La conjura de los verdugos

En el mes de marzo, el escenario político brasileño se ha trastocado notablemente.  El Supremo Tribunal Federal anuló cuatro procesos en los que Lula da Silva había sido condenado por corrupción y, gracias a ello, el expresidente recuperó sus derechos políticos, quedando habilitado para competir en las elecciones presidenciales de 2022. Pocos días después, las autoridades de siete ministerios fueron removidas y los tres comandantes de las fuerzas militares abandonaron su cargo. Todo ello en un cuadro marcado por la expansión de los contagios y la multiplicación de muertes provocadas por coronavirus.

Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional

El sistema de salud llega a su límite, la vacunación avanza poco y las condiciones de vida de la población se deterioran cada vez más. Mientras la clase obrera se empobrece y muere, los empresarios exigen más ajuste y el personal político obedece. La mayor parte de la izquierda está completamente perdida, en tanto que la burguesía busca cerrar una crisis política que parece no tener fin. Aún no queda claro si mantendrá su apoyo a Bolsonaro o apelará un candidato que le garantice mayor estabilidad. Con todo, lo cierto es que detrás de las disputas y las aparentes diferencias, todas las fuerzas del régimen se muestran dispuestas a descargar la crisis sobre los trabajadores empujándolos a la muerte.   

Los recambios en el gobierno

En los últimos días, la crisis política sacudió al gabinete de Jair Bolsonaro. El 23 de marzo, en el Ministerio de Salud, el General Eduardo Pazuello fue reemplazado por Marcelo Queiroga, el cuarto ministro que asume la cartera desde el inicio de la pandemia. Una semana más tarde fueron removidas las autoridades de otros seis ministerios: Relaciones Exteriores, Justicia, Casa Civil, Secretaría de Gobierno, Fiscalía General de la Nación y Defensa, el cambio que más revuelo generó en la prensa. Pocas horas después, el movimiento general fue acompañado por el desplazamiento de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, un recambio inédito en la historia de Brasil que llega como consecuencia de la áspera relación que sostenía Bolsonaro con las autoridades de las tres instituciones, especialmente con el comandante del ejército, Edson Leal Pujol.

Toda esta remoción de cargos es inescindible de la crisis política que atraviesa el país. En los últimos ocho años, el descontento general, las protestas masivas y los escándalos de corrupción pusieron en cuestión el conjunto del régimen político y les imprimieron una enorme inestabilidad a los distintos gobiernos. Bolsonaro llegó a la presidencia con la promesa de acabar con la corrupción y el clientelismo de los partidos tradicionales, pero al poco tiempo demostró que no tenía ningún interés en hacerlo. El 24 de abril del año pasado, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, renunció a su cargo e hizo pública su disputa con el presidente. Bolsonaro había intervenido la Policía Federal con el objetivo de controlar las investigaciones que involucran a sus hijos, acusados de organización criminal, malversación de fondos y lavado de dinero. Desde entonces, junto a la salida de quien era el principal exponente de la operación Lava Jato, y, por lo tanto, la figura que sustentaba el discurso anticorrupción del presidente, Bolsonaro se ha vuelto cada vez más dependiente del Centrão, un bloque informal de partidos que tiene mucho peso a nivel local y controla un importante número de bancas en el Congreso. El Centrão no solo facilita la aprobación de las medidas que promueve Bolsonaro, sino que también sostiene al exmilitar en su propio cargo, toda vez que controlan la presidencia de la Cámara de Diputados, el puesto que podría autorizar la tramitación de un eventual impeachment.

