Hace menos de un mes se lanzó públicamente el Consejo Agroindustrial Argentino, un nuevo agrupamiento burgués que nos trae una propuesta nada novedosa. Su programa es apenas una versión ligth del viejo liberalismo agrario: rebaja de impuestos al sector, con la consiguiente reducción de los gastos estatales, y una apertura comercial para elevar las exportaciones, en particular a China. La verdadera novedad es que su propuesta ha sido bien recibida en el oficialismo, sobre todo por Cristina. Ante la necesidad de construir poder social, sobre todo en el mundo burgués, Cristina se abraza a un proyecto que implicaría sacrificar a la “industria nacional”.
Gonzalo Sanz Cerbino LAP (Laboratorio de Análisis Político)
Hace menos de un mes se lanzó públicamente el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un nuevo agrupamiento burgués que se pasó las últimas semanas recorriendo los despachos oficiales con buena acogida. Proponen un plan para sacar a la Argentina de la crisis, centrado en estimular la agroindustria, que, en diez años, según dicen, podría generar 700.000 puestos de trabajo y elevar las exportaciones del sector en un 52%, alcanzando los 100.000 millones de dólares. Pero, aunque el agrupamiento sea nuevo, no lo es su proyecto. Desde los ’70 la agroindustria viene delineando un proyecto económico propio que toma distancia del de los grandes industriales que ataron su acumulación al Estado, asegurándose protección aduanera, regímenes especiales de promoción, reintegros por exportaciones y contrataciones públicas. La agroindustria no necesita todo eso. Al menos, no en la magnitud que lo requieren Techint y los popes de la “Patria Contratista”. Tiene una competitividad superior, ligada a la productividad del agro pampeano, de donde salen sus materias primas. Por eso, frente a una torta que se achica, han bregado por una mayor liberalización de la economía, reduciendo la protección aduanera, los gastos estatales, los impuestos al sector y las transferencias de ingresos del agro hacia la industria. A mediados de los ’70, cuando los grandes industriales desarrollistas se abrazaban al gobierno peronista, crearon la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Los intentos aperturistas de los ’90 fueron impulsados por funcionarios ligados a la agroindustria: Miguel Roig y Néstor Rapanelli, los primeros ministros de Economía de Menem, venían del directorio de Bunge y Born. Domingo Cavallo, de la Fundación Mediterránea creada y financiada por Arcor. Más recientemente la agroindustria intentó imponer, de la mano de un sector del macrismo, un plan para atar los destinos económicos de la Argentina a la demanda de alimentos de China, convirtiendo al país en “el supermercado del mundo”. Este viejo sueño de un sector de la burguesía argentina vuelve hoy al ruedo de la mano del kirchnerismo, con los mismos problemas de siempre pero con nuevos protagonistas. Veamos.
¿Qué es el Consejo Agroindustrial?
Aunque su conformación se hizo pública el 17 de julio de este año, informalmente ya venían actuando como grupo desde al menos dos meses antes. Sus primeras reuniones tuvieron como eje la preocupación ante las insinuaciones del Canciller Felipe Solá de que Argentina podría abandonar el Mercosur. En vistas del impacto que ello tendría para las exportaciones agroindustriales, al menos en el corto plazo, los representantes de 34 corporaciones del sector pidieron una reunión urgente con la Cancillería. En esa reunión, Solá no solo los tranquilizó al desestimar cualquier intento de abandonar el Mercosur, sino que los alentó a formalizar el grupo y recomponer las relaciones del sector con el gobierno. Un mes después, con el estallido del affaire Vicentin, el grupo volvió a operar para morigerar los embates presidenciales. Muchos de los integrantes del Consejo Agroindustrial son acreedores de Vicentin, por lo que bregaron por un salvataje oficial que les permitiera cobrar sus deudas, pero evitando una expropiación que podía convertirse en la punta de lanza de una “chavización” de la economía. En esa oportunidad el interlocutor elegido fue Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, con quien mantuvieron varios contactos. Y lograron sumar nuevas cámaras a lo que todavía era un grupo informal: de la reunión pública que mantuvieron con Massa el 12 de junio participaron 38 cámaras del sector agroindustrial. Otra preocupación que llevó a la conformación del grupo fue la negociación de la deuda. En este caso, operaron para evitar un default, que cerraría para las empresas privadas el mercado de créditos. Estos empresarios, cuyo sueño de atarnos a China no encontró acogida en el gobierno de Macri, se acercan ahora Cristina y Alberto, que huérfanos de plan parecen dispuesto a abrirles los brazos.
