En noviembre, la multinacional Glencore, una de las líderes mundiales en la explotación de recursos naturales, anunció el cese de operación de la Compañía Minera Aguilar argumentando una “declinación natural de los recursos”. La mina es explotada desde el año 2005 por esta empresa y desde hace más de 91 años está en actividad ininterrumpida. El anuncio de Glencore es pasar a una transición desde la operación minera normal hacia un período de Cuidado y Mantenimiento para luego comenzar el cierre ambiental. Esta transición involucra directamente a los empleados de la minera, ya que presiona a 460 de los 640 empleados en planta a aceptar su despido encubierto bajo la forma de retiro voluntario.
Vale decir que Glencore -como todas las empresas mineras que operan en el país en cualquier escala y con diferentes métodos de extracción- se han visto beneficiados todos estos años de numerosos favores del Estado: desde una tasa impositiva relativamente baja, bajos costos operativos en energía y transporte (una muestra de a donde van a parar los subsidios del Estado) y, oportunamente, bajas en las retenciones. Dado que estamos ante un recurso agotable, el derecho de posesión de la mina genera una renta, es decir, una masa de riqueza por encima de la ganancia capitalista, de la cual la clase obrera jujeña no ha visto un solo peso.
El gobierno y los sindicatos: la doble indemnización
En el día de ayer, el Gobierno acordó con AOMA (Asociación Obrera Minera) la “doble indemnización”. Sí, eso es lo mismo que garantizar el cierre de la mina y la pérdida de los puestos de trabajo. No debe llamar la atención.
Morales se limitó a cuestionar la conducta de la multinacional minera aduciendo su falta de previsión. El Gobierno de la Provincia viene proponiendo un discurso “regional”: dice estar del lado de “Jujuy” y “los jujeños”. Pero detrás de ese discurso “regional” hay una división de intereses de clase. Tal es así que Al igual que lo sucedido en el año 2019, cuando la minera cerró su planta de fundición en la localidad de Palpalá, el Gobierno se limitó a garantizar el cierre con la menor conflictividad posible. En cuanto al gobierno nacional, aún con el lanzamiento de la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino 11 días antes del anuncio de cierre del Aguilar, no se pronunció al respecto.
Desde AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) hicieron llegar su repudio al accionar de la empresa. Pero la conducción del gremio careció de una perspectiva de defensa de los puestos de trabajo. Hace unos días, se habían reunido con el Ministerio de Trabajo de la Provincia y se contentaron apenas con la “aplicación de las leyes vigentes”, o sea la doble indemnización. Además de esto, en la mesa de diálogo, Glencore se comprometió a seguir brindando los servicios básicos en el pueblo del Aguilar y mantener el Hospital público (aunque mantenido y administrado por la empresa) por el periodo de 6 meses.
Por una salida obrera
La explotación minera del Aguilar, según los obreros, expertos e incluso el gobierno de la provincia, no estaría agotada. No es un asunto sobre el que haya una resolución clara, pero es claro que no se puede confiar en las palabras de la patronal. En el medio se discute el factor de la rentabilidad capitalista. El problema es que encarar el asunto desde la ganancia capitalista individual conduce a un callejón sin salida.
Con Glencore o sin Glencore -es decir, con cualquier otra compañía minera-, lo que se busca es aumentar las ganancias sobre la base de la sobreexplotación obrera y una reestructuración de la planta laboral. Esto puede significar, en los hechos, menos puestos laborales, salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, viabilizadas por modalidades de contratación más flexibilizadas. De uno u otro modo, los trabajadores pagarían los costos.
Lo concreto es que allí podría haber minerales (plomo, zinc y estaño) que son necesarios para el desarrollo y fabricación de insumos tecnológicos y metalúrgicos. Es imprescindible habilitar una comisión de especialistas avalados por los trabajadores para corroborar las posibilidades reales de producción. Esas necesidades sociales pueden ser cubiertas sobre la base de la estatización de la mina para ponerla a funcionar bajo control de los trabajadores. Eso supone producir, sacándose de encima a los parásitos que como Glencore nos explotan para embolsar una ganancia.
Asimismo, la clase obrera debe disputar los destinos de la renta minera. En Jujuy, distintos sectores vienen peleando por salario, como los docentes, estatales, o municipales, mientras la Provincia se juega a una baja salarial. Lo mismo ocurre en el sistema sanitario, falto de presupuesto y con trabajadores cobrando una miseria. Hay entonces un terreno común de disputa con la lucha minera.
Somos los trabajadores los que tenemos que imponer una salida propia. Los mineros necesitan ponerse a la cabeza de un plan de acción que garantice los 700 puestos de trabajo -no las indemnizaciones- e imponérselo al sindicato. El camino es recuperar las tradiciones que han legado numerosas luchas mineras, como la toma de la mina en Río Turbio (Santa Cruz) y la más reciente lucha de los mineros de Andacollo, que arrancó un triunfo parcial con cortes de ruta y bloqueos en las oficinas de las empresas. Es necesario desarrollar esta perspectiva de acción para que preservar los puestos de trabajo.
Corriente Clasista Goyo Flores – Razón y Revolución Jujuy
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