El Cristinismo ante el lock out de la burguesía agraria dio marcha atrás en su intento de regular las exportaciones de maíz. No es la primera vez que ocurre, en 1947 el gobierno peronista cede de igual manera otorgando a la patronal agraria no solo el aumento de precio que solicitaban sino también la flexibilización de las normas laborales
Marina Kabat
TES – CEICS
La Federación Agraria Argentina tenía, al inicio del gobierno peronista, tanto motivos de acercamiento, como razones de enfrentamiento. La causa de que muchos chacareros votaran por Perón fue la ley de congelamiento de arrendamientos. Pero también existían puntos de conflicto: en primer lugar, la ley de Estatuto del Peón rural. Pese a su discurso, los comúnmente denominados chacareros son burgueses agrarios que explotan trabajo asalariado por lo que esta ley les molestaba. Otro foco de conflicto de la Federación Agraria Argentina –FAA- con el gobierno eran los precios que el IAPI pagaba por la producción agraria. EL IAPI era un ente estatal que compraba toda la producción agraria a un precio fijado por el gobierno y luego la vendía tanto en el mercado interno como externo.
Esto engendró una protesta de la patronal agraria que modificó parte de la política económica y laboral del peronismo hacia el sector. Este movimiento, que no había sido investigado hasta nuestro estudio, tuvo bajo el gobierno de Perón la misma trascendencia que el conflicto del campo de 2008 bajo el gobierno kirchnerista.
El conflicto del campo de 1947 es un hito central en las relaciones del peronismo con las corporaciones agrarias (y como contrapartida con la clase obrera) que, sin embargo, fue pasado por alto por los historiadores. La censura que impidió la difusión de muchas protestas obreras, también silenció, en este caso, las acciones patronales. Logramos una reconstrucción más amplia del conflicto gracias a trabajar con documentos secretos del peronismo investigación condensada en nuestro libro: Perónleaks.
La Subsecretaría de Informaciones – la misma que controla todo el aparato mediático peronista y vigila los medios no cooptados y artistas sospechosos- arma por lo menos tres equipos y los envía a la región maicera, epicentro del conflicto. Un equipo opera desde Rosario y recorre el sur de Santa Fe, otro se asienta en Pergamino y actúa en la zona norte de Buenos Aires y el tercero trabaja en Córdoba, tomando Villa María como base de operaciones. Cuando es posible, miembros de estos grupos participan en las asambleas convocadas por la Federación Agraria Argentina. Pero, en general, deben organizar actos alternativos y reunirse con referentes locales para evaluar el desarrollo del conflicto y las medidas económico–sociales para desactivarlo. También proponen las campañas mediáticas para ganar la opinión pública lugareña.
Las demandas de la burguesía agraria
El conflicto es similar al desatado en el 2008 en relación a las retenciones móviles, aunque asume otra forma porque el mecanismo de la comercialización de la cosecha es distinto. En el ’47 el IAPI compraba la cosecha a precio fijo, por lo cual el principal reclamo del movimiento es el aumento de los precios pagados por el IAPI. La burguesía rural también pide la reglamentación del estatuto del peón rural y fijación de salarios y condiciones laborales con anticipación a la cosecha para restar poder de negociación a los obreros.
El principal problema gira en torno al precio del maíz. La agitación se concentra en la zona de influencia de Rosario y el norte de Buenos Aires. El clima ya venía caldeado por una serie de huelgas obreras, en ese contexto, desde fines de enero llegan a Ministerio del Interior reportes de la agitación de los colonos.
