Por Romina De Luca y Julia Deyme
Basta ver las denuncias en los medios de comunicación y en las redes para tener alguna idea de lo mal que funcionan las obras sociales de los docentes. Como muestra basta un botón. En marzo, los trabajadores de OSPLAD -Obra Social para la Actividad Docente- denunciaban la falta de pago de sus salarios. Hay que destacar que la obra social se encuentra administrada por CTERA, AMET y SAEOEP. Los trabajadores denunciaban que la crisis de la obra social se cocinaba hacía veinte años.[i] En el mes de mayo, los docentes entrerrianos denunciaban que la mutual había recortado las internaciones y los servicios funcionaban de manera intermitente.[ii] En agosto, sus trabajadores realizaron una retención de tareas porque denunciaban, además, la pérdida de poder adquisitivo del salario de un 50%. En septiembre, la obra social entró en concurso de acreedores. Pero lo cierto es que los problemas en la cobertura y el mal servicio no es privativo de OSPLAD. Los docentes reemplazantes santafesinos pueden afiliar a su grupo familiar luego de percibir su primer haber. Imagine lo que implica para una jefa de hogar con hijos a cargo. En agosto, SADOP denunciaba la falta de cobertura de las obras sociales de los docentes por parte de las patronales de distintas escuelas privadas. De las miles de denuncias que acumula IOMA, muchas de ellas impulsadas por la Comisión “IOMA Abandonó a Gaby” solo diremos una: en 2019 el mismo frente gremial tuvo que hacerlo por no entregar medicación oncológica. Algunas de esas denuncias las cubrimos en estas páginas El “plus médico” aparece en el tope de las denuncias de los docentes chaqueños, tal como describimos en una nota anterior. Los docentes afiliados a OSP denunciaban que, a una obra social con escasa cobertura y nutridos coseguros, se agregaba el desamparo de las personas con discapacidad por las nulas coberturas. En sintonía, esa obra social, durante la pandemia, se negó a cubrir las docentes de apoyo a la inclusión.[iii] También en plena pandemia, los sanatorios de Concordia suspendieron la prestación de IOSPER, por dar un solo ejemplo.[iv] En otra oportunidad, relevamos los problemas de esta obra social. Frente a la desregulación de OBSBA miles de docentes prefirieron derivar sus aportes a una prepaga, aunque la obra social retenga el 3% de los salarios de forma cautiva, lo que habla del servicio de la prestadora. Los ejemplos extraídos de notas periodísticas podrían multiplicarse al hartazgo.
Frente a este cuadro que se repite a lo largo y ancho del país, decidimos confeccionar una encuesta a los docentes sobre el funcionamiento de sus obras sociales. La encuesta se realizó entre los meses de julio y agosto, de forma online, y nos permitió conocer la opinión de cientos de docentes. La muestra alcanzó a 322 docentes que nos hicieron llegar sus pareceres revelando distintos aspectos vinculados al cuidado de la salud docente y del grupo familiar. También dejaron toda una serie de comentarios significativos que incorporaremos también en esta nota. Del universo de participantes, casi un tercio (105 encuestados) cuentan con IOMA (Buenos Aires), otros 13 con OBSBA (CABA), 81 con IOSPER (Entre Ríos), 30 con IPS (Misiones), 9 con IPROSS (Río Negro), 9 con IAOPOS (Santa Fe), entre otras. En otros números, nos ocuparemos del detalle por provincia. Agregamos que el 38% de los encuestados tiene entre 30 y 40 años y otro 31% entre 40 y 50 años. Además, el 55% tiene hijos a cargo y casi el 30% tiene un familiar con algún problema de salud crónico. Más de la mitad posee a sus familiares a cargo en su obra social, la abrumadora mayoría (85%) atiende a sus hijos mientras un 12% también incluyó a su conyugue. El 75% de las encuestadas son mujeres.
En primer lugar, buscamos conocer si al momento de realizar la encuesta registraban haber padecido, en el último año, alguna de las enfermedades laborales más comunes. El 56% manifestó que sí. En esos casos, se impone, en primer lugar, patologías asociadas con el stress (sumado a problemas de la voz y respiratorios, centralmente) en el 56% de los casos. En segundo lugar, casi un 28% de los encuestados, manifestó haber sufrido problemas digestivos, un 17% problemas respiratorios y otro 10% enfermedades de la voz. En la amplia mayoría de los casos, esas enfermedades coexistían con otras, apareciendo combinadas muy frecuentemente con problemas osteoarticulares. Además, un 54% de los docentes manifestó haberse atendido en el último año por patologías directamente asociadas con su trabajo mostrando síntomas de burnout: inquietud, insomnio, angustia, nerviosismo, fatiga, cansancio asociado al trabajo.
