Insostenible. La reforma jubilatoria del Frente de Todos, el ajuste y la quiebra de la ANSES

Alberto y Cristina usaron como excusa a la pandemia para avanzar en el robo del siglo a los jubilados. Ni Macri se animó a tanto. Ni siquiera López Murphy, que en plena crisis de 2001 impulsó un recorte del 13% que afectaba al 16% de los jubilados con ingresos más elevados. Pero eso sí, el ex ministro de economía duró 15 días luego de sus reformas. En cambio, Alberto y Cristina impulsan severos ajustes con el aval de las direcciones de los sindicatos y sus organizaciones, y salen indemnes. No sólo debieran ser echados del gobierno por esto, sino que además tendrían que estar presos.

Nicolás Villanova

OES-CEICS

El Frente de Todos acaba de votar la reforma previsional según la cual elimina la inflación de un plumazo como elemento de indexación de los haberes, para reducir el gasto social. ¿Qué expresa la nueva reforma? Lo dijimos varias veces: Alberto y Cristina vinieron a profundizar el ajuste, no a detenerlo. Esta reforma es la continuidad de un proceso. En efecto, durante la cuarentena Alberto confiscó miles de millones de pesos a los jubilados sin que ningún kirchnerista dijera absolutamente nada. Al contrario, Cristina y todo el arco “K” avalaron las medidas. Ahora, el gobierno formaliza el ajuste en una ley. Esa reforma, a su vez, excede a los jubilados y pensionados, dado que se trata de un cambio en el índice de movilidad previsional, por lo tanto, impacta en todo el sistema de “seguridad social”. Dicho en otros términos, el Frente de Todos impulsa un nuevo régimen de pagos y recomposiciones que constituye un ajuste y que impacta directamente en más de 18 millones de beneficiarios de la ANSES. Se trata del 40% de la población argentina, aproximadamente.

La reforma se lanza sin ninguna oposición real en las calles. Como recordará más de uno, en diciembre de 2017, a tan solo dos años de asumir el gobierno actual, el macrismo lanzaba una reforma previsional que fue resistida en las calles, contra la que se batalló mucho, cuya consecuencia fue una dura represión, con balas de goma y gases lacrimógenos. Fue, de hecho, una batalla campal. Hubo presos, detenidos y heridos. En ese entonces varias organizaciones y sindicatos dirigidos por el kirchnerismo estuvieron presentes en la movilización. Son las mismas que hoy se callan la boca y dejan pasar el ajuste contra los jubilados que hasta ayer decían defender. Nada se podía esperar de esta gente.

Pero, la izquierda en el FIT-U tampoco estuvo a la altura de las circunstancias mientras se debatía la reforma impulsada por el gobierno de Alberto y Cristina. Su intervención fue puramente testimonial y estuvo reducida al orden de lo sindical o lo electoral. El Plenario del Sindicalismo Combativo había resuelto movilizar “cuando se tratara la reforma previsional”. Pero esa movilización nunca llegó, sólo elaboró una conferencia de prensa. El FIT-U, por su parte, acordó un acto testimonial en Congreso, que no trascendió y que sirvió solo para pasear a sus figuras electorales, con muy poca participación.

Es importante examinar el asunto de las jubilaciones porque, en el fondo, todo el sistema previsional y de “seguridad social” expresa los límites del capitalismo argentino. Un capitalismo que está viejo, que ya no puede sostener a la población y que no puede satisfacer ninguna necesidad de los obreros en general y de los pasivos en particular. También expresa que el personal político que ahora dice defender el bolsillo de los jubilados es el mismo que viene castigando duro y parejo el poder adquisitivo de los haberes previsionales. Es el mismo que utiliza los fondos de la ANSES para subsidiar a empresas en quiebra y para financiar sus programas sociales que nada tienen que ver con las jubilaciones. Es el mismo personal político que no hace nada por revertir aquello que provoca la quiebra de la caja jubilatoria. Por lo tanto, es responsable y es parte del problema. Veamos entonces la letra chica de la reforma de Alberto ya aprobada, las internas del Frente de Todos en torno a su ahora suprimido artículo 6°, los efectos de la eliminación de la inflación del índice de movilidad previsional y las consecuencias de la quiebra del sistema de seguridad social.