El gobierno estaba preocupado porque gran parte de los colonos movilizados habían votado por el peronismo, algo que no dejan de destacar sus dirigentes. En un acto en Pergamino a mediados de febrero Irineo Barrios, presidente de la Federación Agraria, dijo que “los malos políticos que rodean al presidente” y “algún ministro que no quiso nombrar” son los responsables de la situación “que los agricultores deben jugarse el todo por el todo, y si este estado no se modifica, no levantar las cosechas aun a riesgo de perder el precio básico fijado”. Barrios preguntó “si todos habían votado a Perón y, ante la respuesta afirmativa declaró que debía recurrirse ante él.”[i]
El 18 de febrero Irineo Barrios volvería hablar, esta vez ante 10.000 chacareros en Alcorta. La Federación Agraria, con una voluntad simbólica muy clara, concentró en esta localidad sus esfuerzos. Al acto asistieron, según la crónica de la gente de la Subsecretaría de Informaciones, colonos del sur de Santa Fe, de Entre Ríos, del norte de Buenos Aires y de Santiago del Estero, con las respectivas pancartas de sus seccionales de la FAA. En este acto el discurso de Irineo Barrios fue más radical. Por ejemplo, preguntó a los asistentes qué opinaban sobre la intervención del gobierno en el comercio de granos. Una silbatina ofició de respuesta. Pareciera que las bases estaban más decididas que Barrios a realizar el lock out patronal. Varias veces en medio de su discurso lo interrumpen al grito de “huelga, huelga, huelga.” Pero Barrios logró postergar tal decisión para darle tiempo al gobierno y convocar una nueva asamblea, la cual aplaudiría al gobierno por haberlos escuchado o decretaría la huelga.[ii]
La decisión de las bases y la indecisión de Barrios son confirmadas por un informe del delegado de la Policía Federal en Rosario, comisario Goldar, quien afirma que “no se ha realizado la huelga porque el presidente de la Federación Agraria, Irineo Barrios, ha temido situaciones de orden personal, de no ser así, ya estaríamos con la huelga declarada.”[iii] Las precauciones de Barrios no parecen exageradas, porque dentro de los informes remitidos por el personal de la Subsecretaría de Informaciones con asiento en Córdoba constan los nombres de oradores de los distintos actos y una síntesis de sus discursos. Incluso se aclara que la Policía tiene una transcripción de los mismos, por si de ellas pudiera surgir alguna acusación.[iv] El agente también indica que se dirigiría a Rosario para investigar “los antecedentes del resto de los dirigentes de la Federación, para que en determinado momento un decreto privando al organismo de la personería jurídica, pueda fundarse en la ilegítima actividad de sus dirigentes.”[v]
Otro memo relata un incidente en la asamblea en Venado Tuerto del 23 de febrero, a la que asistieron 3.000 colonos. Allí alguien defendió ligeramente al gobierno y casi lo matan. En la asamblea se habló mal del oficialismo al que se acusó de militarista y se chifló al plan quinquenal. El Partido Comunista también participaba del movimiento. Según el informante, “de estos hechos surge la seriedad del movimiento y la necesidad de destruirlo (…) no se juntan 3.000 colonos fácilmente. Es gente apolítica y tranquila.”[vi]
En Córdoba, a una asamblea en Bell Ville el 23 de febrero, asisten 500 colonos. Inició el acto un miembro del Partido Demócrata Nacional quien afirmó: “Los cerealistas han dejado de ser el pulpo que ahogaba al agricultor, siendo sustituido en esta tarea por el propio gobierno.” Luego un ingeniero agrónomo del mismo partido dijo que Perón era bien intencionado, pero sus funcionarios no y apuntó contra una de las figuras del equipo de Miranda: acusó a Lagomarsino por fijar una fecha límite para vender el trigo al precio oficial, mientras que duplicaba el precio de sus sombreros.[vii] “Y así se llegó a resolver que los colonos no levantarían la cosecha de maíz”, en los Departamentos de Tercero Arriba, San Martín, Unión y Marcos Juárez, “si el gobierno no autorizaba el libre trabajo en la chacra, aumentaba los precios oficiales de cereales y lino y apresuraba la sanción de leyes de arriendo y trabajos rurales”.[viii]
La contra propaganda
En todas estas zonas las delegaciones oficialistas sacan volantes, pintan murales, organizan propaganda por altoparlantes, envían notas a los medios. La propaganda siempre resalta las medidas del gobierno favorables al agro y nunca menciona el conflicto. Las delegaciones también recorren chacras y se entrevistan con colonos a los que tratan de convencer, uno a uno, y envían textos para campañas de prensa a nivel provincial. En donde es posible, realizan actos oficiales. Al principio los posponen por el clima hostil que enfrentan o los realizan con poco éxito, pues no logran atraer a la burguesía agraria y ocupan los asientos con los asistentes que la CGT aporta.[ix] Más avanzado el trabajo de contra propaganda -y tras algunos anuncios oficiales favorables (más crédito agrario, transporte de la cosecha con camiones provistos por el Estado)- obtienen resultados algo mejores. Un memorándum del 4 de marzo da cuenta de la realización de doce actos oficiales en el sur de Santa Fe, en los últimos siete días, ante un total de 3.000 chacareros y preveía realizar, como mínimo, cinco actos más la siguiente semana. En los más importantes hablaría el gobernador de la provincia. Si bien esto es un éxito para la delegación, sobre todo considerando la situación inicial, la convocatoria de los actos oficiales no está a la altura de la que ostenta la Federación Agraria, pese a movilizar a figuras de primera línea. Mientras la FAA, tan solo en el acto de Alcorta, juntó diez mil personas, el gobierno debió realizar doce actos en distintas localidades para reunir solo tres mil. A la vez, el resultado es más relativo si se consideran otras fuentes, que acusan al gobierno de haber presionado a los colonos a asistir a estos actos.