Los números del problema
Veamos ahora algunos indicadores generales que muestran cómo perciben los docentes la atención de su obra social. En primer lugar, su funcionamiento. Casi el 70% de los docentes encuestados consideran que su obra social es regular (44%) o pésima (25%). El 60% entiende que no existe una cobertura adecuada de prestadores y clínicas. Además, casi el 76% manifestó que su obra social fija coseguros, copagos o “pluses” en todas (26%) o en la mayoría (casi el 50%) de las prácticas. Al consultarles si conocían si esos copagos eran superiores a los fijados por ley, el 76% respondió afirmativamente. Sin embargo, solo el 12% hizo la denuncia por considerar que era demasiado engorroso el trámite, por falta de tiempo para hacerlo, por no contar con la factura de la prestación (requisito necesario para la denuncia), por temor a represalias, porque no supo dónde denunciar y la obra social no le brindó asesoramiento alguno, por no contar con especialistas alternativos o, sencillamente, para no demorar la atención médica necesaria.
Siendo esos los aspectos más generales, conviene ver ahora cómo responde la obra social en el día a día. El 55% de los encuestados dijeron que su obra social tenía límites a la cantidad de consultas y chequeos autorizados por año. Un tercio de los docentes (105 encuestados) manifestaron desconocer esa información, lo que habla de la falta de información que brinda la obra social a sus nuevos afiliados. En sintonía con ese diagnóstico, los encuestados dijeron sería de utilidad contar con un manual que indicara claramente sus derechos. A su vez, el 69% de los docentes encuentra que su obra social limita la cantidad de consultas y prácticas médicas mensuales. Pese a que el 55% de los encuestados tiene hijos a cargos, el 65% no saben si su obra social le permite dos consultas pediátricas por mes, pero de los que sí saben, el 42% afirmó que su obra social solo le permite, en forma gratuita, una consulta pediátrica mensual. En lo que refiere al acceso a atención de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos u otros profesionales para diagnóstico y acompañamiento escolar, el 60% de los encuestados sostuvo que su obra social le cubre apenas el 40% de los tratamientos, otro 15% agregó que su obra social le cubría hasta la mitad del tratamiento o de las consultas.
Además, el 55% de los encuestados expresó limitaciones a la hora de realizar sus tratamientos, en tanto, su obra social emplea una lista de los medicamentos a recetar con cobertura. Esto explica, y de ningún modo justifica, las delaciones de las obras sociales a la hora de autorizar recetas o tratamientos que si bien se han demostrado efectivos se cercenan, o por ser costosos o por no estar en la lista de los incluidos. La cronicidad tampoco da garantía de cobertura: el 34% de los encuestados dijo que su obra social le cubre menos del 40% de sus medicamentos y otro 27% que le cubre el 40%. Medicamentos crónicos al 100% manifestó tener apenas el 12% de los docentes. En relación a las demoras en la autorización de medicamentos o insumos para enfermedades crónicas, el 28% manifestó que la demora oscila entre 24 y 72hs, un 8% sostuvo que las demoras oscilaban entre 7 y 10 días, un 6% entre 15 y 30 días y otro 8% más de 30 días. Sin embargo, una amplia cantidad de docentes (46%) sencillamente lo desconocían.
Como si eso fuera poco, el 26% de los entrevistados manifestó que no contaba con un médico de cabecera cercano a su domicilio y un tercio de los encuestados no sabía si contaba o no con tal posibilidad. El 36% no cuenta con atención médica a domicilio y el 43% desconoce si su obra social le cubre tal práctica. En lo que refiere a turnos, el 41% manifestó que demoran entre una semana y 15 días, un 25% entre 15 y 30 días, un 16% más de un mes mientras que otro 17% no sabía la demora posible. Además, frente a una urgencia atendida por guardia, el 56% de los encuestados no podrá justificar esa ausencia como licencia médica. Como si eso fuera poco, un tercio de las obras sociales no cuentan con cobertura de emergencias médicas y el 38% de los docentes que respondieron la encuesta no sabían si su obra social les proporcionaba tal cobertura. De los que sí tienen esa prestación, un cuarto manifestó que la demora promedio de espera para una ambulancia era de entre una y dos horas; mientras que para un 23% esa espera trepó a más de 5 horas, un 21% dijo que la demora promedio fue de una hora y otro 19% entre 2 y 3 horas. En lo que refiere a la atención interjurisdiccional, la mayoría de los docentes (61%) no sabe si su obra social cubre ese requisito que puede ser más común de lo que uno imagina si se considera la cantidad de docentes que trabajan en zonas de fronteras provinciales o frente a un caso de complejidad que requiera derivación. De los que sí sabían sobre ese aspecto (126 encuestados en total), el 67% afirma tener cobertura y un tercio no contar con tal posibilidad. Consultados sobre si su obra social demora en la autorización de prácticas oncológicas (medicación, tratamientos) la amplia mayoría no sabía (73%) pero de los que sí contaban con información el 85% manifestó haber sufrido demoras en las autorizaciones. No hay que recordar aquí la larga lista de pacientes oncológicos fallecidos por tardanzas que tienen esa consecuencia: la muerte.
