La crisis mundial ya puso un pie en la política de América Latina. Estamos ante un anticipo del derrumbe de los “retornos” (Alberto, Arce, ¿PT?), que no llegan después de los levantamientos y las estabilizaciones, sino que deben sufrir los primeros y probar suerte con las segundas. La intervención de la clase obrera, luego del reflujo a la que fue sometida por los gobiernos bonapartistas, dio un nuevo paso: Venezuela, Chile y Bolivia y, ahora, Perú. A diferencia de los dos primeros, en Perú la crisis derribó al gobierno. A diferencia del tercero, las masas rechazaron la solución impuesta por la burguesía (Merino/Añez). La clase obrera peruana se debate en la consigna QSVT. La izquierda, más conservadora, quiere redactar una nueva constitución. Es una gran oportunidad para discutir la profundidad del derrumbe y la posibilidad de una salida socialista.
Por estas horas, lo que parecía ser la retirada de Vizcarra y el inicio del comienzo de la presidencia de Manuel Merino, en Perú (hace menos de una semana), terminó con la clase obrera llevándose puesto a este último. ¿Qué pasó en Perú para que nos haga rememorar a la sucesiva caída de presidentes durante el Argentinazo?
Luego de la destitución de Kuczynski, en 2018, asumió Manuel Vizcarra, que se encontraba en Canadá. El 20 de noviembre de este año, Vizcarra fue destituido por el Congreso Nacional, a través de un pedido de vacancia. En realidad, Vizcarra había afrontado un proceso similar en septiembre, cuando se lo acusó de haber realizado pagos irregulares al cantante Richard Cisneros, para que realizará “charlas motivacionales” en el Ministerio de Cultura. Entre otras pruebas, se aportaron audios donde Vizcarra pedía a sus secretarias que oculten información respecto a los encuentros que había tenido con el cantante. En aquel entonces, el Congreso Nacional no alcanzó los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia de un Presidente.
Sin embargo, un mes y medio después, se aprobó su destitución, pero esta vez por otra causa vinculada a los coletazos del caso Odebretch. La gigante constructora brasilera, es conocida por las tramas de corrupción con la obra pública que estableció en casi toda América del Sur, siendo una de las causas por las que cayó en desgracia Lula. En Perú, existió lo que se conoció como “el Club de la Construcción” donde diferentes empresas vinculadas a ese negocio arreglaban con el gobierno quién ganaba una licitación determinada. La empresa que era acordada como la ganadora, se hacía cargo del paso de los sobornos a los funcionarios y de “indemnizar” al resto de las empresas. En el caso de Vizcarra, se lo acusa de haber recibido 600 mil dólares para adjudicar las obras de Las Lomas de Ilo, un proyecto de irrigación, y el Hospital Regional de Moquegua, todo esto cuando era gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Las empresas beneficiarias, habrían sido ICCGSA-Incot, por la construcción del hospital, y la empresa Obrainsa, por las Lomas de Ilo.
Por este motivo, por un total de 105 votos a favor, 19 en contra (todos del Partido Morado), y 4 abstenciones, Vizcarra fue destituido de su cargo el pasado 10 de noviembre. Esto no se trata de una novedad en el Perú. El propio Martin Vizcarra estaba reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski, quien había asumida la presidencia en 2016 habiendo sacado solo 21% de los votos, perdiendo frente a Keiko Fujimori, aunque en la segunda vuelta, Kuczynski logró capitalizar los votos para evitar el retorno del fujimorismo y se impuso por apenas 40 mil votos. Sin embargo, en 2017 se conoció que dos empresas de asesoría financiera vinculadas a Kuczynski, habían recibido cerca de 4 millones de dólares por distintos contratos con la firma Odebretch entre 2005 y 2017. Kuczynski logró evitar el primer intento de vacancia a fines del 2017, aunque se desató un escándalo debido a que Keiko Fujimori reveló videos donde se veía a su hermano Kenji Fujimori intentando comprar votos para impedir el pedido de vacancia contra el presidente. Kenji y otros 9 diputados del bloque se abstuvieron y se evitó la destitución de Kuczynski. Kenji terminó renunciando al partido fujimorista Fuerza Popular, quedando en manos de su hermana Keiko. A los pocos días, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori para la navidad de ese año. Esto derivó en que se desaten movilizaciones masivas en Perú, donde surgió la consigna “Que se vayan todos” obligando a Kuczynski a renunciar en marzo del 2018, antes de enfrentar un nuevo proceso de vacancia.
En ese marco, asumió Martín Vizcarra, que seguía en la sucesión a Kuczynski, desempeñándose como vicepresidente y como embajador en Canadá. Durante su mandato continuó afrontando movilizaciones, donde se continuaba levantando la consigna “Que se vayan todos” y se pedía el cierre del Congreso. Este procedimiento se encuentra presente en la Constitución, y permite al Presidente cerrar el Congreso Nacional si este le rechaza dos gabinetes ministeriales. Vizcarra buscó presentarse como el purgador de la política peruana, buscó adelantar las elecciones presidenciales del 2021 al 2020, cosa que no logró, aunque sí pudo convocar a elecciones parlamentarias extraordinarias en enero pasado, para modificar la totalidad de las 130 congresistas, e impedir su reelección permanente. Aquella elección, dio ganador a Acción Popular con el 10% de los votos, cayendo en desgracia el partido de Keiko Fujimori, que perdió 39 escaños.