[x] Además del apoyo de las autoridades locales, las delegaciones cuentan con la colaboración de la CGT,[xi] aunque no la de los sindicatos de obreros rurales que apoyarían a la Federación Agraria en su reclamo de que el IAPI les pagara un mejor precio. Por eso, el informe de una de las delegaciones plantea que no pueden usar a los obreros rurales contra la agitación general, ya que, en su último congreso en Rosario, la Federación Santafecina de Sindicatos Rurales se adhirió al reclamo de la Federación Agraria.[xii]
Para recabar información y hacer un diagnóstico, las delegaciones se entrevistan con funcionarios estatales, en particular con la policía, gerentes de bancos y representantes de la CGT. También reciben información de cerealistas, ingenieros agrónomos y otros conocedores del tema. En cuanto a los reclamos de la burguesía agraria contra los sindicatos rurales, los funcionarios se ponen de parte de la patronal y recomiendan la satisfacción sino de todas, de la gran mayoría de demandas de los chacareros.
La resolución del conflicto
La relativa cautela con la que se maneja la FAA da lugar a la emergencia de un nucleamiento alternativo, en torno a los denominados “centros autónomos de agricultores”, más críticos al gobierno. A mediados de marzo el gobierno finalmente transige y aumenta el precio al que compra el maíz a la vez que reglamenta las condiciones laborales.[xiii] La FAA recomienda levantar la cosecha, pero una reunión de representantes de los Centros Autónomos de Agricultores decide suspender la recolección hasta que se reuniera el Primer congreso de Centros autónomos de Agricultores, proyectada para el 6 de abril en Rosario. Si bien no resulta fácil de discernir en qué medida los chacareros respondieron a su dirección tradicional de la FAA o seguían a los centros autónomos, lo cierto es que el gobierno que estaba llegando a un acuerdo con la primera, no iba a permitir que se extendiera la prédica de los segundos. Por eso, el mentado congreso no se realizó por prohibición policial, situación que se repitió cuando lo intentaron de nuevo en Pergamino. En esta localidad hubo un fuerte control policial y hasta se envió un avión para que sobrevolara la zona y controlara que no se realizaran reuniones agrarias clandestinas. Cuando a mediados de abril se levanta la prohibición de realizar reuniones agrarias, las asambleas locales de centros autónomos de agricultores votan a favor de levantar la cosecha, aunque en algunas zonas se mantiene la negativa.[xiv] Para ese entonces las concesiones que otorga el gobierno, fundamentalmente la suba del precio del maíz y medidas para reducir los costos laborales, junto con el acuerdo de la FAA generan la desmovilización de los chacareros, quienes tampoco desean asumir riesgos innecesarios postergando la recolección.
Otro informe sostiene en forma explícita que los chacareros aceptarían el precio oficial si se pusiera en caja a los obreros y recomienda medidas represivas contra los comunistas.[xv] Por esto se pide que se reglamenten en forma urgente las condiciones de trabajo en la chacra. Como se observa, esta reglamentación no está pensada para garantizar derechos obreros, sino para salvaguardar al colono, a quien se presenta como una víctima de sus empleados. El Estado busca resolver el conflicto no solo por la vía de regimentar a los jornaleros que levantarían la cosecha, sino también a los obreros transportistas. Según un informe, si se controla y pone límite a los afiliados de la Federación Obrera del Transporte Automotriz y luego se aumenta 1,50 ó 2$ el precio del maíz, se eliminarían casi todos los problemas del agro.[xvi]
El balance general resulta favorable para la burguesía agraria: el gobierno, además de limitar los reclamos obreros, otorgar crédito y facilitar camiones para el transporte, termina, en la segunda quincena de marzo, subiendo el precio al que compra el maíz. Es decir, el gobierno transige en el principal reclamo de los sectores movilizados. A la postre, el Secretario de Industria, Lagomarsino contra quien se habían dirigido la mayoría de las críticas, sería removido de su cargo en el transcurso de 1947. Los obreros, movilizados por uno y otro sector, fueron el pato de la boda: a lo largo de 1947 nuevas normas laborales, como la reglamentación del Estatuto del peón rural, recortarán sus derechos. El convidado de piedra de este festín, verá implementarse una suerte de protocolo por el cual, tal como demandaban sus patrones, salarios y condiciones laborales se fijan en forma unilateral con antelación a la cosecha (con lo que se evita negociar en un momento donde los obreros poseen una mejor situación de fuerza) sin permitir negociaciones posteriores. El gobierno desplegará variados recursos[xvii] para imponer desde el Estado esta “pax rural” a costa de los únicos verdaderos productores rurales. En los años siguientes, la Federación Agraria pasaría de ser la única corporación empresarial que promovió protestas sociales durante el gobierno peronista a transformarse en su principal aliada.
