A pocos días de iniciarse la cuarentena, el gobierno anunció, por boca del ministro de trabajo y el de economía, el lanzamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esto pretendía ser una “ayuda” para los trabajadores más precarizados. Esos compañeros que, excluidos de los derechos laborales más elementales, si no trabajan no comen. Estamos hablando de los monotributistas de las categorías más bajas y los desocupados que no perciban un plan.
La medida en concreto consiste en el pago de $ 10.000 de manera excepcional para el mes de abril y ahora, también para mayo. Por eso esta semana las portadas de los diarios de todas las provincias, mostraron largas colas de trabajadores esperando cobrarlo. Una postal de la miseria a la que nos llevan los patrones y sus gobiernos.
Pero esa postal se vuelve más clara si vemos algunos números. El gobierno estimaba que podrían beneficiarse por la medida unos 3,2 millones de personas. Lo cierto es que, tras el anuncio, hubo más de 11,2 millones de preinscriptos. Compañeros en la más absoluta desesperación. Sin embargo, solo lo recibieron 7,9 millones. Más del doble de lo que creía el gobierno, casi un tercio menos de los que lo pidieron.
Pero eso no es todo. Hay un universo mucho más amplio de trabajadores que quedaron excluidos desde el comienzo. El decreto de creación del IFE dice que son aptos para inscribirse aquellos en cuyo grupo familiar no existe otro ingreso registrado, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo y/o monotributo categoría C.
En el peor de los casos, una familia tipo donde un adulto está desocupado y el otro percibe algún tipo de plan social, es decir, familias que viven con menos de salario mínimo, vital y móvil, hoy en $16.875, no podrán cobrar los 10 mil pesos miserables de Alberto.
Esto muestra otra cosa. Si el IFE va a ser el único ingreso que tiene una familia, no hay que hacer mucha matemática para darse cuenta que es una completa miseria que no alcanza para nada. Pensemos que la canasta básica alimentaria, esa que define si se es indigente, en marzo estuvo en $ 17.353,25 y la canasta básica total, que mide lo que hay que ganar para no ser pobre, en $ $ 41.994,86 (recuerde que explicamos el asunto de las canastas aquí y aquí).
Que exista esta enorme masa de trabajadores y sus familias sin posibilidad de sobrevivir más que con el ingreso de algún plan o en trabajos en negro, es el resultado del ataque de los patrones. Ellos nos quieren cada vez más baratos y más explotados. El mismo gobierno, cuando incluye las contraprestaciones laborales en los planes, lo que está logrando es que ese trabajo lo haga un compañero sin aportes, sin obra social, sin aguinaldo y con salarios por debajo del mínimo vital y móvil. Estos trabajadores reciben un ingreso miserable, a cambio de condiciones de trabajo miserables, para tener una vida miserable.
Mientras tanto, los burgueses no pasan hambre, eso está claro. Pero como si fuera poco, Alberto les da grandes beneficios, porque forma parte de la misma clase. Créditos a tasa cero o incluso a tasa real negativa. Es decir, les regala plata. También los liberó de parte del pago de los aportes. E incluso con la plata del Estado, es decir con nuestra plata, les va a cubrir el 50% de los salarios. Esto no quiere decir que los patrones paguen la otra mitad, porque gracias a la burocracia sindical consiguieron también reducciones en nuestros sueldos.
¿Por qué Alberto y los capitalistas se preocupan por tirarle migas a los laburantes en peor situación? No porque no puedan dormir por los millones de trabajadores que viven al día. A lo que le tienen miedo es a lo que ya están pensando los intendentes del Conurbano: un estallido social. Porque más temprano que tarde, los obreros vamos a salir a luchar por lo que es nuestro. La pospandemia amenaza con un nuevo 2001. Y esa situación nos va a encontrar en la calle, luchando no solo por un salario para poder vivir, sino por una nueva sociedad que garantice la vida: el Socialismo.
