Cuando a principios de enero se dio a conocer la muerte por desnutrición y tuberculosis de Néstor Femenía en el Chaco, el gobierno nacional apeló a la teoría del hecho aislado, responsabilidad de los dirigentes comunitarios. En realidad, el gobierno acusa a ciertas “comunidades” por no subordinarse al proyecto “nacional y popular”.
Roberto Muñoz
TES-CEICS
Cuando a principios de enero se dio a conocer la muerte por desnutrición y tuberculosis de Néstor Femenía en el Chaco, desde el gobierno nacional -a través de su jefe de gabinete y gobernador con licencia de la provincia en cuestión- intentaron cerrar el tema con el argumento ramplón del árbol y el bosque: un hecho aislado que no debería opacar el “desarrollo inclusivo” de los últimos años. Tenían a su favor, en primer lugar, la política más expeditiva para combatir la desnutrición infantil: no contabilizar a gran parte de la población afectada. Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2009 un manual para la Evaluación del Estado Nutricional de Niñas, Niños y Embarazadas mediante Antropometría. Lo que antes de la publicación de este documento para los equipos de salud de atención primaria se identificaba como desnutrición leve, ahora se define como «riesgo de bajo peso» y la desnutrición moderada y grave se considera, respectivamente, bajo y muy bajo peso. Además, se modificó el procedimiento para el diagnóstico, ignorando el factor edad de los niños, para tener en cuenta únicamente la relación entre su estatura y su peso. Estos cambios permitieron masificar el subregistro. Se sabe que una de las consecuencias de la desnutrición es la baja estatura, por eso es fundamental medir el peso del niño en relación no sólo a su talla, sino a su edad. Un niño de tres años que pesa determinados kilos y mide tantos centímetros puede ser normal, pero si esos datos se aplican a un niño de seis, estamos ante un caso grave de desnutrición. Por su parte, respecto a los que finalmente mueren por el flagelo, el subregistro es más sencillo. Solo basta con adjudicar la causa del deceso a alguna enfermedad derivada, tales como neumonía, diarrea, paro cardiorespiratorio, etc., en las fichas de defunción.
A pesar de esto, la sucesión de muertes en condiciones similares a la de Femenía en varias de las provincias del norte argentino hacía demasiado endeble lo del “caso aislado”. Se requería, entonces, una justificación más sofisticada. La identificación como “indígenas” de los niños muertos habilitaba la explicación cultural. Diana Conti, devenida en antropóloga, sintetizaba el pensamiento dominante en la disciplina, de esta manera:
“es un pueblo al que se le ha dado hábitats especiales y la preservación de sus propias culturas. No sé si más adentro del Impenetrable, si ahí se llega. La parte que yo conozco, se les respeta sus cualidades (…). Hasta Juan Carr dice que Argentina tiene Hambre Cero, por eso digo que también hay otras condiciones socioeconómicas y culturales, que tienen que ver con una situación de dejadez. ¿No existen los padres, la familia, nada?”
Más interesante aún, terminaba su justificación llevando hasta sus últimas consecuencias las pretensiones del indigenismo autonomista. Para el kirchnerismo, la responsabilidad por las muertes por desnutrición habría que imputárselas a supuestos funcionarios de una aparente nación limítrofe, la Qom:
“La mano del estado en algunas comunidades llega si la propia comunidad lo permite, porque el pueblo Qom tiene liderazgos, liderazgos públicos y en principio el líder de un pueblo es también el responsable de quienes lo conforman. Pueden estar en situación de pobreza, pasar necesidades, pero dejar que un chico muera…”[1]
En otras palabras, se acusa a ciertas “comunidades” por no subordinarse al proyecto nacional y popular. Si no entran dentro del entramado clientelar peronista, no pueden pretender el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Lamentablemente, Félix Díaz, dirigente de la comunidad Qom La Primavera, está de acuerdo con la diputada, respecto a la necesidad de la autodeterminación de estos “pueblos”, es decir su prescindencia del Estado:
“Estamos tratando de aferrar lo nuestro para poder seguir desarrollando nuestra cultura, para poder poner en práctica nuestras costumbres y usar los recursos naturales para poder subsistir (…) cuando invaden nuestro territorio, destruyen nuestro monte, matan nuestra medicina tradicional (…) porque nuestra farmacia es el monte…”[2]
Y agrega, “nos hemos organizado, hemos podido armar nuestra propia comunidad, una forma de gobernar, pero resulta ser que el Estado niega el derecho a la autodeterminación.”[3]
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) consideró que ni siquiera era necesario sacar un comunicado lamentando estas muertes. Desde hace años que su identidad “indígena” está supeditada –al igual que gran parte de las organizaciones semejantes que se reivindican así-, a su relación con el kirchnerismo. Requisito indispensable, como explicó Conti, para acceder a la asistencia estatal. Eso sí, el MNCI ya difundió un volante informando la realización del VI Congreso de la CLOC-Vía Campesina “Contra el capitalismo, por la soberanía de nuestros pueblos”. El encanto de lo inútil.
¿Por qué en el norte?
Ya hemos explicado la condición obrera de la mayoría de la población que suele quedar englobada bajo la denominación de pueblos originarios y las características que asume la acumulación de capital en las provincias en que se han producido la mayoría de la muerte de niños desnutridos.[4] Su inserción actual como obreros desocupados, como población sobrante para el capital en estos espacios, los ubica como una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera argentina. Por eso mismo, también señalamos el carácter recurrente y generalizado de los casos de desnutrición[5].