Entre el gradualismo macrista y el shock estilo López Murphy

Con la sanción de la Ley de Solidaridad del Frente de Todos se creó una comisión especial compuesta por diferentes bloques cuya función sería debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Es decir que, previo a la pandemia y la cuarentena, el gobierno ya proclamaba una reforma previsional. La comisión convocó a 17 reuniones, por éstas pasaron unos 24 especialistas y 60 legisladores quienes debatieron sobre las fórmulas de movilidad jubilatoria. Pero, el 10 de noviembre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó un proyecto de ley para que fuera tratado en la comisión. Por lo tanto, el gobierno ya había planificado su propia fórmula de movilidad, a instancias de la comisión.

¿Qué decía el proyecto original y cuál fue el resultado final del mismo? Entre el 10 de noviembre (envío del primer proyecto a comisión) y el 10 de diciembre (debate y votación en el Senado) hubo algunos cambios. Básicamente, el proyecto de ley original estipulaba que las actualizaciones de los haberes previsionales fueran semestrales y que las recomposiciones se calcularan a través de un promedio de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la recaudación fiscal de la ANSES. El proyecto finalmente enviado a tratamiento y aprobado propone una actualización trimestral (y no semestral), cuya recomposición se calcula con la combinación del mejor indicador salarial entre RIPTE y el coeficiente de variación salarial del INDEC, en conjunto con la recaudación de ANSES. Es decir que se retoma a la movilidad jubilatoria y los períodos de recomposición de haberes que rigieron bajo el mandato de Cristina Kirchner hasta el cambio que elaboró Cambiemos.

Sin embargo, entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre hubo un hecho por el cual se profundizaron las internas en el seno de la coalición del Frente de Todos, una instancia más que pone en evidencia las trabas propias de un frente electoral y la crisis interna del gobierno. Todo el debate se generó por el artículo 6° del proyecto, un agregado de Guzmán, con el visto bueno de Alberto, sin ninguna discusión previa con la comisión. ¿Qué procuraba ese artículo? Un ajuste a los jubilados aún mayor del que se viene impulsando. En efecto, el artículo señalaba que el aumento del 5% en los haberes previsionales pautados para el mes de diciembre serían descontados de la primera actualización con la nueva fórmula que regiría a partir del mes de marzo de 2021. El agregado estuvo fundamentado por los “aumentos” del período de emergencia los cuales debían ser corregidos y rebajados. Era pertinente “una disposición transitoria por la cual la actualización correspondiente a partir del 1° de marzo de 2021 estará dada por la diferencia entre el incremento que resulte de la aplicación de la nueva fórmula en el mes de marzo de 2021 y el incremento dispuesto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el mensual diciembre de 2020”.

Dicha cláusula no fue pensada y agregada por cualquiera. El proyecto con la incorporación de ese artículo fue firmado por el presidente, Alberto Fernández, y sus ministros Claudio Moroni (Trabajo), Santiago Cafiero (jefe de gabinete) y Martín Guzmán (Economía). Finalmente, ese artículo fue eliminado, no sin internas mediante y amenazas públicas de diputados del Frente Renovador de que no votarían el proyecto con ese artículo. Incluso, hubo reuniones del bloque oficialista donde llegó a señalarse que se suprimiera ese artículo y que en todo caso se redujeran partidas presupuestarias de otras áreas para no “agrandar el déficit”.

Descartado un nuevo ajuste tipo shock (por ahora), el gobierno priorizó uno más “gradual”, si es que vale el término, sobre todo cuando se trata de un nuevo intento por reducir los haberes de los jubilados luego de haber sido fuertemente ajustados y rebajados a lo lardo del año. En este sentido, lo que no sufrió ninguna modificación respecto del proyecto original y tuvo todo el apoyo del Frente de Todos fue el tope al aumento anual de las partidas a los jubilados, el cual no puede superar el 3% de la recaudación de ANSES, cuyo objetivo, ya negociado entre el gobierno y el FMI, es evitar un aumento del gasto social y el déficit fiscal. A su vez, el elemento determinante que diferencia a este proyecto respecto de la ley de movilidad macrista es la eliminación de la inflación como forma de indexar los haberes (que analizamos más adelante).

