CABA: Larreta nos manda a las escuelas en plena ascenso de casos

En sintonía con la política aperturista impulsada por el gobierno nacional, Larreta anunció el inicio de las clases íntegramente presenciales en la Ciudad de Buenos Aires desde el 17 de febrero. Esta noticia no sorprende. Desde al menos septiembre, el gobierno porteño (en coincidencia con otros gobiernos provinciales) viene dando señales sobre sus intenciones de una vuelta generalizada. Las burbujas que se implementaron a fines del año pasado fueron un ensayo y, a la vez, una muestra de lo que vendría.
La nueva resolución plantea la vuelta completa al formato presencial con jornadas diarias de, al menos, cuatro horas. Esta vuelta se hará de forma escalonada. El 17 de febrero regresarán los chicos de los jardines maternales, del nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y el primer ciclo de secundaria (primer y segundo año). El 22 lo hará el resto de los alumnos de la primaria y el 1 de marzo todo el nivel secundario. La excepción al formato presencial será para aquellos alumnos y docentes que, por formar parte de los grupos de riesgo, seguirán bajo la modalidad virtual.

Este regreso a las aulas apunta a todo el sistema, tanto público como privado, y se supone que incluiría a la casi totalidad de las escuelas ya que para el gobierno “la enorme mayoría” de los establecimientos está en condiciones de recibir a todos los alumnos y de cumplir las medidas de seguridad, de distanciamiento, higiene y ventilación. Esta caracterización es bastante cuestionable, en la medida en que es moneda común en los colegios de CABA que se suspendan las clases por la presencia de ratas, filtraciones de agua e inundaciones, falta de agua, luz y gas, etc. El mismo censo de infraestructura del gobierno de la Ciudad de 2018 muestra que en casi el 63% de las escuelas funcionan entre 2 y 4 escuelas, sedes, anexos. El caso más extremo: el Instituto Bernasconi, cuyo edifi¬cio es compartido por 12 sedes y anexos de distintos establecimientos. Y también que, en general, solo se dispone de un tercio (32%) de superficie descubierta, es decir, aquella que supone garantizaría la amplitud necesaria para garantizar el distanciamiento. Solo el 17% de las escuelas cuenta con gimnasio en su edificio, solo 58 edificios sobre un total de 715 cuentan con una aula magna o salón de actos; casi el 17% de las escuelas estatales no tiene ningún patrio descubierto (cifra oficial) y el 10% ningún área descubierta para usos pedagógicos. El promedio de sanitarios para alumnos por edi¬ficio es de 6, con una variabilidad que va desde 1 a 41 sanitarios lo que muestra que, en la mayoría de las escuelas, varios cientos de alumnos tienen que arreglarse con 6 sanitarios.

Según lo declarado, las escuelas que no tengan la infraestructura adecuada deberán presentar una propuesta al Ministerio de Educación para cumplir con las 4 horas por día. De esta manera el ministerio se deslinda del problema, y le carga la responsabilidad de garantizar las condiciones a los directivos de los colegios. Esta “derivación”, como dijimos, no es privativa de la Ciudad: los protocolos nacionales razonan con la misma lógica.
En cuanto al funcionamiento de las “burbujas”, a diferencia de cómo venían funcionando hasta ahora, estarán conformadas por los cursos enteros. Cursos que pueden llegar hasta los 38 alumnos ¿Cómo pretende resolver el gobierno la incompatibilidad entre la capacidad máxima de alumnos que puede tener un aula con esta cantidad de estudiantes? Sencillo, haciendo que algunos alumnos cursen en su aula, otros en la biblioteca o en cualquier otro espacio que haya en el colegio ¿Cómo pretende el ministerio que se desarrolle un proceso pedagógico adecuado si el docente tiene que estar corriendo de una sala a otra para dar clases a dos grupos distintos al mismo tiempo? Ya ni hablemos de las condiciones de seguridad y cuidado porque, si el docente se traslada de un aula a otra ¿quién será el responsable si ocurre algo mientras el docente está trabajando con el otro grupo?

