¿Sabe qué ocurre con quienes viven en la ciudad porteña y no pueden alquilar? Lea esta nota y entérese por qué Macri los subsidia para que vivan en las villas.
Nicolás Villanova, Nicolás V. y Nahuel Audisio (TES-CEICS)
El déficit habitacional tiende a acrecentarse con el paso del tiempo no sólo a nivel nacional, también en la ciudad porteña. Esta problemática se explica, entre otras razones, por el incremento del precio en los alquileres y por la política asistencialista que no deja muchas opciones. Las consecuencias son conocidas: el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Aquí analizamos ambos fenómenos.
Dificultades para alquilar
Actualmente, alquilar un mono-ambiente de 28 a 30 metros cuadrados en las zonas más baratas de la ciudad, como Mataderos, La Boca, Flores o Lugano cuesta en promedio 2.355 pesos. A este monto hay que sumarle los requisitos para firmar el contrato de locación: un mes de depósito, los honorarios de la inmobiliaria (que suelen ser dos meses) y una garantía. Para un jubilado que percibe el haber mínimo o un cartonero que no cobra incentivo, el acceso a un departamento es imposible. Por otra parte, los precios de los alquileres en hoteles familiares no difieren sustantivamente. Una pieza de 3 por 3 metros, sin baño privado para un matrimonio sin hijos en Constitución o en Once alcanza los 2.200 pesos. Si no se quiere compartir el baño, el precio sube de 200 a 500 pesos. Si con esto no se conforma y el inquilino exige televisión por cable, debe pagar 40 pesos más. En ambos tipos de vivienda, los alquileres aumentaron entre julio de 2009 y enero de 2014 a un ritmo del 52 y 59% anual promedio, respectivamente.
La opción de alquilar una vivienda puede resultar alejándose del centro al segundo o tercer cordón del conurbano bonaerense. Allí se abarata su costo, aunque se debe lidiar con el cada vez más deteriorado transporte público, el cual incrementó su tarifa. En un barrio precario de La Matanza, una casa con dos habitaciones cuesta entre 1.100 y 1.300 pesos. Quienes trabajan en el centro deben sumar unos 234 pesos mensuales de viaje hasta Once ($9 de boleto con SUBE por 26 días laborables) y las 2 horas y media diarias de recorrido.
Para los más pobres, la opción sigue siendo una pieza de 3 por 3 metros sin baño privado en la villa. Su precio se incrementó a un ritmo del 35% anual en los últimos cuatro años. Hoy, alquilar una pieza en las villas de Retiro o Barracas cuesta en promedio 900 pesos (ver cuadro). Si la habitación se ubica en la zona más próxima a la salida del predio, o bien, en sus calles principales, el precio se incrementa a 1.000 pesos. En cambio, al alejarse cada vez más de los ámbitos preferenciales, una habitación se consigue por 650 y 750 pesos.
Para las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, aún los precios en las villas dificultan el acceso inmediato a una vivienda. Por ejemplo, los migrantes bolivianos recién ingresados al país que se ocupan laboralmente en los talleres textiles no tienen más opción que aceptar el empleo con cama adentro. No sólo porque no pueden alquilar, sino también porque se los excluye de los beneficios de los subsidios habitacionales, pues para acceder a éstos se requieren dos años de residencia en la ciudad. Los patrones de la rama en cuestión aprovechan esta situación para incrementar la jornada laboral y asegurarse una mayor explotación del trabajo pues exigen el pago de alojamiento con un porcentaje de su salario.
Del hotel a la villa
Quienes no pueden alquilar una vivienda precaria deben apelar al asistencialismo estatal, ya sea a través del cobro de subsidios o pernoctando en paradores. Hasta el año 2002, el Estado garantizaba alojamiento a la población carente de vivienda en hoteles mediante el pago de la estadía. A partir de entonces, comenzó a desmantelarse dicho sistema y, en su lugar, se empezó a subsidiar a las familias en situación de calle para que ellas mismas se gestionen el alquiler de un hogar. Estos subsidios se pagaban en 6 cuotas de 300 pesos, renovables por única vez. En el año 2006, se creó el Programa de Asistencia a Familias en Situación de Calle (AFSC) con el objetivo de lograr el egreso definitivo de la población alojada en hoteles y subsidiar a personas en “inminente” desamparo habitacional y situación de calle o que acreditaran sentencia de desalojo. También se actualizaron los montos a 6 pagos de 450 pesos, renovables por 4 cuotas. Más allá del cambio en el programa y la recomposición de las sumas dinerarias, la restricción en la duración del subsidio se mantuvo sin resolver el problema habitacional.
En el año 2008, el programa fue modificado limitando aún más la asistencia. Ya no serían subsidiados quienes se hallasen en riesgo de situación de calle o de desalojo, sino sólo quienes ya estuvieran efectivamente bajo esa condición. Los montos se actualizaron a 6 pagos de 700 pesos cada uno, renovables por 4 cuotas. Por otra parte, tal era el intento por seguir desmantelando la asistencia en hoteles que el gobierno dictó, en el año 2009, el decreto 574 por el cual se pagaba de 25 a 35 mil pesos por única vez para desalojar la pensión. Aunque la población albergada en pensiones disminuyó considerablemente, aún permanecen unas 500 personas (ver gráfico), situación que podría estar mostrando la incapacidad de adquirir una vivienda propia con el subsidio. Finalmente, los montos otorgados por el programa AFSC fueron actualizados en el año 2011 a 6 pagos de 1.200 pesos, renovables por 4 cuotas. En ese entonces, los beneficiarios podían acceder a un mono-ambiente en una zona accesible. Pero, hasta el momento, estas sumas no se incrementaron. Por eso hoy, este subsidio sólo permite alquilar una pieza en una villa. En eso consiste la política asistencial macrista.
Ni un caracol
La imposibilidad de las fracciones más pobres de la clase obrera de acceder a una vivienda se expresa tanto en el aumento de los alquileres como en el crecimiento de la asistencia estatal. Sólo entre 2006 y 2010, el conjunto de los asistidos en materia habitacional creció un 60%. En cuatro años, los beneficiarios ascendieron de 8.370 a 13.358 personas. Por otra parte, la suba de los alquileres y los límites del asistencialismo reproducen el déficit habitacional. En la medida en que los montos de los subsidios son bajos y perduran sólo por 10 meses, la posibilidad de acceso a un hogar es cada vez más lejana. A esto se suma la ausencia de construcción de viviendas sociales del Estado nacional y porteño. Por el momento, nada indica que esta tendencia se revierta. Nada que provenga de este sistema social podrá dar una solución definitiva a los problemas habitacionales de la clase obrera.
Precios de los alquileres en viviendas precarias, ciudad de Buenos Aires: 2009-2014.
Fuente: elaboración propia del TES.
Personas asistidas en hoteles, paradores y familias beneficiadas en el programa AFSC, ciudad de Buenos Aires: 2000-2013.
Fuente: Ministerio de Hacienda del GCBA; Defensoría del Pueblo de la CABA; y, Verón, N.: “La producción estatal de la emergencia habitacional: desalojos y políticas habitacionales transitorias en la Ciudad de Buenos Aires”, en: PUBLICAR-En Antropología y Ciencias Sociales, n°10, Bs. As., 2012.
