Esta situación explica que en un contexto de crecimiento económico y de disminución de la desocupación, el salario real (tanto el registrado como el no registrado) crezca pero sin llegar a recuperar los valores anteriores y permanezcan elevados los indicadores de pobreza e indigencia.
De esta manera, la mejora relativa post crisis, establece nuevas condiciones de “normalidad” que son peores que las observadas en décadas anteriores. Esta nueva “normalidad” se evidencia, entre otros elementos, en que no hay un repudio generalizado cuando el INDEC reconoce (aun con sus cuestionados indicadores) que hoy más del 10% de la población Argentina -es decir, más de 4 millones de personas- vive con un ingreso que no alcanza para cubrir las necesidades más elementales.
Un gigantesco aparato asistencial
En la medida en que, pese al crecimiento del empleo, grandes fracciones obreras no puedan garantizar su reproducción a través del salario (porque no les alcanza o porque ni siquiera tienen), la asistencia pública cumple un rol cada vez más importante. Esta realidad se muestra a partir de varios elementos.
En primer lugar, veamos qué ha pasado con los “planes sociales”. Si bien la cantidad de perceptores de “planes” está por debajo de su momento de máxima expansión en el año 2003, a partir del 2005 y hasta el 2008 se estabiliza en una cifra mayor a los 2 millones y medio de trabajadores (el 233% por sobre el año 2001 y el 165% por sobre el año 2002). Gran parte de estos “planes” fueron reemplazados a partir del año 2009 por la Asignación Universal por Hijo. Si bien no se poseen cifras oficiales de la cantidad de familias a las que llega, distintas estimaciones señalan que se trataría de 1 millón y medio a 2 millones y medio de hogares.
Además de estos planes de transferencias de ingresos, el Estado implementa un conjunto de políticas asistenciales dirigidas a la pobreza. La más importante de ellas, por su magnitud, es la asistencia alimentaria a través de comedores comunitarios, cajas alimentarias y tickets.(3) Según los datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, el Plan de Seguridad Alimentaria que engloba estas políticas, pasó de cubrir a cerca de 14 millones de personas en los años 2003 y 2004 a más de 19 millones en los años 2009 y 2010.(4)
Por último, una de las manifestaciones más evidentes de esta situación es la evolución del Gasto público social.(5) Las series realizadas por el Ministerio de Economía para el período 1980-2008, permiten observar que el Gasto público social crece tanto en términos absolutos como en su proporción respecto de la totalidad del Gasto Público a lo largo de todo el período. Ante cada crisis se observa una disminución, pero cada caída se ubica en un punto más alto que en la crisis anterior y el movimiento general de la tendencia es ascendente. Es un curso que no se altera por el cambio del signo político de los gobiernos de turno; es decir, no hay diferencia entre los gobiernos “neoliberales” y los “nacionales y populares”.
Teniendo en cuenta el gasto realizado específicamente en materia de asistencia social, que es el objeto de este artículo, observamos que mientras el Estado argentino destinaba cerca de 150 pesos por habitante en 1993 y 180 pesos en 1999 y en 2004, en el año 2008 ha destinado una cifra cercana a los 280 pesos por habitante.(6)
Este creciente gasto en asistencia, por otra parte, va incrementando su importancia relativa como fuente de ingreso de la clase obrera frente a los salarios. Así queda reflejado en el índice de la evolución “Gasto en asistencia/Salario real” que hemos construido. Este índice pone en relación la evolución del gasto en asistencia social con la evolución de los salarios reales. Se toma como año base el primero de la serie: 1993, en donde la relación entre gasto y salario toma el valor 1. A partir de allí la curva se mueve según cómo hayan crecido o decrecido ambas variables en relación al año base. Cuando la curva desciende significa que el gasto asistencial disminuyó o que aumentó en menor medida que el salario y viceversa.
La masa de gente que cobra la política asistencial, aún en períodos de relativa recomposición económica, es una forma de reconocer la condición sobrante de esta población, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida: no sólo cómo trabaja sino también qué y cómo se consume. Esto pone en evidencia que el capitalismo argentino no puede garantizar la reproducción en condiciones normales de una parte cada vez mayor de la clase obrera. Más allá de la retórica progresista, esto es tan cierto para los ‘90 como lo es para la “era kirchnerista”, pues no se trata de supuestos modelos económicos antagónicos, sino de la forma que adopta el capitalismo en nuestro país.
¿Por qué se sostiene y hasta dónde es sostenible?
El desarrollo de este gran aparato asistencial juega un doble papel: produce fuerza de trabajo barata para el capital y constituye un mecanismo de construcción de hegemonía. Pero no cumple ninguna de estas funciones si no es por la mediación de la lucha de clases. La clase obrera debe luchar por el reconocimiento de sus necesidades y por su satisfacción vía la asistencia del Estado. Pero el sostenimiento de este aparato asistencial depende de los mismos factores que el aumento del empleo y los salarios: el crecimiento de la economía. Por eso, mientras la economía esté en expansión y el Estado pueda recaudar, se puede extender el gasto en asistencia. Como es sabido, y lo hemos abordado en muchos artículos de El Aromo, la suerte de la economía argentina está atada a la suerte del agro. Por ello, la pregunta con la que nos enfrentamos es ¿qué pasará con estas fracciones de la clase obrera el día que caiga la demanda de mercancías agrarias producidas localmente o disminuya su precio, poniendo un límite a esta situación?
Notas:
(1) Marx, Karl: El Capital. El proceso de producción del capital, Tomo I, Vol. 3, Siglo XXI, México, 2000, p. 801.
(2) Véase Sartelli, Eduardo (dir.): Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.
(3) La política alimentaría que corresponde a comedores escolares se canaliza vía Ministerio de Educación y no está incluida en estas cifras.
(4) Véase Documentos de política presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social, 2003-2010.
(5) El presupuesto nacional y el gasto, se estructuran en 4 grandes rubros: Funcionamiento del Estado, Gasto público social, Gasto público en servicios económicos y Servicios de deuda pública. El componente de Gasto social es el que se destina a políticas sociales: educación, salud, vivienda, seguridad social, asistencia social, etc.
(6) Debe tenerse en cuenta que es una aproximación general, pues no toda la población recibe ingresos vía política asistencial.