La solidaridad ajustadora de los Fernández

El kirchnerismo logró su objetivo: volver al gobierno. Durante la campaña, prometió aumentos inmediatos de salarios y jubilaciones de un 20%, y un sinfín de propuestas que apuntaban a convencernos que se terminaba el ajuste. Con el paso de los días, quedó claro que todo eran promesas sobre el bidet.

Primero fue la “doble indemnización”, que Alberto vendió como un freno a los despidos. A primera vista, parece gran cosa. Pero no lo es. Por varios motivos. Por un lado, porque solo duraría seis meses. Por otro, solo se aplica a los despidos sin causa. ¿La trampa? En un contexto de crisis, en el que las empresas ven caer sus ventas y sus ganancias, cierran plantas y hasta se declaran en quiebra, no es muy difícil justificar la causa de los despidos. Los despidos por crisis son contemplados como justificados en la legislación. Sumemos, además, las cesantías por “retiro voluntario”, que son una forma de despidos encubierta. Tampoco se contabilizan aquellos casos en los que no se renuevan contratos, forma de despido elegante.

¿A su amigo kirchnerista le parece que le estamos buscando el pelo al huevo para ensuciar al Tío Alberto? Para prueba basta la realidad. En enero, Techint despidió 191 trabajadores, la mayoría contratados. El acuerdo posterior que firmó la UOM -que se negó a poner en pie ningún paro ni plan de lucha- bajó esta cifra pero aumentó exponencialmente la explotación. En el sector petrolero, en el sur, se están llevando adelante despidos encubiertos, mediante acuerdos de la empresa con trabajadores individuales. No olvidemos los 700 despidos y 1200 suspensiones en Vaca Muerta. En Río Turbio, Aníbal Fernández despidió a 419 mineros de planta. En la química IDM, en San Lorenzo (Santa Fe), se produjo el despido de ocho trabajadores. La empresa venía de cursar un procedimiento preventivo de crisis. La fábrica de cosméticos TSU que había convocado a un concurso de acreedores, despidió 80 trabajadores. ¿No le dijimos que el chiste estaba en prohibir los despidos “injustificados”? Tampoco crea que en la administración pública todo está en orden. En el municipio de Pilar donde gobierna el kirchnerista Achával, se dejaron 1300 contratados en la calle. Más despidos hubo en Quilmes, Catamarca -donde hubo represión-, Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Otro anuncio con humo es el de los aumentos de sueldo. Fernández empezó su campaña hablando de la recuperación salarial de los trabajadores y los jubilados. Cuando comenzó a ver que podía ganar, se fue moderando. Al llegar al gobierno, todo se redujo a sumas fijas por decreto, a cuenta de futuras paritarias. Así, primero decretó un aumento para los privados de $3.000 en enero más $1.000 en febrero. Con los descuentos, el trabajador percibiría $3.320 en total. Se trata de una cifra miserable que, además, no fue incorporada al básico, y se la excluyó del cálculo de adicionales, como antigüedad, presentismo, etc.

Los estatales también fueron “beneficiados” con el mismo aumento, solo que lo reciben con un mes de atraso. Pero el aumento no será cobrado por la totalidad de los empleados, sino solo por aquellos que cobran hasta $60.000 en bruto, unos $49.800 en neto. Esto deja afuera a casi el 30% de trabajadores.

Con los jubilados pasó lo mismo. Primero fue un bono de $ 5.000 por única vez, para los que cobraban menos de $ 19.000. El que tenía una jubilación un poco más alta, que no quiere decir que sea una jubilación que alcance para vivir, seguía en la miseria. Luego vino una “nueva fórmula solidaria” para calcular los aumentos, porque se suponía que la del macrismo era nefasta. Pues bien, ahora se supo en qué consistía la solidaridad. Veamos los números.

Un jubilado que hoy cobra $14.068 cobraría en marzo con la fórmula macrista $15.694. Con la fórmula solidaria albertista, cobrará $15.891. Nuestro jubilado más pobre ganó una pizza ($197). Eso no es todo. Lo peor del asunto es que todas las categorías superiores, reciben aumentos inferiores a la fórmula macrista. El que hoy cobra $20.000 en marzo recibirá $352 menos del aumento que le correspondía. El que cobra $50.000 perderá $3.130.

Se trata, entonces, de distribución de miseria entre trabajadores, disfrazada de “solidaridad”. El trabajador “privilegiado” que está apenas por arriba de la línea de pobreza, se “solidariza” con el que está hundido en la pobreza. Mientras tanto, mineras y petroleras pagan menos retenciones, y las empresas más negreras, las pymes, reciben beneficios. Esta es la “solidaridad” de los Fernández: un ajuste en toda la regla, acompañado por una gran cortina de humo. Detrás de esa cortina, asoma la sonrisa de los patrones, que le están muy agradecidos al Tío.