Queda claro entonces que la coalición del Frente de Todos tambalea todo el tiempo con cada acción que promueve. Avanza con el ajuste a los jubilados en cuarentena (con todo el bloque de acuerdo), lo profundiza con la reforma y medidas tales como el cobro a cuenta de un aumento del 5%, con la aprobación de Alberto, que luego lo deshace por la presión de integrantes de otras fuerzas internas. Un ejemplo más de los vaivenes de una coalición con una crisis interna que no se termina de resolver. No obstante, la reforma previsional tiene un elemento que ningún integrante de la coalición en el gobierno puso en cuestión y que perjudica al conjunto de los beneficiarios del sistema de seguridad, a los jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, asignaciones familiares y prestaciones por desempleo: la eliminación de la inflación para calcular las recomposiciones.

El robo del siglo

¿De qué se trata la reforma jubilatoria? El nuevo régimen elimina la inflación como elemento determinante de la movilidad previsional. Algo que el gobierno Fernández-Fernández impuso de hecho y por decreto durante toda la cuarentena y que ahora formaliza en la ley. Es un cambio respecto de la ley de movilidad anterior que logra su cometido: sostener un haber de miseria y profundizar un ajuste contra los jubilados. Pone un techo a la suba de los haberes y abre la posibilidad de hacer descender, aún más, su piso. Un techo porque restringe los haberes a lo que la recaudación fiscal y las recomposiciones salariales permitan, algo muy limitado en un momento de crisis económica, caída de la actividad, elevada informalidad y aumento del desempleo. Habilita el descenso de un escalón más abajo de los haberes porque al quitar la inflación como garantía de la movilidad previsional, en cuanto aquélla se incremente, los haberes perderán capacidad de compra.

Ahora bien, ¿por qué es importante una cláusula gatillo o que el haber jubilatorio (como cualquier salario) se actualice por inflación? Porque, en la Argentina actual, en el país donde los salarios pierden su capacidad de compra desde la década de 1970 en adelante, en esa economía donde los precios de los productos crecen a un ritmo cada vez más acelerado, en ese país resulta conveniente un reajuste que vaya en paralelo al incremento de los precios. Porque, debido a la escasa productividad y el atraso relativo que domina la escena económica argentina en relación con el resto del mundo, la inflación y las recurrentes devaluaciones son imposibles de contener. Situación que se traduce en los períodos hiperinflacionarios como los de 1975, 1985, 1989, en devaluaciones como la de 2002, 2014, 2018, 2020, o bien, en una inflación interanual como la de los últimos años que no baja del 40 a 50%.

Sin embargo, el reajuste por inflación tiene sus limitaciones, sobre todo cuando el punto de partida del haber jubilatorio es extremadamente bajo. A lo largo de décadas, las modificaciones en la movilidad jubilatoria, seguida de congelamientos en los haberes, ponen en evidencia la caída sistemática de los ingresos promedio de los jubilados y pensionados. Por lo tanto, si el haber previsional actual supera la inflación anual no significa que sea un ingreso elevado, sino que, simplemente, le ganó a la inflación. En efecto, actualmente los haberes de los jubilados y pensionados son de miseria. De los 5,5 millones de jubilados y pensionados titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el 48% recibe un haber mínimo que al mes de noviembre de 2020 era de 18.129 pesos. Con el último aumento de diciembre esos jubilados y pensionados pasaron a cobrar tan solo 19.035 pesos. Por su parte, el 61,4% de los titulares (3.368.124) percibe ingresos por debajo del haber promedio, estimado en unos 35.331 pesos. Es decir que apenas se cubre un 68% de la canasta de pobreza calculada por el INDEC.

Por otra parte, el haber percibido por los beneficiarios de las pensiones no contributivas al mes de diciembre de este año fue de 15.738 pesos, promedio. Se trata de los pensionados por invalidez, vejez, madres de 7 o más hijos, graciables y ex combatientes de Malvinas, que en total suman 1,4 millones de beneficiarios. Para poner en contexto: tanto el haber mínimo de los jubilados y pensionados como el promedio de los haberes de las pensiones no contributivas se encuentran por debajo de la canasta alimentaria con la que el INDEC estima la indigencia (al mes de octubre fue de 20.710 pesos). Estamos hablando de un universo de unos 4 millones de personas que reciben haberes por debajo de la canasta de indigencia. Cabe destacar que, esta situación de miseria de los jubilados no es de ahora y tampoco se debe a la gestión de Macri: los haberes de indigencia llevan décadas.

