Por José Almeida
El ciclo lectivo 2020, arrancó con la promesa de Jorge Milton Capitanich de seguir pagando la cláusula gatillo en forma trimestral. Se comprometía a cumplir con lo acordado entre el Frente Gremial Docente (UTre – CTERA, FEDERACIÓN SITECH, ATECH, SADOP) y el saliente gobernador, Oscar Domingo Peppo. Recordemos, la conquista llegaba después de 70 días de huelga, en 2019. Esto iba a contramano de lo que ocurría a nivel nacional, en tanto Nicolás Trotta decidió suspender las cláusulas para no perder contra la inflación y partir la negociación por semestres, lógica que también siguieron la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires con el visto bueno de la burocracia. De todas formas, en Chaco, los salarios están congelados desde el año pasado y los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia. A Capitanich le vino como anillo al dedo la pandemia para hacer pasar el ajuste y tener un primer cuatrimestre relativamente tranquilo frente a un inminente conflicto sindical. Y como era de esperarse, no pagó la cláusula gatillo y aún continúa sin pagarla. A todo esto, hay que agregar que no hubo oferta salarial y que el Frente Gremial Docente, recién después del receso invernal, convocó a una desconexión virtual y a realizar caravanas. Pero para poder entender que sucedió en estos seis meses de confinamiento en la provincia, lo invitamos a leer esta nota.
Promoción automática
A fines de agosto, el Consejo Federal de Educación, aprobó los lineamientos generales para la evaluación y la promoción automática. Se estableció que todos los alumnos pasarán de año en forma directa con la ampliación de los bloques pedagógicos. Lo que antes estaba estipulado para los primeros grados de primaria y de 6°/7° a primer año, ahora se hace extensivo a todos los años. Este mecanismo, encubre uno de los problemas que se profundizó en contexto de pandemia, la deserción escolar. Sin embargo, en Chaco, la subsecretaria de Educación, Rosana Cisneros, aclaró que los alumnos no pasarán de grado o año automáticamente, sino que todos los contenidos y saberes serán acreditados en el presente ciclo lectivo, pero con continuidad en el ciclo lectivo 2021. Es decir, que la acreditación de saberes y la promoción de los estudiantes serán tomados como metas de aprendizaje en una temporalidad más amplia. En definitiva, una voltereta discursiva para disimular que los alumnos no pasarán este año, pero si el próximo. Cisneros remarca el gran esfuerzo que están realizando los docentes, estudiantes y las familias para llevar adelante la continuidad pedagógica con los medios disponibles. Agradecer es gratis. Lo que esquiva decir es que ese gran esfuerzo significa que la conexión y los recursos lo aportan los docentes con salarios de pobreza y las familias que están iguales o en peores condiciones. Incluso no dicen que van a hacer con los alumnos que no tuvieron contacto con sus docentes en estos largos seis meses.
Estas respuestas llegan en una provincia con más de 382.000 alumnos, dónde menos del 37% de los alumnos tienen internet con acceso fijo en sus hogares, más de un tercio de los alumnos de la escuela primaria no tienen ningún tipo de acceso a internet en sus hogares. Además, a nivel general, mientras 9 de cada 10 alumnos necesitan acompañamiento familiar en la educación remota y, en nuestra provincia, más del 55% de las madres y padres de nuestros alumnos del nivel primario tienen como máximo nivel educativo la secundaria incompleta, cifra que se “reduce” a la mitad en la escuela secundaria. Es decir, esas familias tienen casi el mismo nivel educativo que el de sus hijos. Por eso, suponer que están acompañados y podrán completar objetivos o que podrán hacerlo de alguna manera el siguiente año sin modificar las condiciones pedagógicas implica un auténtico genocidio educativo. Para peor, la provincia suma más de 20.000 docentes sin empleo que bien podrían ser incorporados para acompañar el proceso educativo de cientos de miles de alumnos. Claro, implicaría poner plata y el gobierno no está nada dispuesto a ello.