[i]Transcripción del informe telefónico de Wehmann, 18/2/1947, FNRP, com 21, caja 2, expte. 103578.
[ii]“Informe acto 14 del actual en Alcorta.” Rosario, 16/2/1947, FNRP, com. 21, caja 2, expte. 103574.
[iii]Transcripción de informes telefónicos del 18/2/1947, 11.45 horas desde Rosario llamada del sr. Delegado de la Policía Federal comisario Goldar. FNRP, com. 21, caja 2, carpeta “Antecedentes e informes de la comisión destacada en el sud de Santa Fe con asiento en Rosario.”
[iv]Ministerio de Trabajo y Previsión. Delegación regional Villa María Córdoba, memorándum n° 4, 24 de febrero, p. 3. FNRP, com. 21, caja 17, expte. 103575: “Antecedentes e informes de la comisión destacada en el sur de Córdoba con sede en Villa María”.
[v]Ídem, p. 6.
[vi]Memo Puricelli, Rosario 25/2/1947, AGN, AI, FNRP, com. 21, caja 2, expte. 103574, op. cit.
[vii]Ministerio de Trabajo y Previsión. Delegación regional Villa María, Córdoba, memorándum n° 4, op. cit. Lagomarsino era fabricante de sombreros. FNRP, com. 21, caja 17, expte. 103575, op. cit.
[viii]Ídem, pp. 2-4 (cita textual a p. 4).
[ix]AGN, AI, FNRP, com. 21, caja 2, carpeta 103588.
[x]Salomón, Alejandra: “Agitación social y autoritarismo político en el agro pampeano durante el primer peronismo. Un caso de prohibición policial de un acto agrario”,Polhis n° 6, 2013, p. 206.
[xi]El Informe destaca el apoyo decidido de CGT, que ha ofrecido camiones de afiliados para trasladar gente a actos oficiales. Transcripción de llamadas recibidas, 18/2/1947, 11 horas llamada de Wehmann, AGN, AI, FNRP, com. 21, caja 2, carpeta 103588, “Antecedentes e informes de la comisión destacada en el sud en Santa Fe con asiento en Rosario”.
[xii]Subsecretaría de informaciones, memorándum, producido por el jefe de la delegación Carlos Puricelli, objeto comunicar actividad del 18/2/47, Rosario, 22 de febrero de 1947.
[xiii] “Se aumentó el precio del maíz. Protegen así la labor de los productores del agro”. El orden, 17/3/1947.
[xiv]Toda la información respectiva a los centros agrarios autónomos y al accionar represivo en Pergamino fue tomada de Salomón, op. cit. pp. 207-208. Llama la atención que el postergado Primer Congreso de Centros Autónomos recién se realice el mes de junio, un par de meses después de que se levantara la prohibición de reuniones agrarias.
[xv]AGN, AI, FNRP, com. 21, caja 2, Ministerio del Interior, Subsecretaria de Informaciones. S. a. (a mano dice Turio 4), pp. 1 y 2 del doc.
[xvi]Ministerio de Trabajo y Previsión. Delegación regional Villa María Córdoba, memorándum 4, p. 6. AGN, AI, FNRP, com. 21, caja 17, expte. 103575, op. cit.
[xvii] Kabat, Marina: “PerónLeaks: una relectura del peronismo a partir de sus documentos secretos, 1943-1955” CABA Ediciones RyR, 2017. Capítulos 4 y 5