Por ello, cuando escuchamos a funcionarios del gobierno, albertistas o kirchneristas, decir que este año los haberes jubilatorios estuvieron por encima de la inflación, sus dichos no tienen demasiada importancia en un sentido de recomposición real e histórica de los ingresos. Ganarle a la inflación con ingresos de indigencia no es suficiente para salir de la miseria. El mismo argumento rige para los kirchneristas que señalan que este régimen de movilidad jubilatoria le “ganó” a la inflación durante su vigencia entre los años 2008 y 2017. Efectivamente, las recomposiciones de los haberes mínimos estuvieron por encima del aumento de los precios, pero aquéllos nunca superaron el valor de la canasta de indigencia de la ciudad de Buenos Aires ni mucho menos el salario mínimo, vital y móvil. Lo que no quieren reconocer los kirchneristas que avalan este ajuste es que tanto Duhalde como Néstor congelaron los haberes medios durante sus mandatos y que las recomposiciones del haber mínimo fueron por decreto, cuyo resultado fue un gigantesco achatamiento y una nivelación para abajo de los ingresos previsionales.

Por su parte, lo que no reconoce el Frente de Todos hoy es que, con la ley de movilidad macrista, suspendida en diciembre de 2019 por el gobierno, el aumento de los haberes durante el año 2020 hubiera sido mayor. El gobierno tampoco dice que por no reconocer esos incrementos expropió una millonada de pesos al conjunto de los jubilados. Sólo entre los meses de marzo y diciembre la coalición Fernández-Fernández confiscó una suma equivalente a 142 mil millones de pesos. Es decir, Alberto y Cristina usaron como excusa a la pandemia para avanzar en el robo del siglo a los jubilados. Ni Macri se animó a tanto. Ni siquiera el ajustador López Murphy se animó a expropiar a todos los jubilados, pues en plena crisis de 2001 impuso un recorte del 13% que afectaba al 16% de los jubilados con ingresos más elevados. Pero eso sí: el ex ministro de economía duró 15 días luego de sus reformas. En cambio, Alberto y Cristina impulsan severos ajustes con el aval de las direcciones de los sindicatos y sus organizaciones, y salen indemnes. No sólo debieran ser echados del gobierno por esto, sino que además tendrían que estar presos.

Hoy, con los haberes jubilatorios por el piso, una cláusula gatillo por inflación sólo pone un freno a una mayor caída, pero no revierte la disminución del poder de compra que hace décadas sufren los ingresos previsionales. En este sentido, la evolución de los haberes pone de manifiesto que entre los años 1934 y 1941 el haber medio de jubilados y pensionados casi triplicaba el promedio actual. Esto supone hoy en día una caída real del 64% o, lo que es lo mismo, el haber promedio actual es apenas un tercio del de la década de 1930. Mientras que, entre los años 1948 y 1956 el haber promedio jubilatorio casi duplicaba el actual. O bien, si comparamos los haberes actuales con los del 2003 posterior a la devaluación, hoy los ingresos representan un 57% por encima de aquel entonces. Pero, si lo relacionamos con el poder adquisitivo del año 1934 los haberes actuales promedio se redujeron un 70%.

Consecuentemente, la movilidad jubilatoria debiera no sólo estar actualizada por la inflación para frenar una mayor caída del poder de compra, sino que además el Estado debiera recomponer el poder de compra de los ingresos del mejor momento histórico, o sea, triplicar el haber promedio actual. Sin embargo, muy lejos de este panorama el Frente de Todos eliminó la inflación de la movilidad jubilatoria y socavó la posibilidad de poner un freno a una mayor caída del poder de compra del ingreso previsional. De eso se trata su reforma.

