El 12 de Julio de 2017, en el marco de la operación Lava Jato, Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. La constructora OAS le habría entregado un triplex en el balneario de Guarujá como soborno por haberla favorecido en contratos con Petrobras durante el período de su gobierno (2003-2010). Si bien la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT) apeló el fallo, en enero de este año el tribunal de segunda instancia ratificó la sentencia y aumentó la pena. Frente a esta situación, Lula demandó un habeas corpus para conservar su libertad hasta que se agoten todas las instancias de apelación. No obstante, por 6 votos contra 5, el Supremo Tribunal Federal finalmente decidió rechazar el pedido y, horas más tarde, Moro solicitó la orden de detención del líder del PT. Cabe aclarar que esta no era la única causa abierta contra Lula. Además del caso mencionado, el ex presidente afronta al menos otros seis juicios ligados a la operación Lavo Jato, en los que se lo acusa de corrupción, lavado de activos y obstrucción de la Justicia.
Frente a este hecho, las centrales sindicales más importantes se han manifestado en favor de Lula, al igual que una parte de la izquierda. La Centra Única de Trabajadores (CUT), que cuenta con el apoyo del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin Miedo, convocó a los trabajadores a organizarse y movilizarse en contra de la condena contra el ex presidente. Una postura similar adoptaron Causa Operaria (PCO) y el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que rechazaron el supuesto ataque de derecha contra Lula. Otras centrales sindicales, como Força Sindical, Unión General de Trabajadores (UGT), Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Nueva Central y Central de Sindicatos Brasileños (CSB), comunicaron su solidaridad con el líder del PT, por considerar que la sentencia en su contra fue “arbitraria, injusta y antidemocrática”, aunque no llamaron a que la población se movilice. Es decir, todo el arco político, desde el progresismo a la izquierda, se puso detrás de una de las fracciones burguesas.
Por su parte, la posición adoptada por las cámaras patronales ha sido diferente. La Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), que se había mostrado favorable al proceso que desplazó a Dilma Rousseff, ha venido apoyando las medidas que se implementaron durante el gobierno de Michel Temer, como el congelamiento del gasto púbico, la reforma de las leyes laborales y la reforma política. Ahora bien, este apoyo está lejos de ser incondicional. El respaldo de la FIESP depende de la capacidad que tenga Temer para seguir avanzado con las medidas de ajuste. En este sentido, la entidad empresarial no dejó de manifestar su preocupación para que se apruebe la reforma del sistema previsional. Además, ha rechazado abiertamente aquellos aspectos en los que no está de acuerdo con el actual gobierno, como las altas tasas de interés o los aumentos de impuesto. La posición de la Confederación Nacional de Industria (CNI) es más o menos similar. Su principal interés es que se profundicen las medidas de ajuste, al margen del gobierno las impulse. Por último, la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que también respalda las medidas de ajuste, se ha manifestado a favor de la condena contra Lula. La postura adoptada por el conjunto burguesía brasileña pone en evidencia que su principal preocupación es que se profundice el ajuste en contra de la clase obrera. En este sentido, intentan lidiar con un sistema político en descomposición. Por el momento, lo más importante para ellos son las reformas.
El personal político brasileño se encuentra frente a un callejón sin salida. En un escenario signado por el enorme cuestionamiento al régimen, la burguesía exige la profundización del ajuste y una solución a la crisis política. El problema es que si se libera a Lula, se abre la puerta para la salida de casi todos los corruptos ya encarcelados. Con lo cual, el Lava Jato queda liquidado y, con ello, toda la operación de contención de la ira popular. Pero si lo encarcela, pierde un candidato para polarizar.
Ahora bien, es falso que la victoria electoral del PT esté asegurada, como también es falso que la condena en su contra haya sido una proscripción política. Si bien Lula es el candidato con mayor intención de votos (alrededor del 30%) no menor es el rechazo de la población en su contra y, por lo tanto, no sobreviviría un balotaje. Cualquier otro candidato que logre capitalizar el voto “anti-Lula”, podrá imponerse en las elecciones. La sentencia judicial, por lo tanto, es un capítulo más de la crisis política en curso, de la ruptura que se ha producido entre representantes y representados. En este marco, sus adversarios políticos burgueses solo buscan evitar su candidatura para que los fallos judiciales no se vuelvan en su contra. Unos y otros no representan programas sustancialmente distintos, solo quieren esquivar la cárcel e impedir que las crisis se los lleve puestos.