Como si esto ya de por sí no fuera un delirio, el gobierno también anunció que el Ministerio de Salud habilitará dos centros de testeos para todos los docentes de la ciudad. Testeo que deberemos realizar cada dos semanas. Es decir, habrá solo dos centros de testeo en toda la ciudad para más de 73 mil docentes. Es evidente que, con estas brillantes ideas, pretenden que nos aglomeremos en estos puntos por si no lo hiciéramos lo suficiente en las escuelas y en el transporte público.

Para completar el cuadro está el problema del transporte público. Básicamente no habrá ningún tipo de regulación sobre éste. Por lo que solo queda imaginarnos como va a impactar en un mes, siendo que hoy, en enero, ya se pueden ver colectivos y trenes abarrotados. Postulan por la solidaridad individual: que entre los trabajadores que hacen uso del transporte público se le dé la “prioridad” en el viaje a alumnos, familias y docentes. Para completar el cuadro: créditos para bicicletas a 36 cuotas, es decir, nuevas ofertas de endeudamiento como si los docentes, con magros salarios, ya no tuvieran suficiente.

Para tener una idea de las consecuencias de esta apertura miremos los números del último mes. A principios de diciembre los casos positivos de COVID en CABA eran de alrededor de 300 por día. Hoy ya superan los 1.000 casos diarios. Ese aumento exponencial se dio en un mes en que, por lo general, hay menor circulación en el transporte ¿Qué puede pasar si a eso le sumamos la circulación de 73 mil docentes y 610 mil alumnos? Contagio asegurado.

¿Y los gremios?

Los principales sindicatos docentes, como no podía ser de otra forma, ya salieron a responderle al gobierno, aunque de manera dispar. Por el lado de UTE, Angélica Graciano (secretaria general) criticó al PRO con un nivel de radicalismo que no muestra en otros ámbitos. Marcó que el gobierno de la Ciudad viene bajando año tras año el presupuesto educativo, pero olvidó mencionar que sus compañeros celestes del otro lado del río (SUTEBA) vienen garantizando la baja salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en relación a la exigencia a la entrega de dispositivos para garantizar la conectividad y garantizar barbijos y alcohol en gel en los colegios. En la provincia de Buenos Aires, la celeste es cómplice de un partido que tiene los colegios en condiciones realmente inhumanas.

Por otra parte, también criticó que no se haya consultado a los sindicatos. Graciano olvida que CTERA formó parte de todas las decisiones tomadas sobre la vuelta a la presencialidad a nivel nacional. Pero ahora resulta que no fueron consultados. De hecho, en el programa de Navarro (22/01) fue entrevistada y pese a que el periodista K le pregunta una y otra vez si el gobierno nacional tiene responsabilidad al dejar el camino libre para que la ciudad abra las escuelas, la secretaria de UTE elude esta relación.

Por último, Graciano avisó que UTE llamará a una retención de servicios educativos. Tanto les cuesta usar la palabra “paro”. De todo lo dicho, se desprende que la radicalidad de la celeste en CABA tiene más que ver con la oposición al PRO y la disputa electoral que con la defensa de la salud de docentes y alumnos. Ya vimos, en otros distritos (Provincia de Buenos y Nación) son furgón de cola de los gobiernos que hacen lo mismo que Larreta y peor. En este cuadro, tal como nos tienen acostumbrados, no organizan al conjunto de la docencia: ni un llamado plenario de delegados, ni a asambleas docentes. Tampoco dijeron cómo van a contrarrestar la avanzada del gobierno que ya avisó descontará el día a cada docente que pare. Pareciera que van a dejar que el magro bolsillo discipline a los docentes y terminen, más tarde que temprano, concurriendo a las aulas. La UTE en realidad se pliega a la campaña nacional de “vuelta con vacunas” y piden la adecuación del cronograma de inicio del ciclo escolar a los tiempos de vacunación. No advierten al conjunto de la sociedad que se trata de una medida a medias: en el mejor de los casos, los docentes estarán protegidos, pero no así sus alumnos y familias. El virus encontrará en todos ellos una vía para la circulación y propagación.

