Ricardo Maldonado
Grupo de Cultura Proletaria
Esta nueva investigación del CEICS que lleva la firma del Fabián Harari, aparece en el momento en que el peronismo vuelve a acceder al poder, el mismo que detentó 3 de cada 4 años en este siglo. Para contribuir a saldar la discusión sobre el carácter del kirchnerismo se necesitan información, datos relacionados y jerarquizados junto a las correspondientes responsabilidades. Todo eso se encuentra en las nutridas páginas de esta obra. Y lo hacen con una intención definida: ser una herramienta para la acción obrera consciente mediante el conocimiento del enemigo, de sus modus operandi, y de su disponible ferocidad. Ya desde su título se puede percibir que ayer y hoy el peronismo se erige en una barrera violenta a la independencia política de la clase trabajadora. Junto con Perónleaks de la Marina Kabat publicado por Ediciones RyR en 2017, establecen una indiscutible y documentada argumentación de ese condición violenta de la principal fuerza burguesa de nuestro país. Hoy en El Aromo presentamos como anticipo sus conclusiones.
Las pulsaciones del Estado negro
En algún momento, la ideología dominante intentó desterrar a la lucha de clase de la historia. En la última década, se aceptó el conflicto social, pero se lo disfrazó de “patria” contra “los monopolios”. Pero toda esa montaña de ignorancia mezclada con mitología nacionalista no soporta ninguna aproximación empírica. Este trabajo, creemos, demuestra justamente eso. Que la lucha de clases está más vigente que nunca, que el Estado no es un ente neutral ni autónomo, que antes que la lucha entre una “patria” (la organización de los intereses burgueses) y “los monopolios” (un fantasma inexistente), está la lucha entre la burguesía y la clase obrera, en todas sus formas. Una de ellas, la más importante, la que define en última instancia los asuntos, es el uso de la fuerza física. Luego de este extenso recorrido por ese escabroso mundo de la represión, de los grupos de tareas ocasionales, ligados a los partidos burgueses, a las mafias, los clubes de fútbol y a las direcciones sindicales, podemos empezar a pasar ciertas conclusiones en limpio.
La democracia burguesa, desde 1999 hasta 2016, ha asesinado al menos a 97 trabajadores que intentaban organizarse y manifestarse por sus intereses. De esos, 46 fueron responsabilidad del kirchnerismo. Hemos reconstruido, además, con un grado variable de detalle, alrededor de 567 acciones de grupos irregulares. Todas, contra la clase obrera, su organización y/o sus militantes. Todas, organizadas por el poder político y/o agentes privados de la burguesía. Pueden cambiar los modus operandi, el lugar, la intensidad, el reclutamiento, pero el objetivo es el mismo, igual que la naturaleza del enfrentamiento.
Esa continuidad puede observarse en las acciones del duhaldismo, quien se dedica a rastrillar el terreno mediante grupos de tareas paraestatales, especialmente en el conurbano bonaerense, que fue donde se concentró la organización de la fuerza revolucionaria (llamada “movimiento piquetero”). En ese sentido, no solo lega a su candidato la devaluación y el default, sino también una avanzada tarea en la liquidación de los elementos conflictivos. Paradójicamente, Néstor Kirchner se mostró como el heredero de los reprimidos (en el 2001, en los 70), cuando en realidad recibió el legado de los represores y, sin la acción de estos, no habría logrado hacer pie, por más renta agraria que tuviese. No obstante (o, mejor dicho, por eso mismo), el kirchnerismo desarrolló y perfeccionó ese aparato, pasando de 76 acciones anuales, en 2003, a 149, en 2012. Es decir, en menos de diez años duplicó el poder represivo contra la clase obrera.
El hecho de que las represiones se lleven a cabo tanto desde el partido de gobierno como desde partidos, gobernaciones o municipios manejados por la oposición, explica la profunda unidad de intereses y la estrategia común de la dirigencia burguesa. Nunca un dirigente opositor fue juzgado ni acusado por la represión estatal o paraestatal. Como indicamos, quien se hizo responsable del asesinato de Carlos Fuentalba no tuvo ningún inconveniente para presentarse, ese mismo año, como candidato a presidente, algo que cualquier gobierno más o menos progresista hubiese impedido.