En las últimas décadas, distintos gobiernos han negociado el apoyo de estos partidos profundamente corruptos, y la gestión de Bolsonaro no es una excepción. A medida que la crisis política avanza y el aislamiento del presidente se profundiza, la dependencia del Centrão se vuelve más notable. Este es uno de los elementos que está detrás de los movimientos ministeriales recientes. A cambio de su apoyo, además de exigir un freno a las causas de corrupción, los partidos del Centrão piden favores y cargos en el gabinete. Así, Flávia Arruda pasó a ocupar la Secretaría de Gobierno, un puesto clave en las relaciones entre el poder ejecutivo y el Congreso. Miembro del Partido Liberal y esposa de José Roberto Arruda, exsenador y exgobernador por el Distrito Federal, acusado y encarcelado por el desvío de 900 millones de reales, la nueva secretaria es una muestra fiel de lo más podrido que tiene Brasilia. Su designación no solo es un reconocimiento a la fuerza que tiene el Centrão, también es un gesto de condescendencia hacia Arthur Lira, el actual presidente de la Cámara de Diputados que ya le advirtió a Bolsonaro la posibilidad de iniciar un juicio político. Y más aún, el nuevo cargo de Flávia Arruda demuestra que Bolsonaro está intentado fortalecer su relación con el Partido Liberal, pues nada garantiza que su apoyo sea inalterable, especialmente después de la recuperación de Lula. Luego de que habilitaran su candidatura, el líder del Partido de los Trabajadores ha expresado su interés en reeditar su alianza con el espacio de Arruda, la misma fórmula que lo condujo a la presidencia en el año 2002. Como resultado de ello, Bolsonaro y Lula, los dos principales exponentes del personal político brasileño, no pueden prescindir de un acuerdo con el Centrão. A fin de cuentas, las diferencias que supuestamente los distancian son solo verbales.

Ahora bien, el avance del Centrão no se expresa únicamente en este recambio. Además de la cartera que ya controlaban desde el inicio del gobierno, en el último año, Fábio Faria pasó a presidir el Ministerio de Comunicaciones y João Roma asumió el mismo cargo en el Ministerios de Ciudadanía. A ello se suman decenas de otros cargos que tienen menos visibilidad pero que también son importantes, ubicados en los segundos y terceros escalones del gabinete, el Congreso, las empresas estatales y diversos organismos púbicos. El Centrão se encuentra profundamente integrado al gobierno y la gestión de Bolsonaro depende cada vez más del apoyo de este bloque.

¿Y los militares?

Frente a esta situación, el presidente busca disciplinar a sus funcionarios, al tiempo que intenta construir una base más sólida en el propio aparato estatal, especialmente en las Fuerzas Armadas. Lejos de lo que podría suponerse, el apoyo militar a Bolsonaro es limitado. La reciente destitución del Ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, así como el inmediato desplazamiento de toda la cúpula castrense, expresan la debilidad del actual presidente. Bolsonaro busca forjar un apoyo firme y abierto dentro de las Fuerzas Armadas, una retaguardia que le asegure un sustento a su gobierno ante la posibilidad de que se profundice la crisis. Los funcionarios mencionados no estaban dispuestos a ocupar este lugar y, en consecuencia, fueron desplazados. Pero es difícil que el presidente logre alcanzar su objetivo. Si bien existe una importante cantidad de militares integrados al gobierno, también es cierto que hay un notable reparo en ofrecerle más apoyo. En medio de la crisis económica, política y sanitaria, es probable que busquen delimitarse de la actual gestión, sobre todo de la figura de Bolsonaro, cada vez más asociada a la corrupción de sus hijos, al Centrão y a la pésima gestión de la pandemia. En este sentido, el reciente nombramiento de las nuevas autoridades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea parecen confirmar que el presidente no tiene una tarea fácil por delante. Si quiere conseguir un apoyo militar más firme, no bastará con distribuir cargos y recursos, también deberá volverse más pragmático y moderar ciertas posiciones.

