en pesos, pero con un seguro de cambio a dólares (también baratos), respaldado por el Estado (Convertibilidad), que estalló con la devaluación. En ese estallido, las empresas pedían volver a dolarizar sus tarifas, para asegurar el ritmo de sus ganancias. Eso implicaba una presión para la “dolarización” de los salarios. Es decir, colocarlos a la altura de lo que debían pagar. Pero eso significaba que la burguesía perdería la ventaja que le daba la devaluación: licuar los salarios en dólares. O sea, una de las llaves de la salida de la crisis. Lo que caracterizó al kirchnerismo es la forma en que se las ingenió para evitar la escalada salarial, sin disminuir las ganancias de las empresas de servicios. ¿Cómo? Veamos.
Se congelaron las tarifas, creando así un tope al reclamo de aumento salarial. Ese tope operó para todas las empresas, sean o no de servicios. Todos los empresarios se beneficiaron de ese congelamiento por dos vías. 1. Porque los salarios no aumentaron, por lo menos en la parte necesaria para hacer posible el pago de los servicios. 2. Porque también se congelaron las de las empresas. ¿Y las empresas de servicios? ¿No fueron perjudicadas? Para nada. Para ellas no hubo ningún congelamiento. La diferencia entre lo que cobraban al público y lo que querían cobrar, la cubría el Estado mediante….sí, los subsidios. En conclusión: lo único que se “congeló” fueron los salarios.
¿De cuánta plata estamos hablando? En doce años: 85.618 millones de dólares, sin contar los subsidios al agua. Son 7.134 millones de dólares por año. Nada menos. ¿Y de dónde salía toda esa plata? De nosotros, ¿de quién más? Al principio lo sacaron de la renta agraria (que sale del trabajo de todos los obreros del mundo, incluyendo a los argentinos) y de los impuestos al consumo (IVA) que, como se sabe, lo pagan básicamente los obreros. Después, de la ANSES (o sea, de los obreros jubilados), del BCRA (de deuda que pagarán los futuros obreros) y de las cajas de las obras sociales (que son descuentos realizados a los obreros). Finalmente, de nuestro salario (impuesto a las ganancias) y donde más duele: la inflación (otra vez, nuestros salarios).
Es decir, el kirchnerismo usó la renta y los recursos estatales (“recursos” obreros, en ambos casos) para mantener las tasas de explotación del menemismo sin que estallara todo. Cuando eso se le acabó, comenzó a usar la válvula de la inflación. El resultado es eso que dijimos al principio: condiciones de vida miserables que convierten lo que debiera ser un gasto corriente y la condición elemental de cualquier familia (gas, luz y agua) en un lujo inaccesible. O sea, usaron nuestra plata para mantener un esquema que en el mejor de los casos nos dejó donde estábamos en 2001 y, en el peor, nos africanizó.
Macri tiene un plan sumamente ambicioso (para los capitalistas): sincerar todo. Que quien no pueda pagar, no pague. A quien se le vaya la mitad de su salario en servicios, que reduzca su nivel de vida y punto. Esa es la idea: reducir el nivel de vida general de la clase obrera argentina. Cambiar los estándares considerados “normales”. Acostumbrar a los trabajadores a una vida más cercana al Sudeste Asiático. Si no peleamos, vienen por eso.
El plan de Macri genera, incluso, resistencia en la propia burguesía. El sinceramiento no solo disparará una puja salarial, sino que llevará a la quiebra a empresas usuarias que vivían del Estado. Son los que piden volver al esquema kirchnerista, al que divinizan, o a una forma intermedia. Son los radicales, el massismo, el PJ y todo el arco kirchnerista que se opone al tarifazo solo para dejar todo como está. Queda claro que es otra forma de empobrecernos y de usar nuestra plata para financiar parásitos que no tienen nada bueno para ofrecernos.
Si el esquema de subsidios está caduco y el Estado no tiene fondos, la clase obrera no es responsable y no tiene por qué pagar. El tarifazo tiene que anularse. Si quieren aumentar algo, que lo incorporen inmediatamente al salario de todos los trabajadores registrados, no registrados y desocupados. En realidad, hay que abolir todos los impuestos que pesan sobre el salario y sobre el consumo, porque esa es otra forma de financiamiento que no se puede permitir. La plata que el gobierno dice que no tiene, debe salir de los impuestos al capital: a las grandes fortunas, a la renta agraria y a todas las ganancias empresariales.
Las empresas de servicios públicos deben pasar al Estado, sin indemnización alguna, y tienen que ser controladas por los trabajadores. Es la población obrera en su conjunto la que tiene que trazar un plan de obras públicas para aumentar la capacidad de generación de electricidad, gas y distribución de agua para todos. Según nuestras necesidades y no según la ganancia.
Si las fuerzas de izquierda, los sindicatos combativos, las comisiones internas quieren obligar a la CGT a llamar a un paro nacional y a un plan de lucha, tienen que golpear con más fuerza. Hay que programar un plan de lucha y construir una coordinación política que permita concentrar los esfuerzos y exhibir una posición común con la que salir a la batalla.
No al tarifazo
Por un paro nacional
Por la reapertura de paritarias
Por la estatización de las empresas de servicios bajo control de los trabajadores
Por un Plan de Lucha y una coordinadora política
Razón y Revolución
