Por José Almeida
El 27 y 28 de febrero arrancó el Congreso Educativo en Chaco con el lema “La defensa de la educación pública del siglo XXI”. El mismo estará a cargo de una Comisión Organizadora integrada por un secretario ejecutivo (el ex ministro de Educación de Capitanich durante el período 2011 -2015, Francisco Tete Romero), la actual ministra de Educación, Daniela Torrente, miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia, representantes del Ministerio de Educación, sindicatos docentes, universidades nacionales yel CONAES (Consejo Económico y Social). Dentro de sus funciones principales, se encuentran la de conducir las actividades del Congreso y elegir las Comisiones Promotoras Regionales de cada región educativa. A su vez, las Comisiones Promotoras Regionales estarán integradas por sus respectivos directores regionales, miembros del cuerpo de supervisión, representantes de los municipios locales y de la sociedad civil. Dentro de sus funciones se encuentran la de coordinar con la Comisión Organizadora las acciones y actividades en el territorio, hacer cumplir los plazos del desarrollo del Congreso; garantizar la participación de la población en las jornadas institucionales, charlas, conversatorios; recibir y procesar las propuestas y trabajos que presenten las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. También fueron invitados a participar docentes, sindicatos, estudiantes, familias, empresarios, productores y demás actores de la “sociedad civil”, en las que están incluidas las iglesias.
El esquema de funcionamiento será en tres etapas: institucional, regional y provincial. Hasta junio serán las instancias institucionales y luego, hasta agosto, serán las regionales y provinciales. La instancia institucional, que también forman parte de la capacitación en servicio, continuarán el 27 y 28 de abril y culminarán el 24 y 25 de junio. De allí saldrán elegidos dos delegados por escuela que participarán de las instancias Regionales.Una vez ahí, los delegados llevarán la síntesis de lo discutido por las comisiones en cada una de las escuelas, debatirán en comisiones y en plenario. Finalmente, en la instancia provincial participarán los delegados surgidos de la etapa regional. Los delegados escolares participarán de la Comision Organizadora Provincial, las entidades sindicales y otros miembros que tendrán voz pero no voto. El 11 de septiembre el gobernador presentará ante la legislatura provincial el nuevo Contrato Pegagógico y Social del siglo XXI. La tarea tiene respaldo del gobierno nacional ya que fue el mismo Nicolás Trotta el que inauguró la etapa inicial del congreso en diciembre pasado. Como vemos se trata de un proceso que va de lo micro a lo macro pero ¿con qué alcance?
Mentiras verdaderas
Por su parte, el gobierno explicitó los principales objetivos de la convocatoria. Por un lado, fijar un contrato social y pedagógico, definir un sistema inclusivo de calidad, jerarquizar la labor docente y garantizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Entre los puntos principales enumeran la voluntad de garantizar una ley de financiamiento educativo en base al artículo 83º de la Constitución Provincial que fija el gasto educativo en un 33% del presupuesto provincial. La realidad, está muy lejos: ningún gobierno cumplió las metas fijadas y cómo máiximo se rozó el 25% lo que da motivos suficientes para pensar que estamos ante una nueva quimera.
También apuntan a garantizar el derecho social a la educación. Para ello enumeran una serie de “compromisos”: provisión adecuada de alimentos a los comedores, de útiles escolares, tecnología informática y de comunicación, infraestructura escolar, etc. Como si no se tratara de una obligación propia, se comprometen a “buscar” a los alumnos que no asisten a la escuela, actividad que ellos enuncian pero deben realizar las “comunidades educativas”. Más que quimeras, cinismo peronista. En Chaco las partidas para los comedores escolares y para refrigerio son una miseria. La distribución de útiles está tercerizada en punteros que no solo distribuyen a su antojo sino que en su antojo poco es lo que llega a las escuelas. Ya ni hablemos de infraestructura e informática. Los docentes sabemos que la conectividad es pésima en la mayor parte de los establecimientos. Las escuelas no tienen proyector o están obsoletos. La infraestructura escolar de la provincia se encuentra colapsada (aulas y edificios sin mantenimiento, ni mobiliario, ni servicios básicos) cuadro que se agrava por la falta de construcción de nuevas escuelas. El problema se resuelve por dos vías. Por un lado, la acumulación de dos o tres escuelas en un mismo edificio escolar. Por otro lado, con la expansión del circuito paraestatal de las Escuelas Públicas de Gestión Social (EPGS) que contienen la expansión del secundario obligatorio en centros comunitarios, locales partidarios del PJ, sedes de clubes de fútbol, sindicatos, ONG’s, etc. Nada indica que esta estrategia no se vaya a profundizar porque el Estado dice así cumplir metas de inclusión con un ahorro de recursos fabuloso a través de las escuelas que no construye y las aulas que no equipa. Sin embargo, dice que va a adutiar la correcta asignación de recursos en estas escuelas, en todos los proyectos especiales así como en el resto de las escuelas estatales y privadas. Tampoco parece garantía la forma en la que van a gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios, tarea delegada a los municipios. El área de Infraestructura Escolar del ministerio sobre claramente. No tardarán en poner en uso a disintas cooperativas contratadas delegando una vez más la tarea.
