Lejos de calmarse con la salida de Evo y la aparición de Añez, la situación en Bolivia entró en una vorágine que, si bien hasta ahora se mantiene capitalizada por la burguesía, puede derivar en un proceso conducente a una nueva crisis política. A esto a su vez se suma la situación de la pandemia que está descontrolada, desnudando la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores. Todo constituye una verdadera oportunidad para la clase obrera.
Nicolás Grimaldi GAI (Grupo de Análisis Internacional)
Entre la pobreza y la muerte
A la fecha, Bolivia supera los 110.000 contagios y 4.800 muertos. Lo casos se concentran principalmente en La Paz y en Santa Cruz. De esta forma, el país andino llega los 42 muertos por cada 100 mil habitantes, casi 2,5 veces la tasa de Argentina. La razón de esta crisis radica en varias cuestiones que detallaremos a continuación.
En primer lugar, el 29 de abril Añez decidió ampliar las excepciones de la cuarentena a partir de las fuertes presiones recibidas por la cúpula empresarial de CAINCO, que más de una vez alabó a Evo, por lo cual se reactivó la construcción, el comercio, el sector minero, y servicios profesionales, que se sumaron a la actividad industrial, manufacturero y agropecuaria que estuvieron exceptuadas previamente. Es decir, la cuarentena se rompió de hecho. Así, se pasó de 1.014 casos que había el 29 de abril a 17.842 para el 15 de junio. Rápidamente comenzaron los casos de personas que morían sin recibir atención en Cochabamba, Santa Cruz, Beni y La Paz. Un verdadero crimen social generado por Añez y la burguesía boliviana.
Esta situación se asienta sobre lo que fue la política de la salud de Evo Morales. En 2016 la Organización Panamericana de la Saludo (OPS) estimó en 14,1 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando la recomendación la OMS es de 25 médicos por cada 10.000 habitantes.[1] Ya un estudio de la OMS del 2009, había registrado un déficit, por tener 12 médicos por cada 10.000 habitantes.[2] El promedio para América Latina y el Caribe en 2019 era de 20 por cada 10.000 mil habitantes. En relación a la cantidad de camas, según estadísticas del propio INE, en 2005 la cantidad de camas era de 1,07 por cada 1.000 habitantes, y para 2019 esa estadística arrojaba 1,3. Para tener una dimensión, el promedio para América Latina y el Caribe en 2014 fue de 2,1 camas por cada 1.000 habitantes, y Bolivia se encontraba en el puesto número 25 de 30, debajo de países como República Dominicana o El Salvador.[3] Es decir, a pesar de contar con ingreso récord de renta gasífera, la salud de Bolivia no logró alcanzar la media de América Latina. A su vez, que Evo haya dejado una informalidad de más del 60% no ayudo tampoco que la clase obrera pueda hacer una cuarentena y continuar cobrando una parte de su salario.
Esta situación de salud se junta también con la crisis económica que azota al país. El “milagro” de Evo en realidad se sostuvo en el alto precio de los hidrocarburos. Sin embargo, producto de la crisis mundial, para este año se estima que Bolivia recibirá 1.500 millones de dólares por la venta de gas, la mitad de lo obtenido en 2019 y una 25% de lo obtenido en años anteriores.[4] Esto repercutió, y lo hará aún más, en el empleo. Para junio, en La Paz se habían registrado 1.000 despidos en las industrias manufactureras de Altififers, Bolivian Timberland, Fidalga, San Gabriel, entre otras. En Cochabamba, se registraron otros 400, y 100 despidos por cierres de industrias en Santa Cruz. La Cámara de la Industria, Comercio, Turismo y Servicio de Santa Cruz (Cainco), anunció que los despidos continuarán. Se estima que en total Bolivia perderá entre un 5 y un 10 por ciento de los empleos formales. Si a esto se le suman los empleos informales que se perderán también, el porcentaje será aún mayor.