Clases presenciales con una infraestructura deplorable
En varias provincias se intentó volver a las clases presenciales. Claro está, la posibilidad estaba en las escuelas ubicadas en el interior de las provincias, lejos de las áreas urbanas o con escasos o nulos contagios por COVID-19. También vimos que todas las provincias que lo intentaron tuvieron que retroceder por la misma razón: escasas condiciones de seguridad e higiene y pésima infraestructura escolar. Los casos más resonantes se dieron en Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, entre otras. Por ahora, lo están haciendo parcialmente en Formosa y Catamarca y se sumaría La Pampa a lo largo del mes de septiembre. En Chaco, si bien no hubo un anuncio oficial, se barajó la posibilidad a través de una consulta hecha a los docentes en las Jornadas Institucionales virtuales. Específicamente preguntaban si los docentes tenían su domicilio cercano a los colegios donde se desempeñan y si se encuentran dentro del grupo de riesgo, en caso de que volvieran las clases presenciales. Incluso en el canal de Youtube de la Plataforma ELE (sitio web de contenidos realizado por el Ministerio de Educación de la provincia donde interactúan alumnos y docentes de todos los niveles), se había subido un video instructivo donde se explicaban los protocolos para el retorno a las clases presenciales por personal sanitario especializado. Una jugada clara: preparar el terreno para la vuelta. Sin embargo, al viralizarse el video por las redes sociales, generó tanto repudio entre la docencia que tuvo que ser dado de “baja” del canal. Lo cierto es que existe un Plan de Vuelta a Clases en marcha, y si bien hubo varios amagues para llevarlo a cabo, todavía no hay fecha para su implementación. Incluso, teniendo en cuenta la situación sanitaria en el marco de la fase 3 del Plan de Desescalada (apertura progresiva de actividades), que disparó las estadísticas de los contagios y las muertes, sería inminente un retorno a una cuarentena estricta. Que, en este contexto, el gobierno esté armando protocolos para la vuelta a clases de cuenta de su intención de allanarse el camino ahora cuando nadie está pensando en que fuera posible volver.
Desocupación y salarios de pobreza
El cuadro de miseria pedagógica se suma el congelamiento salarial. Hoy la provincia está explotando por esa vía mirando la enorme lucha de los compañeros misioneros. A salarios congelados se suman los mayores costos en los que incurrimos para sostener el proceso educativo hoy y la enorme sobrecarga de trabajo. Hoy somos los docentes los que garantizamos los recursos tecnológicos y el servicio de internet pagándolos de nuestros bolsillos. También afrontamos los gastos de luz, gas, fotocopias y otros insumos. Con lo cual no hay salario que aguante. Sobre todo, cuando un maestro de grado (con jornada simple, sin antigüedad y residencia mínima), según el último aumento por decreto del 7,8% anunciado por Capitanich, pasará a cobrar de bolsillo en octubre, $25.000. Mientras que, una Canasta Básica Total, o mejor dicho la canasta de pobreza que mide el INDEC, ronda los $44.000. Aunque una canasta más realista elaborada por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-INDEC, estima que está cercana a los $70.000. Por eso como mínimo debiéramos exigir un salario igual al costo de dos CBT.
Por otra parte, existen unos 20.000 docentes sin cargo en la provincia que demuestran la irracionalidad profunda en la actual sobrecarga de trabajo. Y aún hoy, luego de seis meses, el gobierno está implementando un sistema de designaciones virtuales que tiene muchísimos problemas. En el medio no hizo nada para incorporarlos al circuito formal para reforzar la continuidad pedagógica virtual junto a los docentes en activo. Ni siquiera implementó ningún tipo subsidio para afrontar el estado de abandono total a esos compañeros.
Aún en este contexto, la burocracia sindical hizo poco y nada. No solo es cómplice del ajuste, sino que ella misma lo ejecuta cuando no es capaz de elaborar una propuesta concreta de aumento salarial. Ni siquiera hacen uso de la histórica consigna vacía de contenido como es la de salario igual a la canasta familiar. Decimos vacía porque nosotros entendemos que esa exigencia contiene también una vida de pobreza. Solamente atinan a cacarear como consigna central el pago de la cláusula gatillo como si ese fuera el eje de todos los reclamos y como si así resolviera todos los problemas.
La situación educativa en Chaco va de mal en peor. La educación es el espejo de una sociedad capitalista que se degrada cada vez más. Los docentes tenemos que buscar la forma de no ser furgón de cola de la burocracia y plantear una salida a la crisis. Y debemos hacerlos con los métodos de la clase obrera, con asambleas, cortes y piquetes. Los docentes misioneros son el camino a seguir. Como lo van a hacer y hacen otros docentes en todas las provincias que están atravesando la misma situación. La solución no la podemos esperar de la burguesía a la que no le interesa la educación. Esa tarea debemos realizarla nosotros, aquí y ahora. Lucha salarial, lucha pedagógica, lucha cultural. No perdamos más tiempo.