Renglón aparte merece la promesa de aplicar de un modo sistemático la educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia. Nuestra provincia hace trece años que adhirió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Sancionó su propia ley (Ley 5.811/06) donde le confirió más poder a las distintas iglesias: no solo aprobó en el artículo 5º que la comunidad pueda adaptar los contenidos según “su realidad sociocultural” sino que también el artículo 6º incorporó a las iglesias al proceso de definición de los contenidos provinciales. Para peor, en todos estos años organizó un encuentro de docentes en 2010 y otro el año pasado o sea dos encuentros en 13 años. Así, el Estado no lleva adelante ningún tipo de iniciativa relacionada con la formación de docentes, talleres y demás para el dictado de la ESI esfuerzo que recae en docentes aislados. No corrió mejor suerte el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA). Hasta el 2019 la cobertura solo llegó a tres departamentos: San Fernando, Chacabuco y General Güemes.
Así las cosas, la realidad parece desmentir el futuro y la vitalidad de los objetivos trazados para el Congreso. Ellos actúan como si fueran recién llegados. Pero sabemos, son sus intereses los que nos gobiernan hace décadas. Entonces, ¿cómo debemos responder los docentes?
Prepararnos para la batalla
El congreso puede ser una oportunidad para organizarnos. Los docentes conocemos la realidad de la provincia. Es hora de que empecemos a debatir y construir nuestras propuestas. Ellos pretenden convocarnos a un actividad donde está todo cerrado con moño y dónde lo que menos se hará es resolver los principales problemas educativos. Los temas a discutir ya están resueltos de antemano por una Comisión Organizadora en las que están diputados, sindicatos y una pléyade de personajes ad hoc. Sin ir mas lejos, el secretario ejecutivo del Congreso es el ex ministro Francisco “Tete” Romero, que está acusado de corrupción por el Tribunal de Cuentas y es el principal responsable de la expansión de las escuelas paraestatales y la degradación educativa en la provincia. Pero si no participamos, si no mostramos que tenemos alternativas estaremos abandonando una batalla. Nos hablan de inclusión. Pues bien, es hora de hacer nuestra propuesta. Consultaremos nutricionistas para elaborar planes de alimentación para nuestros alumnos, necesitamos equipos médicos en las escuelas y equipos de orientación escolar para trabajar con las dificultades de comprensión lingüística de nuestros alumnos. Queremos un currículum sólido científico y laico: ninguna injerencia a las Iglesias. Necesitamos un plan de infraestructura. Empecemos por lo básico: relevamiento por personal idóneo del Estado de las Escuelas, reconversión de las EPGS en escuelas a partir de un plan de construcción, reparacion y adecuación. Necesitamos aulas para trabajo con grupos más pequeños y mayor cantidad de docentes por curso. Lugares de esparcimiento, actividades extraescolares, laboratorios, bibliotecas, ludotecas, aulas digitales. Para conseguir igualdad de derechos entre mujeres y varones, hay que abolir el género. Para eso necesitamos una ESI científica, laica, feminista, abolicionista. El docente tiene que ser capacitado en servicio, debe trabajar un único turno y el salario del cargo testigo no puede ser inferior a dos canastas básicas totales (familiares). Son los problemas de los trabajadores los que la escuela debe poner de relieve para que podamos construir la solución a tanta degradación y barbarie. ¿qué contenidos? ¿para lograr qué? ¿con quienes? Es nuestra propuesta de frente a un problema proponer una solución. Por eso, frente al Pacto Social de los Fernández y de Capitanich en marcha, tenemos que organizar nuestro propio Congreso. Uno que discuta los problemas reales de la educación. Que termine con la degradación educativa y de nuestras condiciones de vida. No podemos permitir que nuevamente decidan por nosotros que tipo de educación necesitamos. Por eso proponemos:
- Asambleas por escuelas para discutir los problemas reales de la educación
- Organizar un Congreso Educativo Paralelo o Contracongreso con docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa
