Hace unos días se aprobó de manera express la ley de cupo laboral travesti-trans. En contraposición a la sanción de la ley que legalizó el aborto, no hubo ni demasiado debate, ni participación de la sociedad ni un festejo callejero. Es que en realidad había, por un lado, consenso en todo el arco patronal (del kirchnerismo a Cambiemos) y, por el otro, a la inmensa mayoría de la población este tema no le interesa. Lo que importa examinar aquí es por qué estamos ante una ley que, contra lo que se supone, no es nada “progre”.
Veamos el contenido. La ley en concreto establece que las reparticiones del Estado nacional deben emplear en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a travestis, transexuales y transgénero. Para cubrir esos cargos no se establecerá como requisito la terminalidad educativa ni antecedentes contravencionales y penales. Luego establece una serie de beneficios para los patrones que contraten trans: prioridad a empresas con personal trans para las contrataciones estatales, eximiciones de impuestos por 1 o 2 años y créditos con tasa preferencial. Para que se entienda mejor: el Estado argentino reservará no menos de 40.000 empleos a personas trans, tengan o no la calificación educativa que corresponda al cargo, sin importar sus antecedentes legales.
El primer punto del problema es que se legisla sobre lo que no se conoce. El Estado para actuar debe entender la realidad. No es este el caso. No sabemos cuánta es la población travesti-trans, cuáles son sus porcentajes de escolarización, su situación laboral y económica. Todo es un enigma. En parte, porque no hay ninguna forma de registrarlo, ya que se considera trans todo aquel que quiera serlo, sin hacer ningún cambio registral. Pero también porque al gobierno no le interesa el asunto. La ley en sus fundamentos afirma que la población en cuestión tiene una expectativa de vida de 35 años, cuya salida laboral en general es la prostitución y que viven en condiciones de extrema pobreza. Esos datos, sin embargo, corresponden a informes parciales, sin base estadística y metodológica que permita comprender la generalidad del problema.
Estas cuestiones que invalidan cualquier conclusión seria sobre el tema, no invalidan la existencia de una problemática trans, es decir, una población que tiene serias dificultades para vivir. Tampoco libera a la sociedad de la necesidad de resolver estos problemas. Simplemente, ponen sobre la mesa la verdadera razón por la cual los partidos patronales y la izquierda electoralera impulsan el asunto: por votos, no por una preocupación genuina.
Y allí está la punta del ovillo. El corazón de esta política es conseguir votos a un precio muy barato. Como ya lo explicamos, la Argentina se cae a pedazos: casi un 50% de pobreza, millones de indigentes, desocupación de un tercio del país. El kirchnerismo sabe bien que esta política de “ampliación de derechos” con concesiones simbólicas y nulo impacto real, tiene un gran rédito electoral.
El problema principal con la ley de cupo laboral no es tanto a quién beneficia, sino el lugar que cumple en la política patronal, en particular, en cómo afecta a las obreras. Mientras un puñado de personas, probablemente, no más del 0,1% de la población total, festeja haber resuelto sus problemas, más de 10 millones de mujeres viven en la pobreza, más de 2 millones están desocupadas, decenas de miles arrastradas a la prostitución y a vidas miserables. Para ellas no hay “cupo”. Ellas tienen que pelear en las calles por un “plan” o tienen que ocupar terrenos para levantar casillas.
Ante ese espectáculo, entregarle al kirchnerismo el título de “progresista y popular”, es simple traición de clase y colaboracionismo con el patriarcado. La comunidad trans argentina no elige colocarse en el campo de la clase obrera, sino en el de los patrones, a los que ayuda a mantener la “gobernabilidad” mediante la ilusión de la “expansión de derechos”. Cualquiera puede darse cuenta del costo, para un Estado quebrado por una burguesía parásita e inútil, de la ley de cupo trans frente a una ley de “cupo femenino”. La comunidad trans argentina debiera saber que, si una lucha es feminista, es una lucha para todas y que los logros de esas luchas son para todas y no en beneficio de un sector que considera a la gran mayoría “privilegiada”. La idea del cupo laboral travesti-trans no es tan de izquierda como se quiere…
Totalmente de acuerdo. Arbitrario por donde se lo mire. Y cupo para mujeres y hombres pobres no? Y cupo para discapacitados? Y el género se prioriza a la capacitación y el estudio? Ley oportunista y propia de un pais mediocre.