La clave para ganar influencia sobre el gobierno se las dio Felipe Solá: él les sugirió constituir un nuevo agrupamiento de cámaras agropecuarias y agroindustriales, sin el perfil anti-kirchnerista que caracterizó históricamente a la Mesa de Enlace. Una iniciativa clave en momentos en que, tras el anuncio de la expropiación de Vicentin, se reactivaban las protestas rurales y todo parecía encaminarse hacia una ruptura de relaciones entre el agro y el gobierno. Es así que comenzó a gestarse la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino, que tuvo entre sus impulsores a José Martins, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Alfredo Paseyro de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Gustavo Indigoras de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Diego Ciafarelli de la Federación Argentina de Industriales Molineros (FAIM), Fernando Rivara de la Federación de Acopiadores, Carlos Iannizzotto de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Daniel Nasini de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pronto lograron sumar a las cámaras de las cadenas de la soja, el trigo, el girasol y el maíz (ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y MAIZAR), el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), la Mesa Nacional de Carnes, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), las Bolsas de Cereales o de Comercio de Bahía Blanca, Entre Ríos, Chaco, y Santa Fe, y a cámaras de la industria forestal, algodonera, pesquera, de biocombustibles, puertos, fertilizantes, corredores, nutrición animal, alfalfa, feedlots, productores de maíz, maní, arroz, legumbres, oliva y frutas. Hoy por hoy, el Consejo Agroindustrial reúne un total de 42 cámaras.[1]
También consiguieron convencer a tres de los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace: además de CONINAGRO, se sumaron Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La Sociedad Rural Argentina (SRA), donde tiene mucho peso interno un sector decididamente opositor comandado por el ministro de Agricultura de Macri, Luis Echevehere, decidió mantenerse al margen. También consiguieron cierto respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que están enroladas algunas de las cámaras que impulsaron la creación del Consejo Agroindustrial, como CIARA-CEC o FAIM. Tras una reunión con Miguel Acevedo, presidente de la UIA y no casualmente uno de los dueños de Aceitera General Deheza, una de las empresas fuertes de CIARA-CEC, acordaron trabajar en un programa conjunto. Sin embargo, no todos en la UIA ven con simpatía la creación del Consejo Agroindustrial. Es notoria la ausencia de COPAL, un peso pesado en la interna de la UIA, en el flamante Consejo. COPAL fue históricamente el vocero del sector agroindustrial, pero no integra como tal el CAA (aunque sí lo hicieron algunas de sus cámaras). No solo eso: el presidente de COPAL y vicepresidente segundo de la UIA, Daniel Funes de Rioja, ni siquiera estuvo presente en la reunión que mantuvieron los voceros del Consejo Agroindustrial con las autoridades de la Unión Industrial. No se trata de una ausencia menor: COPAL es Arcor, una de las empresas más importantes del sector. Recientes declaraciones de Funes de Rioja sobre el rol que podría ocupar la agroindustria en la salida de la crisis (en las que, sintomáticamente, no mencionó la constitución del CAA), podrían dar la clave para entender esta notoria ausencia. En dicha entrevista, Funes de Rioja cuestionó la orientación económica del gobierno “el país no va a vivir únicamente del mercado interno”. Señaló que se deben promover las exportaciones y para eso se necesita “un sistema tributario amigable” y “que no se desaliente las exportaciones”. Y, mientras sus rivales del Consejo Agroindustrial volcaban sus esfuerzos a abrir canales de diálogo con el gobierno y, como veremos, a obtener de esos contactos medidas económicas que permitan dinamizar el sector, Funes señaló que “hay una sensación estadocrática, de que todo lo va a arreglar el Estado. Pero quien va a hacer crecer la economía no es el dedo del Estado.”[2] Claramente, tanto para COPAL como para la Sociedad Rural, no hay mucho que hacer con un gobierno que, aunque se muestre amiglable, expresa una orientación estatista y mercado internista que es necesario combatir abiertamente.
