Alberto Fernández promete transformar planes sociales en empleo registrado con una herramienta que ya usaron Kirchner y Macri. Como sus antecesores, apuesta a un caballo perdedor a la vez que se pega un tiro en el pie aceptando que son los altos impuestos los que frenan la creación de empleo. Para la burguesía que acumula en nuestro país, estos subsidios son insuficientes y quiere más.
Pablo Estere
OES-CEICS
Luego de la crisis del 2001, los planes sociales se volvieron un tema central de la política nacional. Sin embargo, en estas elecciones, la campaña electoral se caracterizó por no encarar ninguno de los problemas más urgentes y evidenciar la falta de cualquier tipo de proyecto. Mientras transitamos una de las mayores crisis de la historia argentina quedó demostrada la decadencia de la clase dominante. Por boca de sus representantes políticos escuchamos la desconexión completa entre sus discursos y la realidad. En plena campaña electoral previo a las PASO, los comentarios sobre los planes sociales no se apartaron del libreto que se sintetiza en: los planes no pueden ser eternos, hay que “generar trabajo genuino”, “el trabajo dignifica” y la importancia de “la cultura del trabajo”. El Papa Francisco se pronunció en ese sentido cuando dijo que “no se puede vivir de subsidios” y que “lo que da dignidad es el trabajo”1. En todo el arco político patronal encontramos las mismas posiciones. Con la consigna “Menos planes y más trabajo”, Patricia Bullrich planteó la necesidad de una reforma laboral que favorezca el crecimiento del empleo formal. Por su parte, Espert sostuvo que los planes sociales son necesarios en el contexto actual, pero no deseables. El ministro Juan Zabaleta deslizó que estudiaba la transformación de planes en “trabajo genuino”, coincidiendo con la idea que promulga desde hace años su antecesor, Daniel Arroyo. En el debate de las PASO en TN, Randazzo pidió acabar con los “planes para siempre” porque “la gente quiere trabajo”. Ahora, luego de la derrota del oficialismo en las PASO, el gobierno nacional amagó con una política de shock y una batería de anuncios para remontar la desventaja. En materia de política social la “novedad” fue el anuncio de Alberto Fernández de transformar planes sociales en empleo registrado. Iniciativas como éstas tienen larga data en nuestro país y antecedentes recientes. Aquí veremos de qué se trata esta política y sus límites.
Ah pero Macri…
En 2017 Mauricio Macri anunciaba la creación del Plan Empalme, una iniciativa que permitía a los empleadores privados contratar beneficiarios de planes sociales y deducir de la remuneración correspondiente a cada convenio el monto que abonaba el Estado a cada beneficiario. Este plan se enmarcaba en la estrategia general de la utopía macrista, a saber: ajustar algunas variables macroeconómicas para que crezca el empleo privado y así reducir el tamaño del empleo estatal.
Si bien en un comienzo parecía que la táctica para reducir parte del déficit atacando a los estatales iba a concentrarse sólo en despidos y no renovaciones de contratos, cuando el gobierno de Mauricio se dio la frente contra los límites del capitalismo argentino optó por el gradualismo. En este campo significó una apuesta por el mercado de trabajo privado como un imán que hiciera irresistible el pasaje para los estatales. Además, el macrismo intentó ayudar a la suerte: como empleador, el estado nacional procuró mantener paritarias a la baja con la amenaza latente de los despidos de los primeros meses de gobierno. También aumentó los controles en las tareas, horarios y asistencia en muchas dependencias públicas, acostumbradas a regulaciones más laxas como compensación implícita de las magras condiciones laborales que ofrecen (contratos a términos y remuneraciones inferiores al personal de planta, entre muchas).
Cambiemos quiso engañar a todos con una receta que ya había fracasado. El Empalme era una modificación del Programa de Inserción Laboral (PIL), creado por el Ministerio de Trabajo en 2006 bajo la presidencia de Kirchner. La principal diferencia es que el PIL contemplaba no sólo al empleo privado, sino también al público y cooperativo. Además, el programa habilitaba el “autoempleo”: oficios o emprendimientos individuales como forma de participar del plan. Ambos programas fijaban que el empleador debía abonar las cargas patronales habituales, y que el monto de la prestación sólo podía deducirse del salario correspondiente. Mientras que el PIL estipulaba una duración máxima de 6 meses con establecimientos privados y 12 con los públicos, el Empalme estiraba a 24 meses el subsidio a los privados.
