Jujuy no solamente se encuentra en una situación de colapso sanitario, ubicándose quinta a nivel nacional con más de 8000 casos y 227 muertos. Además, nos encontramos en una situación en la cual se empieza a elegir a qué individuo ponerle un respirador ya sea porque faltan camas o médicos que sepan utilizar los respiradores. Incluso así lo denunció el médico intensivista Miguel Salva (M.P. 3297), responsable de la filial en Jujuy de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
Los problemas del sistema de salud no solamente se reducen a los problemas estructurales (falta de camas, de respiradores, hospitales en condiciones de poder atender a enfermos con Covid-19 y otros tipos de problemas de salud), que como advertimos son la consecuencia de los gobiernos de la burguesía (peronistas y radicales), los trabajadores de la salud dentro de esta estructura sanitaria, que no salva la vida a nadie, se encuentran las peores condiciones. No solamente se encuentran sobrecargados de trabajo y de exponer sus vidas bajo condiciones paupérrimas. Además, deben soportar el hostigamiento del gobierno provincial.
En el boletín oficial del 31 de agosto, el gobierno provincial intima al personal de salud a prestar servicios en el destino que le sea asignado, ante la negación se le impondrá multas de cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación. En una situación excepcional como la que está sucediendo en la provincia, no hay nadie más consciente de su responsabilidad que los trabajadores de la salud. Pero lo que oculta el decreto de Morales son las condiciones degradantes en las cuales el personal de salud viene afrontando la pandemia como trabajadores del estado, muchos de ellos precarizados, y como trabajadores esenciales ya que las denuncias por falta de equipo de protección personal fueron moneda corrientes durante estos meses. A estos trabajadores, Morales no les asegura condiciones de trabajo, aumento salarial, pases a planta ni licencias inmediatas por población de riesgo, sino sanciones y hasta amenazas de prisión. Un sinverguenza.
Sin ir más lejos, el lunes, enfermeros del Hospital San Roque, contratados por la pandemia, o sea trabajadores precarizados, protagonizaron un reclamo por haberes adeudados y sueldos que no superan los 25 mil pesos, además del reclamos de todos los días y de todos los trabajadores, el trabajo insalubre. Un enfermo afirma «nos pedían hacer guardias de 12 horas exponiéndonos más porque hay compañeros que están con parte de enfermo y a veces tenemos que ver más de dos pacientes. Según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el enfermero de terapia puede ocuparse de dos pacientes y trabajar un máximo de 8 horas». Hasta el momento, el gobierno provincial prometió un aumento de los adicionales de 5000 a empleados de la salud.
Se vuelve urgente y necesario impulsar un plan de lucha, que ponga sobre la mesa un pliego de reivindicaciones históricas de los trabajadores de salud. Por ello, exigimos:
- Apertura urgente de una mesa de discusión salarial;
- recomposición histórica del salario: salario igual a dos canastas básicas totales y
- pase a planta permanente y bajo convenio colectivo de trabajo de todos los precarizados del sistema de salud.
- Presupuesto para salud, no para financiar las ganancias de los capitalistas
Corriente Clasista Goyo Flores – Razón y Revolución