El plan
La flamante alianza agroindustrial tiene componentes diversos, y por lo tanto, demandas diversas. Incluye sectores muy competitivos, como los ligados a la producción y el procesamiento de granos de la región pampeana, y otros menos productivos, como los cultivos regionales y las producciones de zonas marginales. Los primeros, en general, exportan, mientras que el resto produce para el mercado interno. A ambos sectores les conviene mantener una buena relación con el gobierno para no convertirse, ante la debacle económica, en el pato de la boda. Para los más competitivos resulta crucial evitar restricciones a la exportación para garantizar el abastecimiento del mercado interno, aumentos de las retenciones o que se cierren mercados externos por los arrebatos “chavistas” del kirchnerismo. Para los más débiles es clave obtener una segmentación de la carga impositiva: el viejo reclamo de las “retenciones diferenciadas”. Por ese lado vienen las propuestas que los miembros del Consejo llevaron a cada funcionario oficialista que se cruzaron, englobadas en lo que llamaron “Estrategia de Reactivación Agroindustrial”. Estas propuestas estarán contenidas en una ley marco que regulará la producción agroindustrial de aquí a diez años, que será presentada antes de fin de año al Congreso. Según señalan los voceros del CAA, esa norma, al apuntalar y brindar “reglas de juego” estables para el sector, será la base para multiplicar las exportaciones y el empleo.
Un punto clave de esta propuesta son los impuestos al sector agropecuario y agroindustrial. Los voceros del CAA señalan que su principal demanda es la “estabilidad fiscal”, y que su propuesta implica una política de incentivos “con efectos fiscales neutros”. Es más, agregan que tienen la clave para aumentar las exportaciones “sin subsidios”. Sin embargo, al leer la letra chica nos encontramos con otra cosa. Aunque es cierto que el proyecto no implica necesariamente rebajas de impuestos en lo inmediato, y como dicen sus voceros, “no compromete recaudaciones fiscales actuales”, si lo hace a futuro. Un punto central de la propuesta son los beneficios impositivos sobre nuevas inversiones (devolución de impuestos y rebajas de aranceles de exportación), que incluyen desde nuevas plantas industriales hasta la “ampliación de la superficie de producción”. En relación a las retenciones, en un claro gesto hacia el gobierno, aceptan que no es momento de bajarlas. Pero, sin embargo, demandan que la ley marco contemple la revisión de las retenciones a las economías regionales y los productos procesados (lo que incluye a las aceiteras), para que sean lo más bajas posibles, “cero si se pudiera”. También demandan reintegros a las exportaciones, otra forma de reducción de impuestos. En el caso de los granos y oleaginosas, solicitan un cronograma de desgravación, lo mismo que Macri prometió y no cumplió. Nada nuevo bajo el sol: otra vez, la burguesía agropecuaria y agroindustrial proponiendo una rebaja general de los impuestos al sector como condición para sacarnos del pozo. Con las consecuencias que todos conocemos: reducción de la recaudación impositiva y, consiguientemente, ajuste de los gastos estatales.