Por ello el gobierno de Añez y el Parlamento del MAS reaccionaron igual que lo hizo acá el gobierno de Alberto Fernández. Realizó transferencias de efectivo por el orden de 173 millones de dólares alcanzando a más de 2 millones de beneficiarios, destinó 71 millones de dólares para subsidiar tarifas beneficiando a 7,8 millones de personas, y destinó casi 300 millones de dólares al aumento de camas UTI e importación de equipos de salud. Por su parte, el Parlamento promulgó en junio una “Ley de Coayuda a Regular la Emergencia por el Covid–19” que prohíbe los despidos sin causa hasta dos meses después de la cuarentena. Es decir, al igual que el humo del Decreto Antidespidos de Alberto, la Ley promulgada por el MAS solo prohíbe despidos injustificados, es decir los despidos por cierre de empresas sí se mantienen, no protege a los trabajadores con contratos a término, avala que los despidos se produzcan luego del fin de la cuarentena sabiendo que la recuperación superará los dos meses, y principalmente, su alcance es solo del sector formal siendo que el grueso de la población trabajo en condiciones de informalidad.[5] Lo mismo hizo con la sanción por parte del Senado masista de un “Bono contra el hambre” publicado el 12 de agosto, que consiste en otorgar 1.000 pesos bolivianos, equivalentes a 150 dólares, por única vez, para aquellos que no reciban ingresos del sector público o privado.[6]
A esta crisis de caída de ingresos, aumento del gasto social, cierre de empresas, y crecimiento del desempleo, se abre el frente de la deuda. Bolivia arrastra una deuda externa 9.000 millones de dólares en concepto de préstamos multilaterales, principalmente el BID y el CAF, casi 1.500 millones de dólares de deuda bilateral, esencialmente con China, y otros 2.000 millones colocados en títulos en el mercado de valores. Con Morales, Bolivia se estableció como país importador de productos chinos. En 1993 China representaba el 0,7% de las importaciones, en 2007 el 8,7%, y para el 2018 ese porcentaje aumentó al 20%, superando a Brasil, Estados Unidos y Argentina, históricos socios comerciales. La relación ha sido bastante asimétrica, ya que China es el séptimo mercado de Bolivia, siendo Argentina, Brasil y Estados Unidos sus principales compradores. Esto implica que entre 2007 y 2018 Bolivia le compró a China por 15 mil millones de dólares y le vendió por 3.800 millones de dólares. Respecto a las exportaciones, China se ha interesado particularmente por la extracción de minerales (zinc y plata) aunque también aquí se encuentra en cuarto lugar detrás de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En los últimos 2 años, creció la exportación de carne bovina y de quinua, representando el 1,5% cada una. Dentro de las importaciones, Bolivia compra desde China un 39% bienes intermedios para la industria (turbinas, válvulas, máquinas para romper piedras, parte de autos, etc.), un 28% de bienes de consumo duraderos (computadoras, celulares, textiles), 16,8% de bienes de consumo no duraderos, 8% bienes intermedios para la agricultura, y 7% para la agricultura, principalmente. Por esto, vemos que China no es la principal inversión extranjera en Bolivia, siendo el décimo país con inversiones, aunque las mismas se han centrado en lugares claves como el litio o la construcción de carreteras. Es decir, a pesar de no ser uno de sus socios principales, China consolidó la extracción de minerales y materias primas de Bolivia, que a su vez se constituyó en un mercado para sus bienes de intermedios y terminados.
Entre las calles y las urnas
La llegada de Añez al poder estuvo lejos de solucionar la crisis abierta con las movilizaciones que derribaron a Evo Morales en 2019. En lo que va del 2020, Añez sufrió más de un traspié. En primer lugar, con su llegada al gobierno había ubicado al general del Ejército, Sergio Carlos Orellana Centellas, como nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), en reemplazo de Williams Kaliman, y colocó a los generales Pablo Guerra (Jefe del Estado Mayor), Iván Inchauste (comandante del Ejército), Ciro Álvarez (Fuerza Aérea Boliviana) y Moisés Heredia (Armada Boliviana). Sin embargo, en marzo del 2020 colocó al general Rubén Salvatierra Fuentes como nuevo comandante general accidental del Ejército, en reemplazo de Iván Patricio Inchausti Rioja. Al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA) se manejó la versión de que el cambio repentino se debió a que Inchausti mantenía contactos con el expresidente Evo Morales. El ministro de defensa formó un equipo para investigar los contactos pero no aseguró que los mismos hayan existido, aunque Evo Morales sí los reconoció.[7]
En segundo lugar, en mayo, las FF.AA, con Orellana a la cabeza, ingresaron a la Asamblea Plurinacional y reclamaron que ratifique los ascensos presentado por Añez, sosteniendo que en caso de que el Senado dé una respuesta negativa, las FF.AA. procederían a reconocerse por sí mismo los ascensos. En tercer lugar, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, debió renunciar y fue arrestado debido la corrupción en la compra de respiradores a España. En cuarto lugar, a comienzos de la pandemia 55 municipios de Santa Cruz, comandados por Moises Salces, alcalde de San Ignacio y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), se declararon en estado de emergencia y amenazaron con cortes de ruta, debido a la falta de liquides para pagar los salarios. Exigían el desembolso de los recursos de coparticipación y que se modifique la Ley del Seguro Universal de Salud (SUS), que obliga a los municipios a brindar asistencia gratuita a toda la población. Esto derivó en que el gobierno tenga que anunciar la creación de un Fondo Solidario Covid – 19 de 279.390.000 de pesos bolivianos, equivalente a 40 millones de dólares, para contener la rebelión.
