La larga marcha de los dos pañuelos. ESI en las escuelas: una actividad necesariamente abolicionista

en El Aromo n° 105

La Ley de Educación Sexual Integral se implementó con demasiados límites para una política de “ampliación de derechos”. La alianza con la Iglesia Católica y la descentralización del sistema educativo aparecen como los mayores poderes de veto “oficialmente” reconocidos.

Por Gabriela Montaña y Romina De Luca – GES

Hace unos pocos meses escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) decir en la 8° conferencia de CLACSO que es una “mala división aquella entre los que rezan y los que no. En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también celestes. Y tenemos que aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas”.[i] Estas palabras generaron controversias en diversos sectores de la sociedad, pero son un fiel reflejo de su posición: la alianza de clases y el vínculo con la Iglesia. Como veremos, ello explica su tibia defensa de la Ley de Educación Sexual Integral que como senadora de la provincia de Buenos Aires hizo en el debate parlamentario. También permite ver los límites con los cuáles se implementó el Programa de Educación Sexual Integral y claro está la negativa a discutir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, a lo largo de los doce años en que los K tuvieron mayoría en ambas cámaras. Como veremos, la ambigüedad fue propia del régimen bonapartista y la construcción de un relato en torno a ello resultado funcional a esa construcción.

Una tibia posición

El proyecto de Ley de Educación Sexual Integral fue ingresado a la Cámara de Diputados en abril de 2005, aunque fue durante 2006 que se procedió al tratamiento en ambas cámaras y a su aprobación. Tal como se informó en el tratamiento de Diputados, el proyecto implicaba la confluencia con otros anteriores. La Diputada Blanca Osuna (FPV) explicó que se habían considerado proyectos presentados en el 2002 y 2003 y las seis versiones que llegaron junto al oficial. También se había tenido en cuenta el dictamen elaborado por la Comisión de Educación a fines del 2005 sobre el proyecto que inició el trámite parlamentario en abril de ese año. Todos los informantes destacaron que se trataba de un proyecto de consenso y que eso lo tornaba valioso. Así, los artículos 5º y 8º de la Ley, aquellos que hoy se busca derogar, no surgieron casualmente. Los límites fueron constitutivos de la propuesta oficial. Se permitió que las pautas de abordaje estén en función de “la diversidad sociocultural local” y que cada comunidad en la elaboración de su proyecto institucional tenga en cuenta “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

En efecto, ya en las primeras palabras de defensa, como miembro informante, Osuna destacaba que se había tenido en cuenta: “la responsabilidad de la familia como educadora primaria. La propuesta en consideración de ningún modo expropia a la familia este derecho inalienable de educar a sus hijos. Muy por el contrario, toda vez que los pone en condición y casi los obliga a trabajar responsablemente, codo a codo con los educadores, de modo que las propuestas que en definitiva lleguen a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país sean fruto del consenso, respetando las distintas posiciones, credos, religiones y posturas filosóficas”. En el mismo sentido, la diputada Garín de Tula (UCR) destacó que la Ley consideraba las características de cada comunidad educativa, la participación de los padres, la futura capacitación de los docentes y la graduación de la formación e información de los estudiantes según los diferentes niveles del sistema educativo argentino. En lo que refería al futuro Programa Nacional de Educación Sexual, la diputada Garín de Tula también indicaba que “la idea es que las comunidades educativas tengan la libertad de adecuar las currículas a su realidad en función de sus convicciones y su contexto”. Para que no queden dudas, señaló que la tarea del Estado era la de proveer conocimientos “verdaderos, desprovistos de preconceptos y disociados de las creencias religiosas” que serán delegados en los distintos grupos confesionales para que “en libertad enmarcaran el conocimiento en su propia escala de valores morales y religiosos”. De su discurso, surgen claramente dos conclusiones. En primer lugar, el famoso poder de veto que hoy aparece detrás del “con mis hijos no te metas” fue habilitado en el proyecto oficial. En segundo lugar, que esa adaptación, puede llevar a lugares, por lo menos oscuros, como señalar que el preservativo no protege porque “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”.

Obviamente, parte de las discusiones giraron en torno a la mayor explicitación de ese poder de veto por parte de las familias. Valga de ejemplo la posición de la diputada Eusebia Jeréz por parte del bloque Propuesta Federal. Además de cuestionar una visión simplista de la sexualidad que no contemplaba el amor, lo afectivo y la procreación, consideraba que el artículo 5º explícitamente debía señalar de forma taxativa que los padres, madres, tutores o encargados tenían el derecho de estar informados de los contenidos de la educación integral para poder optar con fundamentos sobre la participación de sus hijos en dichas actividades. Más moderado, Esteban Bullrich, por el PRO, señaló que con explicitar en el artículo 5º “la comunidad educativa de cada institución” alcanzaba para dar cuenta de la activa participación de las familias que, claro está, también debía participar del diseño de los contenidos y de talleres en las escuelas. En suma, buscaban explicitar el “con mis hijos no”. También solicitó que de la comisión que elaboraría los contenidos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral participaran representantes de distintas posturas éticas y religiosas. Efectivamente, cuando se lanzaron los lineamientos curriculares en el año 2008, se destacó que para su elaboración fueron consultados a representantes de las distintas comunidades religiosas además de expertos, equipos técnicos jurisdiccionales, organismos de Derechos Humanos, entre otros actores.

Obviamente, en el recinto las posiciones más extremas fueron planteadas por el diputado bussista, Roberto Lix Klett (Fuerza Republicana). No solo criticó la forma acelerada de discutir la futura ley, sino que cuestionó la eficacia de los métodos anticonceptivos, la necesidad de promover la monogamia y la castidad incorporando la dimensión del amor. Desde su perspectiva, se debía avanzar en la elaboración de un Programa Federal para la Educación Afectiva y Formación Ética sobre sexualidad personal.

En ese contexto, el proyecto fue aprobado en diputados en general con un solo voto negativo, las modificaciones parciales fueron rechazadas y subió a la Cámara de Senadores. Cristina Fernández de Kirchner hizo una intervención más bien corta y acotada. Frente al debate sobre cuál era el lugar de la familia en el proyecto de Ley, sostuvo:“¿Qué padre no va a querer ser consultado sobre la educación que recibe su hijo de las cosas que pasan en el colegio, sea ateo, católico, judío, musulmán o lo que fuere? Piensen en un padre que diga: “No, a mí no me interesa lo que le enseñan en el colegio a mi hijo. Que le enseñen cualquier cosa.” Esto no existe”.[ii] Cristina adujo que el debate de la Cámara era falso porque el derecho de los padres sí estaba contemplado en la Ley bajo la idea de la comunidad educativa. Votó a favor y lo hizo también a favor de “el derecho de los padres” a intervenir. En el Senado el proyecto será aprobado por 54 votos a favor y 1 en contra y el artículo 5º por 45 votos a favor, 9 negativos y 1 abstención.

Lenta marcha

¿Cómo llegó el kirchnerismo a presentarse como “adalid” de la educación sexual integral habiendo aprobado una Ley tan limitada? La articulación de alianzas de distintos sectores que defienden al kirchnerismo como un avance en las luchas de la mujer intentó ver en ella algo que no se hallaba. La presencia de la Iglesia católica es innegable. Cuando se aprobaron los lineamientos curriculares entre los años 2008 y 2010, el documento oficial recordaba que las autoridades educativas jurisdiccionales tenían atribuciones para realizar las adecuaciones necesarias para atender a las diversas realidades y necesidades de sus alumnos y alumnas, luego “cada comunidad educativa debe incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de estos lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Por eso, los lineamientos marcaban “las grandes sendas” que eran preciso garantizar, pero suponían a la vez la adecuación propia respetando la diversidad sociocultural y el carácter federal del país.[iii] Como si no fuera lo suficientemente claro, también establecen que “la voluntad de este Ministerio no es entablar polémicas estériles con ningún sector, sino establecer acuerdos para cumplir con el compromiso que la ley impone a las carteras educativas”.