Un sistema quebrado

Los cambios en el cálculo de los haberes que impulsa la reforma previsional del Frente de Todos no logran revertir la miseria que se paga a los abuelos como consecuencia de la situación de quiebra en la que se encuentra la ANSES. Ahora bien, ¿por qué el sistema previsional está quebrado? Todo el sistema de seguridad social expresa mucho más profundamente el agotamiento del capitalismo en la Argentina. Veamos primero algunos números que ponen de manifiesto la situación deficitaria de la ANSES para luego indagar sus causas.

Si observamos los datos del esquema de ahorro, inversión y financiamiento de la ANSES entre los años 2012 y 2019 el cuadro de situación expresa un gigantesco déficit de la caja previsional. Los aportes y contribuciones a la seguridad social que brotan de los descuentos de los salarios obreros representan, apenas, un 44% del total de los recursos con los que cuenta la ANSES. Mientras que, las erogaciones destinadas a los jubilados y pensionados (contributivos y no contributivos), junto con el pago de asignaciones familiares (de activos y pasivos) y universales constituyen un 96%.[i] Es evidente que hay un enorme desbalance entre la plata que ingresa por aportes directos a la seguridad social y la que egresa para el pago de tales beneficios.

Incluso, si desagregamos el destino de los gastos observamos que el 62% va dirigido a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de beneficiarios que aportaron a la caja previsional (trabajadores formales), y un 34% de las erogaciones se dirige a jubilados por moratoria, pensión universal al adulto mayor (PUAM) y AUH. Se trata de beneficiarios o titulares que no aportaron a la seguridad social o lo hicieron parcialmente, toda vez que fueron contratados “en negro” y a quienes sus patrones nos les descontaron los aportes jubilatorios. Aún si se eliminara de un plumazo a todos los beneficiarios por moratorias y por la AUH, como algunos críticos del gobierno y liberales quisieran, el déficit persistiría tanto como los haberes miserables, toda vez que lo que ingresa por aportes sociales del empleo formal es mucho menos de lo que se gastaría sólo en jubilaciones y asignaciones de aportantes exentos de mora.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre los trabajadores que aportan a la seguridad social y los beneficiarios totales en el sistema de reparto actual? Según los indicadores que ofrece el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la ANSES, en el 2019 hubo 9,3 millones de trabajadores (distribuidos en 9,9 millones de puestos de trabajo) que cotizaron en la caja previsional, es decir, a quienes se les descontaba un porcentaje de su sueldo bajo la forma de salario diferido. Mientras que, la cantidad de beneficiarios de la seguridad social sumaba unos 17,8 millones. Consecuentemente, por cada aportante había casi dos beneficiarios. El incremento mayor de beneficiarios por sobre los cotizantes se debe fundamentalmente a la incorporación de millones de jubilados y pensionados por las moratorias (2005 y 2014), sumado al financiamiento de la AUH dirigida a los 4 millones de hijos de obreros “en negro” y desocupados. Esta relación entre aportantes y beneficiarios ya nos va mostrando no sólo la situación de quiebra inevitable de la caja previsional, sino también la miseria de los haberes.

La quiebra de la ANSES lleva décadas y dicha situación creó las condiciones para avanzar en la obtención de nuevos recursos para financiar la caja previsional. ¿Y de dónde salen esos recursos? Nuevamente, del bolsillo de los obreros. Es decir que al 44% de los recursos procedentes de los aportes y contribuciones a la seguridad social que hacen los obreros con parte de su salario se suma otro 22% de ingresos tributarios del IVA (impuestos al consumo obrero), débito bancario (impuesto a la circulación de dinero por consumo del obrero en blanco) y ganancias (impuesto al salario cuarta categoría de obreros registrados). Además, se adiciona otro 24% que proviene de los Aportes del Tesoro Nacional y de los impuestos coparticipables, los cuales también se sostienen con tributos al consumo obrero y las ganancias, entre otros. Esta masa de recursos que procede de fuentes ajenas a los aportes sociales no es un tema menor, toda vez que el Estado le permite un “respiro” a la burguesía y subsidia indirectamente a los patrones cuando no les exige el pago de mayores contribuciones a la seguridad social o incluso cuando los exime del pago de ese aporte. Por ello, el Estado busca recursos de impuestos a obreros por otras vías.