Las Fuerzas Armadas brasileñas están evitando quedar comprometidas con la gestión de Bolsonaro. De ahí las diferencias permanentes entre el mandatario y su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Mientras Bolsonaro denuncia el avance de China sobre la región, Mourão echa paños fríos sobre el asunto e intenta cuidar la relación con el principal socio comercial del país. El presidente se pelea públicamente con el gobernador de San Pablo, en tanto que su vice se coloca la vacuna producida en ese Estado. La misma distancia ha sido remarcada por otros referentes militares, como es el caso de Edson Leal Pujol, ex comandante del ejército. Mientras Bolsonaro negaba la gravedad de la pandemia, Pujol se distanciaba públicamente de esa posición, comunicándole al ejército que el momento exigía “cuidado y prevención” en lo que tal vez era “la misión más importante de nuestra historia”.  Los militares están evitando involucrarse en el escenario político. En Brasil, no hay una amenaza revolucionaria por parte de la clase obrera y, en consecuencia, las Fuerzas Armadas no encuentran ninguna razón para intervenir. Bolsonaro apela a elementos sueltos y aislados en estas instituciones, y solo logra conseguir el apoyo de un grupo muy reducido. En las condiciones de hoy, si los militares decidieran intervenir, no sería para combatir la organización política de los trabajadores, sino para disciplinar al propio personal político burgués, presentándose como la “reserva moral de la nación” que se distancia de la corrupción y la ineptitud de Brasilia. Y desde este ángulo, es claro que Bolsonaro forma parte del problema y no de la solución.

La burguesía y el ajuste

Ahora bien, es difícil que algo semejante suceda. Detrás de las disputas de los partidos patronales se oculta una importante complicidad entre las distintas fuerzas del régimen. Todos los partidos políticos de la burguesía están de acuerdo en descargar la crisis sobre los trabajadores, y en un contexto de pandemia, eso significa empujar a la muerte a cientos de miles de obreros. Pese a los intentos que hacen para diferenciarse, Lula, Bolsonaro, el Centrão y el resto de los partidos coinciden en este punto. Ello ocurre porque debajo de todas estas máscaras se esconde una misma clase, la burguesía, responsable de este crimen social inédito en Brasil, la peor matanza que tal vez haya vivido el país en toda su historia. Y lo más grave de todo es que, en medio de la tormenta, los obreros se encuentran desarmados, carentes de una organización que les permita concentrar fuerzas para enfrentar la situación. Como consecuencia, tarde o temprano, terminan cayendo en los brazos de alguno de sus verdugos. Eso es lo que estamos observando en torno a Lula. El líder del PT se presenta como alguien que no es responsable de los problemas que vive la clase obrera brasileña, como si la decadencia del sistema sanitario y las miserables condiciones de vida solo fueran obra de Bolsonaro. Una mentira que nunca hubiera sido posible sin toda la propaganda histérica agitada por el progresismo y la izquierda. Las denuncias al “golpe de estado”, el “neoliberalismo” y la “amenaza fascista” son los cimientos sobre los que Lula intenta construir una nueva y gigantesca estafa. Todas esas acusaciones están pavimentando el retorno de un personajes tan hipócrita, execrable y burgués como el actual presidente. Basta pegar un vistazo a sus últimos movimientos. Lula denuncia a Bolsonaro por «el mayor genocidio de nuestra historia», al tiempo que se deshace en gestos hacia Josué Alencar, directivo del Grupo Coteminas, hijo del exvicepresidente José Alencar (2003-2010) y candidato único a la presidencia de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), apoyado por quien actualmente conduce la entidad, el bolsonarista Paulo Skaf. Con el propósito de impulsar su candidatura, el líder del PT apela al núcleo duro de la burguesía brasileña, la clase social que solo levanta la voz para exigir ajuste y denunciar las medidas de aislamiento social. Si el gobierno de Bolsonaro ha gestionado pesimamente la pandemia fue porque defiende los intereses de estos empresarios. Y la apelación a ellos demuestra que Lula no tiene nada que ofrecer los trabajadores. Lo único que puede esperarse de un personaje semejante es más de lo mismo, un bolsonarismo sin Bolsonaro.

