Por Julia Deyme
A principios de este año –y como es costumbre ya en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)–, cerró la convocatoria a presentar proyectos para la Escuela Pedagógica y Sindical. A instancias de esa convocatoria, cada docente afiliado puede presentar una propuesta de curso de formación, con acuerdo de ciertos ejes generales que enmarcan problemáticas o temas específicos formulados por el sindicato. Está claro: la difusión que el aval del sindicato le imprime a cualquier actividad de formación es inigualable. Por eso conviene ver cuáles son los límites a la hora de aprobar o no las propuestas presentadas. Ilustraremos el punto con la propuesta de formación que realizamos y que el sindicato rechazó. Veamos.
En el marco del trabajo que llevamos a cabo en la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro, junto a experiencias de capacitación más abarcativas que desplegamos con nuestras compañeras de Trece Rosas, realizamos la presentación de un proyecto, amparados en los ejes que se proponían: alternativas de transformación de las prácticas cotidianas en las escuelas. Entendíamos que la educación sexual integral (ESI) era una buena puerta de entrada para abordar tal eje. Así, presentamos el proyecto titulado “ESI en el aula: mujeres, trata y prostitución. Propuestas para el trabajo en aula de una ESI feminista y abolicionista” que, como el titulo lo indica, se proponía brindar herramientas a las y los docentes para realizar trabajos y jornadas escolares relacionadas a la trata y la prostitución en los establecimientos y en cada una de las clases.
Presentado el proyecto bajo los requisitos que se establecían, la comisión evaluadora decidió desestimarlo considerando que “la propuesta no se aproxima a los sentidos propuestos en la convocatoria”. Veamos cual es el trasfondo de la cuestión para entender por qué llegaron a esa decisión. No se trata de una decisión inocente porque lo que está tras ella, precisamente, es la disputa por los sentidos.
Al revisar la serie de argumentos que se pusieron en juego en el “dictamen”, el primero que aparece se formula:
- “La problemática se presenta cerrada como posición tomada respecto del tema.”
Este es el primer argumento que aparece en el texto en el que nos comunican que la propuesta es desestimada. El “tema” que implica una posición tomada es el abolicicionismo. Según la comisión evaluadora, este tema tan “controversial” –y al que esquivan todos los sindicatos docentes del país–, no contempla las disidencias en el planteo de otros colectivos que discrepan sobre el asunto; entiéndase las regulacionistas. Habría que preguntarse quién se sentirá contrariado si la formación propuesta, desde su inicio, explicita el punto de partida. Tratándose de una propuesta cuya inscripción será voluntaria, su título brinda herramientas a la o el docente que quisiera anotarse para identificar las posiciones políticas del curso. El accionar de la comisión no es inocente.
En efecto, el debate sobre abolicionismo y regulacionismo es una cuestión estructural del movimiento feminista, en tanto permite pensar la violencia extrema a la que somos sometidas las mujeres, su subordinación y opresión en el marco de una sociedad patriarcal. En este punto, se trata de pensar por qué la enorme mayoría de las mujeres en situación de prostitución son pobres y cuál es la construcción patriarcal que afianza la prostitución: el putero ejercita su poder sometiendo la sexualidad de otros/as y esto lo diferencia de los compradores en una tienda, en la cual no se pone en juego un intercambio jerárquico. Por eso, no estamos ante una “elección” libre, como presentan las regulacionistas y los proxenetas, sino condicionada por un sistema que no tiene otra cosa para ofrecerles a las mujeres obreras que la mercantilización de su deseo. Para esos millones de mujeres pobres desocupadas que recurren a la prostitución, no hay ninguna autodeterminación. Porque, sabemos, cuando entran en juego el dinero y la necesidad, el deseo y la voluntad desaparecen.
Cuestionan que trata y prostitución se presenten juntas, como problemáticas cerradas. Pues bien, el problema reside en que no existiría la trata sin prostitución. Las miles de chicas cooptadas por las redes de trata de personas en el país no hacen más que terminar en manos de proxenetas que las obligan a vender sus cuerpos en los prostíbulos (que aunque el Estado se empecine en hacer como si los clausura a todos, sabemos que en realidad existen en todas partes, solo que bajo otro nombre) o en las calles. Claro está, las condiciones de vida de estas mujeres no son exactamente las que muestra la serie de Netflix Sky Rojo. Entre Ríos no solo es una provincia de tránsito, sino también de explotación sexual: en 2019 Paraná estaba primero en sentencias de tratas de personas con fines de explotación sexual, las víctimas (entre las que se encuentran menores de edad) ejercían la prostitución en las calles, clubes nocturnos y casas particulares. Quienes no ven la relación entre estas dos problemáticas o bien no son conscientes de la realidad, o bien participan de estas actividades.
Una segunda crítica alude a que el proyecto no reconocería al sujeto docente. Puntualmente fue formulada del siguiente modo:
- “No se reconoce al docente como trabajador de la educación, con trayectorias y experiencias personales y colectivas respecto del tema”.