Las acciones represivas acompañan el ascenso de las movilizaciones. Así, disminuyen desde el 2004 al 2007 y se multiplican luego de 2009, alcanzando un piso del que ya no va a haber retorno. El kirchnerismo no solo aumenta los números absolutos de represión –lo que denominamos la voluntad represiva-, sino los porcentajes de represión sobre movilizaciones –lo que denominamos, la capacidad-, constituyéndose en un clásico gobierno bonapartista que apela a la represión en grandes cantidades y, como veremos, es capaz de preparar un fascismo en ciernes.
La represión se concentra, como vimos, en la sobrepoblación relativa. Aunque, en el caso de las acciones de grupos irregulares, la clase obrera ocupada toma un mayor peso, llegando a la paridad. Si tomamos las acciones paraestatales, las fracciones que más sufren la represión son los estatales y los docentes. El escenario central de la acción represiva es la provincia de Buenos Aires y la Capital. Solo si tomamos en cuenta la represión estatal las acciones se reparten más equitativamente entre las diferentes provincias y la hegemonía bonaerense pierde peso (sin dejar su primer puesto).
En definitiva, el kirchnerismo, versión contemporánea del peronismo, junto con el gobierno de Duhalde, la Alianza y el macrismo comparten la misma política de clase: el enfrentamiento con la clase obrera. En ese sentido, no puede considerarse al primero como un gobierno, si bien burgués, “progresista” o “reformista”. El grado de ataque a la clase obrera, por lo menos en términos físicos, muestra que se comporta como cualquier bonapartismo, que así como puede realizar concesiones, perfectamente puede llegar a altos grados de represión. Tal como vimos, el kirchnerismo llegó a los 46 asesinatos de obreros en situación de conflicto social. De estos, 33 fueron perpetrados por fuerzas estatales y 13 por fuerzas irregulares. El asesinato de Fuentealba o Mariano Ferreyra, entonces, no son excepciones ni excesos, sino que se inscriben en una línea de comportamiento, que este trabajo rastrea desde el año 2000 e incluye la masacre de Plaza de Mayo (20 de diciembre de 2001) y Puente Pueyrredón (26 de junio de 2002). Si pudiésemos remontarnos más atrás aún, habríamos prolongado esa línea hasta mucho más atrás. Por eso, como vamos a ver más adelante, el hecho de que los asesinos materiales y el organizador del crimen de Mariano Ferreyra (Pedraza) vayan presos, no resuelve el problema ni altera sustancialmente el funcionamiento represivo.
Los responsables de la represión paraestatal son elementos de la propia dirección del poder político. Como vimos, se trata de los gobiernos municipales, provinciales o de dirigentes del partido gobernante (PJ o FPV). En otros casos, de agrupaciones propias del kirchnerismo como La Cámpora o Tupac Amaru. Mención especial merece la burocracia sindical, que concentra la responsabilidad en la mayor cantidad de acciones. Podría decirse que esta dirigencia no tiene un vínculo directo con el Estado y, menos aún, con el gobierno kirchnerista. No obstante, como vimos, en muchos casos fueron parte del PJ, integraron listas electorales, se convirtieron en puntales de apoyo al gobierno y fueron elogiados públicamente por Néstor y Cristina Kirchner. Pero si todo esto no fuera suficiente, de 2003 a 2015 encontramos 73 convenios entre el Estado y la dirección sindical para transferencias de fondos para “capacitaciones”. Es decir, plata que se le entrega a la burocracia para que arme cursos que, en muchos casos, no son más que formas de adoctrinamiento y regimentación. Pero hay más: entre el año 2008 y 2014, el Ministerio de Trabajo nacional firmó con los sindicatos nada menos que 342 convenios llamados “Apoyo a la Formación Sindical”, que constaba justamente en la “capacitación” política y sindical de los delegados y “dirigentes” sindicales. Es decir, donde aprendían cómo conservar su poder. Se comprende cómo se tomaban las decisiones sobre quién debía asistir y quién no, qué se iba a discutir en esas reuniones y el objetivo de las misas. Estamos, entonces, ante un vínculo entre el Estado y la burocracia sindical que está muy lejos de ser ocasional. Queda claro que el kirchnerismo no es ningún aliado posible para un partido revolucionario. Es, lisa y llanamente, un enemigo. Un enemigo mortal.
