Las condiciones reales de Venezuela para enfrentar la expansión de la enfermedad
Wladimir Abreu – Profesor de historia
Para el 25 de mayo de 2020, Venezuela reportó 1.177 casos confirmados de Covid-19. Del pasado 13 de marzo hasta el 18 de mayo el crecimiento del contagio en el país fue lento pero sostenido, marcándose a partir de allí un crecimiento exponencial del virus.
En Venezuela, desde la presidencia de Hugo Chávez y acentuado aún más en la gestión de Nicolás Maduro, los datos estadísticos han sido un dolor de cabeza gubernamental, por lo que el ocultamiento y la manipulación de las cifras oficiales se ha convertido en un componente habitual de la política de Estado.
El Gobierno, el 25 de mayo, a través del vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, afirmó que hasta la fecha se habían realizado “832.526 pruebas diagnósticas de Covid-19, lo que equivale a 27.751 pruebas por millón de habitantes”.
Sin embargo, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), del 22 de mayo, muestra una singular arista: “Hasta el 21 de mayo, las autoridades han reportado haber realizado un total de 697.691 pruebas de diagnóstico de Covid-19, de las cuales se estima, según el último dato disponible, que unas 16.577 son pruebas PCR”, es decir, del total de pruebas realizadas sólo el 2,3% tiene validez efectiva para detectar el virus.
Según el mismo informe de la OCHA, el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, dependiente del Ministerio de Salud, en medio de la pandemia apenas ha incrementado su capacidad de 100 a 600 pruebas diarias.
Es importante señalar la diferencia entre la prueba rápida y la PCR, la primera tiene un bajo grado de fiabilidad y la prueba PCR es la que determina realmente la presencia del virus.
Aunque la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido los esfuerzos del Estado venezolano ante la pandemia, por ejemplo, con el incremento de 23.000 camas hospitalarias y 4.000 camas de cuidados intensivos, no deja de haber sobradas dudas acerca de qué se entiende por “cama de cuidados intensivos”, pues en el año 2019, mucho antes de la existencia de la pandemia, la Federación Médica Venezolana (FMV) denunció que apenas 70 unidades de cuidados intensivos estaban operativas en el país.
A estas dudas se suma que el Min-Salud dejó de emitir reportes epidemiológicos desde el año 2015, cuando comenzaron los rebrotes de sarampión, con el que, entre el 2017 y el 2019, se reportaron 7.054 casos y 84 fallecimientos, según información de la Organización Panamericana de la Salud.
La OMS recomienda de 8 a 10 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, y Venezuela, según datos del Banco Mundial, para el 2014 sólo tenía 0,8 camas por 100 habitantes, y para ese momento aún no había llegado lo peor de la crisis económica.
Pero incluso, estas cifras no reflejan la realidad de un sistema de salud que ha sido golpeado por la hiperinflación y el colapso de la producción petrolera, que se deteriora a pasos agigantados, pese a la colaboración de la Misión Médica cubana.
Según la FMV, hasta el año 2019 se había ido del país el 53% de los médicos de hospitales públicos y el 50% de los de las clínicas privadas, unos 30.000 en total. Además, un médico venezolano del sector público devenga un salario que oscila entre los 5 y 10 USD, y el personal de enfermería entre los 4,5 y los 9 USD.
En Venezuela, el flujo migratorio negativo ha retrasado el desarrollo del virus en el país. Si las altas movilizaciones de personas y mercancías entre las grandes potencias económicas hicieron que ciudades como Londres, Madrid, París, la Lombardía italiana, Bruselas y otras, registraban una alta propagación del Covid-19, la masiva emigración de mano de obra sobrante y la escasa llegada de mercancías y personas, hicieron que Venezuela registrara al inicio de la pandemia un muy bajo índice de contagios.
En realidad todavía el Covid-19 no ha entrado totalmente a Venezuela. La realidad del aislamiento del país ha impedido eso. Sólo el retorno de aproximadamente 40.000 connacionales a la fecha, según informes del propio Gobierno, ha influido en el crecimiento exponencial de la cifra de infectados que reportan las autoridades sanitarias, a partir de la segunda quincena de mayo.
Venezuela ha visto cómo se derrumba toda su infraestructura, a pesar de que la renta petrolera le permitió a la burguesía venezolana y al capital foráneo llenar sus bolsillos, y que la Venezuela agraria y exportadora de café paso rápidamente en una sola generación a ser una de las más urbanizadas sociedades de América Latina. Pero hoy, Venezuela no puede suministrar agua, gas doméstico ni energía eléctrica a la inmensa mayoría de su población, y esto también repercute en los hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y demás instalaciones del sistema sanitario venezolano.
Ante las alertas que el mundo científico venezolano ha realizado sobre los peligros de expansión del virus en Venezuela, como afirma el Informe de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cual moderno Millán Astray, profirió amenazas contra los integrantes de la reconocida institución. Pareciera que el Gobierno se riñe con la ciencia, en unos tiempos en los que es la ciencia la principal herramienta para enfrentar esta amenaza de salud.
No puede obviarse que en Venezuela, durante los últimos años, han reaparecido enfermedades que habían sido históricamente erradicadas o contenidas, como lo refleja un informe de la OMS que en 2018 registró 400.000 casos paludismo.
Sistemas de salud más sólidos, como los nacidos del “Estado de Bienestar” europeo, están en fuertes apremios frente a la pandemia del Covid-19. El sistema de salud venezolano y en general la infraestructura del Estado, no están en capacidad enfrentar esta pandemia.
Las facciones de la burguesía venezolana, que se han disputado el manejo de la renta petrolera y el poder en estas dos últimas décadas, sólo han dejado un país completamente derruido, a niveles que superan a regiones subsaharianas.
«La OMS recomienda de 8 a 10 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, y Venezuela, según datos del Banco Mundial, para el 2014 sólo tenía 0,8 camas por 100 habitantes, y para ese momento aún no había llegado lo peor de la crisis económica.»
Entiendo que la nota describe el estado deplorable de la infra. médica en Venezuela, pero esta parte no encaja, están diciendo que en 2014 si cumplía con lo que pide la OMS, pero dan a entender que no.