Por otro lado, como ya hemos señalado, la burguesía brasileña demanda la profundización del ajuste. Es una tarea que lejos está de ser sencilla, no porque Dilma, Temer, Lula o Bolsonaro no estén dispuesto ponerla en marcha, sino por la gravedad de la crisis política. La salida de este atolladero dependerá, pues, de varios factores. El principal, es la capacidad de la clase obrera para pasar al frente. De no ser así, tarde o temprano la burguesía encontrará una salida. En el último año las protestas han entrado en reflujo, lo cual permitió que Temer se mantenga en el poder. A pesar de que durante esta semana volvieron a tener lugar algunas movilizaciones exigiendo la prisión de Lula, las luchas no han recobrado la magnitud que tuvieron previamente.
Frente a este panorama, la izquierda revolucionaria debe intervenir de forma independiente en la crisis y debe exigir la cárcel para todos. No hay que desestimar la fuerza de la clase obrera brasileña, que ha protagonizado enormes protestas en contra de corruptos que la estafan y que atacan sus condiciones de vida. Es totalmente legítimo que los trabajadores demanden a sus representantes que rindan cuentas y que sean castigados por sus delitos. Y si una parte del personal político burgués busca capitalizar el descontento – lo cual no le quita legitimidad a los reclamos- es preciso evitar estas maniobras.
Cabe aclara que es falso que el PT constituya un mal menor frente a Temer y a la supuesta “derecha golpista”. Todos ellos compartes dos condiciones, son ladrones y ajustadores. Presidentes, ministros, gobernadores, diputados y senadores de todos los partidos han sido partícipes de una gigantesca estafa contra los trabajadores. Lula, como hemos visto, enfrenta diversas acusaciones. No por haber encabezado algún tipo de lucha, sino por haber estado involucrado directamente en casos de corrupción, lavado de activos, etc. Renan Calheiro (PMDB) y Rodrigo Maia (DEM), presidentes del Senado y de Diputados respectivamente, han sido acusados de corrupción pasiva y de recibir sobornos, aunque se encuentran en posición de privilegio por el cargo que ocupan. Temer (PMDB) y Aecio Neves (PSDB) también han sido acusados de recibir sobornos, como lo probaron los registros que demuestran que recibieron dinero de parte del frigorífico JBS. Estos casos, junto a muchos otros, ponen en evidencia que el conjunto de los partidos burgueses es partícipe de los esquemas de corrupción. Por otra parte, todos están de acuerdo en satisfacer las demandas de la burguesía y atacar las condiciones de vida de la población. Ello ha quedado demostrado con el brutal ajuste que impuso Dilma durante su gobierno y por el apoyo parlamentario que recibió Temer a la hora de imponer reformas.
En este contexto, el juez federal Sergio Moro, uno de los principales responsables del desarrollo de la Operación Lava Jato, se perfila como un posible líder político, como el representante de una salida bonapartista frente de la crisis. En efecto, en las masivas movilizaciones en contra de la corrupción se ha observado un importante apoyo al juez, a la vez que la prensa lo presenta como una suerte de héroe nacional. Si los revolucionarios no intervenimos en forma independiente, tendremos otro Evo, Chávez o Kirchner en puerta.
Esta es la vía que hay que evitar. Las innumerables condenas de Moro pudieron haber acelerado el curso de la crisis política, pero de ninguna manera él puede liderar una salida obrera de la misma. La izquierda revolucionaria debe delimitarse de todo el personal político burgués – incluido Moro-, exigir cárcel para todos e intervenir de forma independiente, llamando a un Congreso Nacional de Trabajadores que vote un plan de lucha frente a la crisis. No hay tiempo que perder.
Por el juicio y castigo a todo el personal político dirigente
Por la apertura de los archivos de las causas
Por un Congreso de Nacional de Trabajadores