Respecto a este punto, parecen inferir que la propuesta no tiene en cuenta las vivencias de los docentes en el aula. Nada más alejado de la realidad. En la cotidianidad del trabajo, las y los docentes nos topamos con testimonios escalofriantes que llegan a nuestros oídos cuando, preocupados por la salud del estudiantado, preguntamos, atendemos señales, brindamos escucha. La relevancia del proyecto presentado se enfoca en este sentido: no podemos hacer oíos sordos cuando en el aula surgen este tipo de relatos, cuando la prostitución está a la orden del día y de formas inimaginables. La prostitución afecta a todas las mujeres. No es un problema de las mujeres desocupadas mayores de edad: nuestras estudiantes no solo están expuestas, sino que hay formas de captación específicas. En efecto, el proxenetismo ha avanzado junto con la tecnología y las formas de la prostitución mutaron a las necesidades de la pandemia y de los hombres sedientos de consumo descartable. Las nuevas modalidades, como los «packs», páginas como “only fans” o el «sexting», se volvieron moneda corriente en una franja de la población cada vez más joven: nuestras estudiantes.
Reconocer estos problemas y hacer algo por ayudar a las mujeres es nuestra tarea como docentes. Una ayuda genuina implica batallar para desaprender los prejuicios que naturalizan la prostitución, desandar el machismo, desnaturalizar roles. Este curso, entonces, aportaba un posicionamiento con conocimiento de causa, posicionamiento que, como dijimos, no aparecía vedado. Por eso, que un sindicato como AGMER desestime un proyecto que ofrece herramientas que permiten abordar la problemática, aduciendo que los gremios que componen la CTA tienen posturas diferentes (entiéndase somos regulacionistas, no queremos problemas con AMMAR), es una gran falta porque además quienes deciden lo hacen parados en una vereda. Curioso porque, encima, nos acusan a nosotras de partir con un sesgo que no es más que la defensa del abolicionismo. El sindicato después de hablar y llevar a cabo campañas y cursos con la Ley Micaela como bandera, lo único que hace es fomentar la construcción del machismo y del patriarcado pretendiendo que los hombres a quienes estamos educando ignoren cuestiones básicas como la posesión de los cuerpos y el consumo de ellos, fomentando la violencia y la misoginia. Abolir el patriarcado es una materia, que por más camuflaje que le den, sigue estando pendiente.
Precisamente, es aquí donde empezamos a develar los motivos del rechazo: la defensa de una postura en post de un “pluralismo” que no existe habida cuenta que se construye silenciando a las voces contrarias.
- Las perspectivas de AGMER, CTERA y CTA.
El último de los argumentos expuestos es que la propuesta desconoce las perspectivas de las “trabajadoras sexuales” sindicalizadas en organizaciones gremiales. No es nada nuevo que la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) está integrada a la CTA y que participa activamente de las actividades sindicales. Ciertamente, la secretaria de género de CTA Entre Ríos mantuvo reuniones con las representantes de AMMAR en varias oportunidades. Elípticamente nos recuerdan que AGMER forma parte de la CTA, con lo cual, le deben su solidaridad a la central y no a las y los docentes preocupados por el ingreso de la prostitución en las aulas entrerrianas.
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué solo pueden escucharse ciertas voces y otras no? ¿No es acaso una censura hacia las feministas que bregamos por una sociedad donde las mujeres no seamos cosificadas? Si elevamos la mirada a la política nacional, la respuesta es obvia. El proxenetismo y la teoría queer se arraigan cada vez más en las estructuras del Estado y lo que hace el sindicato es una jugarreta patriarcal que torna invisible lo que no le conviene. Nos piden a nosotras que no tomemos partido, ahora ¿en los cursos regulacionistas se hará presente la voz abolicionista?
Recientemente, con la aprobación del cupo laboral trans, se pretende sacar a un porcentaje mínimo de la población de las condiciones de la prostitución. ¿En qué posición quedamos las mujeres, la mitad de la población, coaccionadas a esta situación? ¿Qué solución ofrecemos a los miles de docentes que enfrentan día a día a estas cuestiones? ¿Qué educación ofrecemos a nuestros estudiantes, futuros consumidores de prostitución, si ignoramos un problema estructural? ¿Qué pretendemos cuando pasamos por alto la relación directa entre prostitución y trata de menores, como pregona el sindicato? ¿Por qué no combatimos el machismo que violentará a nuestras estudiantes?
Nuestra propuesta fue, es y será, educar desde una perspectiva feminista y abolicionista, mostrando la verdad, derribando mitos y condenando al consumidor tanto como al proxeneta. Porque sin clientes no hay prostitución, batallar contra la explotación sexual y la trata implica construir una educación libertaria, sin marcas de la violencia que impone la jerarquización genérica. Apuntalar la formación docente en esta dirección es la tarea que nos damos, aunque otros busquen silenciar nuestra voz.