Otro gremio que se pronunció fue SADOP, cuya secretaria general, Alejandra López, afirmó que lo docentes no volverán a la presencialidad hasta que haya condiciones sanitarias y epidemiológicas seguras. Por lo tanto, los docentes de colegios privados no volverían a la presencialidad el 17 de febrero. Suena muy bien pero no queda claro cómo es que van a efectivizar esa no vuelta. En este caso no hablaron de paro ni de “retención de servicios”. Si tenemos en cuenta lo hecho por este gremio el año pasado (o sea, nada) ya podemos anticipar que solo venden humo.

Por otra parte, CAMyP se limitó a declarar que no se trata de escuelas abiertas o cerradas sino de preguntarse en qué condiciones están las escuelas en materia de infraestructura y salubridad. En otras palabras: no dice nada y muestra las nulas intenciones de tomar alguna medida de fuerza para pertrechar a la comunidad educativa.

Por último, Ademys pasó del “con pandemia no volvemos” a la posibilidad de aceptar la presencialidad bajo ciertas condiciones. Esas condiciones pasan por la implementación de un protocolo (hoy todavía inexistente), obras de infraestructura para establecer espacios ventilados. A esto le suma el reclamo de grupos reducidos, más docentes y auxiliares de limpieza, y resolver el problema del transporte. Puede sonar muy bien, pero aun cumpliendo todo esto lo cierto es que la vuelta al formato presencial aumentará la circulación del virus. En este punto, la tarea de la etapa pasa por oponerse a la gigantesca presión por la presencialidad solo alimentada por las necesidades de la ganancia capitalista en detrimento de la vida y la salud de todos. El gobierno quiere instalar la mayor presencialidad posible sin importar las condiciones sanitarias. Por eso es importante no ceder ni un milímetro en esa discusión. Cierto es que Ademys, a diferencia de los otros gremios, ya llamó a que se realicen asambleas y una asamblea general durante la semana del 8 de febrero. De ahí se desprenderá una posición y un plan de lucha. Sin embargo, el 8 de febrero ya debe presentarse el personal docente y aún aguardamos ser notificados sobre cómo será ese regreso. Va de suyo que las medidas de fuerza deberían contemplar esa fecha y no únicamente el 17.

En paralelo, grupos de padres empiezan a organizarse rechazando la vuelta. Hay que sumar a las familias a una lucha común con el conjunto de la docencia. Se trata de una misma comunidad (docentes, niñas y niños, familias) que se verá expuesta y cargará sobre sus espaldas el virus. Además, la mayoría de las y los docentes son padres y las fuentes de contagio se multiplican: en la escuela del menor, en cada una de las escuelas donde trabaja ese docente. Por eso, la batalla es una sola.

Mucho por hacer

Durante todo el año pasado todos los gobiernos (nacional y provinciales), incluido Larreta nos dijeron estar preocupados por la educación de nuestros niños. Sin embargo, en los hechos esa preocupación nunca se plasmó. No se realizaron obras de infraestructura ni se aumentó el presupuesto educativo. Tampoco se garantizó la continuidad remota de miles de alumnos que no tienen acceso a computadora y conexión a internet. No se hizo absolutamente nada. Ellos son los únicos responsables de la debacle actual. Justamente, en vista de que la situación epidemiológica no ha mejorado sino más bien lo contrario es que debemos impulsar los siguientes reclamos rechazando la presión actual:

– No podemos volver a la presencialidad o bimodalidad en contexto de pandemia.
– Se deben Garantizar dispositivos digitales a todos los docentes y alumnos de la ciudad.
– Wifi gratuito y de calidad para todos
– Designación de mayor personal docente técnico, asistencial y pedagógico necesario para acompañar la trayectoria de todos los alumnos. Esto debe ir acompañado del desdoblamiento de cursos. En la ciudad tenemos miles de docentes que hoy están sin cargo. Por lo cual material humano tenemos de sobra. Solo hace falta la voluntad política de designarlos.
– Bono extra mensual y retroactivo para cubrir los gastos en servicios e insumos tecnológicos que la educación remota requiere.
– Hoy más que nunca debemos levantar nuestra consigna: recomposición histórica del salario para docentes. Con cargo testigo inicial equivalente a un mínimo de dos canastas básicas totales reales.

Corriente Nacional Conti-Santoro-CABA