Una vez instalado el Congreso se eligió al presidente del mismo, siendo elegido Manuel Merino quien había ingresado al Congreso con solo 5.000 votos. La crisis económica y social se vio agravada este año producto de la pandemia. Por ejemplo, Perú no pudo prácticamente hacer cuarentena debido al alto grado de informalidad laboral que registra, lo que llevó a más de un millón de contagios y más de 30 mil muertos. Todo esto, sumado a la profundización de la crisis política con los casos de corrupción que salpicaron a Vizcarra, terminaron en la caída del presidente.
No obstante, la asunción de Merino no aplacó la situación. Las movilizaciones en las calles se volvieron multitudinarias. Algunas, en apoyo a Vizcarra. Otras, muchas, rechazando al conjunto de la política peruana y exigiendo la renuncia de todos. La respuesta del gobierno fue la brutal represión, arrojando, hasta el momento, el saldo de dos muertos. Un adolescente de 24 años de nombre Jack Pintado, y un estudiante de turismo llamado Inti Sotelo. Se informa también la existencia de más de 100 heridos, 4 de ellos de gravedad, de 40 manifestantes se desconoce su paradero, mientras que las movilizaciones y la represión continúan. Por este motivo, ya han renunciado entre 13 y 16 de los 18 ministros de Merino, y el Congreso se iba a reunir para discutir un nuevo pedido de vacancia, esta vez contra el propio Merino. Incluso, el ahora Presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez de Alianza Para el Progreso, le había pedido que renuncie antes de ser destituido.
Finalmente, Merino terminó renunciando en horas del mediodía, y ahora se abre el debate respecto a la sucesión. De urgencia, el Congreso se ha convocado esta tarde para discutir la elección de un nuevo presidente interino, en una sesión que se especula con que dure cerca de 6 horas. Por ahora, los favoritos para ser electos, son los miembros del Partido Morado, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra. Cualquier miembro del Partido Morado daría con el perfil, ya que se trata de una organización creada en 2016, que buscaba mostrarse con un perfil más “independiente”. Lo cierto es que con “perfiles” la crisis no se resuelve.
En Perú no existen los partidos de masas. Ni la burguesía ni la clase obrera han podido mantener los viejos o crear nuevos. El tradicional partido, el APRA, se ha visto seriamente disminuido en las últimas décadas, dejando ya de tener representación parlamentaria. Por ese motivo, asistimos a la creación constante de agrupaciones nuevas y de índole muy personalistas.
Por ejemplo, el partido de Kuczynski se llama “Peruanos Por el Kambio” creado recién en 2014 para ganar las elecciones y llevando sus iniciales (PPK). El partido de Ollanta Humala, el ex Presidente, llamado Movimiento Nacionalista Peruano, se creó en el 2003 por su padre, Isaac Humala, y luego le heredó el liderazgo su hijo Ollanta. Incluso, la prensa del partido, se llamó Ollanta y luego cambió su nombre a Antauro, como se llama su hermano. Antauro está detenido por protagonizar un levantamiento militar, y Ollanta se enfrenta a un juicio por lavado de dinero que lo podría meter 25 años en la cárcel. A este personalismo, se le suman que se constituyen alianzas electorales que se rompen ni bien ingresan en el Congreso.
Al no poder sustentar su poder en organizaciones estables, los últimos presidentes buscaron apelar constantemente a las masas, como base de maniobra. Suben despotricando contra la “clase política” y anunciando el “fin de la corrupción”, pero al poco tiempo, todo eso se derrumba. Por eso, a pesar de haber renovado el Congreso en su totalidad, y de pretender modificar la Constitución para eliminar la inmunidad parlamentaria, el nuevo Poder Legislativo quedó nuevamente en manos de congresales vinculados a causas de corrupción. Así, Perú vive en una crisis constante donde el “Que se vayan todos” va a explotando gradualmente, año a año, presidencia tras presidencia. Con Merino, ya son tres presidentes destituidos en 2 años y medio.
A diferencia de lo que sucedió con Evo y Dilma, el kirchnerismo no denunció la existencia de un golpe de Estado, a pesar de tener muchas similitudes con las caídas de los gobiernos mencionados. Si bien Página 12 hizo alusión a la llegada de la “derecha” al gobierno peruano, los comparó con las caídas de Dilma y Lugo y llegó a coquetear con la idea de “golpe de Estado”, no terminó por definirlo de esa forma. Oficialmente, el Canciller Felipe Solá, habló de “inestabilidad política”, sin defender ni al Parlamento ni a Vizcarra. Claro está, Vizcarra no es un “progre” alineado con Alberto y Cristina, como si lo eran Evo o Dilma, lo cual muestra a las claras que las denuncias de golpe responden a las necesidades de las alianzas políticas.