Vemos, entonces, que la salida de la crisis implicó, para la burguesía, ejercer altas dosis de violencia física. Es decir, la burguesía no sale de la crisis solamente porque se presenten tales o cuales condiciones económicas o logre introducir un consenso ideológico. Siempre es necesaria la coacción. En este caso, como vimos, ejerció un papel para nada despreciable, por no decir primordial. Primordial, pero no único, evidentemente. No se cierra una crisis solo con represión.
Resta resolver una incógnita, la que da origen a este libro: ¿qué es eso que coloquialmente llamamos una “patota”? En primer lugar, es una organización para producir violencia. Puede ser una violencia desplegada o latente (simplemente “estar ahí”). De cualquier manera, esa violencia se utiliza como disuasión. Este punto parece obvio, pero resulta importante porque determina el tipo de reclutamiento y organización. En segundo lugar, se trata de ejercer esa violencia organizadamente, pero por fuera de las estructuras formales del Estado. De cualquier manera, se trata de una acción formalmente ilegal, lo que nos muestra que la ley siempre expresa los intereses generales de la clase dominante, pero no siempre contempla los intereses inmediatos. Ahora bien, en tercer lugar, y esto es primordial, esa violencia se ejerce para resguardar intereses de la clase dominante: proteger la propiedad privada, evitar el desarrollo de partidos revolucionarios, impedir una acción directa de la clase obrera, amedrentar un dirigente o un grupo de militantes de izquierda y mantener posiciones de la burocracia sindical frente a corrientes más combativas, entre otros objetivos concretos. Es decir, esos grupos no operan contra el Estado. Más bien, se arrogan funciones inherentes al mismo, y las llevan a cabo allí donde las estructuras formales de este no pueden operar fluidamente, ya sea por su menor flexibilidad, ya sea por los efectos sociales que podría generar. En cuarto lugar, en todos los casos, la dirección de estos grupos recae en algún personal político burgués, con algún grado de vinculación con el Estado, sin formar parte de él. Por lo tanto, si bien se trata de grupos que operan al margen de la ley, no lo hacen al margen del Estado, sino en forma paralela a él. Paralela, en este caso, debe entenderse como solidaria. De allí la definición de grupos paraestatales. Es importante distinguir estas formaciones de los grupos de tareas bajo la dictadura. Estos, aunque ilegales (o de una legalidad dudosa), son administrados por el Estado y responden a sus estructuras formales. En cambio, aquellos, aún dirigidos por algún funcionario, se reclutan y se organizan por fuera del Estado, el que no se hace responsable por esas acciones. No es lo mismo, entonces, la legalidad que la estatalidad.
Pasemos a las características más específicas de la “patota”. A diferencia de otras formaciones, como supusimos en el Capítulo I, se trata de grupos con una estructuración muy laxa y reclutados para el momento (o sea para la “tarea” específica). Luego, el grupo se disuelve hasta nuevo aviso. No hay entrenamientos ni jerarquías fijas, de allí que su grado de eficiencia (tanto en términos de su objetivo como de su “invisibilidad”) no siempre sea el esperado. El reclutamiento no es ideológico o moral (como pueden ser las organizaciones filofascistas en Norteamérica o como fue la Liga Patriótica, aquí), sino meramente económico: se paga, se asegura un puesto de trabajo o algún otro tipo de concesión o, simplemente, se ordena. Sin embargo, lo que se pierde en “calidad”, se gana en “cantidad”. Además, ese clientelismo no implica que los vínculos se remitan a esa tarea en particular. Siendo actividades ilegales, se apela a elementos sobre los que se tenga cierta confianza. Es decir, con los que se tiene un vínculo más allá del episodio en cuestión que amerita pedir ese “favor”: es decir, las redes delictivas anteceden a la formación de esos grupos y conforman vínculos sólidos, más allá del “trabajo” puntual.
