Por Romina De Luca
El gobierno nacional y sus contrapartes provinciales imponen un regreso criminal a las aulas. La presencialidad “cuidada” implicará el movimiento de millones de personas en todo el país, con una pandemia que está muy lejos de ser controlada. Peor aún: la circulación comunitaria alcanza a todo el país. Nuestro país tiene 10.550.621 alumnos en la modalidad común (sin incluir el nivel superior no universitario), 107.470 alumnos en la modalidad especial y otros 1.376.000 en adultos incluyendo formación profesional. Vamos a sacar a la calle, con un escalonamiento simbólico de 15 minutos de demora en el ingreso a las escuelas o con una rotación mínima de días a 12.034.096 personas. Sumemos el acompañante permitido para menores (solo hasta nivel primario y especial), hablamos de casi 20.000.000. Sumemos a las y los docentes y no docentes (1.300.000). Conclusión: la vuelta a clases implica poner a circular por las calles a la mitad de la población del país.
Los niveles de la pandemia, sin movilizar a diario y mantener por varias horas en espacios cerrados (prometen ventilados) a la mitad de la población se registran oficialmente 116.179 casos en los últimos catorce días y se acumulan 2.410 fallecidos. La pregunta es ¿cuántos más vamos a tolerar hasta decir basta?
Para llevar a cabo una acción que no puede ser considerada más que como criminal, el gobierno, debe modificar su propia normativa anterior: la resolución del Consejo Federal N° 364/2020 promulgada el 27 de julio de 2020 donde se establecía que la presencialidad se retomaría solo cuando hubiera circulación mínima o nula del virus. Posteriormente, la Resolución CF Nº 370/20 fijó los criterios epidemiológicos de apertura. En rango medio, zonas con casos esporádicos/con transmisión local por conglomerados/brotes controlados, con un R, estable entre 0,80 a 1,20. Apenas La Rioja, Neuquén, Mendoza, Tucumán y Misiones, si obviamos el tránsito fluido con provincias donde la pandemia está desatada, podrían ubicarse en rango medio. Solo podrían realizar actividades no escolares y/o administrativas en burbujas de no más de diez personas.
De acuerdo a esa normativa Ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ni el norte del país casi completo, ni buena parte del sur podrían retomar actividades presenciales escolares. Por eso, el próximo 12 de febrero el Consejo Federal de Educación, con participación de los ministros de todo el país, se alistan para borrar con el codo lo que escribieron con la mano. De hecho, ya lo están haciendo. El artículo 24º del Decreto 67/2021DECNU-2021-67-APN-PTE de Alberto Fernández habilitó la modificación de dicha normativa para el reinicio de actividades educativas presenciales. Más aún, se comprometen a priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales incluso en caso de una segunda ola de casos. Ya ni hablemos de la tercera como la que transitan países como España.
Organismos como la UNESCO, el Banco Mundial y el BID advierten en distintos estudios sobre la profundización de la desigualdad educativa tras la pandemia. En particular, en aquellos países donde más de la mitad de los alumnos carecen de las herramientas digitales que garanticen la educación remota. En ese contexto, reclaman a los gobiernos ante la posibilidad de una generación perdida y entienden que el riesgo de abrir las escuelas sería un mal menor. En lugar de garantizar lo necesario para conservar lo invaluable -la vida- los gobiernos concluyen “abramos las escuelas”.
Esos mismos organismos, advierten sobre la subvaloración de los niños como propagadores del virus. También que el nivel de registro de contagios en la población infantil no hace más que crecer, que fueron subregistrados enmascarados con otras enfermedades y que los casos infantiles superan el 11%. Además, la prevalencia oscilaría entre el 1,13% y el 30% en los distintos países. En solo una semana, los casos de niños confinados se duplicaron en Madrid y el cierre de aulas se triplicó. En la comunidad valenciana, en el mes de enero, registraron que los contagios entre niños y adolescentes habían ascendido entre 77 y 82%. En Puebla, México, los contagios en menores durante la última semana de diciembre de 2020 había aumentado casi 7%. Fue en el mes de agosto que la Universidad de Harvard empezó a reconocer el papel de los niños como propagadores, mucho antes de la aparición de las cepas británica y sudafricana. En enero de este año, un estudio en la revista The Lancet determinó que niños y adolescentes menores de 20 años presentaron un 58% más de probabilidad de contagiar a otras personas que los adultos mayores de 60 y que, los mayores de 10 años, contagian tanto como cualquier adulto. Pero también se contagian entre sí o enferman, tal como demuestran los números anteriores. Esto también fue constatado por el mayor estudio con niños realizado en la India. Además, las escuelas también contribuyen a la propagación de la enfermedad si ésta no fue controlada antes a nivel comunitario. Además, se demostró su papel en la propagación en las segundas olas. Evidencia se acumula en Victoria (Australia), Melbourne y Quebec (Canadá), Israel, República Checa o Estados Unidos que había reportado más de 313.000 casos documentados en escuelas primarias y secundarias. Por eso, sus docentes se reúsan a regresar a las escuelas. Reino Unido evidenció que el cierre de colegios (que se produjo antes del confinamiento total) hizo caer la cantidad de casos. Por eso, Alemania se niega a abrir sus escuelas todavía. Aún allí donde está garantizada la infraestructura adecuada, se decidió cerrar escuelas para evitar el movimiento de personas. Hay un espejo en el que podemos mirarnos, pero el gobierno de los Fernández no quiere hacerlo. Y, por el contrario, avanza en un camino que nos dirige hacia la muerte: abrir las escuelas y ver qué pasa como sugieren algunos estudios internacionales inaugurando así un experimento social que promete convertirse en un crimen social gigantesco.
Para tranquilizarnos, hablan de burbujas. Pero no existe burbuja que permita contener la movilización de la mitad de la población a lo largo y ancho del país. Hoy el transporte de colectivos, en la Ciudad de Buenos Aires, opera a la mitad de su capacidad, según los datos oficiales. Lo mismo ocurre en todas las grandes ciudades del país. Sumemos el itinere de docentes entre sus “burbujas”. El propio «Informe Preliminar. Encuesta a Docentes Continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19» elaborado por el Ministerio de Educación con una pequeña muestra en el mes de agosto reconoce que el 49% de los docentes de secundaria trabajan en entre 6 y 10 cursos y otro 15% tiene entre 11 y 15 cursos. Por su parte, los docentes de primaria, el 24% atendió a dos grados en 2020, el 9% a tres grados, el 5% a cuatro grados y el 7% entre cinco y siete grados. Agreguemos a los alumnos que se movilizan entre provincias para estudiar: solo la Ciudad de Buenos Aires tiene casi 500.000 que llegan del otro lado de la General Paz. Todo lo dicho, sin sopesar aún las condiciones edilicias de las escuelas que lisa y llanamente no permiten el cumplimiento de ningún protocolo de los establecidos producto de una desinversión histórica que acumula décadas.
Hoy más que nunca, el cuidado de la vida se impone. Solo la vacunación masiva del conjunto de la población creará las condiciones propicias para el retorno a la presencialidad. Sin embargo, apenas se registra que el 0,68% de la población recibió una dosis (307.501) y el 0,36% la segunda (163.882). Por eso, la tarea de la etapa es la defensa de la educación remota y la pelea por los plenos recursos materiales, técnicos y humanos para garantizarla.
Firma el Pronunciamiento acerca del retorno a la escuela presencial. Nuestras vidas primero.