Pero el Estado, que no es bueno cuando pretende cobrar impuestos, se convierte en una solución para otros asuntos. Por ejemplo, para garantizar líneas de crédito preferencial, una de las propuestas que incluirá la ley del CAA. Por la misma razón celebraron el acuerdo del gobierno por la deuda, que les permitirá acceder al crédito externo. También se pretende la regulación sobre ciertas actividades, como la producción de semillas. El CAA promueve, entre las normas que deberían aprobarse para potenciar la producción agropecuaria y agroindustrial, la Ley de Semillas que hace años viene proponiendo la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), resistida por los productores porque impondría el pago de derechos de patentes a las semillas modificadas de uso propio.
Otra clave de la propuesta del CAA tiene que ver con la promoción de las exportaciones agroindustriales. Su proyecto pretende una “agresiva política de apertura de mercados”, el viejo sueño de la Argentina agroexportadora. Sin embargo, dicen que no estaríamos frente a una propuesta “reprimarizadora”, ya que buscan “exportar más con mayor valor agregado”. Ya lo decía Funes de Rioja cuando quería venderle el mismo proyecto a Macri: no quieren convertirnos en el granero, sino en el supermercado del mundo. En palabras del vocero del CAA, José Martins:
“no queremos que [este proyecto] se vincule exclusivamente con la exportación de commodities. Tenemos una gran oportunidad de constituirnos como líderes en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, así como exportadores de biocombustibles, biotecnología, maquinaria, edición génica, servicios profesionales, etc. Argentina está capacitada para hacer foco en la exportación sin descuidar el mercado interno y apuntalar al interior del país”.[3]
Sin embargo, cuando vemos las cámaras que impulsan este proyecto (es decir, las fracciones de la burguesía que lo están promoviendo), ninguna está relacionada con la producción de maquinaria o biotecnología. En las reuniones con funcionarios hicieron mucho hincapié en que su propuesta apuntaba a “desprimarizar” la economía, aunque el término puede llevar a confusiones. Para ellos, “desprimarizar” es “agregar valor a la producción primaria”. En lugar de exportar granos de soja, exportar aceite y pellets. En lugar de exportar granos, exportar carne de animales que alimentan con esos granos (o, como dicen, “convertir proteína vegetal en proteína animal”). Visto con cuidado, la propuesta no suena muy “desprimarizadora” que digamos…
A su vez, en términos de relaciones internacionales la propuesta resulta problemática. Una “política agresiva de apertura de mercados” implica realizar concesiones: nadie abre sus mercados a las exportaciones a cambio de nada. La propuesta de la burguesía agroindustrial de convertir en a la Argentina en el supermercado del mundo implica seducir al que hoy es el principal mercado para esos productos: China. Y a cambio de abrir sus fronteras a los alimentos argentinos, los chinos exigen un trato equivalente para sus manufacturas. Es decir, que se eliminen las restricciones arancelarias y paraarancelarias al ingreso masivo de productos industriales de origen chino. Es una alternativa que se baraja hace años, pero en la que se avanzó muy poco, sobre todo por la resistencia de la industria local (en particular de Techint) a aceptarla. Claro, un ingreso masivo de la manufactura china barrería con toda la “industria nacional”, grande y chica. Por eso esta propuesta no nace de la UIA, sino de un agrupamiento que crece a su sombra. Por eso, a su vez, los voceros del CAA son cautelosos a la hora de hablar de lo que implicaría esta apertura de mercados: la negociación de tratados de libre comercio.[4]
Dos modelos, ninguna solución