Por ahora, una importante fracción de la burguesía manifiesta su apoyo al gobierno, sobre todo a través de Paulo Skaf, presidente de la FIESP. Este sector del empresariado industrial reconoce las medidas que ha venido impulsando Bolsonaro en sus dos años de gestión. No obstante, como lo hemos señalado en otra oportunidad, este apoyo no es inalterable. La burguesía le reclama al gobierno que profundice el ajuste fiscal mediante una reforma administrativa y el respeto al techo de los gastos públicos definido por ley. Y más aún, si el gobierno pretende sostener la asistencia estatal de emergencia, le exige que los gastos sean financiados mediante recortes en otras áreas del Estado. A ello se suma la demanda de una reforma tributaria que disminuya los costos de las empresas y facilite la competitividad del sector. Solo en último lugar la vacunación es defendida para facilitar la reactivación de la economía y garantizar la estabilidad de los negocios. Pues bien, Bolsonaro se muestra dispuesto a cumplir con todas estas demandas. Sin embargo, el agravamiento de la situación sanitaria y el progresivo aislamiento político pueden llegar a impedir que el presidente cumpla sus tareas. En ese caso, la burguesía le retirará su apoyo y apostará por un candidato más eficaz, que sin duda podría ser el propio Lula.    

Con viento en contra y una brújula que no funciona

Lamentablemente, como hemos mencionado, la situación de la clase obrera brasileña es alarmante. Al deterioro de las condiciones de vida y el empobrecimiento general, se suma la amenaza permanente y las muertes masivas provocadas por COVID-19. Pese a la disponibilidad de vacunas en el mundo y a que el propio país ya ha logrado producirlas, Brasil atraviesa el peor momento desde la llegada del coronavirus. Con alrededor de 90.000 casos y más de 4.000 muertes al día, al momento de escribir esta nota, el país acumula un total de 13.279.857 infectados y 345.025 fallecidos. Si bien la mayor parte de los casos se registran en la región Sudeste, donde se encuentran los Estados más poblados, lo cierto es que la enfermedad ha sido devastadora en todas partes. Y en este escenario, con apenas 5.595.142 personas completamente vacunadas, el sistema de salud brasileño solo ha alcanzado a inmunizar al 2,7% de la población. A este ritmo, en un país que cuenta con 210 millones de habitantes, la campaña de vacunación podría durar años en concluir. En consecuencia, frente a una nueva ola contagios, con una población empobrecida y un sistema sanitario en decadencia[1], los muertos se cuentan de a miles, el personal de salud se ve desbordado y los equipamientos e infraestructura resultan insuficientes. Pese a que se han venido incorporado más camas de terapia intensiva, en la mayor parte de los Estados, los niveles de ocupación de estas unidades supera el 90%. En Mato Grosso, Rio Grande do Sul y Rondônia, todas las camas de terapia intensiva llegaron a estar ocupadas, lo cual obligó a que los enfermos hagan fila para ser atendidos. En este cuadro, la responsabilidad de Bolsonaro es indudable, puesto que ha adoptado una posición criminal y ha negado la importancia de la pandemia.

Frente a este escenario, las direcciones sindicales y políticas no ofrecen una perspectiva que esté a la altura de los problemas que enfrentan los trabajadores. Ello quedó en evidencia luego de que la justicia anulara las condenas contra Lula y le permitieran postularse en las próximas elecciones. En efecto, las principales centrales sindicales, las mismas que en 2018 llamaron a votar al PT contra Bolsonaro, hoy festejan el indulto a Lula y manifiestan apoyo a su futura candidatura. Además, como lo han expresado los secretarios generales de Força Sindical y Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), convocan a la conformación de un frente amplio para derrotar a Bolsonaro, un espacio en donde incluyen a prácticamente todo el arco político, desde el PT hasta los actuales aliados del presidente, pasando por los gobernadores y los alcaldes. Como era de esperar, una posición similar adopta la Central Única de Trabajadores (CUT), la organización sindical más grande Brasil, históricamente hegemonizada por el PT. Todas estas centrales, responsables de la parálisis en la que está hundido el movimiento obrero, se han apresurado a proclamar la candidatura de Lula, expiándolo de su responsabilidad en la crisis y presentándolo como la única salida posible. La burocracia sindical brasileña se limita a una moderada denuncia de Bolsonaro, permitiendo que la oposición y el PT se posicionen como supuestos defensores de la salud y los intereses obreros. De este modo, lavando la cara de quienes han robado y ajustado, allanan el camino de Lula a la presidencia.

