En la reunión con la mesa de trabajadores en lucha, el presidente del CGE, Alberto Galarza planteó que todo el mundo está volviendo a la presencialidad y que, entonces, toda la discusión pasa por discutir las condiciones para hacerlo. Por nuestra parte, le señalamos que un retorno en plena pandemia es un acto criminal. No obstante, el gobierno insiste y afirma que avanza de forma exitosa en asegurar esas condiciones. La primera de ella sería la infraestructura. Como todos sabemos, este es un problema central e histórico. El gobierno pretende resolverlo garantizando en 633 escuelas el correcto suministro de agua, arreglando baños y problemas eléctricos. Ahora bien, eso significa refaccionar apenas el 26% de las instituciones educativas de la provincia. ¿Y el resto, no tienen problemas? Sí los tienen, de hecho, el propio gobierno afirma que “empezaron” a aparecer reclamos por infraestructura en otras escuelas. Lo que pasa es que la Renovación actúa a ciegas: no realizó ningún censo integral de infraestructura y solamente se limitaron a una comunicación entre el CGE y Directivos para ver qué escuela tenía problemas en esos ítems puntuales. Por eso, en lugar de un plan integral de obras, se están llevando adelante parches que no resuelven el problema de fondo.
Cabe preguntarse por qué Galarza elige ese ítem para justificar la vuelta. Muy simple. En todo el país, los gremios afines al gobierno aceptaron que la discusión se colocara en esos términos: las condiciones para un retorno “seguro”. Esto parte de un reconocimiento explícito de que este es el momento para la presencialidad y entonces hay que discutir el cómo. CTERA pretende tranquilizarnos diciendo que va a hacer cumplir el Acuerdo Paritario de 2011, con doce puntos, cuya discusión se inició en 2005, y es más bien letra muerta. No se trata de obviar la crítica situación en materia de infraestructura en todas las escuelas misioneras sino en comprender que no podemos colocar la discusión en el terreno que la propone el gobierno y mostrar la poca credibilidad de nuestros gremios que parecen decir “ahora sí vamos a hacer que se cumplan”.
Ahora bien, ¿cómo sería el supuesto retorno? Bien, el gobierno nos dice que una condición segura sería la vacuna. Estamos de acuerdo, pero agregamos masiva de toda la población respetando los tiempos de inmunización. Bien ¿qué planea hacer el gobierno? Vacunar tan solo a 3.000 agentes educativos que son personas de riesgo. ¿Cuándo? No se sabe, porque no hay vacunas ni fecha de llegada de las mismas a la provincia, ni de inicio de la vacunación. De hecho, Trotta anunció que las 400.000 dosis llegadas ayer se destinarán a los docentes, esto es, con suerte menos de un tercio de la población objetivo con una de las dos dosis necesarias.
En segundo lugar, si bien hubo contradicciones entre el Ministro Sedoff y Galarza, el protocolo que trascendió hasta el momento no tiene nada nuevo. Apenas una postergación de una semana en el inicio del ciclo escolar que pasó al 9 de marzo. Durante los primeros 90 días las clases presenciales no serán obligatorias para estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, pasado este plazo Sedoff afirmó que se retomará una “presencialidad plena”. Entendemos que por plena quiere decir “obligatoria” y que lo de los 90 días de gracia es patear la pelota hacia adelante. En otras palabras, van a experimentar con los estudiantes por 90 días dejando librado a la responsabilidad final de cada tutor enviar a cada estudiante a sus escuelas. Cierto es que la “opcionalidad” libra de culpa y cargo legal al gobierno y la transfiere a las propias familias si algo llegara a ocurrir. Ahora bien, el Ministro Sedoff afirmó que si un curso tiene 32 chicos, esos 32 chicos tendrán clases todos juntos, en un espacio grande, por ejemplo, el salón de actos. En caso de que no se pueda, se realizará el desdoblamiento y un grupo irá una semana mientras otro irá la semana siguiente. Según Galarza “se aprenderá más lentamente”. Eso sí, no piensan designar a más docentes. De hecho las designaciones se encuentran congeladas desde la sanción del Decreto 2.142, en diciembre de 2017. Colega, imagínese que en un solo curso tener que explicar algo en un salón enorme, sin micrófono y con cada alumno a metro y medio o dos metros de distancia. Imposible, no hay garganta que aguante. En caso de que se desdoblen los cursos en dos, el hecho de que un grupo tenga a clases una semana y la siguiente no, implica de hecho que los chicos aprendan menos o que se le encargará al docente que prepare material virtual “extra” para ambos grupos. Ya dijimos, el camino elegido fue “que aprendan menos” y no tienen prurito en decirlo abiertamente. Una conclusión se deprende: la supuesta bimodalidad no es más que una farsa porque no piensan nombrar más cargos docentes para realizar el acompañamiento pedagógico virtual necesario.