Cuando se lanzó el Empalme advertimos que parecía poco viable en un contexto de caída del empleo y estancamiento del mercado de trabajo. A eso había que sumar que el éxito del Plan se definía por la buena voluntad de las empresas que a él se adhirieran. Pero ni los dos años de subsidios ni la posibilidad de despedir sin indemnización (finalizando unilateralmente la adhesión) alcanzaron para seducir a este público tan exigente. Para las grandes empresas el costo laboral seguía siendo elevado, y para las PyME, seguía siendo más barato y poco riesgoso seguir empleando en negro. Recordemos que casi el 80% de los cerca de 5 millones de asalariados “en negro” se emplean en microempresas.
En este sentido, y tal como lo expresara en octubre de 2018 el economista Jorge Colina, el Empalme era “muy exigente para la empresa” porque debía contratar por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, además de cumplir con los salarios de convenio 2. Para este intelectual, más preocupado por la salud de los negocios de la burguesía que por el desempleo, el incentivo que ofrecía el Estado para contratar “planeros” era muy bajo: calculaba que en salarios promedios el ahorro para el empresario era inferior al 30%. Tampoco era seductor, agregaba, el “déficit de empleabilidad de los beneficiarios”. Pretendiendo ser elegante se preguntaba retóricamente cuán valoradas pueden ser por los empleadores las personas que “por algo están desocupadas y por algo tienen un plan”. Colina sí rescata del Plan una lección: si se quisiera alentar al empleo privado habría que hacer más atractiva la contratación. Dicho de otra manera: según su parecer, se torna necesario una reforma laboral. En la nota de El Aromo que citamos más arriba advertimos también que en el largo plazo el Empalme podría constituirse como una bolsa de trabajo flexible. El resultado fue lo que se avizoraba a poco tiempo del lanzamiento del Plan Empalme: la cantidad de beneficiarios del programa fue muy escasa, apenas unas 12 mil incorporaciones por año entre los años 2017 y 2019.
La ruta del capitán Beto
El 18 de octubre de este año Alberto Fernández firmó el Decreto 711/2021 que derogó el Plan Empalme de Macri y creó su propia versión. En el decreto se instruye a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social a efectuar “las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”. En concreto se refieren a los programas Potenciar Trabajo (otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social) y al Programa de Inserción Laboral (regulado por el Ministerio de Trabajo), pero se deja abierta la puerta para incorporar nuevos programas. Se trata de un universo de más de 1,3 millones de desocupados perceptores de planes e insertos en programas de empleo.
Las “modificaciones necesarias” de las que habla el decreto no están aún definidas. Por el contrario, se plantea que éstas se determinarán en función del análisis de las características propias y de los requerimientos específicos de cada sector de la actividad económica. Es decir, a la carta de las patronales de cada rama. Trascendió que las ramas interesadas en participar de este programa serían las de la construcción, la gastronomía y el turismo. Todas ellas golpeadas particularmente por la pandemia y con niveles muy elevados de empleo no registrado: en la construcción se registra un 57% de empleo “en negro” y en la rama de “hoteles y restaurantes”, un 38%.
Lo que sí está definido es el ahorro ofrecido a cada empresa: el monto de la prestación de cada beneficiario de estos planes podrá computarse como parte del salario que debería abonar en su totalidad. De este modo, el monto del plan dirigido al beneficiario se transforma en un subsidio directo al capital, un mecanismo parecido al programa RePro. De este modo, la empresa ahorraría un porcentaje en la contratación bajo la forma de una reducción del “costo laboral”. A su vez, este subsidio se ve complementado con otro que ofrece el gobierno y que supone mayores ahorros para la patronal para sostener sus ganancias. En este sentido, el Decreto 493/2021 publicado en agosto habilitó la reducción del pago de contribuciones patronales a los empleadores que contrataran a beneficiarios de planes sociales. Para los beneficiarios varones se estipula una reducción de 90% durante 12 meses; mientras que, para una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una persona con discapacidad acreditada, la reducción asciende al 95%. Prácticamente se trata de una moratoria anticipada: un regalo por adelantado a los empleadores disfrazado de “perspectiva de género”.
El gobierno de Todos ya había recurrido a esta táctica de reducción de las contribuciones patronales a los efectos de abaratar sus costos y garantizar mayores ganancias a los capitalistas, luego de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no bien asumió la presidencia en diciembre de 2019. Entre otros sectores, estas reducciones de “contribuciones” fueron efectivizadas durante el año 2021 en empresas de la salud (afectadas especialmente por la pandemia) 3, del norte argentino 4 y a las alcanzadas por el RePro II 5. En resumen, esto ya se ha visto y constituye una estrategia del gobierno de Alberto y Cristina para favorecer a la burguesía planera.