Por su parte, la izquierda argentina y brasileña han adoptado una posición muy similar, y, por lo tanto, no menos vergonzosa. Causa Operaria y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ambos de Brasil, expresaron una sumisión plena al PT. La primera de estas organizaciones convoca a la movilización de la clase obrera para impulsar la candidatura de Lula en 2022, puesto que ello sería lo único que puede terminar con el régimen “golpista” que se instaló con la destitución de Dilma Rousseff. “No hay tercera vía”, afirman, “el momento lo impone: Lula o nada”. En una sintonía similar, el PSOL convoca a la conformación de una amplia alianza para desplazar a Bolsonaro, incluyendo al PT, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y al Partido Democrático Trabalhista (PDT), es decir, las organizaciones que han gobernado el país en las últimas tres décadas. Además de expresar un programa abiertamente reformista -defendiendo la democracia burguesa, la “justicia social” y la “soberanía nacional”-, el PSOL le concede a Lula la dirección política de la clase obrera. Así, el principal referente de este partido, Guilherme Boulos, ya dejó ver que están dispuestos a bajar su candidatura para apoyar a Lula en el próximo año. Estas posiciones demuestran que, según Causa Operaria y el PSOL, los trabajadores brasileños están condenados a vivir miserablemente y, por lo tanto, solo pueden aspirar a un nuevo gobierno del PT.

La posición de Izquierda Socialista (IS) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) es igualmente bochornosa, así como la de sus organizaciones hermanas en Brasil, la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) y el Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MTR), respectivamente. Lo primero que expresan estas organizaciones es la victimización de Lula. Mientras IS sostiene que el expresidente debe tener derecho a un nuevo juicio, el PTS va más allá y directamente exige la anulación de todas las causas que pesan en su contra. De una u otra forma, el líder del PT aparece como una víctima del poder judicial y no como la dirección de un partido burgués profundamente corrompido. Pero eso no es todo. IS considera que la recuperación de Lula fortalece a la clase obrera, y en ese sentido, llaman a la conformación de un “movimiento combativo de oposiciones”, “una amplia unidad de acción” para resistir al gobierno de Bolsonaro. Los compañeros que alguna vez intentaron delimitarse del PT, hoy se arrodillan y buscan integrar un frente único junto a ellos, algo muy similar al “Frente Anti-Macri” que sostuvo la izquierda en nuestro país. De ahí que solo mencionen sus “diferencias con Lula”, como si la distancia entre un socialista y un burgués fuera una cuestión meramente táctica o estratégica.

Por su parte, el PTS adopta una posición nacionalista y reformista, cuando no sumamente contradictoria e incoherente. Contra el supuesto régimen golpista que se instaló en 2016, defienden abiertamente la democracia, el mismo sistema político que la burguesía brasileña utilizó para ajustar, reprimir y robar. Según el PTS, la destitución de Dilma Rousseff y la operación Lava Jato solo fueron maniobras del imperialismo norteamericano para instalar un régimen de ajuste y atacar a los trabajadores. Y en el marco de ese cuadro imaginario, Lula aparece como víctima de la persecución judicial y la proscripción golpista. Por un lado, olvidan (o prefieren olvidar) que el ataque a la clase obrera ya había sido impulsado por el propio PT. Por otro lado, omiten que las causas de corrupción han sido abiertas contra empresarios y políticos ladrones, y no contra trabajadores y militantes obreros. Y como si todo ello fuera poco, luego de reconocer que Lula reprimió, ajustó y gobernó para la burguesía, reclaman su libertad y sus derechos políticos en nombre de una “verdadera” democracia, lo cual también implica defender indirectamente la impunidad de todos los empresarios y políticos corruptos. En este punto, el oportunismo, la confusión y reformismo resultan inseparables. Reconocen a un verdugo, pero lo defienden. Y lo que es peor aún, lo hacen en nombre de un régimen burgués, que aparece como si fuera una conquista de la clase obrera. La misma democracia que mató, hambreó y embruteció millones de trabajadores es embellecida por el PTS, lo cual evidencia su adaptación al régimen y su total abandono del socialismo. Además, al igual que IS, se limitan a exigirle a la CUT que organice un plan nacional de lucha. En un país con una decena de centrales sindicales y una tasa de agremiación que apenas supera el 10%, exigirle a la CUT semejante tarea no solo es ridículo, sino que también implica entregar la dirección de la lucha al PT. La principal crítica que terminan haciendo a Lula es su falta de combatividad y su poca disposición al enfrentamiento, dejando de lado la cuestión central, a saber, los intereses sociales que defiende el expresidente y la clase a la cual representa. Podríamos pensar que esto es una simple muestra ingenuidad, pero lamentablemente es mucho peor. Este tipo de caracterizaciones y posicionamientos demuestran las enormes limitaciones programáticas del trotskismo y, al mismo tiempo, evidencia el oportunismo miserable de estas organizaciones.

