Con la pandemia, el ajuste que venimos sufriendo desde hace años los trabajadores, se profundizó. Los patrones se apuran a descargar la crisis, una vez más, sobre nuestras espaldas. El gobierno planteó una cuarentena, pero no garantiza que los trabajadores la puedan cumplir.
Primero, permitió que la burguesía presionara para flexibilizar la cuarentena. Después, se dedicó a subsidiar las ganancias de las empresas con la plata de la ANSES –o sea, la plata de los jubilados-, mientras deja a los trabajadores librados a su suerte con despidos, recortes salariales, suspensiones y pagos en cuotas. Ni siquiera hace cumplir el DNU antidespidos, allí donde se registraron despidos. Los contratados y precarizados además son echados con solo no renovar un contrato, por lo que no entran en el DNU. Del comienzo de la cuarentena al día de hoy, se calculan ya unos 100 mil despidos. También hay despidos en varios municipios y provincias.
El decreto “antidespidos” del gobierno en realidad habilitó a suspender con recortes salariales. En múltiples gremios se vieron descuentos y suspensiones: lecheros, metalúrgicos, turismo, comercio y la lista sigue. Son casi millón y medio de suspendidos. La burocracia sindical fue cómplice del ajuste. Todo esto fue acordado en el pacto UIA-CGT que fijó suspensiones al 75%, mientras el Estado abonaba el 50% del salario. Incluso, hubo acuerdos peores que el de la CGT, como el de textiles, que acordaron suspensiones al 50%.
Y de la salud ni hablemos. Mientras el gobierno culpa a los trabajadores de la salud por los contagios (los más altos en el mundo), confiesa –como lo dijo Ginés por estos días- que no estaban preparados para la pandemia. Tenemos un sinfín de hospitales desfinanciados, con una crisis de infraestructura, trabajadores mal pagos y precarizados. No hay insumos y elementos de Protección Personal en cantidad ni calidad. En varios distritos ni siquiera se cobró el bono y en algunos hospitales ya se registraron muertes en los trabajadores de la salud, algunas de ellas, por no haber otorgado la licencia por población de riesgo.
Capítulo aparte merecen los desocupados o trabajadores eventuales. El IFE son apenas $10 mil miserables que no representan ni el 25% de la canasta básica. Ni hablar de la prometida ayuda alimentaria que solo cubre 7 u 8 productos. El gobierno obliga a los trabajadores desocupados a romper la cuarentena por hambre. Millones tienen que buscar sustento en las calles. El Estado es responsable y debe inmediatamente garantizar la cuarentena.
Tampoco faltan los retrasos salariales y el pago en cuotas cómodas. Fue el caso de los trabajadores del transporte sostuvieron una huelga en varias provincias del país por salarios adeudados. Parece que su trabajo es esencial, pero el sueldo no. En varios municipios, sobre todo aquellos de provincias del interior que están en números rojos hace rato, ya empezaron a pagar sueldos en dos cuotas. Así pasó con todos los estatales jujeños y en municipios entrerrianos como Concordia. Larreta quiso implementar lo mismo en CABA. No pudo pero congeló los salarios y los ingresos al Estado.
A esta altura, está claro que los patrones están atacándonos sin tregua. Tenemos que rechazar de plano los despidos, suspensiones y recortes salariales. También los subsidios a las patronales. Si los capitalistas no pueden garantizar los salarios y los puestos de trabajo, entonces que las empresas sean estatizadas y puestas a funcionar bajo control de los trabajadores y al servicio de las necesidades sociales. Necesitamos reapertura de paritarias y recomposición salarial. Decimos basta de precarización. También planteamos el subsidio universal a la desocupación.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que luchar. Ya varios compañeros empiezan a levantar la cabeza. Esta Jornada de Lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo tiene que ser un paso más hacia la unidad de ocupados y desocupados, en camino a una gran Asamblea Nacional de Trabajadores. Necesitamos un plan de lucha nacional para que la crisis la paguen los capitalistas.
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