En lo que respecta a la atención odontológica, todos los encuestados manifestaron límites en la cobertura gratuita: no se cubren fundas, pernos, coronas, tratamientos de ortodoncia, implantes, limpiezas estéticas, periodoncia, entre otras prácticas. Si lo pensamos se trata de tratamientos necesarios que hacen a la salud integral del docente pero que deberán costear de su bolsillo.
En lo que respecta a la atención psicológica -recordemos que hoy la docencia es una profesión de alto stress laboral- el 18% de los encuestados manifestó que su obra social no le cubría atención psicológica. El 48% manifestó contar con cobertura, pero a la mayoría de esos (54%) le cubrían gratuitamente apenas 8 sesiones. No extraña que muchos concluyeran que era necesario ampliar tal atención.
Las voces detrás de los fríos números
Esos números se traducen en cientos de voces. “Los tratamientos psicológicos deberían ser más amplios y sin topes”; “le pagan con atraso a los profesionales por eso debemos cubrirlos de nuestro bolsillo”, “hay un destrato hacia los afiliados”; “las coberturas disminuyen notablemente”, “de qué sirve que cubran un ibuprofeno que cuesta 100$ si no cubren medicamentos más costosos”, “hay demoras y falta de cobertura completa en los tratamientos de fertilidad”, “no existen psiquiatras infantiles en la cartilla”, “poder elegir obra social, que no sea cautiva”, “los coseguros son excesivos”, “me cuesta conseguir turnos por los horarios laborales”, “algunas respuestas depende de la localidad donde vos residas”, “mi madre afiliada a IOMA falleció de cáncer (…) aprobaron la prestación y mi madre había fallecido dos días antes”, “nunca cubrió mi medicación para hipertiroidismo y nunca me reintegró el dinero de algunas prestaciones por eso no las presenté más”, “todo un año buscando Acompañante Terapéutico para mi hija con discapacidad”, “la obra social no recibe las denuncias por mala atención”, “no cumplen con el plan infantil”, “no hay especialistas pediátricos”, “todas las atenciones con especialistas se deben realizar a 300km”. Pero también hilvanan una serie de propuestas: “necesitamos una cartilla más amplia”, “necesitamos una obra social que se pueda usar en otras provincias” , “hay que acortar los tiempos de autorizaciones, hay enfermedades que no van con los plazos burocráticos establecidos” , “debería haber un sanatorio propio por cada localidad con más de 30.000 habitantes”, “nacionalización del sistema de salud”. Como vemos, la mayoría de los docentes padece su obra social, sufrimiento que se une al de la enfermedad o a la prevención de ellas. Muchos también saben qué necesitarían y trazan un camino hacia adelante. De alguna manera, reconocen que este sistema prioriza la ganancia antes que la vida y, por ende, la salud de los trabajadores no es prioridad. Las obras sociales no pueden funcionar con trabajadores precarizados, salarios de hambre; se necesitan insumos en cantidad y de calidad, un sistema de salud centralizado y bajo control de los trabajadores evitaría buena parte de los problemas aquí descriptos. Problemas que no encuentran solución bajo este sistema social donde solo se atiende a la salud de las buenas ganancias de pocos con enfermedad y sufrimiento evitable para muchos.
[i]Canal Abierto, 6/3/2020. Disponible en: https://canalabierto.com.ar/2020/03/06/la-ctera-no-le-paga-a-los-trabajadores-de-su-obra-social/
[ii]El Once, 22/5/2020. Disponible en: https://www.elonce.com/secciones/parana/626779-docentes-preocupados-por-la-situacinn-actual-de-la-obra-social-osplad.htm
[iii]Diario El Zonda, 14/7/2020. Disponible en: https://www.diarioelzondasj.com.ar/aumentan-los-reclamos-a-obras-sociales-y-pre-pagas/
[iv]Numerosas notas pueden encontrarse en el archivo de Diario El Sol. Valga de ejemplo: https://diarioelsol.com.ar/tag/obra-social/