Sin embargo, la mayor parte de los problemas de Añez, se concentraron en la búsqueda por fijar una fecha para las elecciones. El principal elemento que permitió la “pacificación” fue permitirle al MAS manejar el Poder Legislativo, mientras que Añez manejaba el Ejecutivo. La COB incluso colocó al dirigente Vitalino Mamani como viceministro de Trabajo, y consiguió también una segunda prórroga por dos años del mandato vencido de Huarachi y la burocracia de la COB. El acuerdo tácito entre las partes era la realización de elecciones lo antes posible.
La primera fecha estipulada fue para mayo. Se inscribieron los binomios Añez-Medina, por la alianza Juntos, Mesa-Mérida, por Comunidad Ciudadana, Quiroga-Jacome, por alianza Libre, Camacho- Pumari por Creemos, Arce y Choquehuanca por el MAS, Hyun Chung – Arraya, por FPV, Feliciano Mamani – Ruth Nina, por Pan-Bol, Ismael Schabib y a Simeón Jaliri Mamani por ADN. Luis Arce Catacora fue erigido como el candidato del MAS contando con el apoyo directo de Evo Morales, quien no pudo imponer su candidatura en las listas de senadores debido a que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral con el artilugio legal de que no poseía residencia fija en el país.
Arce fue ministro de Economía durante casi todos los gobiernos del MAS, con la excepción de un breve interregno entre mediados del 2017 y principios del 2019, cuando se alejó de la actividad pública por motivos de salud. Es decir, es el estratega detrás de medidas como el “gasolinazo”, el responsable de no haber solucionado el problema de la informalidad, el dependentismo de la renta carburífera, que la jornada laboral supere las 45 horas semanales, etcétera. Por su parte, Choquehuanca está vinculado directamente a los sectores rurales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue propuesto por la COB y las organizaciones sociales rurales, y también formó parte de los gobiernos masistas a cargo de las relaciones exteriores. De todas formas, a raíz de la pandemia, los comicios originalmente se postergaron al mes de septiembre, aunque con una férrea oposición del MAS, que finalmente aceptaría la decisión.
Sin embargo, y excusándose otra vez en la pandemia, en julio Añez buscó postergar nuevamente las elecciones, en esta ocasión para octubre. Por eso, el 29 de julio la COB y las organizaciones rurales del Pacto Unidad anunciaron un paro indefinido si no se restituía el plazo original de elecciones. Esto coincidía con el planteo del MAS y Evo Morales, que denunciaron la situación. Esta fecha, a diferencia de lo que había sido el traspaso de mayo a septiembre, no había sido negociada por Añez y el resto de los partidos políticos, aunque uno de los candidatos principales, Carlos Meza, se había mostrado a favor de la modificación. El paro de la COB y el Pacto Unidad derivó en bloqueos de rutas, que duraron 11 días, teniendo como epicentro La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.
Pensar en grande
Lo que mostró estos meses del gobierno de Añez y la crisis de los bloqueos, es la existencia de tres tendencias en el seno de la clase obrera. Por un lado, un sector que rompe con el MAS y apunta contra la COB por haber hecho seguidismo y colocar a los trabajadores al servicio de los intereses del partido de Evo. Es el caso de los sindicatos petroleros de Petrobrás, Repsol, YPFB Refinación, YPFB Transporte, YPFB Andina, Petroleros del Oriente, que renunciaron a la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia. Similar camino siguieron los trabajadores universitarios. En Oruro, trabajadores de la salud pública sostuvieron que desconocen a la dirección de la COB y piden por sus reivindicaciones laborales. En Santa Cruz, donde el sector fabril sufrió despidos, se organizó una movilización rechazando la dirección masista de la COB y la COD (COB Departamental) reclamando independencia política de los sindicatos. Los maestros urbanos, que han venido luchando por exigirle al gobierno la implementación de un plan que permita llevar adelante clases virtuales en lugar de dar por finalizado el año lectivo, también emitieron un comunicado rechazando la iniciativa de la COB por tildarla de electoralera. Respecto a esta ruptura, hay que señalar que el número que compone esta fracción de la clase obrera es más bien minoritario ya que en conjunto esas ramas no alcanzan a emplear al 20% de la población, y se trata solo de una parte dentro de las mismas.[8] En segundo lugar, hay que señalar que la ruptura no es con la burguesía sino con una fracción de ella, la nucleada en el MAS. Plantear “Fuera la COB” o “Fuera el MAS”, no excluyen necesariamente la adhesión a Meza.
