El lunes 1° de mayo, Nicolás Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, amparándose en los artículos 347 y 348 de la Constitución. Más allá de las cuestiones discursivas, de “devolver el poder al pueblo”, lo que debe quedar claro es qué programa aparece detrás de la Asamblea Constituyente que busca convocar Maduro. ¿Es un paso en el camino por instaurar un gobierno obrero? ¿Se trata de la búsqueda por eliminar a la oposición? ¿Apunta la Asamblea Constituyente a expropiar al conjunto de la burguesía, incluso la aliada, como FEDEINDUSTRIA? Esas son las preguntas que todo revolucionario debe hacerse para posicionarse de cara a la convocatoria oficialista.
La respuesta es contundente. El gobierno, no se propone nada de eso. En sus páginas oficiales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Agencia Venezolana de Noticias (estatal), publicaron los 10 puntos claves del proceso constituyente. El punto número 4, donde se señalan los temas que deberá tratar la Asamblea Nacional Constituyente, aparece como un objetivo “El perfeccionamiento del sistema económico”. Allí, se cita a Elías Jaua, sosteniendo que «Aquí debe quedar plasmado un modelo de economía post petrolera (…) reconociendo todas las formas de propiedad que existen en la sociedad venezolana hoy día, la propiedad privada (el resaltado es nuestro), la propiedad social, la propiedad pública, la propiedad comunal, y desarrollar los mecanismos que permitan que todos esos sectores puedan dinamizar el desarrollo de las fuerzas productivas, fortaleciendo la capacidad del Estado para luchar contra los ilícitos económicos». El punto 6 establece que Maduro llamó “a un gran debate nacional sobre el tema, en el que participen los Concejos Municipales, los distintos sectores sociales, los empresarios” y también a los sectores de la oposición. Es decir, con la excusa de una constituyente, el gobierno busca llevar a las masas al diálogo con la oposición y los empresarios. No busca organizar a los obreros para expropiar a la burguesía, busca arrastrarlos a negociar con ella.
En el punto 2, aparecen los nombres que integrarán la comisión presidencial para promover la Asamblea Nacional Constituyente: Elías Jaua, ministro de Educación, Cilia Flores, primera dama, Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, la canciller Delcy Rodríguez, el ministro para las Comunas, Aristóbulo Astúriz, Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo, Nohelí Pocaterra, dirigente social indígena, Elvis Amoroso, asesor de Nicolás Maduro, el procurador de la República, Reinaldo Muñoz, y el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá. O sea, la promoción y control del desarrollo del proceso constituyente estará en manos de los mismos que han venido gobernando con Maduro durante estos años.
La convocatoria también declara la necesidad de impulsar “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Ahora bien, ¿Qué entiende Maduro por “terrorismo”? ¿Busca incorporar a Venezuela en el Plan Colombia? ¿Se propone reforzar, como ya hizo en octubre pasado, la Operación de Liberación Popular que alcanza la cifra de 800 muertos, 18.000 detenciones y la aparición de fosas comunes? Así como lo planteó el gobierno es una posición abstracta, vacía, que habilita, como ya lo ha hecho el chavismo, a todo tipo de represión hacia la clase obrera. Además, el gobierno se propone suspender por 180 días la tenencia de armas. ¿Esta medida afecta al conjunto de la población? Nuevamente no. Solo a la clase obrera, que tendrá prohibido portar armas. La burguesía seguirá armada, ya que el desarme no alcanza a las GNB o a las policías locales. Ni siquiera alcanza a las fuerzas represivas de los Estados gobernados por la oposición. Por lo tanto, la clase obrera no solo debe rechazar el entregar las armas, sino que debe exigir que la burguesía entregue las suyas.
En concreto, detrás del adorno y discurso típico de todo bonapartismo, el gobierno de Maduro apuesta a recomponer el Estado burgués mediante dos formas. Por un lado, convocando a la oposición “dialoguista” y a los empresarios a participar de la Asamblea Constituyente; por el otro, mediante la reconstrucción del monopolio estatal de la violencia, debilitando a la clase obrera, pero beneficiando a los gobernadores y alcaldes de la oposición. Ninguna organización obrera que se proclame socialista y revolucionaria puede apoyar este proceso, que le permitirá al gobierno continuar lo que ha venido haciendo: reprimir, perseguir y proscribir a los trabajadores y sus organizaciones, degradando sus condiciones de vida, mientras entrega el petróleo a la petrolera estatal rusa Rosneft y los bonistas de PDVSA.
Para no ser parte de la reconstrucción del poder político burgués, la clase obrera debe darse una estructura alternativa. Las organizaciones que se oponen a la regimentación estatal, pero permanecen cercanas al PSUV, como REDES y el PCV, han sido proscriptas por el chavismo, como Marea Socialista, o tienen un acuerdo tácito con la oposición, como el PSL, deben romper esos vínculos políticos. Todas las organizaciones que se reclaman socialistas tienen que negarse a entregar ningún tipo de armamento, si lo tuvieren, y llamar a un gran congreso de militantes revolucionarios. Allí, debe votarse un plan de lucha y una organización de autodefensa obrera. En ese congreso deben militar todos los colectivos y sindicatos para confluir en una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que defina un programa Socialista, de expropiación a la burguesía y que implemente la construcción de un verdadero Estado obrero.
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Ruptura con el chavismo y la MUD
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Por un congreso de militantes obreros y revolucionarios que organice una salida socialista a la crisis