Como vemos, la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino no tiene nada de novedosa. Es apenas una versión ligth del viejo liberalismo agrario, que la agroindustria viene promoviendo desde hace décadas. Una rebaja sustantiva de los impuestos al sector, con la consiguiente reducción de los gastos estatales, y una apertura comercial, que es la contraparte de cualquier intento de expansión de los mercados. Sin embargo, la forma que asume en esta ocasión sí es novedosa. En primer lugar, porque no son sus tradicionales promotores los que llevan esta propuesta al gobierno: ni COPAL ni la Sociedad Rural son de la partida, seguramente porque desconfían del personal político que ahora los recibe con los brazos abiertos, y sospechan que hay detrás un intento de dividir a la oposición burguesa al kirchnerismo. Pero la novedad más importante no es esa, sino la recepción que tuvo esta propuesta en el gobierno. El Consejo Agroindustrial Argentino llevó su propuesta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; al de Agricultura, Luis Basterra; al de Transporte, Mario Meoni; al de Trabajo, Claudio Moroni; y al Canciller Felipe Solá. En cada despacho oficial la propuesta tuvo una buena recepción. También fueron recibidos, y alentados, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y por los gobernadores peronistas de Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. Hasta Cristina Fernández de Kirchner los recibió y elogió su propuesta. También fueron recibidos por el presidente, Alberto Fernández, quien saludó la constitución del Consejo y puso a disposición su gabinete para trabajar en las propuestas del sector. Es más, mientras Cristina cuestiona las reuniones de la “alianza productiva”, como los encuentros de la CGT con AEA, abre los brazos a la “alianza reprimarizadora”. Alberto puede negociar con ambas alianzas mientras baraja un plan, Cristina parece que ya se abrazó a una en su necesidad de apoyos sociales en el mundo burgués.
Detrás de todo esto no hay solo mezquindades de “pequeña política”. Es cierto que al gobierno le conviene fracturar a la oposición agraria, más cuando el affaire Vicentin desató un conato de rebelión en el sector. Pero aquí puede estar jugándose más que eso. El programa industrialista que históricamente defendió el kirchnerismo solo es viable cuando hay recursos. En épocas de vacas flacas, sostener con recursos estatales una industria que solo produce para el mercado interno y difícilmente pueda llegar a exportar, es una quimera. Por eso Cristina afianzó su alianza con China durante su segundo mandato, cuando la crisis y la recesión empezaron a minar su utopía industrialista. En el marco de una crisis agudizada por la pandemia mundial, el oficialismo (o al menos el cristinismo) puede estar pensando en un plan B: sacrificar a la “industria nacional” para convertirse en el “supermercado del mundo”. Es así que se llega a esta inesperada confluencia: los empresarios agroindustriales, a los que Macri les dio la espalda, están buscando un personal político que asuma su programa. De otro lado aparece Cristina, que necesita a “sus empresarios”, necesita construir poder. Empresarios con un plan pero sin un personal político dispuesto a llevarlo adelante, por los costos que implica, terminan abrazados a un personal político sin proyecto y sin base social en el mundo empresarial.
Pero todo este plan no es más que otra quimera: soltarle la mano a los grandes industriales dará lugar a cientos de quiebras, que dejarán miles de trabajadores en la calle. Los empleos que promete la agroindustria serán una fracción menor de los que se pierdan si abrimos las fronteras a las importaciones chinas. Así estamos, entre dos alternativas burguesas que no tienen para ofrecer más que hambre y miseria. Destinar nuestras riquezas a sostener a una industria ineficiente, incapaz de competir, que dilapida recursos llevándonos de crisis en crisis es inviable. Pero no lo es menos volcar esos recursos a una burguesía más productiva, pero que apenas puede garantizar el empleo de una fracción menor de la clase obrera argentina. Hoy más que nunca es claro que no hay salida burguesa a la crisis. La única alternativa es el Socialismo.
[1]https://bit.ly/2FajL6a; https://bit.ly/30MFx8y; https://bit.ly/3kBaqoh y https://bit.ly/2XOVc5p.
[4]https://bit.ly/2XYFsNo, https://bit.ly/3kI5Zbn y https://bit.ly/3gThOJy.
Cualquiera sea la propuesta, CAA o la UIA, el culo siempre lo pone el que hace soja, maíz, girasol y trigo