Sí hay una certeza: los docentes tendremos que asistir a la escuela, excepto los mayores de 60 años y población de riesgo. ¿Tendrán licencias? Los que consigan el certificado de salud laboral tendrán licencia, los que no, por ejemplo, los mayores de 60 sencillamente continuarán trabajando de forma virtual como lo venían haciendo, arreglándose como puedan. Teniendo en cuenta de que la mayoría utiliza el transporte público ¿Se elaborará una red de transporte seguro? No, sencillamente se “evitarán los horarios pico”. ¿Cómo ingresaran a la escuela los estudiantes? Divididos en pequeños grupos, con intervalos de media hora: secundaria ingresa a las 7, primaria 7:30 e inicial a las 8. Es decir como siempre. Cómo se pretende evitar los horarios pico de circulación en un sistema de transporte que, ya de por sí, carece de la frecuencia necesaria para evitar las aglomeraciones, es un misterio. Para peor, los transportes escolares aumentaron de $4.000/$4.500 a $6.000/$6.5000 mensuales debido a la suba de los combustibles. Esta fuerte suba, consecuencia del ajuste de los Fernández, seguramente repercutirá en que más estudiantes y sus tutores utilizarán el transporte público. Ahora sí, para cumplir con el protocolo, se brindarán alcohol en gel, se utilizarán barbijos de forma obligatoria. O sea: nada. Para “tranquilidad“ de todos, se realizarán testeos periódicos con muestras de entre un 5% y un 10% de la población educativa, una porción muy ínfima y es muy probable que la realidad se lleve puesta esa cifra si se disparan los contagios. Recordemos que hoy la provincia tiene más de 100 casos diarios, que desde los primeros días de enero transita un pico y que, según el parte oficial, solamente el Departamento San Javier hoy está sin casos activos. Empezar a mover masivamente a miles de personas sólo agravará el cuadro.
Como si hasta aquí el lector no tuviera suficiente, veamos el otro crimen que cometieron en 2020. Según el Ministro Sedoff, al menos un 10% de los estudiantes no tuvieron ninguna conexión y por lo menos un 20% se conectaron con menor frecuencia, pero lo hicieron. Una cifra más que baja si consideramos que a nivel nacional se reconoce que más del 40% de los alumnos no tuvieron dispositivos para uso propio y el valor, en una de las provincias más pobres, coincide asombrosamente con la media nacional. Por supuesto, según Sedoff ya están todos estos “desconectados” detectados y volverían a escuela atraídos por sus propios compañeros. Estos chicos irán dos meses a los centros de re-vinculación pedagógico ¿Dónde? En espacios tercerizados: SUM, salones comunitarios, cooperativas, etc. Allí se encontrarán con “acompañantes pedagógicos” que tendrán menos de dos meses para trabajar con estos estudiantes, todo lo que no aprendieron en todo el 2020. Es decir, asistirán a una farsa. A su vez, estos “centros” permanecerán activos durante el resto del año, para aquellos estudiantes que necesiten computadoras y conectividad. La tercerización de infraestructura, el paradigma que instaló el kirchnerismo de la escuela árbol aparece otra vez para salvarle las papas al gobierno. Resulta más barato para el gobierno hacer esto que brindar computadoras y conexión a internet para cada estudiante y docente en su propio hogar.
Al igual que el gobierno Nacional, la Renovación avanza en un crimen contra todos los trabajadores: el retorno a las clases presenciales en plena pandemia. Como expusimos en la asamblea provincial en 2 de Mayo, no podemos permitirlo. Tenemos que salir del campo de discusión del gobierno: aquel que pretende discutir las condiciones para el regreso a la presencialidad. En pandemia la presencialidad es criminal. El sistema educativo en la provincia mueve a más de 366.000 alumnos en la modalidad común, a casi 22.000 docentes, a 3.700 alumnos del nivel especial junto a 800 docentes, a otros 63.000 de la modalidad adultos y 2.200 docentes, a 70.000 alumnos de la educación rural junto a 5.300 docentes, a 34.000 alumnos de técnica y 1.800 docentes. Sumemos a las madres que llevarán a sus niñas y niños de primaria y nivel especial a la escuela para que no viajen solos (235.000 personas más). El movimiento de personas que implica la escuela trepa a 803.000, el 63% de la población provincial. No estamos ante una actividad cualquiera.