Párrafo aparte merece el Partido Obrero (PO), no porque sostenga algo sustancialmente distinto, sino por su enorme similitud con el resto de la izquierda. Pese al esfuerzo que hacen por diferenciarse, especialmente la Tendencia, su propuesta es básicamente la misma. Presentan a Lula como una pobre víctima y afirman que el indulto al expresidente demuestra que el alto mando militar brasileño está intentando replegarse, desligándose de Bolsonaro en un momento de crisis. Además, los jueces, políticos y banqueros estarían operando para que Lula regrese al ruedo y reordene el caos en que el que está hundido el personal político burgués. Después de todo, ahora lo recuerdan, en los gobiernos del PT no la pasaban tan mal.

Este cuento puede resultar verosímil. No obstante, es necesario considerar toda la caracterización que ha venido haciendo la Tendencia para advertir lo ficticio e incoherente de su relato. En efecto, hace poco tiempo atrás, el partido clavaba el grito en el cielo y denunciaba el avance del “golpismo” en América Latina. La Operación Lava Jato, la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula solo constituían una jugada del imperialismo para reordenar el país y el continente a su antojo. Toda la crisis política en Brasil habría sido pergeñada por un puñado tipos para beneficiar al capital financiero y los pulpos petroleros norteamericanos. Con esta lectura, la Tendencia concentró en la embajada brasileña para repudiar el “golpe”, denunció el encarcelamiento de Lula y veladamente apoyó a Fernando Haddad en 2018, el candidato del PT que competía en la segunda vuelta con Bolsonaro. Vale advertir el enorme favor que le hacían al expresidente con semejante campaña. En efecto, luego de décadas de letargo, millones de obreros salían a las calles para rechazar el ajuste y la corrupción, quitándole su apoyo al PT y al resto de los partidos tradicionales. Pero esto carecía de importancia para la Tendencia: la tarea del momento era denunciar al imperialismo y sus planes macabros en la región. Y si ello implicaba embellecer al PT permitiendo que se recomponga, era una cuestión menor, puesto que lo más importante era combatir el peor de los males, el avance del imperialismo y la amenaza fascista que pesaba sobre el país. Hoy, apenas dos años después de que asumiera Bolsonaro, la Tendencia nos dice que los militares ya están ensayando un repliegue y que la recuperación de Lula está siendo digitada por el propio imperialismo. Resulta ser que la amenaza fascista no era tan grave, que los planes de Estados Unidos eran más volátiles de lo que se pensaba y que la supuesta víctima de todo este proceso, Lula, terminó siendo indultado de un día para otro.

Una vez más, esta confusa caracterización expresa las limitaciones políticas del trotskismo. Al igual que las otras organizaciones, el Tendencia le reconoce méritos al PT y pretende rescatar sus elementos progresivos. De ahí que siempre denuncien lo que al PT le falta y no lo que realmente es. Le exigen que luche, que sean más nacionalistas y que defiendan los intereses de la clase obrera. Nunca logran reconocer que este partido es tan burgués como el resto, y que, por lo tanto, no tiene ningún interés en esas tareas. En consecuencia, cuando otra fuerza patronal lo desplaza del poder, pasan a defenderlo, victimizando a Lula y denunciado el carácter supuestamente irregular de las maniobras que se utilizan en su contra. Ello explica su enredado intento de defender a este personaje al mismo tiempo que buscan delimitarse del PT. Como hemos señalado, lo único que consiguen así es lavarle la cara al expresidente y allanarle el camino de regreso. Y lo que es peor aún, al igual que el resto de la izquierda, sus denuncias al “golpe” y a la supuesta amenaza fascista terminan por embellecer al régimen en su conjunto, la democracia burguesa. Los principales enemigos de la clase obrera terminan por ser los militares o la “derecha” y no la burguesía.