Cabe ahora preguntarse acerca de las causas por las cuales la ANSES está en quiebra y requiere de recursos extra para sostener a todo el sistema de seguridad social con las limitaciones del caso. La respuesta radica en la estructura económica argentina, el capitalismo. Son sus propios límites los que ponen de manifiesto la quiebra de la caja previsional. Un capitalismo ineficiente, improductivo y mercado-internista. Un capitalismo que requiere ser compensado por los subsidios directos e indirectos que paga el Estado para sostener a una burguesía planera. Un capitalismo que sólo sobrevive a través del ataque sistemático a la clase obrera, por la vía de una masa gigantesca de empleo “en negro”, que produce desempleo y que reduce sistemáticamente los salarios. Veamos.

El capitalismo crea desocupación por su propia dinámica competitiva: aumento de la productividad, concentración y centralización. Cuanto mayor desempleo menor es la recaudación de la ANSES. Específicamente, en Argentina la creación de empleo improductivo se debe a la ineficiencia propia de una economía mercado-internista, que no puede competir internacionalmente (a excepción de la soja, los granos, el aceite, Arcor y Techint) y por lo tanto se ve exceptuada de crear divisas. En una economía donde el desempleo y el empleo improductivo crecen no hay caja previsional que aguante. Por lo tanto, a un nivel general el quiebre de la caja de la seguridad social se debe al agotamiento del capitalismo argentino y sus propias limitaciones.

En lo inmediato, este agotamiento se expresa en el intento de sostener a una economía ineficiente por la vía de los subsidios directos e indirectos del Estado al conjunto de los empresarios y, específicamente, a las PyME. En efecto, el Estado le concede al conjunto de la burguesía la reducción de los descuentos de las denominadas “cargas sociales” con las que la ANSES y las obras sociales se financian. Sólo entre los años 1990 y 2002 la suma de aportes sociales y contribuciones patronales se redujo de un 49% a un 34%, promedio. Luego, en 2008 se incrementó de un 37% a 40%, aunque estuvo lejos de lo que regía previo al menemismo. Con estas reducciones, la caja previsional tiende a quebrar.

Por su parte, las PyME gozan de mayores beneficios que en el corto plazo podemos observar en las modificaciones efectuadas en los años 2001 y 2014. El decreto 814 de 2001 beneficia a las pequeñas empresas en la rebaja de contribuciones del 21 al 17% por cada empleado y pueden computar un porcentaje de aquéllas a través del pago del IVA o Ganancias. Mientras que, en el 2014 con la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral se eximió nuevamente del pago de cargas patronales a empresas de hasta 5 trabajadores y rebajas de hasta el 8,5% para el personal contratado por tiempo indeterminado. En 2020, con la excusa de la pandemia, el gobierno otorgó mayores permisos y concesiones para que los empresarios no paguen las contribuciones a la seguridad social.

Pero eso no es todo. Se trata tan sólo el empleo registrado. En el campo de la informalidad, el Estado subsidia indirectamente al permitir que las empresas contraten “en negro”. Un proceso que lleva décadas, que se profundiza desde los años ’70 a esta parte, y que, hasta el 2019, el porcentaje de asalariados sin ningún tipo de aporte a la seguridad social era del 35%, o sea, unos 5 millones de obreros. ¡Y la burguesía negrera se ahorra una millonada de pesos! Con estimaciones propias obtenemos como resultado que bajo los dos mandatos de Cristina como presidenta (2008-2015), el conjunto de los empresarios que contrataron “en negro” se ahorró casi 900 mil millones de pesos; mientras que, bajo el macrismo se habrían ahorrado unos 2 billones de pesos. Toda esta masa de dinero que va a parar a los bolsillos de los empresarios bajo la forma de ganancias es plata que desfinancia la caja de la seguridad social. Luego, cuando el Estado “retribuye” a los obreros no registrados a través de moratorias (en edad de jubilarse) o bajo la forma de asignaciones para sus hijos (AUH) no le quita plata a la burguesía, sino que redistribuye plusvalía en el seno de la clase obrera: de los descuentos a los obreros registrados reasigna migajas a los no registrados. ¿Se entiende ahora por qué los haberes previsionales son de indigencia?