Una segunda tendencia, es la de los trabajadores que respondieron al llamado de la COB, pero al reclamo electoral le sumaron el “Fuera Añez” y el reclamo por salud, educación, salario. Se trata de los sectores rurales y los trabajadores agrícolas, donde el MAS cosecha el 45% del voto de esas zonas, y los sectores urbanos que viven en la informalidad, en el sector del comercio y el servicio, que sufren abiertamente la crisis desatada. Por eso piden la salida de Añez y continuaron con los bloqueos, aun cuando el MAS ya llamaba a levantarlos. No rompen con el MAS, no plantean el “Fuera la Asamblea Plurinacional”, solo se limitan a Añez. De allí el voto cautivo de Evo en zonas como La Paz, Cochabamba y Oruro. Una tercera tendencia, son los sectores más ligados a la burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones sociales del Pacto Unidad, que se limitaron a la consigna por el reclamo de elecciones.
Esto tiene sus consecuencias en el plano político. Si bien las encuestas son bastante disímiles entre unas y otras, debido a cómo contabilizan y proyectan el voto rural, todas les dan una ventaja Arce por sobre el segundo, que es Meza. A su vez, entre ellos dos, más los votos de Añez y Camacho, concentran el 70% de la intención de voto. Más aún, ninguno de los otros candidatos expresa una posición política a la izquierda. Por lo que toda la burguesía, capitaliza políticamente el descontento obrero.
Respecto a los departamentos, Arce se muestra fuerte en Pando y Oruro, donde la ruralidad es del 50%, y las zonas que tienen un tercio de población rural pero con una urbanización que supera el millón de habitantes, como La Paz y Cochabamba. Meza, tiene su bastión en Chuquisaca y pisa fuerte en Potosí, mientras que Añez es fuerte en Santa Cruz, Tarija y Beni, aunque seguramente pague la crisis por la que pasó su gobierno. Camacho, apenas consigue hacer una buena elección en Santa Cruz. Añez así lidera el corazón agroindustrial y gasífero, mientras que Meza capitaliza el descontento en la región minera de Potosí y en Chuquisaca, dos de las regiones más movilizadas contra Evo el año pasado. Está claro que Arce saldrá primero, lo que resta saber es si le alcanzará para ganar en primera vuelta o no. De concretarse una alianza, por el momento difícil, entre Añez y Meza, se aseguraría la necesidad de una segunda vuelta. Teniendo un voto duro tan cautivo en regiones claves como La Paz y Cochabamba, se hace difícil pensar que el MAS no se haga con el triunfo en las elecciones, más aún con el desgaste continúo de Añez. Sin embargo, con un contexto de crisis mundial, el gobierno que venga deberá llevar adelante una tarea de ajuste frontal. En caso de ser Arce el elegido, babrá que ver hasta donde sostiene la clase obrera una nueva experiencia de ajuste con el MAS.
Lo que se observa entonces es que la clase obrera se mueve principalmente en el plano sindical, de manera dispersa. Sectores que rompen con la COB y el MAS, no se núclean entre sí en un nuevo armado, o bien llevan adelante luchas sectoriales. Cuando hace política, lo hace dentro del campo de la burguesía. Ahí radica la principal debilidad de la clase obrera a lo largo del proceso boliviano. Ha tenido una enorme capacidad de movilización que permitió tirar gobiernos, los propio Meza y Evo saben de esto, derrotar medidas de ajuste, pero se ha visto incapacitada de organizar una herramienta política que le permita no solo intervenir vetando alguna alternativa burguesa, sino imponer una salida propia. Por eso, es necesario instalar la consigna de una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que permita agrupar, de manera independiente de cualquier fracción de la burguesía, a la vanguardia y a todos los sectores que vayan rompiendo con sus direcciones, en un contexto donde la crisis económica se hará más evidente.
[1]https://rb.gy/bzwmv8
[2]Informe disponible en https://rb.gy/n7bhbp
[3]https://rb.gy/5b6acc
[4]https://rb.gy/vvnoji
[5]https://rb.gy/vwbctp
[6]https://rb.gy/3euxwf
[7]https://rb.gy/qb17sw
[8]INE, serie “Distribución porcentual de la población en la actividad principal, según sexo y grupo ocupacional, 199-2017”