El Censo de Población de 2010 registró que casi la mitad de la población del Chaco no dispone de agua por cañería en sus viviendas. Además, solo el 24% de sus pobladores habitan en viviendas con desagüe de cloacas, mientras que 85 mil chaqueños directamente no tienen retretes en sus viviendas y una cifra similar sólo cuenta con un hoyo en la tierra como inodoro. A su vez, como la provincia entera carece de gas de red, cerca del 80% de la población utiliza garrafas para cocinar y un 13 % recurre a la leña o el carbón como combustible principal para preparar sus alimentos (INDEC, 2010). La misma fuente indica que casi 80 mil chaqueños habitan en ranchos o casillas. Dentro de este contexto, con guarismos no muy diferentes a los registrados en las provincias vecinas Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero, los espacios rurales presentan las peores condiciones. Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF), sobre un total de 4.556 NAFs (Núcleo Agricultor Familiar) relevados en el Chaco, el 50% declaró tener viviendas con pisos de tierra o ladrillo suelto y las viviendas con paredes exteriores sin revocar se elevaba al 82% de los casos.
Bajo estas condiciones de infraestructura, la prevalencia de infecciones prevenibles como el Mal de Chagas, cólera, dengue es marcadamente elevada. Recordemos la “crisis del dengue”, con la generalización de los casos con esta afección en el año 2009. En el mismo sentido, un trabajo realizado por el Centro Mandela en la zona del Impenetrable indica que “el 90% de las viviendas de 3 mil pobladores entrevistados estaba infectado por vinchucas, tanto en cascos urbanos como parajes aledaños de El Sauzalito, Wichi, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza, entre otros lugares.”[6]
A esto hay que agregar el extremadamente ineficiente sistema de salud pública. Se calcula que en las provincias del NEA y el NOA hay en promedio un médico por cada 800 habitantes. No obstante, en los parajes más alejados de las ciudades, ese promedio se agrava. Por ejemplo, el hospital de Morillo, localidad salteña donde murió uno de los niños desnutridos el mes pasado, cuenta con sólo tres médicos para una población de 9 mil habitantes. En Villa Río Bermejito, donde murió Femenía, la proporción es similar. Ante esto, Capitanich esgrime su política sanitaria. En efecto, en 2007, cuando murieron en pocos meses 19 integrantes de comunidades indígenas por desnutrición, el gobierno del Chaco, y ante una cautelar de la Corte Suprema de Justicia, se vio obligado a firmar un decreto que declaraba en estado de emergencia sanitaria, alimentaria, educacional y habitacional, a los pueblos indígenas de la provincia. Respecto a la atención médica, se dispuso la formación de Agentes Sanitarios Indígenas. El plan consistía en la capacitación de algún miembro de cada una de las comunidades para garantizar la “presencia médica” en los diferentes parajes, siempre alejados de los centros de atención. Luego de unos cursos acelerados de pocos meses a cargo del Ministerio de Salud, estos agentes quedaron a cargo de las salitas de salud instaladas en las comunidades, careciendo de la preparación adecuada aunque sea para realizar tareas mínimas de promoción y prevención de la salud (como por ejemplo, tomar la presión). Además, las salitas –casillas igual de precarias que las viviendas de los pobladores- no cuentan con las herramientas e insumos básicos. La vacuidad de las medidas desplegadas desde hace ocho años, salta a la vista con las muertes recientes.
Hay que politizar el problema
En una intervención televisiva, Jorge Altamira sostenía que, a diferencia de lo que postulan los kirchneristas, había que politizar la situación por la que atraviesan los llamados indígenas. Eso implica una discusión programática. Para el Partido Obrero, la clave explicativa sería que el avance sojero ha expulsado a los “campesinos e indígenas” del campo, privándoles de su posibilidad de sustento. Por lo tanto, la política que se impone es una reforma agraria que les devuelva sus tierras. Algo similar plantea el PTS[7]. De esta forma, la izquierda revolucionaria se encierra en una política seguidista, haciendo propio el programa reaccionario del indigenismo. Las características estructurales que describimos muestran la falsedad de la antinomia indígena-no indígena. Como ya dijimos en repetidas oportunidades, la tarea política que se impone es superar la fragmentación en el interior de la misma clase obrera. Los reclamos de esto trabajadores no difieren de los de las capas más pauperizadas de la clase: vivienda, salud, educación, alimentación y trabajo. En ese sentido, la organización revolucionaria, antes que agrupar a los compañeros por su origen (“indígenas”), debería apelar a la condición obrera como factor de unificación de las luchas y exclusión de los verdaderos opresores.
1http://goo.gl/bccxeY
2http://argentina.indymedia.org/news/2009/04/668667.php
3http://goo.gl/kyjdzm
4Véase Muñoz, Roberto: “Piqueteros indígenas. Condiciones de vida y represión en las comunidades wichi de Formosa”, en El Aromo, n°80, 2014 y Muñoz, Roberto: “La desnutrición infantil, el flagelo que no abandona a la Argentina”, en Infobae 31-01-2015.
5Véase Sanz Cerbino, Gonzalo: “El crimen del hambre. Desnutrición y muerte en el Chaco”, en El Aromo n° 40, 2008 y Muñoz, Roberto: “Cuando la yerba mata. Desnutrición y muerte entre los obreros rurales de Misiones”, en El Aromo n° 58, 2011.
6Diario Norte, Chaco, 22/11/2014.
7Véase Muñoz, Roberto: “Ideas medievales. Acerca de la política del PTS para los llamados Pueblos Originarios”, en El Aromo n°81, 2014.