Por estos motivos, era importante que la asamblea se pronunciara en rechazo al retorno a la presencialidad, incluyendo la no presentación del personal docente, e incorpore una serie de demandas para garantizar el proceso pedagógico virtual. Desafortunadamente se votó por mayoría pasar a un cuarto intermedio para continuar con la discusión en la asamblea del viernes 19-2, es decir, tres días antes de la presentación en las escuelas. No podemos perder más tiempo, la tarea del momento es instalar la consigna de no retorno presencial hasta que la población sea vacunada masivamente. Necesitamos que la asamblea provincial se expida en este sentido y sume como parte del pliego todas las demandas y reivindicaciones para garantizar la continuidad del proceso pedagógico virtual. Peleamos por eso porque no abandonamos a nuestros alumnos. Peleamos por eso porque son ellos los que los libraron en 2020 a su suerte y los que ahora pretenden enarbolar la bandera de la “igualdad educativa” enviándonos a todos al matadero. Nuestras vidas están en juego.
-La vida primero: ningún alumno, docente, no docente, personal auxiliar pueden volver a clases hasta que finalice la amenaza de la Pandemia. Vacunación masiva de la población.
-Expansión urgente del Plan Conectar Igualdad: dotación de una notebook para que cada uno de los alumnos y docentes del país pueda contar con las herramientas técnicas necesarias para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los datos del gobierno exigimos: entrega de un mínimo de 4.300.000 computadoras para alumnos y para 400.000 docentes. A su vez, el plan debería contemplar las necesidades de renovación de equipos de alumnos y docentes que sí tienen computadoras, pero son obsoletas.
-Wifi y conectividad a internet gratuita y de calidad para toda la población. Liberación completa de la conectividad y no solo para grupos reducidos o portales educativos.
-Contratación de personal docente para realizar seguimiento del proceso educativo a distancia y cuando se retome la cursada en condiciones seguras habiendo cesado la pandemia. Queremos desdoblamiento de cursos para que los docentes puedan cubrir las necesidades reales de los alumnos y el seguimiento personalizado de los objetivos alcanzados. Eso solo puede hacerse en pequeños grupos. Y donde un docente fije un plan específico para cada niña y niño según las metas que haya alcanzado el año anterior contemplando también su trayectoria escolar previa. Inmediata incorporación de todos los docentes desocupados y/o subocupados dentro del circuito formal para cumplir tareas pedagógicas lo que implicaba su contratación como docentes formales.
-Contratación del personal técnico necesario para cada escuela a los fines de asistir y colaborar en la diagramación de las clases a distancia y en el diseño de las plataformas escolares.
-Contratación y dotación de personal para gabinetes escolares, EOES, DOES para acompañar y apuntalar el proceso pedagógico de cada uno de los alumnos de nuestro país. El hartazgo de los niños al encierro, las necesidades de socialización son reales, pero ello no puede realizarse en detrimento de la vida; ello tampoco ocurrirá en las escuelas dado los estrictos protocolos, solo sumará más incertidumbre y temor. Hoy más que nunca, las escuelas necesitan de equipos y gabinetes en cantidad suficiente para atender a las y los alumnos y también a sus familias.
-Licencia laboral remunerada para quienes ejercen las tareas de cuidado de menores y mayores a cargo. En su inmensa mayoría fueron las mujeres, las madres las que asumieron las tareas que demandaba la educación remota o el cuidado de los adultos.
Como demandas históricas exigimos:
-Censo de infraestructura y plan de obras acorde a las necesidades escolares en manos de personal idóneo, plan de transporte y revisión de las condiciones de trabajo docente para eliminar la figura del docente taxi que, en plena pandemia, solo vectorizaría el virus entre sus alumnos y familias. Asimismo, las escuelas deben ser dotadas de todos los insumos de limpieza y de prevención necesarios. Participación de la comunidad escolar como agente de control y, previamente, en la toma de decisiones.
-Recomposición histórica del salario docente.
-Subsidios a las familias desocupadas equivalentes a dos canastas familiares totales.
Corriente Nacional Docente Conti-Santoro, Misiones