Conclusión

La crisis política en Brasil aún sigue abierta. Los trabajadores salieron de su letargo e irrumpieron las calles, sacudiendo al conjunto de régimen delineado en la última Constitución. No obstante, la enorme capacidad de acción que demostró la clase obrera brasileña no fue acompañada por la emergencia de un espacio político que articule la luchas y asegure la independencia de clase. Esta es la principal limitación que ha tenido el movimiento, y si no se revierte pronto, terminará conduciendo al desaliento y la resignación. Y ese es justamente el objetivo que persigue de la burguesía. Los empresarios se aseguran de que los gobiernos respeten sus demandas, al tiempo que intenta estabilizar el escenario político. Poco les importa si esta tarea es cumplida por Lula, Temer, Bolsonaro o cualquier otro personaje. Lo único que los desvela es encontrar a alguien que le garantice las mejores condiciones de negocios. Y si para ello necesitan descartar a uno y resucitar a otro, lo harán sin el menor reparo.

Los trabajadores no pueden limitarse a escoger una alternativa patronal en detrimento de otra. Es necesario construir un espacio de poder independiente que permita delimitarse de todo el personal político burgués, sin excepciones. Lula, Bolsonaro y el Centrão, así como los otros candidatos que buscan escapar a la polarización, no ofrecen salidas distintas. Todos ellos obedecen el mandato de la burguesía y solo se enfrentan para demostrar quién es su mejor servidor. En este cuadro, el papel de la cúpula judicial es fundamental, supervisando el procesamiento de la crisis y el reordenamiento el interno del personal político burgués. El freno y la desarticulación de las investigaciones de corrupción son un intento de recomponer el régimen político mediante la amnistía y la protección. Y hasta ahora, todos parecen beneficiarse de ello. Mientras la oposición recupera a su principal referente, el actual presidente busca asegurarse la impunidad de sus hijos -acusados de organización criminal, malversación de fondos, lavado de dinero, entre otras causas- y la de sus aliados, sobre todo del Centrão. Ello explica no solo la paralización de las causas de corrupción, sino también la libertad de Lula y la posibilidad de que muchos otros abandonaran la prisión, como José Dirceu, ex Jefe de Gabinete y presidente del PT, o Eduardo Azeredo, ex gobernador de Minas Gerais por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). La misma suerte recibieron los empresarios Eike Batista, Leo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, así como otros dirigentes del PT, el PSDB, el MDB y el conjunto de partidos que integran el Centrão. La burguesía está aprovechando el reflujo de las luchas en las calles para asegurarse estabilidad.         

La clase obrera brasileña no puede esperar nada de Lula. Su supuesta preocupación por la pandemia y la situación del país son solo una muestra de oportunismo. Durante los gobiernos del PT, la decadencia del sistema de salud se profundizó y las condiciones de vida de los trabajadores se consolidaron en la miseria. Y cuando les exigieron ajustar, no han dudado en responder, de la misma manera que lo está haciendo Bolsonaro. Como si ello fuera poco, sostuvieron una enorme maquinaria de desvío de fondos y enriquecimiento ilícito. En consecuencia, a diferencia de lo que ha venido haciendo la izquierda, debemos dejar en claro que Lula y todo el personal político burgués son enemigos de la clase obrera. No debe preocuparnos que se respete el debido proceso y se garanticen sus derechos políticos. Todos ellos deben ir a la cárcel. Por una salida socialista en Brasil.  

[1] https://razonyrevolucion.org/brasil-un-espejo/