Por último, otra razón por la cual el sistema previsional está quebrado se vincula directamente con el uso de los fondos jubilatorios que hace el gobierno de turno para subsidiar a la burguesía ineficiente, improductiva, planera y parásita. Nos referimos al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). Muchos creen que el FGS es, justamente, una “garantía” para los jubilados y, además, algo “sustentable”. Sin embargo, dicho fondo también está virtualmente quebrado. Y lejos de ser destinado a los obreros jubilados, el fondo es utilizado para subsidiar bajo diversos mecanismos a la burguesía. De modo que la misma clase social que tiende a desfinanciar la caja previsional es la beneficiaria de lo que queda de los fondos de los jubilados que aportaron durante décadas de su vida laboral.

Por empezar, el FGS se creó con la estatización de las AFJP en 2008 cuando buena parte del régimen jubilatorio era de capitalización individual. Toda esa plata ahorrada por los jubilados durante décadas conforma el fondo. La fecha de estatización no fue casual: el gobierno kirchnerista necesitaba caja para poder utilizar discrecionalmente, en un momento de déficit fiscal. En este sentido, los activos del fondo son fundamentalmente inyecciones de dinero y subsidios a la burguesía improductiva, bajo la forma de acciones, créditos y, sobre todo, deuda del Estado Nacional. Muy poco o casi nada va a parar a créditos para la tercera edad y a infraestructura o vivienda.

¿Cómo se compone el FGS? En el año 2019 el fondo tenía activos por valores equivalentes a 2,4 billones de pesos los cuales representaban un 11% del PBI. Para tener una referencia: ese mismo año todo el gasto consolidado dirigido a previsión social fue del 12% del PBI. Sin embargo, se trata de activos, o sea, no es plata o efectivo disponible para utilizar en cualquier momento. Son activos que, en caso de pretender recuperar su liquidez por la vía de la venta de las acciones, perderían valor. El informe del segundo trimestre 2020 del FGS de la ANSES señala que al mes de junio los fondos disponibles constituían apenas un 0,2%. El resto se constituye de colocaciones de títulos públicos o deuda del Estado Nacional (69%); plazos fijos (2,3%); “proyectos productivos” (2,8%); y, acciones en empresas como Telecom, Ternium, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Transportadora de Gas del Sur, entre otras (9,3%). Son empresas que requieren de millonadas de subsidios para poder subsistir, de modo que las acciones de la ANSES puestas en ellas no obtienen ningún rédito. Incluso, bajo la presidencia de Cristina Kirchner una parte de esos fondos se usaron para subsidiar a empresas en quiebra como la General Motors y otras automotrices.

De este modo, visto desde el punto de vista de los obreros, la quiebra de la caja jubilatoria nos perjudica sustancialmente, dados los haberes de miseria que se pagan. Pero, visto desde los intereses de la burguesía, los fondos previsionales constituyen un flujo de dinero susceptible de ser utilizado para sostener a los empresarios planeros, improductivos y parásitos. La dinámica es simple: los obreros aportan durante décadas de su vida laboral, para luego jubilarse y obtener haberes de indigencia; mientras que la burguesía se beneficia no sólo porque aporta cada vez menos a la caja previsional y porque el Estado le permite contratar “en negro” a millones de obreros, sino, además, porque el gobierno la subsidia con plata de los jubilados. De allí el particular interés que tiene cada partido o frente que asume la presidencia en el manejo de la caja de los jubilados debido a las relaciones políticas que se tejen con millones de obreros a través de las prestaciones, y también con burgueses, a través de los subsidios. Lo supo muy bien La Cámpora, ahora lo sabe Alberto.

Como vemos, toda la caja previsional y el sistema de seguridad social se encuentra quebrado, lo que expresa el agotamiento del capitalismo como forma de sostener al conjunto de la población. No alcanza para sostener a los jubilados y, paralelamente, los fondos son utilizados para subsidiar a una burguesía ineficiente e improductiva, responsable de la situación deficitaria.