Cierto es que la descentralización que rige sobre el sistema educativo permitió a cada provincia tomar postura propia. Así, la provincia de Misiones sancionó su Ley 4.410 en diciembre de 2007 y en su artículo 7º dispuso se “debe incluir a los padres en sus programas” y se deben garantizar actividades de formación y reflexión para padres, madres, tutores y/o responsables legales, respetando el proyecto educativo institucional de cada comunidad educativa. La provincia de Entre Ríos adhiere al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva nacional de 2003 y sanciona una Ley que agrega la necesidad de la educación sexual. En efecto, la sanción de la Ley 9.501 dispone que los educadores deben promover espacios de reflexión y detectar riesgos. La escuela aparece como otro de los espacios para facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, aunque las instituciones confesionales se ven liberadas de tal requisito. Evitar la práctica del aborto también aparece en la Ley provincial como uno de los objetivos. La puesta en marcha de un comité de expertos con presencia de las ONG’s fijada por el artículo 4º le permitió a la Iglesia intervenir en el diseño de los contenidos. Por su parte, Río Negro incorporó a la ESI en su Ley Orgánica de Educación del año 2012 con apenas dos artículos. La provincia de Buenos Aires sancionó su Ley recién en 2015 y la vinculación de la escuela y la familia es incluida en el artículo 6º. La provincia de Chaco sanciona su ley en 2006. Lo temprano no la torna más amplia: el artículo 5º ratifica a la comunidad como agente de adaptación y el artículo 6º convoca directamente a “sectores representativos de la sociedad como Iglesias” a la elaboración de los contenidos. Por último, otras provincias como Corrientes, ni siquiera tienen una Ley propia: apenas una adhesión al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Durante el 2018, el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo desnudó los límites con los que se desarrollaba la Ley ya no solo por las determinaciones legales sino por el alcance de las acciones mismas. Distintos informes revelaban que sólo 2 de cada 10 alumnos recibían educación sexual integral en el aula de manera habitual, generalmente en relación a la dimensión biológica, y apenas el 20% de los docentes tuvo capacitaciones. Claro está, si la provincia de Buenos Aires se tomó más de ocho años en sancionar su Ley y Corrientes ni siquiera votó una ley propia se entiende el cuadro general. De hecho, la misma información oficial establecía que muchas provincias rechazaban la oferta de formación docente sobre ESI -tanto virtual como presencial- del INFOD. Federalismo uno, ESI cero.

Según un informe de la Fundación Huésped, la tasa de capacitación docente fue bajísima. En relación a los cursos virtuales para docentes y estudiantes de profesorados, la cantidad de inscriptos en 2016 fue de 6.720 y en 2017 4.450. Ambos años estaban muy por debajo de la cifra de 2015 con 16.914. Aunque destacaban que el año 2015 era más bien una anomalía porque los seis anteriores hubo un promedio de 2.600 docentes inscriptos. La capacitación, incluyendo virtual y presencial, era baja: apenas el 22% del colectivo docente. El informe también destacaba el recorte, en términos reales, de la producción de materiales para ESI durante los dos primeros años de la presidencia de Mauricio Macri. También que muchos de los textos nacionales en provincias gobernadas por el oficialismo durante la era K ni siquiera eran distribuidos en las escuelas.

Un equilibrio imposible

La Ley de Educación Sexual Integral y las acciones posteriores llevadas a cabo para su implementación expresan las contradicciones de un régimen bonapartista: contentar a verdes y a celestes. Ya lo confesó Cristina en su libro: no está a favor el aborto, pero no quiere ser recordada por sus nietas y por “las pibas” como “esa vieja que votó en contra”. También que conversó el tema con los obispos Ojea Quintana y Carrara. Cristina pretende pasar a la historia encarnando la “ampliación de derechos” de la Ley de Educación Sexual, la Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley de Identidad de Género. Estos dos últimos dirigidos a sectores minoritarios que bien supieron demostrar su reconocimiento. Recordemos que en la XXII Marcha del Orgullo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queers) del 2013 se realizó una distinción al ministro de Educación, Alberto Sileoni, al ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su labor para la comunidad.[iv] Sin embargo, cuando se juega una división más grande vemos que la ambigüedad aparece y la alianza con la Iglesia se sostiene. Si observamos en detalle el debate sobre la ESI y su posterior implementación encontramos que se reproducen los ideales de la Iglesia Católica. No extraña entonces que Cristina, como reproductora de esos ideales, pida respeto a esta institución y a todos aquellos que la componen. Mientras bloquea derechos al conjunto de las mujeres y el acceso a la educación sexual es todo menos laica y feminista, le pide al colectivo feminista que no se enoje con las religiones, ni con la Iglesia ni con los sacerdotes. Su respeto encubre una posición consciente que no es más que el bloqueo a los sectores que buscan una separación real entre la Iglesia y el Estado y la sanción de leyes que realmente concedan derechos al conjunto de las mujeres.


[i]Discurso en la 8° conferencia de CLACSO.

[ii]Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22° sesión ordinaria del 4 de octubre de 2006, pág. 17.

[iii]Programa Nacional de Educación Sexual Integral: Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, Buenos Aires, marzo de 2010, p. 10.

[iv]La Gaceta, 8/11/2013. Disponible online en: //www.lagaceta.com.ar/nota/567389/sociedad/marcha-orgullo-gay

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