Dentro del campo del troskismo, el PO (T) picó en punta con la vieja cantinela del “golpe de Estado”, poniéndose del lado de Vizcarra. Se trataría esta vez de un “golpe preventivo”, para evitar una experiencia como la chilena. Sin embargo, en 2018, el propio Altamira había levantado la consigna “Perú: Que se vayan todos” ante la crisis de Kuczynski y denunciando a Vizcarra como parte del entramado de la corrupción. Es decir, se cambia de acuerdo a cómo sople el viento. El propio Vizcarra levantó la consigna del golpe, y de esa forma ahora, el régimen buscará saldar su crisis colocando como Presidente a uno de los 9 que no votaron por la destitución.
El Partido Obrero, primero replicó la declaración de la Agrupación Vilcapaza del 10 de noviembre, donde se denunciaba una pelea entre dos mafias, y proponía convocar a un “encuentro de trabajadores” y organizar un plan de lucha, aunque los objetivos del mismo son principalmente de mejores materiales, sin proponerse un horizonte político.
Sin embargo, en las vísperas de la renuncia de Merino, el PO sacó una declaración donde sostenían que estábamos frente a (sí, adivinó) un “golpe de Estado”. En realidad, frente a un “nuevo golpe”, ya que sostienen que el propio Vizcarra asumió producto de un golpe a Kuczynski, algo que no habían dicho en aquel entonces. O sea, corrigen su caracterización de hace dos años, sin explicar por qué. Lo que omiten decir es que como Kuczynski no era kirchnerista, no lo defendieron. A pesar de esto, el PO llama a no movilizar detrás de ninguno de los dos sectores, y a imponer la consigna de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Mientras la clase obrera está iniciando un proceso de ruptura con el régimen burgués, el PO oficial les propone volver a él. Como saben que en Chile se equivocaron, ahora dicen que hay que evitar que esa Constituyente sea “institucionalizada”. ¿Y cómo? Siendo convocada por un “gobierno obrero”. O sea, primero hacemos la revolución y luego convocamos a la Constituyente (lo que es pedirle al Estado obrero que entregue el poder al enemigo). Como eso es una verdadera locura, lanzan una tercera medida: un “congreso de bases de la CGTP y de todos los sindicatos y del movimiento obrero y explotados” para luchar por cuestiones netamente sindicales para pedir reformas sindicales en medio de una crisis política. Claro, el problema es que la CGTP es una central obrera cuya dirección apoyó la destitución de Vizcarra (o sea “el golpe”). Como vemos, se lanzan consignas de todo tipo e hasta incompatibles entre sí, con la idea de que tal vez alguna acierte.
El PO se mueve por puro impresionismo y oportunismo. No denunció golpe en su momento a Kuczynski, y tampoco lo había hecho ahora con Vizcarra. Lo hace solo porque buena parte de las masas en la calle lo están haciendo, y por eso levanta esa caracterización. Lo cierto es que Vizcarra cae como producto de la descomposición del régimen política peruano, y Merino por la movilización popular. Si fue un golpe, hay que reprimir a los “golpistas”. O sea, a las masas movilizadas.
El PTS, IS, y el NMAS no señalaron la existencia de un golpe de Estado, pero no por acierto, sino simplemente porque Vizcarra no es parte de la alianza de Cristina, Evo y Lula. Basta que Cristina diga “golpe”, para que en particular el PTS y el NMAS repitan sin chistar. Ahora bien, como salida proponen, otra vez, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para modificar la Constitución del ´93. Es decir, nos proponen seguir el camino de Chile…
No se puede canalizar la movilización por una vía institucional, que hasta el propio Vizcarra podría llegar a reivindicar, de hecho impulsó referendos constitucionales durante su mandato. La intervención de la clase obrera tiene que ser independiente y política, no solo sindical. En primer lugar, es necesario llamar a la conformación de comités obrero en cada ciudad donde se están desarrollando movilizaciones. En segundo lugar, esos comités tienen que comenzar a vincularse unos con otros, organizando la lucha de conjunto. En tercer lugar, esos procesos tienen que convergir en una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que le dispute políticamente el poder a la burguesía. Si el Parlamento burgués está siendo rechazado en las calles, hay que construir un Parlamento obrero, que se proponga expropiar política y económicamente al conjunto de la burguesía.
La necesidad de una intervención de este estilo es imperiosa. Chile ha mostrado la capacidad que tiene la burguesía para asumir ciertos reclamos e incluirlos como conquistas sociales dentro de los límites de la política burguesa, como lo hizo con el reclamo por una nueva Constitución. Y eso, tarde o temprano, deriva en la liquidación del movimiento y en la emergencia de líderes del tipo bonapartistas. Ya lo vivimos en Argentina con el ascenso del kirchnerismo. La consigna QSVT es que no gobierne nadie. Y nadie significa, tarde o temprano, ellos. Por eso, ni ellos, ni nadie: nosotros.
Ni elecciones ni Constituyente. Por una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en Perú
Razón y Revolución