Ese mundo oscuro del cual surgen esos grupos, es el sustrato de las formaciones fascistas. Universo opaco que, como vimos, junta a todo el espectro de la política burguesa (dirigentes sindicales, funcionarios, legisladores, cúpulas de fuerzas de seguridad y dirigentes partidarios) mezclados con el mundo del delito (barras, mafias, narcotráfico) y todo ese Estado oculto (servicios de inteligencia, corrupción policial, diplomacia secreta, negociaciones en off). Todo esto nos muestra cómo se manejan las decisiones importantes y cómo se gobierna a la población. Nos hace comprender que la verdadera política no está en nuestras manos ni en nuestro conocimiento. Hay un “Estado negro” que opera al margen, detrás de todo lo que vemos, y decide sobre la vida y la muerte de la mayoría de nosotros. Ese monstruo es inevitable en una sociedad donde gobierna una minoría para sus propios intereses. Pero, como vimos, el kirchnerismo lo alimentó hasta hacerlo crecer a niveles insospechados.
Con todo, lo más importante que resalta este libro es la formidable (y alarmante) expansión de la organización del lumpenproletariado para tareas de represión y el despliegue de un arditismo1 en proporciones históricas nunca vistas. Como vimos, operan por fuera del Estado para la represión de la clase obrera, allí donde las fuerzas armadas ya no pueden hacerlo. Son, en términos estrictos, elementos fascistas. Son los herederos de la Liga Patriótica, la Alianza Libertadora Nacionalista y la Triple A. El kirchnerismo fue quien llevó esta política a un plano inconcebible en términos cuantitativos. Eso convierte al peronismo (cualquiera sea su presentación), en un bonapartismo de notable tendencia fascistoide. En algunos momentos, latente. En otras, desembozada.
Lo cierto es que esos grupos paraestatales se han constituido, desde por lo menos el 2001, en la principal herramienta de represión en los momentos más álgidos de la lucha de clases (2002-2003 y 2011-2014). Las FF.AA., desde 1983 -y, especialmente, a partir del menemismo- han perdido la capacidad de fuego y de intervención general que tuvieron a lo largo del siglo XX (y eso debería ser un tema de investigación). Por lo tanto, si bien la represión estatal continúa bajo la forma de organismos intermedios, como Gendarmería, el Estado argentino ve mermada su capacidad de movilización ante un alza de la conflictividad. Eso lleva al uso privilegiado de fuerzas irregulares, más baratas (no hay que mantenerlas todo el año, se les paga solo por un trabajo específico), pero también más temerarias (un “particular” puede excederse mucho más que un funcionario público). Está ahí, y no tanto en los organismos policiales, el principal instrumento de la burguesía ante un ciclo insurreccional.
El grado de organización de esas formaciones depende del alcance de la lucha de clases. En caso de que la coyuntura amerite potenciar esos elementos, bastaría dar un encuadre y una dirección técnica centralizada a todo ese material.2 Podemos pensar en la Triple A, pero si tomamos en cuenta la extensión que ha tomado el fenómeno en estos años, en el caso de una militarización (y se entiende por esto, una disciplina, una jerarquía y una verticalidad), la envergadura del aparato haría ver al grupo de López Rega como una pequeña secta de iniciados. Ese es el peligro que enfrentamos de la mano del kirchnerismo, hoy.
No hay forma de desterrar el peligro fascista, sin extirpar a su progenitor: el peronismo, en cualquiera de sus variantes. No hay forma de terminar con toda esa barbarie sin transformar la sociedad que la produce. Y quienes deben hacerlo, no pueden ser otros que sus principales víctimas: los trabajadores. Este libro intenta explicar simplemente eso.
Notas
1Ardtitismo es la forma en que Gramsci llama a las formaciones paraestatales que intentan reconstruir al Estado por fuera del mismo. Se trata de una estrategia y no de una alianza social. Por lo tanto, no puede trazarse una identidad entre estas y un régimen fascista, aunque este las necesite para su triunfo. Véase Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo, la política y el estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002.
2El proceso sería más complejo. La burguesía no delegaría todo el poder a las bandas militares sin una resistencia. El término “bastaría” hace referencia a un problema técnico-organizativo, no político. Pero es claro que, con el avance dado, un régimen fascista no debería empezar de cero.