Nada sustentable

El gobierno actual es parte del problema y no de la solución. No le importan los jubilados, los pensionados, los niños que cobran las asignaciones universales. No. Sólo busca rescatar a una economía capitalista envuelta en una crisis profunda. Sólo busca salvar a una clase social en decadencia que lo único que nos propone es una vida de miseria. Y por ello ajusta a la clase obrera. No sólo a los jubilados y pensionados, sino a todos los beneficiarios del sistema de seguridad social quienes se ven afectados por el cambio en la fórmula de movilidad. Esta nueva reforma del Frente de Todos constituye un ajuste que repercute en 18 millones de personas, o sea, el 40% de la población argentina.

Por su parte, el FIT-U se encuentra completamente desorientado sobre este punto. El trotskismo levanta la consigna del 82% móvil de manera incongruente y peligrosa en conjunto con otras medidas tendientes a la percepción de haberes de miseria. Por ejemplo, Del Caño propuso en su dictamen de minoría durante el tratamiento en comisión de la reforma previsional un haber jubilatorio equivalente al 82% del cargo ocupado de ese trabajador jubilado. ¿Cuál sería entonces el haber de un obrero jubilado del gremio de la construcción, de la administración estatal o del comercio? Migajas. Lo mismo propuso Romina Del Pla en julio de 2020. Una consigna que sería muy interesante si no fuera porque los salarios de los obreros son cada vez más bajos y porque buena parte de los aumentos paritarios no suelen ser remunerativos, lo que significa que no serán tenidos en cuenta al momento de calcular el haber previsional.

Peor aún, los diputados trotskistas parlamentaristas ensayan proyectos en el Congreso propios de un burgués peronista o liberal. Como hizo Romina Del Pla, en septiembre de 2019, que propuso un haber mínimo jubilatorio equivalente a una canasta básica alimentaria, es decir, de indigencia (aunque haya querido decir de “pobreza”). Luego, se intentó “corregir” semejante disparate y la misma diputada propuso en julio de 2020 un haber mínimo ya no de indigentes sino de pobres, equivalente a la canasta de pobreza de la tercera edad que se estima en la ciudad porteña. Algo que puede mejorar, pero no resolver la miseria en que viven los jubilados. Misma consigna retomó Del Caño en la comisión donde se debatió la actual reforma.

No se puede pretender como horizonte un haber jubilatorio de pobreza. Debemos batallar, en primer lugar, por una recomposición urgente de los haberes previsionales a los mejores niveles históricos, lo que supone triplicar los haberes medios actuales (semejante a por lo menos dos canastas de pobreza). Luego, debemos luchar por el blanqueo de los más de 5 millones de obreros en “negro”, sumado al incremento de los porcentajes de aportes y contribuciones descontados por los patrones y la recomposición del salario obrero a sus mejores niveles históricos. Esto evitaría un desfinanciamiento de la ANSES en lo inmediato. Posteriormente, debemos dar una batalla por la creación de puestos de trabajo en ocupaciones productivas y garantizar el pleno empleo.

La pregunta que surge es obvia: ¿esta tarea puede ser llevada adelante por la burguesía argentina? Porque hasta el momento hizo todo lo contrario. Una burguesía planera, subsidiada directamente con los fondos de los jubilados e indirectamente por las rebajas y exenciones de aportes sociales, no puede llevar a cabo esta tarea. No podemos esperar nada de una burguesía que “negrea” a los obreros que contrata y que rebaja el salario sistemáticamente. Un proceso de cambio sólo puede devenir de una economía planificada, concentrada y, sobre todo, productiva. Sólo el Socialismo puede impulsar esta economía. En ese entonces, sí, los jubilados podrán tener una buena vida. Mientras tanto, el problema del haber jubilatorio, el déficit del financiamiento previsional y el quiebre de la caja de la ANSES ameritan un debate profundo acerca de qué hacer con la denominada “seguridad social” y con los límites que le impone el capitalismo argentino. Supone una lucha encarnizada en las calles para comenzar a resolver el problema previsional y exigir una recomposición histórica de los haberes. Supone, también, la creación de un organismo que pueda aglutinar a obreros ocupados y desocupados, a jubilados y pensionados, para debatir estos asuntos, construir un plan y dar una batalla para mejorar nuestras vidas. Ese órgano centralizador es la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados.

[i]Cabe destacar que, el 4% restante de las erogaciones es plata que se destina a programas sociales que nada tienen que ver con las jubilaciones como el plan Conectar Igualdad, el PROGRESAR y otros subsidios.