Incluso un sector de la misma alianza de gobierno había presentado un proyecto de ley días antes del decreto de Alberto con el mismo espíritu. En efecto, Sergio Massa había manifestado que “el plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo” en la presentación de su proyecto de ley “Un Puente al Empleo”, con el objetivo declarado de transformar de manera gradual planes sociales en empleo formal y “llevar alivio económico para MIPyMES que generen empleo”. Es decir, una medida pensada para la burguesía más ineficiente y evasora.
Otra medida que también ya estaría definida es la consagración de otra prerrogativa patronal. En efecto, el artículo 3° del decreto 711/21 autoriza las pasantías laborales sin compromiso alguno de contratación, ya que se consideran “prácticas calificantes en ambientes de trabajo”, que abonarían en el sentido de formación profesional. Como vemos, la medida del gobierno supone un subsidio al capital a cambio de una contratación precaria de un desocupado, incentivando la precariedad laboral con pasantías y preservando las ganancias de la burguesía negrera.
Eficiencia y racionalidad
El gobierno dice contar con una prueba piloto exitosa en su promesa de convertir planes sociales en empleo registrado: el Plan de Promoción de Trabajo Registrado Rural. Este plan hace compatible el cobro de prestaciones sociales como Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar mientras se trabaje de manera registrada en el sector rural de forma permanente o temporaria. En un acto en Entre Ríos, el gobernador Bordet junto a Fernández destacaron que esta medida era una de las principales demandas de los sectores de “la producción y el trabajo” en las economías regionales para promover la registración laboral y consolidar sus capacidades exportadoras. Lo que estos profesionales de la estafa dicen de manera disimulada es que los patrones necesitan subsidios para funcionar. Además, presentan a la clase obrera rural como beneficiaria de este esquema porque se le garantizaría la “protección social”. Habría que preguntarles por qué un trabajador o una trabajadora rural de tiempo completo y jornadas agotadoras de sol a sol necesita la protección de medio salario mínimo (Potenciar Trabajo) o una tarjeta alimentaria que no cubre ni la canasta básica de una persona. Sin embargo, el horizonte de creación de empleo en el campo resulta una utopía, toda vez que el sector agrario tiende a expulsar a obreros, por la vía de la mecanización de las tareas y el aumento de la productividad.
A su vez, del mismo modo por el que bajo el macrismo el plan resultó un fracaso, en un contexto de destrucción de empleo y estancamiento de la actividad económica, el programa no resulta muy alentador. Aún cuando supone una reducción de los costos para la burguesía. Por eso la burguesía exige mayores rebajas, sobre todo las PyME. No alcanza con el subsidio equivalente al monto del plan, sobre todo cuando la masa de empleo precario y mano de obra barata, bajo la forma de empleo “en negro”, es tan elevada. En este sentido, la burguesía exige una profundización de la reforma laboral ya existente y un ajuste mayor del que venimos padeciendo.
Todo este fenómeno de los planes sociales, de su “conversión” al empleo privado, de los mecanismos favorables para los empresarios y de los subsidios encubiertos expresan los problemas sociales de la Argentina actual. En efecto, la Argentina, como país capitalista, está quebrada. Esto quiere decir que no hay solución posible bajo el capitalismo que no suponga una africanización del país. Por su parte, la burguesía no puede resolver el problema del empleo. El capitalismo no puede ocupar de manera productiva a toda la población, por el contrario, tiende a crear y acrecentar a toda una capa de la población que sobra para sus necesidades. Es decir, su desarrollo implica el crecimiento de la población sobrante para el capital. Si el normal funcionamiento del capitalismo provoca un aumento del desempleo, la agudización de la crisis, como en la actualidad, profundiza la destrucción de empleo. Consecuentemente, resulta inviable convertir un plan social en trabajo genuino.
A su vez, la idea de “convertir” un plan social en “trabajo genuino” es inviable en la Argentina actual. En primer lugar, porque el plan social y el subsidio estatal a la empresa para que contrate a un obrero supone una manifestación de la desocupación encubierta. Es decir, no es empleo productivo para el capital. Por ello la burguesía exige incluso mayores beneficios para “contratar” bajo esta modalidad. Por otra parte, la izquierda trotskista se equivoca cuando exige “empleo genuino”, eufemismo utilizado para dar cuenta de trabajo productivo para el capital en el sector privado, es decir, sólo necesario para crear ganancias para la burguesía. En cambio, nuestra batalla por delante debe pugnar por la incorporación en el Estado de toda la masa de obreros desocupados, para desarrollar tareas productivas y necesarias para el conjunto de la sociedad. Para construir viviendas, escuelas, hospitales, rutas. Para producir en ramas concentradas y centralizadas en el Estado, con un elevado componente tecnológico que nos permita producir riqueza social, para satisfacer necesidades sociales. Una tarea que sólo puede ser llevada a cabo por la clase obrera dirigiendo el país.
Notas
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